Una perspectiva del siglo XXI para los derechos humanos, por Iván Petrella

El paso del tiempo y los cambios políticos, culturales y demográficos obligan a las nuevas generaciones a repensar esquemas heredados y adaptarlos a un presente que llega con nuevos desafíos. Por eso, a más de tres décadas del fin de la última dictadura militar, y con el auge de una nueva generación que siempre disfrutó de la democracia, vale la pena volver a pensar el marco dentro del cual se dan algunas discusiones en torno a los derechos humanos. Para este tema tan sensible, propongo un marco conceptual con tres ejes: empatía, democracia y futuro.

El primer elemento es la empatía. En Alemania, antes de recorrer algunos campos de concentración, le piden al visitante que elija una persona con nombre y apellido que estuvo ahí. La idea es que camine imaginando lo que vivió y sintió, lo que vivieron y sintieron sus familiares: que haga un esfuerzo para identificarse con el sufrimiento de otro ser humano. Los detalles de la “macrohistoria” del conflicto siguen presentes, pero el énfasis recae en intentar conectar con el mundo íntimo de la persona que sufrió la atrocidad en carne y hueso.

Decir que nuestro país mantiene una deuda enorme con la verdad sería injusto. No es poco lo que hemos logrado. Pero aún hay baches grandes. Tres décadas pueden parecer mucho tiempo, pero son poco si se considera que muchas de las personas que participan de la conversación sobre los derechos humanos perdieron seres queridos en ese momento. Todavía muchos militares creen que actuaron con responsabilidad en medio de “una guerra” y no pedirían perdón al familiar de un desaparecido. Quienes integraron grupos armados, salvo poquísimas excepciones, siguen justificándose como idealistas y luchadores por un mundo mejor y tampoco pidieron perdón a los familiares de sus víctimas. Y los dirigentes que tuvieron responsabilidades pocas veces se hacen cargo de esos años.

El punto de partida para desatar este nudo gordiano debe ser la empatía. Empatía, por ejemplo, con la Madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, quien sufrió la desaparición de dos hijos, Jorge Omar y Raúl Alfredo. Empatía con la familia del militar Lambruschini, que perdió a su hija Paula, de quince años, por una bomba de Montoneros, y con la familia de Margarita Obarrio de Villa y Ricardo Álvarez, que no eran ni militares ni pertenecían a ninguna organización, pero que murieron a raíz de la misma bomba. Con Claudia Rucci, que tenía cinco años cuando Montoneros asesinó a su padre. Su familia trató de esconderle la muerte no bien llegó a su casa, pero ella se metió de casualidad en un cuarto que tenía un televisor prendido en el noticiero y se puso a llorar sola frente a la pantalla. Sin el primer paso de identificarse con el dolor ajeno, cualquier otro paso será difícil. Solamente en el esfuerzo de la empatía puede encontrarse un terreno fértil para construir convivencia.

Esto lleva al segundo elemento del marco conceptual: la democracia y la profundización de nuestra cultura democrática. Hoy disfrutamos del período democrático más largo de nuestra historia, pero durante más de medio siglo XX la Argentina tuvo enormes dificultades para consolidar un orden democrático. Desde 1930 sufrimos seis golpes de Estado y una participación activa y disruptiva de las Fuerzas Armadas en la vida política del país. En los 70, la falta de consolidación democrática mutó a un desprecio absoluto por la democracia. Desprecio en los grupos armados que atentaban contra el gobierno elegido por voto, desprecio en la respuesta paramilitar del gobierno y, finalmente, la extinción total de la democracia con la dictadura que se llevó la vida de miles de inocentes y con la que el Estado rompió la moral y la ética básicas de cualquier sociedad civilizada. No hay nada más terrible en la historia del país que la decisión gubernamental de implementar un plan sistemático de desaparición de ciudadanos, al margen de la ley.

Hoy, afortunadamente, la democracia como forma de gobierno se encuentra consolidada. Pero todavía hay desafíos y para enfrentarlos hay que trabajar sobre las conductas y las actitudes ciudadanas que hacen a la cultura democrática. El fortalecimiento de la libertad de expresión es uno de estos desafíos, asociado con la capacidad de discutir sobre argumentos e investigaciones históricas y científicas, y no sobre ataques ad hominem. En lo que refiere a los derechos humanos, la discusión no debería ser nunca partidaria ni regirse jamás por el ritmo frenético de la cultura del espectáculo y el escándalo, pero eso no equivale a negar toda conversación al respecto. A mí, personalmente, me incomodan las limitaciones estatales a la libertad de expresión, y encuentro más virtud en la limitación que la propia sociedad madura puede hacer de esas expresiones en su propia dinámica.

