A treinta años del histórico acuerdo nuclear con Brasil, por Maximiliano Gregorio Cernadas

Los expertos coinciden en que una de las escasas políticas de Estado en la Argentina es su política de seguridad externa, basada en un celoso desarrollo tecnológico autónomo y un inclaudicable compromiso con la paz. En ella se inscribe la política de acercamiento nuclear con Brasil, que celebra 30 años de una historia poco conocida.

Entonces, las incipientes democracias de ambos países enfrentaban una severa rémora impuesta por las dictaduras militares: la mutua y planetaria sospecha de que disputaban una carrera por poseer un arma atómica. La Argentina lideraba Iberoamérica en el campo nuclear: entre otros avances, la CNEA/Invap acababa de dominar en Pilcaniyeu el enriquecimiento de uranio, una tecnología «sensible» que aún hoy poseen muy pocos países. Brasil nos seguía de cerca. La cuestión era grave pues amenazaba la relación bilateral y la seguridad internacional, pues era parangonada con otras rivalidades nucleares como India-Paquistán.

El desafío interno no era menor: debía someterse aquella capacidad al control civil y democrático y reinsertarla en la política exterior general. Para ello, Caputo y su segundo, Jorge F. Sábato, crearon en la Cancillería una oficina especializada, la Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme (Digan), a fin de continuar con el impetuoso desarrollo nuclear y su vocación exportadora, pero sujetos a nuestras mejores tradiciones democráticas, pacíficas y de cooperación. Entre las líneas de acción Brasil fue una prioridad.

Por iniciativa argentina, Alfonsín y el presidente Neves habían acordado en febrero de 1985 lanzar una audaz política, abriendo sus plantas nucleares sensibles a inspecciones recíprocas. Cuando Alfonsín y el nuevo presidente Sarney suscribieron la Declaración de Foz de Iguazú, en noviembre de 1985 -considerada el «embrión del Mercosur»-, ya se había logrado despejar una cuestión superior a la comercial -la seguridad-, que cristalizó en esa misma ocasión con la firma de otro documento paralelo, fruto de un minucioso trabajo previo: la Declaración Conjunta sobre Política Nuclear, que creaba «mecanismos que aseguren los superiores intereses de la paz, la seguridad y el desarrollo de la región».

Éste fue el germen de un proceso denominado en la jerga especializada como «medidas para el fomento de la confianza»: salvaguardias e inspecciones mutuas a instalaciones nucleares, coordinación de políticas internacionales, intercambio de expertos y de información, mutuo control de materiales nucleares, etc.

Aunque se avanzaba entre espinas pues los negociadores eran tildados de «vendepatrias» en ambos lados, aquellos pasos dieron sus frutos. El más simbólico fue la invitación de Alfonsín a Sarney para visitar aquella planta ultrasecreta de Pilcaniyeu (julio, 1987), y la posterior invitación recíproca de los brasileños.

Ante el Congreso, con motivo del deceso de Alfonsín, Sarney sostuvo que los «acuerdos de cooperación en el campo nuclear» firmados entonces entre ambos países fueron parte de la «ingeniería política» que sirvió para «acabar con las desconfianzas». En una entrevista agregó: «Alfonsín es un hombre de Estado de estatura mundial. El problema nuclear entre nuestros países era grave. Nuestros militares se preocupaban por quién llegaría primero a la bomba atómica. El presidente me llevó a Pilcaniyeu […] Queríamos, de este modo, terminar con la barrera nuclear que comprometía nuestras relaciones […] Fue un ejemplo único en el mundo».

Aunque poco conocida y valorada, aquella visión estratégica signó nuestra política exterior con trascendentes consecuencias. Por un lado, torció el rumbo de colisión con Brasil en el que nos había embarcado la dictadura militar y proveyó de la condición sine qua non para la constitución del Mercosur, inaugurando la etapa de paz e integración regional que aún disfrutamos. Por otra parte, su aporte a la seguridad regional e internacional constituye un paradigma único a escala mundial del que debemos sentirnos especialmente orgullosos, y causa del prestigio que rodea hoy a la Argentina como proveedor internacional confiable y responsable de tecnología nuclear, comprometido con sus usos pacíficos, y como líder en la promoción del desarme y la no proliferación.

La moraleja es que si hoy gozamos de los frutos de aquella exitosa política de Estado, es porque fue construida con esfuerzo y perseverancia a lo largo de años, sobre la base de la articulación de cuatro factores que deben preservarse: saber técnico, institucionalidad, representatividad y conexión con el mundo.

Publicada originalmente en La Nación el 3 de febrero de 2016 y reproducida con permiso del autor.

Las utopías del pasado, por Juan Goytisolo

Uno de los elementos más llamativos de la violencia religiosa y nacionalista que actualmente golpea el planeta es su utopía regresiva a una presunta Edad de Oro cuyo recobro la justificaría. Dicha mítica Edad de Oro, ya sea la del etarra, ya la del yihadista, se contrapone a un mundo decadente e impuro que contamina los valores de la perdida Arcadia y obliga a quien se aferra a ellos a recurrir a la fuerza de las armas, al terrorismo impuesto por una exaltación legítima. Un examen comparativo del paso del abertzale a etarra y del salafista a yihadista nos muestra la existencia de un elemento común: la de servirse del pasado legendario como un instrumento contra el presente, un salto atrás de varios siglos que les proyectaría a un futuro justiciero y feliz.

Para el padre fundador de la moderna nación vasca, el ultracatólico y xenófobo Sabino Arana, la utopía se articula en torno a raza, lengua y fueros cuya prístina pureza y homogeneidad étnica habrían sufrido de la contaminación de los que él denominaba “nuestros moros” o maketos que habría desvirtuado su genuino espíritu primigenio. Diversos historiadores (Juan Pablo Fusi, Juaristi, Elorza, etcétera) han analizado con pertinencia la transformación del pensamiento carlista de Sabino Arana en la ideología supuestamente revolucionaria del núcleo duro del extremismo etarra (el salto del idílico mundo de Amaya o los vascos en el siglo VIII, la novela de Navarro Villoslada que leí en mi niñez, a un discurso ideológico con ingredientes marxistas) y esto me dispensa de demorarme en ello. Señalaré no obstante que el odio a la supuesta opresión del etarra no abarcaba únicamente a quienes la encarnaba (policía, militares, funcionarios estatales) sino también a civiles que nada tenían que ver con ella.

En el caso de la violencia yihadista, primero de los talibanes, luego de Al Qaeda y ahora del autoproclamado Califato Islámico o Daesh nos hallamos así mismo ante una idealización del pasado, de un retroceso de 14 siglos ya sea al del mundo tribal de la Península arábiga en tiempos del Profeta, ya al del poder político y religioso velador de la fe islámica de los llamados cuatro califas justos de la dinastía rachidí. Dicha regresión ideal tampoco tiene en cuenta el hecho de que las luchas tribales y de clanes acarrearon el asesinato de tres de los cuatro califas y desmienten la Arcadia feliz de la pureza primigenia que reivindican. Sobre el cisma que enfrentó entre sí a los musulmanes a la muerte de Mahoma y ocasionó la ruptura definitiva entre suníes y chiíes, el lector de estas líneas puede acudir con provecho a la obra del historiador tunecino Hicham Djaït, La gran discordia.