Resta un tercer elemento del marco para la discusión de los derechos humanos: el que refiere al futuro. Mirando hacia el pasado, la dictadura aparece como el espejo trágico sobre el cual se moldea la democracia moderna de nuestro país. Es nuestro relato de origen, y en eso define una realidad que debemos abrazar orgullosos: el hecho fundacional de nuestra democracia son los derechos humanos. Sin embargo, en este aspecto, y como sucedió con casi todas nuestras políticas públicas, la tarea estatal fue errática y cambiante. En los ochenta con Raúl Alfonsín vivimos los juicios a la cúpula militar, jefes guerrilleros e integrantes de la Triple A y las sanciones de las leyes de obediencia debida y punto final. Siguió la búsqueda forzada y fracasada de unidad nacional mediante los indultos de Carlos Menem. Y en el kirchnerismo fueron las nulidades de las leyes de los ochenta y la reapertura de los juicios sólo para los militares.

El resultado de estos vaivenes es un coro insatisfecho de voces que mira casi exclusivamente hacia atrás. Es muy probable que las nuevas generaciones crecidas en democracia aporten nuevas visiones de nuestra historia trágica. Traerán sus puntos de vista, sus matices. Pero también tenemos certeza de que tendrán que hacer frente a nuevos y complejos desafíos, como el cambio climático, la migración de los pobres y desempleados hacia las ciudades, la manipulación de la vida misma a través de las tecnologías de ADN y genética y toda una serie de otras preguntas que también tienen que ver con el respeto a los derechos humanos en este siglo.

El paso del tiempo no se detiene. Se impone la necesidad de incorporar nuevas miradas y nuevas generaciones a las viejas discusiones. El marco que propongo permite abordar los setenta teniendo en cuenta no sólo investigaciones históricas, científicas y judiciales, sino el sufrimiento de las víctimas. El dolor no es propiedad exclusiva de nadie. Pero, a la vez, las nuevas generaciones tienen el deber de enfrentar otras discusiones que también hacen a los derechos humanos. El mandato de origen de nuestra democracia moderna exige dar estas respuestas, porque sin democracia no hay derechos humanos y sin derechos humanos no hay democracia.

(Publicado originalmente en La Nación el 24/2/2017 y reproducido con permiso del autor).

La independencia catalana y la regla de reconocimiento, por J. J. Moreso

Si nos preguntamos por qué el billete azul que muchos de nosotros tenemos en nuestras carteras es un billete de veinte euros, la respuesta es más o menos la siguiente: hay una regla de carácter constitutivo que dice que los trozos de papel con determinadas características, emitidos por el Banco Central europeo o por un Banco nacional autorizado por él, son billetes de veinte euros y la existencia de dicha regla se ancla en un conjunto de creencias y actitudes compartidas por todos los ciudadanos de aceptación del contenido de la regla. Este es el modo de existir de los hechos sociales que, al contrario que los hechos naturales, no existen independientemente de las acciones y actitudes de los seres humanos. Son nuestras creencias y actitudes las que anclan en nuestras comunidades las reglas constitutivas, las reglas que dicen, por ejemplo, que estrecharse las manos cuenta como saludarse entre nosotros, que levantar la mano en una asamblea cuenta como votar a favor de una propuesta, que los billetes impresos de acuerdo con las regulaciones del Banco central europeo cuentan como billetes de cinco, diez, veinte, cincuenta, cien, doscientos o quinientos euros. Estas reglas constitutivas –la idea es del filósofo de Berkeley John Searle- existen en un grupo social en la medida en que los miembros del grupo las aceptamos colectivamente. Es esta aceptación colectiva lo que ancla su existencia. En otras comunidades, lo que cuenta como un saludo es frotarse la nariz con la nariz del otro, por ejemplo. Y es la existencia de esta regla constitutiva, de acuerdo con la cual los billetes azules impresos conforme a la regulación y autorización del Banco Central europeo cuentan como billetes de veinte euros, aquello que funda el hecho de que este billete azul con el que pagamos nuestro desayuno en el bar es un billete de veinte euros.