Conviene recordar que el imaginario occidental en torno a los califas omeyas y sobre todo abasíes —el esplendor de la corte de Harún Al-Rachid evocado en Las mil y una noches— refleja un mundo que nada tiene que ver con el rigorismo extremo y el fanatismo llevado a los límites del delirio de Abu Bakr Al-Bagdadi y sus huestes de Raqqa y Mosul. La civilización árabe de los primeros siglos de la hégira es al contrario una civilización abierta a las culturas de los territorios que conquista, en las antípodas de quienes hoy destruyen los tesoros de Nínive y Palmira con un odio irracional a cuanto simboliza el saber y las artes. La actual utopía yihadista atenta no solo a cuanto representa el enemigo opresor aunque se trate de víctimas civiles situadas a miles de kilómetros de distancia sino también contra las creaciones del espíritu humano a partir de un borrón y cuento viejo de un totalitarismo ciego que se erige en paradigma aberrante de la destrucción del patrimonio creado por el ser humano desde que entró en la historia.

Si el terrorismo etarra es por fortuna cosa del pasado el yihadista se extiende por cuatro continentes, azota a diario el orbe musulmán y no se prevé su extinción durante años o décadas. Tanto el Dar Al-Islam como en Occidente habrá que habituarse a contender con él. La guerra contra la barbarie terrorista engendra nueva violencia y a estas alturas no se le ve salida alguna. Nos movemos en un círculo vicioso: los ataques del Estado Islámico en Europa y Estados Unidos y su repercusión mediática, alimentan la fascinación nihilista de quienes se inmolan para alcanzar el glorioso Estatus de mártires. Ningún Gobierno se siente a salvo de un posible atentado y este es precisamente el objetivo de los yihadistas.

Publicado originalmente en El País el 16 de enero de 2016 y reproducido con permiso del autor.

Una réplica sobre universidad y diversidad ideológica, por Fabián Mié

En recientes notas de actualidad de la RLFP se ha expresado una crítica al apoyo público ofrecido al proyecto político del Frente para la Victoria (FpV), que realizaran muchas universidades nacionales argentinas e investigadores del CONICET en los días previos a la segunda vuelta electoral del 21 de noviembre de 2015.

Dado que me encuentro entre quienes, en su condición de ciudadano, pero especialmente de profesor de una universidad pública e investigador del CONICET, expresara con convicción su respaldo al FpV, a la vez que una rotunda oposición al candidato de Cambiemos, actualmente en el gobierno, me parece oportuno presentar una réplica a dos aspectos principales contenidos en las publicaciones aludidas.

Más allá del debate acerca de temas de fondo, mi disenso principal con aquellas notas atañe al diagnóstico de situación de la sociedad y la política argentina en estos últimos tiempos.

El primer aspecto concierne al carácter y la condición del apoyo que muchos brindáramos al FpV en el ballotage. Me parece infundado sugerir que, quienes lo hicimos, hayamos cerrado los ojos ante supuestas medidas incorrectas e incluso actos de dudoso contenido y formas republicanas del gobierno anterior, a la vez que ejercíamos un apoyo público a un partido político que resultaría inapropiado, en la medida en que lo realizábamos desde el sitio de influencia que tendríamos sobre otros miembros de la comunidad académica (estudiantes, becarios, eventuales evaluados, etc.).

Relacionado con esto, se ha sugerido allí también que las Universidades Nacionales deben ser ideológicamente prescindentes. La generalidad con la que se reclama dicha neutralidad puede compartirse; sin embargo, creo que la advertencia no aplica al caso y, en definitiva, hay un aspecto en ella que contradice una parte importante de la responsabilidad pública de cualquier profesor de una universidad nacional.
Muchas de las manifestaciones públicas y, en particular, debates entre alumnos y colegas, aun cuando fueron llevados a cabo sin poder ni pretender ocultar la propia condición de docentes o investigadores −precisamente porque estaba en discusión la política educativa y científica−, no entrañan, por sí mismos, tráfico de influencia alguno. Como miembro de la comunidad universitaria y científica argentina, uno puede haber apoyado al FpV, en tanto que entendía que, en esa instancia eleccionaria, el FpV representaba el proyecto político en el cual más consistentemente podía integrarse el desarrollo científico del país, sin por ello cambiar la actitud general de apoyo “crítico” −es decir, no orgánico− a los gobiernos anteriores del mismo partido.

En debates e intercambios con colegas y estudiantes hubo quienes intentamos que posiciones y lineamientos de los dos candidatos se hicieran mejor conocidos, buscando contrarrestar, a través de una discusión de ideologías políticas en pugna, cierta “psicologización” que, mediante slogans calculadamente superficiales, dominara buena parte de la campaña electoral.

Quien dicta clase en el primer año de la universidad observa frecuentemente que la mayoría de sus alumnos no disponen de información acerca cuál fue el significado y cuáles fueron los resultados de las políticas aplicadas en los años ’90 en el sistema científico y de educación superior. No puede sorprender, entonces, que los estudiantes carezcan de algunos criterios para evaluar avances realizados en esta misma área durante los últimos tres períodos de gobierno nacional. Mi sugerencia fue, en aquellas instancias, comparar propuestas realizadas por distintos referentes de ambos candidatos, y particularmente tratar de advertir posibles vínculos entre, por un lado, efectos de las políticas neoliberales aplicadas en el área de la ciencia y la educación y, por otro lado, (las pocas) ideas esbozadas por distintos referentes de Cambiemos. Si, en el turno de examen de diciembre que tuvo lugar pocos días después de esos debates, un profesor hubiera evaluado a sus alumnos sobre una base ideológica, estoy convencido de que incurriría en semejante confusión entre sus responsabilidades sin que mediara discusión política en el seno de la universidad.

Por otro lado, muchos de los docentes e investigadores que manifestamos nuestro apoyo al FpV no lo hicimos comprometiéndonos con una aceptación global e indiscriminada de políticas implementadas por los anteriores gobiernos kirchneristas, ni aclamamos un determinado liderazgo personal. Por el contrario, lo hicimos en la creencia de que era necesario mantener un rumbo político para afianzar logros en los cuales estuvieron involucrados distintos actores sociales. Tratamos de hacer comprensible a la sociedad dos cosas: por un lado, que la política de investigación no puede estar sujeta a los cambios de gobierno, pero, por otro, crucialmente, que tampoco cualquier lineamiento político y económico mantiene una política de investigación como la que, en muchos sectores, se desarrolló en el país durante los últimos años. La protección del mercado interno para el consumo de bienes y manufacturas fabricadas en el país, el incremento del poder adquisitivo y su reaseguro a través de paritarias regulares, un cierto margen de autonomía en el manejo de la economía del país, programas en educación primaria y secundaria, etc., son aspectos que efectivamente guardan una relación con la política de ciencia y técnica, a pesar de que durante la campaña electoral esta relación fue enfatizada sólo tardíamente y por sólo uno de los dos proyectos sometidos a la elección.