En el libro más importante de teoría jurídica del siglo XX, titulado El concepto de Derecho (1961), (junto con la Teoría pura del Derecho de Hans Kelsen, la primera edición de 1934) el filósofo H.L.A. Hart usó unas ideas parecidas para dilucidar cuando un determinado sistema jurídico existe en determinada sociedad. Y llamó regla de reconocimiento a aquella pauta que establece qué características deben reunir el resto de reglas para ser miembros del sistema jurídico vigente. Para que dicha regla exista, según Hart, los officials del sistema (los jueces principalmente) deben revelar una actitud de aceptación hacia dicha regla de reconocimiento. Una actitud que se muestra en el modo en que identifican las reglas vigentes que están dispuestos a aplicar para resolver las controversias.

En Cataluña, después de la declaración de independencia en el Parlament durante el día de ayer 27 de octubre, algunos sostienen que hay dos legalidades, puesto que habría dos reglas de reconocimiento en conflicto. Dicho ahora de manera simplificada, una diría que el Derecho existente en Cataluña está integrado por la Constitución de 1978 y las normas creadas (o adoptadas) conforme a ella y la otra diría que el Derecho existente en Cataluña está integrado por la Ley de Transitoriedad del 8 de septiembre de 2017 y las normas creadas (o adoptadas) conforme a ella.

Pues bien, quiero poner de manifiesto que, de acuerdo con la concepción de Hart que es ampliamente aceptada en la teoría jurídica, dicha posición está equivocada. Ayer mismo las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales que hay en España (y en Cataluña) han declarado conjuntamente que «no hay dos legalidades hoy en Cataluña» y que la única que existe «es la que emana de la Constitución España y demás leyes vigentes aprobadas con las garantías democráticas de nuestro Estado de Derecho». Han añadido que ellos son los garantes de la aplicación de las normas jurídicas conforme a esta pauta.

Por lo tanto, como una cuestión de hecho, el único sistema jurídico vigente en Cataluña a día de hoy es aquel que es identificado a partir de la Constitución de 1978.

Es importante, según creo, recordar esta obviedad en estos momentos. Desde los círculos del independentismo se acostumbra a tergiversar astutamente la realidad para inducir en algunos ciudadanos de buena fe un sinfín de falsas creencias. La existencia de dos legalidades es una de ellas. Desmentirla con claridad es el deber de los que nos dedicamos a estas cuestiones teóricas acerca del derecho, normalmente intrincadas y alejadas de la realidad cotidiana, pero que ahora devienen cruciales.

No es la única tergiversación a la que asistimos. A pesar del rechazo unánime que la declaración unilateral de independencia ha suscitado en todas las cancillerías del mundo occidental, siguen insistiendo en que hay que esperar y que las cosas cambiarán. Este argumento va unido a otro que me preocupa sobremanera. Se trata de la idea de que las cosas cambiarán cuando la situación económica de Cataluña, de España y de Europa empeore. Aquí ya no se trata sólo de una tergiversación sino de algo mucho más grave: de una irresponsabilidad descomunal. La única justificación de los gobiernos estriba en la garantía de los derechos básicos de todos y en procurar las bases para hacer posible el bienestar de todos. Si alguien procura de manera deliberada socavar el bienestar de los ciudadanos entonces no merece ya nuestro respeto porque se sitúa conscientemente en contra de nuestros intereses legítimos.

(*) J. J. Moreso es catedrático de filosofía del derecho de la Universidad Pomepeu Fabra de Barcelona).

(Publicado originalmente en El País el 30/11/2017 y reproducido con permiso del autor).

Sitio web “José Luis Romero”: www.jlromero.com.ar

Queremos compartir con usted una importante noticia: la inauguración del sitio web www.jlromero.com.ar.

El sitio tiene como propósito presentar las Obras Completas de José Luis Romero, destacado historiador y hombre público argentino, así como textos de reconocidos investigadores que analizan su producción intelectual.

Se han observado las mejores prácticas en materia de tecnología de codificación de textos en línea.

Lo/a animamos a que visite el sitio y lo difunda entre colegas e instituciones.

Cordialmente,

Comité Editor
RLFP

En Venezuela queda poca esperanza y una gran lección liberal, por Marcos Novaro

No conviene hacerse muchas ilusiones. Porque las ilusiones alientan la espera, consumen tiempo, y el tiempo por lo pronto al único que beneficia es al régimen chavista.

El curso seguido por los acontecimientos a lo largo del último año así lo demuestra. Es cierto que hay por fin un cronograma electoral establecido. Pero luego de que una a una el régimen eliminó todas las barreras que podían impedirle el fraude y la proscripción masivos para controlar los resultados. La progresión de éxitos lograda por Maduro en los últimos meses a este respecto es incontrastable. Ellos le permitieron sobrellevar una dura crisis económica e innumerables protestas. Contra los pronósticos que auguraban su inminente caída y se cebaban en su aparente torpeza, así que conviene no insistir en ellos.

Primero desactivó el plebiscito para removerlo de la presidencia; luego sacó de la galera la Asamblea Constituyente, inventando un proceso electoral traído de los pelos pero que mantuvo la pantomima en acción; y a continuación se sacó de encima a la Procuradora Luisa Ortega Díaz y desactivó el Parlamento. Todo tapizado por más de cien muertos, sin detenerse ni dudar en ningún momento.

Es hora de reconocer que saben lo que quieren, y que muchos de sus adversarios se confundieron creyendo que no era así, que había más tensiones dentro del régimen de las que realmente existían, que llegado el momento no darían pasos definitivos hacia el castrismo, o que eran demasiado torpes para tener éxito si lo intentaban, después de todos los fracasos acumulados en otros objetivos que se propusieron.

La lógica del movimiento revolucionario era, sin embargo, ineluctable. Y es que para la enorme mayoría de los beneficiarios del sistema montado por Chávez, civiles y sobre todo militares, estaba claro que detenerse o retroceder suponía correr el riesgo de perderlo todo, las fortunas mal habidas, los negocios del narco, el mercado negro y la corrupción, la propia libertad. ¿Y para qué lo iban a hacer, para reconciliarse con una clase media y alta que los desprecia y un pueblo que ya no los quiere, en todo caso les teme pero está ansioso de que la canilla del estado lo vuelva a alimentar? ¿O para “volver al mundo”? Si ellos son (o eran, ahora que Trump les impidió la entrada), los que más viajaban a Miami a consumir a manos llenas los productos del imperio.

Mientras tanto la radicalización se fue alimentando de sí misma. Lo vivimos ya, por suerte a escala menor, en la Argentina de los Kirchner: cada abuso condujo a otro mayor al volverlo imprescindible para controlar la situación, en una cadena sin límite ni freno. Además en este tipo de procesos de revolución por goteo es muy difícil que quienes no dieron el salto fuera del régimen tempranamente lo puedan dar cuando ya la grieta entre él y sus adversarios es muy grande. El riesgo de terminar solo, escapando del país o cayendo en la cárcel, como le ha pasado a la procuradora y a varios militares respectivamente, es muy alto.

¿Y desde afuera, se podía hacer más? Muchos progresistas todavía insisten en que lo peor era que “el imperialismo yanqui interviniera”. Cuando sólo una decisión a tiempo de EEUU de interrumpir su comercio con Venezuela podría haber compensado la masiva intervención militar, de inteligencia y también económica practicada allí por Cuba, Rusia y China. El ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, a quien no cabe considerar muy amigo de Washington, lo dijo meses atrás: la suspensión total de la exportación de petróleo era lo único que podía afectar el curso de los acontecimientos. Pero Trump se limitó a sanciones personales y una alocadas declaraciones. Mejor hubiera sido que no hiciera nada. Peor les ha ido, claro, a quienes más se esmeraron en promover mediaciones, con el ya indefendible José Zapatero a la cabeza, opacando al Papa, por suerte para él.

Lo dijimos al comienzo, el tiempo juega a favor del régimen. Y ¿para qué necesita tiempo? Primero, para terminar de hacer el ajuste social, la lenta operación de extinguir a las clases medias. Esa tarea en Cuba, cuarenta años atrás, fue más sencilla. Venezuela era un país mucho más complejo, más grande y más rico. Pero mientras todo siga como va no hay otro resultado posible: se terminarán de ir los que no acepten un destino de empobrecimiento y sometimiento, y los demás deberán acomodarse para sobrevivir. Segundo, el régimen necesita tiempo para que reboten los precios del petróleo. Para cuando suceda, el monopolio total en la distribución de alimentos desde las reparticiones militares les permitirá ser las garantes de la vida y la muerte de todos sus súbditos. Peor que la China de Mao.