Las medidas que se han tomado en estos escasos días en ejercicio del nuevo Presidente alientan a confirmar que se trata de un gobierno neoliberal en lo económico y conservador en lo social: nombramientos de CEOs, levantamiento de restricciones a la importación, eliminación y reducción de retenciones a la exportación de granos, una seguidilla de DNU que difícilmente se condicen con el republicanismo pregonado, ausencia de medidas para las PYMES… En suma, medidas de corte financiero y pro-corporaciones, cuyas consecuencias empezamos a avizorar, y que, además de parecerse demasiado a las que llevaron antes a una inusitada concentración de la riqueza y al consiguiente desmembramiento del tejido social y productivo del país, no explican un rol para la educación superior masiva y de calidad ni para el desarrollo de la ciencia en sus diversas ramas. Para quien comparte este diagnóstico de la situación, firmar sus críticas sólo a título personal, sustrayendo de ello sus responsabilidades como educador y científico, equivaldría a faltar a sus obligaciones públicas.

El segundo aspecto es de carácter más sociológico y atañe a la alusión a la denominada “grieta”. Parece sugerirse que ésta obedece a una ficción de ciertos medios y sectores políticos, antes bien que a una realidad palpable que, de distintas maneras, estructura la sociedad argentina.

Hay dos observaciones que quisiera hacer al respecto.

Conviene recordar que una de las propuestas de Cambiemos consistió en “cerrar la grieta” −incluso la fallida designación del primer secretario propuesto para la SPU se defendió con ese extraño argumento−, lo que a muchos pareció una remake del llamado a “pacificar” esgrimido por otros sectores a propósito de los juicios por violación de derechos humanos en la última dictadura militar. Además de esta plausible asociación, la metáfora de “cerrar la grieta” es elocuente y de largo alcance, en cuanto que sugiere eliminar masivamente las disputas que son resultado de una etapa en la cual la sociedad argentina ha reabierto una discusión sobre sí misma. Si es cierto que una de las rémoras argentinas y de nuestra fallida modernidad política reside en el enorme peso relativo que tienen las clases y los sectores conservadores, el espíritu de aquella metáfora indica con claridad qué tipo de sociedad se está buscando construir.

No se necesita sostener una teoría política en términos de la disputa por la hegemonía, para reconocer que, en el acceso a la educación, a la salud y al servicio de justicia, en la igualdad de oportunidades para elegir un curso de vida vinculado al trabajo, Argentina es un país con una grieta tan enorme como real. De qué manera sellar esa grieta tejiendo un nuevo entramado social es una de las cosas más interesantes que han estado en la agenda de discusión no de un gobierno, sino de la sociedad argentina en los años pasados.

Uno de los ardides más interesantes y efectivos de los neocons reside en la cuidada estilización cool de sus primeras líneas, que sirve para maquillar el ideario que comparten con otros “dinosaurios” de la segunda línea, que la paleontología ya ha clasificado. Con todo, difícilmente esté en la agenda de gobiernos de derecha traer la grieta al primer plano de discusión, ya que, al hacerlo, es precisamente la misma idea de orden conservador la que se pone en tela de juicio.

El autor es Profesor Asociado de Filosofía Antigua en la Universidad Nacional del Litoral e Investigador Independiente del Conicet.

Llamamiento del Club Político Argentino: «Que se una fiesta de la democracia»

Porque tenemos memoria, todos los argentinos festejaremos la asunción de un nuevo presidente en democracia, sin interrupción desde 1983. Celebraremos que asuman los representantes que cada uno eligió, en mayoría o en minoría, en todo el país. Deseamos una plena convivencia social, que respete nuestras diversas ideas políticas y nuestras elecciones de vida, hasta las más cotidianas.

Hacemos un llamamiento a que tengamos la grandeza y la inteligencia de iniciar esta etapa en paz y en armonía, más allá de nuestras posiciones. Compartirán igual orgullo democrático quienes, por voluntad ciudadana, construyeron nuestra historia y transmiten el gobierno, como quienes, también por mandato popular, deberán ejercer el gobierno y transmitirlo, en futuras alternancias.

Apelamos especialmente al sentido de la responsabilidad del gobierno saliente y a la convicción de dirigentes políticos del Partido Justicialista para que predomine la sensatez y el compromiso con la democracia por sobre todo otro sentimiento o conveniencia.

El traspaso de mando es una fiesta de todos, es una navidad de la democracia. Instamos a deponer toda rencilla, toda pequeñez, para que sea un ejemplo de convivencia social y madurez política, el festejo democrático profundo que todos merecemos.

Comisión Directiva
Club Político Argentino

Paradojas del terror. Atentados del 13N en París, por Francisco Undurraga (Universidad de Chile)

Luego de los atentados en París del 13N, el Estado Islámico (ISIS) no es tan solo el enemigo declarado del mundo occidental y su civilización, tal cual la vivimos y experimentamos sus habitantes, sino también su fundador. Para comprender el aparente escándalo de esta afirmación, llevemos la mirada a uno de los pilares de la civilización occidental: ¿No se comportaron de igual manera los hijos de Israel, hace 3.000 años, cuando derrocaron las fronteras que dividían a las tribus más allá del Jordán? ¿No fueron ellos, los antecesores del Cristianismo – su sustrato religioso y simbólico – quienes emprendieron una lucha armada a muerte, degollando a mujeres y niños, para instaurar la ley de Yahvé, el Dios único que, provisto de su temple civilizador y sanguinario, se impuso por sobre el politeísmo del país de Canaán? Para enterarse de esto, basta echar una mirada a la Torá judía, que son también los cinco primeros libros del Antiguo Testamento.

Más de 3.000 años después se repiten los acontecimientos, no ya a orillas del Jordán, sino en riberas igualmente flanqueadas por el desierto – en Siria, uno de los tres países que irriga el Éufrates, en su descenso desde Turquía y Anatolia, en dirección hacia Irak. Pero lo que tiene en vilo a Occidente, el depositario lejano y el continuador de esa violencia fundacional allá en el país de Canaán (actual Israel, Cisjordania y la franja de Gaza), es que los ataques ocurren desde hace un tiempo en el interior de sus fronteras. Ahora la violencia estalla en su corazón mismo, en sus calles, en sus ciudades. Occidente, que con su educación borró de los individuos la experiencia del terror, como señala Pérez-Reverte por estos días, recibe los embates de esa furia por haber construido un camino distinto, por no haber andado junto a ellos ese vértice del tiempo, y también, sin duda, por haber desestabilizado el precario equilibrio de fuerzas en el Medio Oriente, ya fuera por motivaciones de índole económica o humanitaria (incluso ambas), luego de la Guerra en Irak (2003-2011). Aunque la historia, como siempre (ya lo señalaba Tolstoi) se remonta a otras causas, como fueron, por mencionar algunas, esa imbricada empresa que confundió motivos de conquista con los llamados de la fe y que se conoce con el nombre de las Cruzadas (siglos XI al XIII); las relaciones de vasallaje y explotación en el mundo colonial del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; así como la desarticulación del Imperio Otomano llevada a cabo por Francia y el Reino Unido (acuerdo Sykes-Picot de 1916) – en un movimiento opuesto al del ISIS en nuestros días – en que se generaron fronteras como las de las actuales Siria e Irak.

Hoy en día, en un mundo globalizado, ese reducto violentista que es el ISIS viene a señalarnos al menos 3 realidades: 1- la asombrosa diversidad de etapas culturales, sus aspiraciones y necesidades a veces contradictorias, que coexisten en una misma civilización – el nómade pastor de cabras de hace 1.500 ó 3.000 años es un ciudadano globalizado tan actual como el experto en finanzas de La Défense (el Manhattan de París); 2- la aceleración sin precedentes y sin orientación pre-definida de la información y de la organización, que traen consigo los avances técnicos, en las comunicaciones y el mundo virtual, frente a los cuales la diversidad antes aludida resulta una categoría estrecha, y en verdad lo que se vive es un tiempo fuera del tiempo y las relaciones humanas tal cual las conocemos hasta ahora – esto es, una hiperrealidad; 3- la historicidad y contingencia del fenómeno religioso, de que son prueba los recientes atentados en París, en un mundo en que la laicidad y la enajenación espiritual se hicieron bitácora del itinerario occidental en los dos últimos siglos. En relación con esto último, la misa del domingo 15 de noviembre, en medio del estado de emergencia, en la catedral Notre Dame de París, poblada de íconos de unidad nacionalista, suena a un desesperado exabrupto ante el sinsentido de los acontecimientos.

La razón y sus adelantos absorbieron a las religiones en Occidente, o las volvieron impotentes, agonizantes en su propia parafernalia, desgastadas, un juego de formas silenciador del espíritu, tal vez porque alejaron de sí el terror, la práctica del peligro, e idearon un suelo de seguridad inexistente, a la medida del progreso y como requisito indispensable de la (in)acción virtual y financiera. La estabilidad como condición volvió impracticable el peligro, que es la zona inexplorada y latente, el rito sanguinario de la religión – ya sea en su práctica simbólica profunda de una religión “civilizada,” o en los sacrificios y la matanza de la religión fundacional de los primeros tiempos. Los occidentales no podemos sino sentirnos asombrados, por no decir completamente desorientados ante la conmoción de los hechos, en nuestra condición de educados habitantes de un mundo previsible, hiperreal y desprovisto de espíritu.

El hecho es que Occidente, o al menos esa gran mayoría de occidentales que son su población, ese gran número que determina el curso de sus democracias ha visto, en particular en las últimas décadas, desplazarse de su horizonte la práctica espiritual, producto de los adelantos y requisitos de lo virtual, que en su juego de vacío se ha vuelto una máquina de terror hiperreal. Son estos mismos adelantos los que sirven a aquellos nuevos fundadores en tierras antiguas, ahora ya no en nombre de Yahvé, sino de Alá, aunque para nada representan los valores del mundo islámico, sino, por el contrario, vienen a hacer de éste una de sus principales víctimas. Ellos se encuentran insertos aún en un ideario, una simbología y condiciones de vida de hace 1.500 ó 3.000 años, aunque provistos de teléfonos móviles, Internet, Kalachnikovs, TNT, un elaborado sistema de marketing y difusión del terror; y cuentan entre sus filas con mártires nacidos y educados en la cultura europea, dispuestos a sacrificarse por las ideas de aquellos instigadores lejanos que, a diferencia de quienes les rodean y sus motivaciones, sí significan algo para ellos, son una orientación, una fe ciega, la remanencia en vida de la experiencia religiosa sanguinaria de los primeros tiempos, que reviste hoy el nombre de Califato.

Las repercusiones históricas de este fenómeno, así como las reciprocidades que lo constituyen son múltiples y complejas como para analizarlas aquí. Cuántas de esas repercusiones nos afectan hoy, no obstante, como emanaciones de esa cuna de nuestros primeros movimientos organizados, nosotros que ya queríamos despachar el terror, tal vez antes de tiempo, como a viejas alarmas del pasado, y nos cuesta ver que en los ojos tras el pasamontañas del ISIS está también nuestra mirada. No la del barbudo roquero que se queda paralizado sobre el escenario mientras comienza la masacre en el Bataclan, sino la del terrorista con el Kalachnikov en funcionamiento, el alma encendida y las manos llenas de sangre, para quien esto que hemos resuelto como nuestro pequeño mundo feliz, resulta tan aberrante como el turista tras la mascarilla de buceo para el pez que anda cerca del banco de arena. Con la salvedad que se trata aquí de un mismo género – el humano – que debiese, suponemos, guardarse las espaldas ante calamidades externas, y no arrogarse una forma única de vivir el mundo y la trascendencia, posando para las desgarradoras selfies de un hombre – ellos, nosotros – ya sin rostro. El anatema concerniente a la representación del rostro en las culturas semíticas se ha vuelto en Occidente una hiperrealidad, en el sentido de la supresión del rostro.

Las riquísimas contribuciones de los mundos judío y musulmán a la civilización occidental no pueden ser opacadas por la marea terrorista, en manos de anacrónicos representantes de la religiosidad fundacional. El problema es la parte de responsabilidad que a Occidente le toca en el actual terrorismo globalizado, y cuyo desconocimiento no traerá soluciones inclusivas ni sostenibles en el tiempo. Una respuesta violentista no es sin duda una solución a la violencia, y menos en un mundo cada vez más vinculado y abierto. Habrá que evaluar lo que Occidente ha tenido que ver en todo esto, en busca de iniciativas que superen el viejo lastre de los nacionalismos, cuya efervescencia es una amenaza para proyectos que aspiran a servir los intereses de la mayoría (la humanidad), integrar y reconocer en su diferencia al extranjero, y revisar los procedimientos y estructuras de estos proyectos, cuando sea del caso hacerlo.