Un experimento tan cruel de involución social y despotismo nos repugna, es natural. Pero ¿podemos hacer algo ante él, sin duda la peor tragedia de las últimas décadas en nuestra región? Ante todo, cabe aprender.

Los latinoamericanos tenemos una valiosísima oportunidad: a contraluz de la fatídica deriva del chavismo reforzar la fe en las instituciones del liberalismo político, someter a crítica las ideas y prácticas del populismo radicalizado, promover el pluralismo, la moderación y la cooperación. En parte ya está sucediendo: una ola liberal y de maduración política se alimenta de este drama en cámara lenta, porque él echa oportuna luz sobre las esperables consecuencias de seguir algunas supuestas buenas intenciones, desnuda taras ideológicas muy acendradas ligadas al más primitivo anticapitalismo y los defectos inherentes de modelos políticos e intelectuales que nos agobiaron durante décadas.

No es para menos. Pocos son los gobiernos en el mundo que se dan el lujo de asesinar opositores en las calles en estos días. Y no hay ninguno con un record comparable en la destrucción de su economía, dilapidando y robando una fortuna inmensa fruto de la década más extraordinaria de las commodities de que se tenga memoria, y que encima le eche la culpa de todo al imperialismo yanqui para insistir en su camino, pese a que Estados Unidos sigue siendo, indiferente a todo, su principal comprador.

A veces grandes males ofrecen buenas lecciones. Fue lo que sucedió en la década de los ochentas con la democratización, tras años de fatídicas dictaduras militares. La diferencia con la situación actual es que además de una renovada fe en el respeto de los derechos individuales, el valor del pluralismo y las conductas asociadas, ahora hay además motivos para que prospere una visión también razonablemente liberal de la economía y una menos victimista y pueril de nuestro lugar en el mundo.

En los ochenta muchos todavía responsabilizaban a la política exterior norteamericana de todo lo malo sucedido en América Latina (lo que en algunos casos, como el de Chile de 1973, tenía encima bastante fundamento) y asociaban autoritarismo y mercado por razones semejantes. Aunque eso tendió a cambiar en la década siguiente a raíz de las hiperinflaciones, los a veces magros y a veces malos resultados de las reformas de los noventa revirtieron parcialmente esa evolución y bandearon las políticas económicas hacia el otro extremo. Hoy, en cambio, países como Brasil y Argentina que vivieron con particular crudeza los costos de esa ciclotimia están procesando complejas salidas de sus ciclos populistas, inspiradas por la consigna “no terminar como Venezuela”. Y no parece ser muy diferente la situación en Ecuador y países de Centroamérica, que están tomando distancia del eje bolivariano.

El cambio en curso es también generacional. Los protagonistas de la democratización de los años ochenta habían estudiado y entrado a la vida política en los sesenta, bajo el influjo de la revolución cubana y el auge consecuente del marxismo latinoamericano. Aunque muchos de ellos revisaron luego esas ideas, en particular las más afines al ethos revolucionario, no pudieron desprenderse del todo de esa herencia. Para ellos todavía era infinitamente más simpático Fidel Castro que Ronald Reagan. Pese a todo lo que hiciera Reagan por ayudar a la democratización de Argentina, Brasil o Chile.

Todo eso ha quedado atrás. Ya no gravita como antes esa herencia marxista, más allá de algunos núcleos militantes en universidades muy politizadas. E incluso allí los jóvenes suelen reaccionar con bastante sentido común a lo que les toca vivir, más alarmados con lo que ven sucede en Caracas que seducidos por lo que leen en sus textos de cátedra. Hacen bien. El mundo que enfrentan probablemente no estará hecho de grandes oportunidades pero sí tendrá que lidiar con grandes peligros. La ensoñación romántica detrás de fantasías estrafalarias como el “socialismo del siglo XXI” se ha revelado como uno de ellos. La radicalización de los conflictos hasta destruir las condiciones mínimas de la convivencia es otro. Y la amenaza y la exacción como vías para contener el lucro capitalista y promover la distribución social otro tan o más dañino. Ojalá también los venezolanos puedan aprovechar no dentro de mucho estas valiosas lecciones que nos brindan a su costo.

(Publicado originalmente en La Nación el 28/9/2017 y reproducido con permiso del autor).