No quiere ver quien piensa que no se trata del destino que nosotros nos hemos forjado, sino del que ellos – los terroristas – nos imponen. Nada lo justifica, es cierto, pero querámoslo o no, estos brutales acontecimientos no son más que un resabio de lo que hemos llegado a ser por nuestros propios medios. La presencia de la muerte impuesta por el ISIS en el corazón de la civilización occidental es la perfecta contracara de la muerte de la presencia acometida por lo virtual: una civilización que por demasiado arrinconar el fanatismo y priorizar las obras de la razón, redujo el ámbito irrenunciable de la vida del espíritu, al menos para la gran mayoría de los ciudadanos. Y ahora, paradojas de la historia, la más fervorosa realización de la espiritualidad fundacional, sanguinaria, de los primeros tiempos, brota con el fanatismo yihadista como un dios enajenado en las calles del mundo occidental. Así como hace 3.000 años los Amalecitas, Cananeos y Filisteos fueron víctimas de las masacres cometidas por aquellos fundadores de civilización, hoy las víctimas son los habitantes del Medio Oriente, el Magreb, Mali y las principales metrópolis de Occidente.

Los incipientes códigos morales y rituales de la antigua Mesopotamia y Egipto, que sirvieron en el ámbito simbólico, retórico y político en tanto que sustrato para la implementación de aquel nuevo código comunitario que proclamaba la unidad de Dios, impuesto con violencia por los hijos de Israel a partir de su salida de Egipto – y cuyo influjo simbólico y político heredaron los perpetradores de las Cruzadas, en los siglos XI al XII – esos y otros códigos reelaborados por el profeta Mahoma en los siglos VI y VII son, en cierta lectura y orientación de los mismos, la unidad de sentido y la esperanza de una comunidad para los niños aleccionados en el Estado Islámico, que los convierte en hombres bomba, mientras a Occidente tan solo lo sustenta el aparataje mercantil, tecnológico y virtual ¿Adónde nos llevaron entonces el racionalismo, la laicidad revolucionaria del 1789 y la Revolución francesa, esos lujos de intelectuales que, una vez más, desconocían las necesidades religiosas de la gran masa y el lugar que en su civilización tendría el aún ignorado extranjero?

 

 

 

 

Pronunciamiento sobre las elecciones y las universidades, Plataforma 2012

En las últimas semanas se han reiterado declaraciones de autoridades universitarias que se han pronunciado oficialmente reclamando que se vote a un determinado candidato en las elecciones presidenciales. Como signo de estos tiempos, académicos e intelectuales, otrora referentes del pensamiento crítico, han respaldado estas declaraciones, naturalizando lo que consideramos inaceptable: la utilización de los medios y recursos de las instituciones del Estado, el poder de influencia de los cargos de los funcionarios públicos, para denostar a adversarios políticos, desprestigiar interpretaciones diversas sobre la situación política y social y demandar de la sociedad acciones en favor de un determinado candidato partidario.

Las instituciones públicas, y más aún las educativas, deben tomar posición acerca de los grandes temas, aunque nunca una posición partidista para intentar influir en un proceso electoral. La independencia de las instituciones universitarias y del sistema de investigación científico respecto de las estructuras partidarias se encuentra arraigada en el espíritu mismo del sistema universitario argentino, imbricada en la noción de autonomía universitaria sostenida por la Constitución nacional y reforzada por su régimen de cogobierno, que pretende incorporar una pluralidad de voces. Esta independencia está expresada en los estatutos universitarios que las autoridades académicas juran cumplir. Por ejemplo, en su art. 4 el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires sostiene:»La Universidad es prescindente en materia ideológica, política y religiosa, asegura dentro de su recinto la más amplia libertad de investigación y de expresión, pero no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente.» El tenor de las declaraciones emitidas y el hecho de que las mismas sean impulsadas desde el poder institucional obliga a toda la comunidad académica a posicionarse en un escenario político, que fuerza a optar entre el apoyo al partido del Gobierno o ser ubicado arbitrariamente como partidario de intereses contrarios a la institución. Este tipo de situaciones en las que lo partidario se confunde con lo social nos convoca a problematizar cuál es el tipo de compromiso social esperable y exigible de las universidades. ¿Dónde estaban las autoridades universitarias comprometidas con el bien público y el conocimiento científico para cuestionar la intervención del INDEC, la contaminación con cianuro en los ríos, la imposición de la megaminería y el fracking, los persistentes problemas de salud pública, el hambre y la desnutrición infantil, la pobreza y su invisibilización, los riesgos habitacionales de buena parte de la población, entre otros temas de gran relevancia social? Nos urge un proyecto de resistencia y reconstrucción cultural en el que científicos, académicos y artistas trabajemos en conjunto, trascendiendo las ilusorias fronteras divisorias construidas desde el poder. La tarea de propiciar el pensamiento crítico constructivo es una empresa de relevancia histórica que hoy nos convoca para enfrentar la difícil situación social que se avecina. La construcción de un proyecto de país que supere la situación de dependencia, desigualdades crecientes y corrupción generalizada exigen de la intelectualidad y del conjunto de la comunidad universitaria, científica y cultural una completa emancipación respecto a los poderes gubernamentales.El desafío actual es el de rescatar de nuestra propia historia aquellos ejemplos de resistencia y construcción, de compromiso social y crítica al poder, que en diferentes momentos supieron caracterizar a buena parte de nuestra intelectualidad.

Plataforma 2012: Osvaldo Acerbo, Julio Aguirre, Pablo Alabarces, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Adrian Gorelik, Alejandro Katz, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh, José Miguel Onaindia, Patricia Pintos, Marcelo Plana, Daniel Rodríguez, Ana Sarchione, Beatriz Sarlo, Rubén Szuchmacher, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro (siguen las firmas).

El debate presidencial 2015: la gran final, por Santiago Gallichio

El primer debate presidencial de la historia argentina se presentó como un paso muy determinante para la elección final. Macri llegaba con una importante ventaja pero Scioli tenía la mejor campaña para la segunda vuelta: una campaña de confrontación que agita temores arraigados en los argentinos. Volver a los ’90, a la devaluación, al ajuste, al FMI, etc.

Contrarrestar esa estrategia no lucía sencillo. Hasta ese momento, Macri había optado por no entrar en el barro y confiaba en que la ola del cambio resultaría imparable. Pero si los fantasmas que agitaba Scioli, sobre todo desde la segunda semana post electoral, que eran más precisos y no contaban con la intromisión de los más impresentables políticos kirchneristas, y que además eran movilizados por un Scioli recuperado anímicamente y muy bien enfocado en su tarea de candidato, lograban calar más hondo, muchos peronistas renovadores podrían terminar cambiando la seducción que les había generado Macri por el voto más seguro de Scioli. El objetivo icónico de esa posición política que busca seducir Scioli es el admirado dirigente renovador Roberto Lavagna, que había jugado la primera vuelta con Massa.

La discusión de este debate es lo más profundo que tuvo esta larga y superficial campaña: ahora sí la cosa se ponía interesante. Se enfrentaban las dos verdaderas corrientes políticas pragmáticas de estos años. Por un lado, la que busca representar Scioli y tiene en Lavagna al mejor símbolo. Interpretan que el gobierno de Kirchner fue exitoso y que Cristina lo malogró con su camporismo. Muestran los números de Kirchner y su ministro Lavagna y proponen volver a ese “paraíso económico 2003-2007”. Había: superávit fiscal, superávit comercial por alta competitividad, inflación en descenso, dólar estable, reducción del endeudamiento y acumulación de reservas. El mundo perfecto que tanto habíamos anhelado durante décadas.

Frente a este modelo, Macri representa otra forma de pensamiento. Para este grupo electoral, “los K” fueron un modelo de estatismo autoritario, corrupto y destructivo de la economía desde el inicio al fin, sólo que con un crecimiento de los vicios a medida que el poder avanzaba. Para ellos, no hubo dos modelos K, sino uno solo, pero de estatismo creciente. A Lavagna lo siguió Micelli-Moreno y a éstos, Boudou, y luego vino Kiciloff: un agravamiento de una misma concepción estatista cada vez más autoritaria.

¿Cómo se explican entonces las virtudes del primer Kirchner, según esta segunda posición? Es importante comprender esto para entender la discusión de fondo que Scioli intentó dar en el debate del 15, a saber: “¿Cómo sostiene Macri que podrá salir del cepo sin una brusca devaluación?” Lo que podría reformularse como “gradualismo vs. shock”.

Esta segunda posición que encarna Macri explica los éxitos de Kirchner-Lavagna de la siguiente manera: 1) el alto grado de capital acumulado en los “malditos ’90” gracias a las privatizaciones de servicios públicos quedaron ociosos tras la crisis de 2002; 2) la altísima devaluación posterior a esa crisis licuó el gasto público y generó el consecuente superávit fiscal; 3) la enorme recesión previa a 2002 impidió que esa devaluación pasara a precios en los primeros años; 4) el default de la deuda pública redujo los gastos fiscales e impidió nuevo endeudamiento, por quedar vedado el acceso a los mercados internacionales; 5) la alta presión tributaria derivada de la emergencia (retenciones incluidas) generaron la mayor presión tributaria de la historia; y 6) una exitosa política monetaria de metas de inflación. Todas las virtudes enumeradas anteriormente fueron producto de estas causas. Como se aprecia, ninguna de ellas fue mérito de las políticas de Lavagna, salvo la extensión del default y la posterior renegociación con alta quita. La política monetaria, por su parte, fue mérito de Alfonso Prat-Gay, curiosamente, el “cuco macrista” de hoy, el que habla del “dólar a $15”.

La pregunta económica de fondo del debate del domingo 15, si se hubiese formulado sinceramente, sería: ¿se puede repetir hoy una salida como la de 2003, “a la Lavagna”, como promete Scioli? La respuesta es: “claramente no”. No existe ninguna de las condiciones de 2003 porque no hay una crisis como la de 2002. Por lo tanto, se debe apelar a otra receta.

El problema de la campaña de Macri es que la mayoría de la gente adulta piensa que un
modelo “a la Lavagna” es el camino moderado más conveniente. Si fuera sólo por la cuestión económica y las propuestas de salida a esta crisis 2015, Scioli le ganaría a Macri. Aun cuando las propuestas económicas de Macri sean superiores, comunicarlas es mucho más difícil, porque existió la experiencia Kirchner-Lavagna, a la que se la juzga como “el paraíso económico perdido”. Todos los peronistas, pero también todos los radicales y socialistas, creen positivamente que esto es así. Considero personalmente que no están en lo cierto, por los elementos que ya expuse, pero ¿cómo se les explica esto en plena campaña? Las dificultades de Macri y su criticado “ocultamiento de economistas” están motivados en este estado de la opinión pública actual.

Salir del cepo
Ahora bien: esto no significa que las propuestas de Macri sean lo que dice Scioli que son, ni que tendrán las consecuencias que dice que tendrán. El cepo no es otra cosa que el capítulo cambiario de la política de Precios Cuidados. Otros capítulos son: las retenciones y los ROE a las exportaciones, los subsidios tarifarios, las DJAI a las importaciones, las prohibiciones a girar dividendos al exterior, etc. Todas ellas limitan precios y generan desabastecimiento de los productos. Por eso, se terminaron acabando las exportaciones, la carne, el trigo, el gas, el petróleo, la energía, las inversiones extranjeras… los dólares.

La verdadera causa de esta política generalizada es la emisión monetaria que, a su vez, se motiva en el exceso de gasto público. Evitar las consecuencias de la emisión es el propósito de todos estos cepos. Obviamente, si el nuevo gobierno no sigue con la emisión, no deberá seguir con los cepos. Pero el timing de todo esto, que es complejo, no puede ser un tema de campaña: está claro. Y hay activos muy importantes, como la confianza en un nuevo gobierno como el de Macri, que van a ayudar mucho en este desarme y muy probablemente terminen con un dólar mucho más bajo que el que se cree hoy en día. Pero esto habrá que verlo en la marcha y no pueden descartarse momentos de incertidumbre en el ínterin.

La pulseada estratégica entre Macri y Scioli en esta materia puede plantearse así:
Macri sabe que deberá afrontar turbulencias al inicio, pues para él el gradualismo es económica y políticamente inviable. En lo económico, se haría cómplice de un modelo que considera muy errado. En lo político, se arriesgaría a que “la bomba” explote en las manos de quien viene a desarmarla cuando ya haya transcurrido un tiempo suficiente para sindicarlo a él como el culpable. Por lo tanto, deberá afrontar el desafío de entrada y probar el temple de su equipo de gobierno. Confía en ellos, pero esto no sirve como promesa de campaña. Por eso, admitir su estrategia abiertamente puede generar temores.

Scioli cree que la estrategia de Macri es incorrecta y además peligrosa, pues confía en que se puede volver al paraíso gradualista de Lavagna. Por lo tanto, enfatiza las dificultades de la estrategia de Macri, provocando temor, porque evidentemente es más riesgosa que la propia… si la propia fuera viable. Lamentablemente, no lo es, pero la mayoría de los adultos argentinos de hoy cree que sí.
Por lo tanto: hay un riesgo no desdeñable en la salida de esta importante crisis actual. Es enormemente inferior a la crisis de 2002, por lo que las turbulencias serán altamente controlables y no deberían causar temor en nadie. Pero los argentinos más grandes, que son la mayoría de los votantes, por cierto, todavía recuerdan la crisis y el temor es una estrategia redituable. No le alcanzará a Scioli para ganar, a menos que sea el propio Macri el que se enrede en explicar con conceptos viejos, como los que propone Scioli, la crisis actual. En el debate presidencial, Macri no cayó en esta tentación y es fundamentalmente por este motivo que se lo considera el ganador.