La enseñanza religiosa es contraria a la Constitución, por Marcelo Alegre

Como parte de un equipo de docentes-investigadores en teoría constitucional de la Facultad de Derecho-UBA nos presentamos como Amigos del Tribunal ante la Corte Suprema de la Nación en la causa que discute la constitucionalidad de la ley salteña que establece la enseñanza religiosa curricular en escuelas públicas. Entendemos que la ley:

1) viola el derecho de los niños a una educación de calidad, porque permite la eventual enseñanza de contenidos dogmáticos incompatibles con la evidencia científica y con el espíritu crítico que debe animar a la educación pública; por ejemplo, no excluye la posibilidad de que se imponga una lectura literalista de textos religiosos que colisione frontalmente con la evidencia científica sobre el origen del universo y de las especies, o con políticas públicas democráticas sobre derechos sexuales y reproductivos.

2) transgrede el principio de igualdad y no discriminación, porque da lugar a la estigmatización y marginalización de minorías en materia religiosa lo cual, como hizo notar mi colega Roberto Gargarella, evoca la escalofriante idea de “separados pero iguales” a la que puso fin la Corte norteamericana en el famoso caso Brown de 1954 contra la segregación racial en escuelas públicas.

3) desconoce el principio de autonomía progresiva de las niñas y niños, consagrado en los tratados y en el nuevo Código Civil, quienes ven indebidamente condicionadas sus opciones en materia espiritual;

4) viola la libertad de conciencia de los niños, amenazando, en palabras del fallo de la Corte Portillo, “la diversidad de pensamientos y obligando a una uniformidad que no se condice con la filosofía liberal que orienta a nuestra norma fundamental.”

5) lesiona la privacidad de los niños y sus padres al obligarlos a expresar públicamente sus convicciones religiosas contra el Artículo 43 de la Constitución y las normas de Derechos Humanos que protegen los datos personales.

6) vulnera el principio constitucional de separación entre iglesia y estado, (Artículos 2, 14, 16, 19, 20, etc de la Constitución) al privilegiar una cierta cosmovisión (la religiosa) y una religión en particular (la católica), ignorando fallos como Didier de 1928, Moxey de 1945, Glaser de 1966, Sejean de 1986 y Portillo de 1989.

7) es contraria al principio republicano de gobierno, porque socava el carácter deliberativo y plural de la escuela; en palabras de Amy Gutmann, “el resultado indirecto –sino el directo– de enseñar religión en las escuelas públicas sería el de restringir la deliberación racional entre personas que adoptan distintas formas de vida”, y por último,

8) viola el artículo 8 de la ley 1420, que exige que la enseñanza religiosa sólo se dé fuera del horario de clase y que en el texto explicamos debe ser entendida como una norma vigente, sea como regla o como principio constitucional. Y si se entendiera que la ley 1420 fue derogada, jamás podría entenderse que ahora rige una protección menor a las libertades de los niños: esa derogación debería entenderse, por el contrario, por el principio de no regresividad, como una prohibición absoluta de la educación religiosa, antes, durante o después del horario de clases.

En las audiencias públicas se expresaron, en defensa de la ley, algunos argumentos que deben ser respondidos:

1. Un problema nacional. Con base en un falso federalismo se ha descalificado a quienes opinan desde afuera de Salta. Pero esta discusión nos importa a todos. La pregunta que se plantea en este caso es, ni más ni menos, si la Constitución nacional nos protege de esta práctica discriminatoria. Si la respuesta fuera que no, incluso los habitantes de distritos donde no hay educación religiosa en escuelas públicas verán su libertad de culto sujeta a los vaivenes de la política local.

2. Los abusos. Se duda de la magnitud de los hechos estigmatizadores denunciados, como si se tratara de un fenómeno poco conocido. Más allá de que la sistemática violación de derechos se encuentra probada, no se trata de una experiencia peculiar. Quienes tienen edad suficiente recuerdan infinidad de hechos discriminatorios durante los años en que rigió la enseñanza religiosa a nivel nacional.

3. Mayorías y derechos humanos. Se ha argumentado que la mayoría de la sociedad salteña es católica, desconociendo la lógica de los derechos humanos. En realidad, cuanto más hegemónico sea un credo, mayor deberá ser la protección de las minorías (los creyentes en otras religiones y quienes no profesan creencia religiosa). Si a las minorías en materia religiosa de Salta no las defiende la Corte, no las defiende nadie.

4. El derecho de los padres. Se ha alegado el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, derecho reconocido en tratados internacionales. Pero no debe bastardearse esta cláusula, que tiende a impedir que se les impongan a los hijos cosmovisiones con las que los padres no concuerdan, que es precisamente el resultado nefasto que permite esta ley.