Es un cierre de campaña sumamente interesante: ¡por fin! Tras tanto tedio proselitista de casi un año entero, el debate le puso climax a tan trascendente elección. Los dos candidatos realizaron perfectamente bien sus estrategias. Por ese motivo, quien tiene la gran ventaja del cambio tras más de una década de un gobierno socialmente extenuante como el que termina, sigue llevando las de ganar. No se equivocó, pero todavía quedan las horas finales. Un error de este tipo puede costarle lo que Macri tan admirablemente construyó estos años. Si lo logra, habrá dado vuelta una gran página de la historia que hará repensar todo el sistema político argentino. Nos aproximamos a la gran final. ¡A disfrutar!

La universidad pública frente al ballotage, por Ricardo Ibarlucía

Estimados colegas,

ante los pronunciamientos de autoridades de universidades públicas utilizando medios institucionales para manifestar su apoyo al candidato del Frente para la Victoria en el ballotage, creo necesario dejar sentada mi posición. 

Ningún rector y ningún Consejo Superior o Directivo están facultados para emitir declaraciones, en nombre de la comunidad universitaria, que promuevan, directa o indirectamente, el voto a un candidato, ni en ésta ni en cualquier otra elección. Al hacerlo, se arrogan una representación que no poseen legítimamente y contradicen el espíritu de la autonomía universitaria. Su deber, por el contrario, es velar por la no injerencia de intereses partidarios, sean de la facción que fueren, en el normal desenvolvimiento de la universidad y, sobre todo, en sus órganos de gobierno.

Considero que un rector, un consejero, un profesor o un investigador de una universidad nacional, que tiene un lugar de enunciación desde el que se espera que se dirija a toda la sociedad, no debe utilizar su posición académica para favorecer una opción política en particular, por más convencido que esté de votarla.

Si alguien desea de todos modos pronunciarse a favor o en contra de un candidato, entiendo que debe hacerlo a título exclusivamente personal, como un ciudadano más, sin agregar a continuación de su nombre la institución a la que pertenece, destacar el cargo que ocupa en ella o valerse de direcciones de correo electrónico o sitios web institucionales.

En cuanto a mí, no podría hacerlo sin considerarlo un abuso de mi posición como autoridad del Centro de Investigaciones Filosóficas, como consejero de Escuela e investigador-docente de la Universidad Nacional de San Martín, como evaluador científico y jurado de concursos, como director de proyectos de investigación, de becarios y tesistas que profesan distintos credos políticos e ideologías, en tanto recibo un sueldo que sale del erario público.

Pienso que la investidura y el reconocimiento, de los que muchos de nosotros gozamos estando al frente de cátedras universitarias, sólo se pueden hacer valer, en situaciones excepcionales, por causas humanitarias o en defensa de los derechos civiles y sociales consagrados en la Constitución.

Quizás este planteo a algunos de ustedes les parezca ingenuo y hasta de un purismo academizante, pero aspiro a vivir en una sociedad en la que los científicos, los intelectuales y los artistas no estén embanderados con un partido, sino comprometidos con las instituciones democráticas, la pluralidad de ideas y un estilo de vida republicano.  
   
Es la actitud que, desde hace años, he decidido asumir respecto de la ética pública de los intelectuales. Estoy convencido de que éstos deben preservar su independencia, si pretenden ser creíbles para la sociedad. 

Confío plenamente en que si no la totalidad, la mayoría de ustedes comprenderá mi punto vista. Mi compromiso con la universidad pública pasa también por contribuir a modificar los hábitos de la inteligencia argentina.

Es mi deseo que pensemos, todos juntos, en un nuevo modo de intervención  y de incorporación a la política. 

Cordialmente,

Ricardo Ibarlucía

Desaparecidos: la deuda que todavía persiste, por Graciela Fernández Meijide

Hace pocos días falleció a los 93 años Aurora Zucco de Bellocchio, una de las integrantes de Madres de Plaza de Mayo. Como a otros miles de familiares se le negó conocer el destino de sus desaparecidos y fue obligada así por la dictadura a declarar internamente, como pudo y cuando pudo, la muerte de sus seres queridos. Fue una madre más que dejó esta vida con la tristeza de no saber dónde están los restos de su hija y su yerno desaparecidos en 1977, para hacer el duelo definitivo, darle sepultura, llorarlos en paz.

El Estado, los gobiernos de la democracia, la sociedad y en especial este período kirchnerista que tanto alarde hizo de la defensa de los derechos humanos, han mostrado una flagrante incapacidad para sacar a la luz la verdad del siniestro misterio que aún perdura de la última dictadura: dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Este enigma fue el original y principal motivo de la lucha de los familiares de las víctimas secuestradas y que derivó en el reclamo de condena judicial a sus ejecutores. Sin embargo, con el tiempo, la ecuación quedó invertida. El enjuiciamiento de los asesinos, necesario e indispensable para hacer justicia, dejó en un segundo plano, casi en un resignado olvido, el principal reclamo humano, la verdad que aquellos podían y debían aportar: saber dónde están los restos de los asesinados.

Este año se cumplieron 30 años del juicio a las Juntas Militares. Hasta este hecho, histórico en la Argentina y el mundo, el valor de la vida humana estaba marcado por el desprecio más absoluto con justificaciones ideológicas de los extremos políticos. La violencia vivida en el país desde el 16 de junio de1955 con el bombardeo a Plaza de Mayo sembró de muertos la vida pública argentina. Desde el Estado militar se usó la violencia con la violación sistemática de la Constitución Nacional y de todo derecho humano comenzando por la vida, la integridad física y la libertad de los ciudadanos. Por otra parte, desde aquellos que decidieron integrar los grupos armados también se eligió la ilegalidad bajo el falso supuesto de ser depositarios de un derecho divino capaz de decidir la vida de los demás que habilitaba matar a otro, aunque fuera inocente, por venganza o lógica política.

Así, la tragedia vivida por la violación de los derechos humanos fundamentales dejó en la sociedad una traumática experiencia y mucho miedo aunque, como contrapartida, instaló la conciencia colectiva de que nunca más debe volver a ocurrir. Este aprendizaje también permitió revalorizar los derechos humanos como algo mucho más complejo y abarcativo: empiezan con el de la vida y la libertad y se complementan con los de tener una vida digna, ser ciudadano, tener trabajo, salud y casa, a expresarse libremente. Y también el derecho a tener una muerte digna. Es decir, hoy entendemos que no puede haber derechos humanos completos teniendo en cuenta solo una de sus partes.

Este período de gobiernos conducidos por el matrimonio Kirchner que termina ya, se caracterizó por imponer una versión exclusiva de los derechos humanos violados durante la represión militar. Los politizó como ningún otro gobierno y los utilizó en la construcción de un poder sectario que, sistemáticamente, violó otros derechos colectivos no menos importantes.

Las madres, abuelas, familiares y amigos de las víctimas de la dictadura se van despidiendo de esta vida sin saber lo más importante, aquello que era derecho propio y de sus desaparecidos, aquello por lo que lucharon en sus vidas: conocer el destino de los restos de sus seres queridos para reencontrarse con ellos y poder hacer su proceso de luto y entierro.

Hace 30 años se enjuició y castigó a quienes ordenaron los asesinatos con la ley de la democracia. Desde 2003 los juicios se reanudaron aunque, para quienes aspiramos y trabajamos por una justicia independiente, nublados por la sospecha de que algunos son llevados a cabo con una cuota importante de venganza política.

No existió la mínima convicción para que los militares juzgados y retirados informen sobre qué se hizo con los muertos. Más allá de una retórica épica tramposa, los gobiernos kirchneristas fueron en este tema incapaces de sosegar las almas de los familiares de las víctimas. Cuesta entender por qué en más de una década todavía no se sabe nada de la suerte de la mayoría de los cuerpos de los desaparecidos. Ambos miembros del matrimonio Kirchner fueron los jefes naturales y legales de las Fuerzas Armadas Argentinas, jefes de todos los servicios de inteligencia del país y ejercieron una determinante influencia en el Poder Judicial. Pero no supieron, no pudieron o no quisieron descubrir la verdad del secreto mejor guardado de la dictadura.

Tampoco fueron capaces de develar el misterio de la desaparición en democracia, y por haber declarado contra un represor, de Jorge Julio López, víctima de las mismas fuerzas oscuras del pasado que el kirchnerismo dice combatir. Sería un gesto digno de Cristina Fernández de Kirchner, como Jefa de Estado, pedir disculpas a la sociedad argentina por ambos fracasos.

(Publicado originalmente en Clarín el 11 de noviembre de 2015 y reproducido con permiso de la autora).

«Nos, los representantes del pueblo», por Osvaldo Guariglia

El famoso inicio del Preámbulo de la Constitución enuncia sintéticamente una relación sobre la que está basada toda su estructura normativa. El sujeto de la soberanía es una entidad jurídica, “el pueblo de la nación argentina”, y es ella la que la retiene aun cuando permita que otros, sus “representantes” decidan en su nombre. Precisamente para no ceder jamás de modo definitivo su voluntad soberana, “el pueblo” convoca periódicamente a elecciones para renovar a sus representantes a fin de ratificar por un nuevo período a los anteriormente elegidos o caducarles su mandato y transferirlo a otros nuevos.

Esta relación de dependencia entre el titular de la soberanía – el pueblo – y su mandatario – la autoridad de gobierno – ha sido frecuentemente cuestionada y hasta tergiversada. Los pensadores políticos contrarrevolucionarios del siglo diecinueve, como el famoso ensayista español José Donoso Cortés, mantenían que ningún régimen podía sostenerse en tan cambiante y azarosa relación, por lo que ésta estaría siempre privada de legitimidad. El tradicionalismo monárquico, del cual él era su principal teórico, sostenía una relación absolutamente a la inversa: era el monarca que, legitimado por la religión católica, concentraba toda la soberanía en sus manos y quien concedía generosamente alguna participación en los asuntos públicos a los representantes del pueblo. A lo largo del siglo veinte esta ideología reaccionaria se infiltró en la vida política de España y de Argentina a través del nacionalcatolicismo y ha pervivido, metamorfoseada en una teoría política del populismo, en el siglo veintiuno en América Latina. No se trata ya de fundarse en los preceptos paulinos sobre la autoridad, como antaño, pero sí en las esencias nacionales y populares que confieren al gobernante, hombre o mujer, una legitimidad intransferible y sempiterna. De allí que el o la gobernante se consideren por encima de los límites que las normas constitucionales imponen al mandatario, aunque hayan debido conceder, de mal grado, que se llamara a elecciones de renovación de mandato sin su participación.

Contra todas las ilusiones populistas, el 25/10 “Nos, el pueblo” ha restituido la relación a los términos originales entre el titular de la soberanía y su mandatario temporal. La institucionalidad republicana ha sido preservada a pesar de todas las tortuosidades a las que fue sometida durante doce años de despotismo oligárquico, discrecionalidad y abuso del patrimonio público con fines privados. Ahora es necesario completar esa restitución impidiendo una repetición de lo ocurrido en esa década desviada. En el período que se iniciará el 10/12, deberán corregirse las tergiversaciones y manipulaciones de ciertas normas básicas de la vida democrática, comenzando por los límites de la perduración de los mandatos. De modo similar a la constitución de Estados Unidos, el o la Presidente podrá ser reelegida por una única vez y luego tendrá definitivamente prohibida su postulación a un nuevo mandato. A fin de eliminar de raíz toda sucesión dinástica, deberá prohibirse la postulación de todo familiar directo: conyugue, cohabitante, hijos/hijas, parientes políticos inmediatos, etc., antes de haber transcurrido un período completo desde la finalización del mandato de quien lo ejercía. Deberá asimismo establecerse una abstención total de el/la presidente de manejar sus propios bienes, poniéndolos a la toma de posesión bajo la tutela de un albacea anónimo, a similitud de cómo se procede con los mandatarios estadounidenses. En síntesis, se deberán restablecer normas elementales de ética pública que, luego de la experiencia de las tres presidencias populistas de los veinticinco años pasados, ya no se pueden dar por descontadas.

En relación con la cosa pública, “Nos, el pueblo” es sumamente celoso de su soberanía, de modo que cuando confiere un mandato, siempre lo hace dentro de límites estrictos. En efecto, para que ningún mandatario concentre todo el poder propio del soberano, “Nos, el pueblo” parcializa los mandatos: uno obtendrá el gobierno de la administración pública, de la ejecución de las leyes, de la provisión de la defensa, etc.; a otro se le encomendará el estudio y la sanción de las leyes, la aprobación y vigilancia del presupuesto, la imposición de impuestos y aranceles, etc., por último, un tercero tendrá a su cargo la supervisión de las leyes, la preservación de los límites entre los dos mandatos anteriores y el cuidado de la vigencia de la constitución. A tenor de la tendencia oligárquica a la concentración del poder en manos de la clique gobernante, el populismo ha hecho caso omiso de esta división de mandatos, usurpando la capacidad legislativa por parte del poder ejecutivo a través de decretos de necesidad y urgencia, por un lado, e inmiscuyéndose en el desempeño de los jueces, por el otro, a fin de obstruirlos en su tarea, si le son adversos, o privilegiando a los juristas más sumisos a sus pretensiones y deseos. Recuperar la totalidad de la soberanía por parte de “Nos, el pueblo” equivale a restaurar una clara y estricta separación de los poderes, de modo que cada uno se restrinja a cumplir con el mandato que “Nos, el pueblo” le ha dado. De esta manera, quedará preservada la imparcialidad en la sanción, ejecución y preservación de la cosa pública, que es la máxima garantía que “Nos, el pueblo” provee a todos los ciudadanos: preservar su calidad de miembros libres e iguales de una república democrática.