6. ¿Antirreligiosidad? Por último se dijo que a los opositores a la ley los anima un sentimiento antirreligioso, algo desmentido por los agravios narrados aquí por muchas corrientes religiosas, cristianas y no cristianas.

Este caso muestra una extrema falta de empatía con las minorías en materia religiosa. Muchos sí empatizamos con los católicos molestos con algunas manifestaciones. El pensamiento antirreligioso (la idea de que, en balance, los efectos de las religiones no son positivos) es respetable y no debe pedir permiso para expresarse. Esa expresión puede a veces herir, pero que tenga bien presente a quien corresponde la responsabilidad por estas discordias: los que usan el poder del Estado para, dividiendo a la sociedad, imponer una cierta cosmovisión religiosa (sea en el aula pública, o a través de un crucifijo en la Sala del Máximo Tribunal del país).

La enorme desigualdad en material religiosa de esta ley contradice la mejor tradición del catolicismo liberal y moderado, que es el mayoritario, y el que nos dio la Constitución del 53 y el sistema educativo orgullo del país.

(Publicado originalmente en Clarín el 6/9/2017 y reproducido con permiso del autor).

El presidencialismo, en debate, por Roberto Gargarella

El constitucionalismo latinoamericano no siempre sirvió a los mejores o más dignos propósitos. Sabemos, por ejemplo, que muchas veces se cambió la Constitución sólo o fundamentalmente para permitir una reelección presidencial: todo lo demás no importaba, o era moneda de cambio. Contra dicha visión, en su momento, Juan Bautista Alberdi propuso pensar el constitucionalismo de otro modo; esto es, en respuesta a los principales problemas o “dramas” de la época. Por eso, elogió a las primeras Constituciones de la región (que muchos de sus colegas repudiaban) aduciendo que habían contribuido a la lucha por la independencia. Luego, ya en su época, él propuso dedicarlas a confrontar otros grandes males: el atraso económico y la despoblación (“el desierto”).

En años recientes –pienso en los años ‘80- el argentino Carlos Nino, el español Juan Linz, el norteamericano Alfred Stepan, entre tantos otros, hicieron su propia gran contribución a la línea de pensamiento abierta por Alberdi. Ellos también se plantearon las dos preguntas fundamentales alberdianas: 1)¿Cuál es el gran “drama” institucional de nuestra época?, 2) ¿Hay algo que la Constitución pueda hacer, para ayudar a remediarlo?

Los juristas y cientistas políticos de la época, reunidos en un inusual consenso, contestaron lo siguiente. Frente al primer interrogante, respondieron que, sin duda alguna, el gran mal institucional (o “drama”) del siglo XX lo constituían los sangrientos golpes de estado que venían azolando sistemáticamente a la región. A la segunda pregunta la respondieron por la afirmativa, para sostener que la Constitución era en parte responsable de dicho problema, al crear un “hiper-presidencialismo”, que llevaba a todos los partidos a pelear centralmente por ese cargo, desatando una peligrosa dinámica de no-cooperación o de “suma cero”, para colmo sin “válvulas de escape” (como las que podía ofrecer un primer ministro). Los golpes de estado –concluyeron, de la mano de numerosos estudios empíricos- eran co-responsables de la inestabilidad democrática regional (que antes se manifestaba en golpes de estado, y hoy con mandatos interrumpidos antes de tiempo).

A pesar del enorme aporte hecho por aquellas teorías en todos estos años, lo cierto es que, con el paso del tiempo, el excepcional acuerdo anti-presidencialista de los ‘80, terminó por disolverse. Algunas de las críticas que aparecieron desde entonces resultaron entendibles, y permitieron enriquecer el debate. Menciono dos. Primero: las causas institucionales de la inestabilidad latinoamericana son más complejas (el híper-presidencialismo sigue siendo parte de aquella historia, pero no el único gran protagonista en dicha tragedia). Segundo: la crítica al (híper) presidencialismo no debe llevarnos necesariamente (como llevara a Nino, Linz y cía.) a defender sistemas parlamentarios: finalmente, el mundo institucional no se divide en sólo esos dos campos (presidencialismo-parlamentarismo). En tiempos más recientes, aparecieron otras críticas –muy reiteradas pero mucho menos interesantes- contra el híper-presidencialismo.

Autores como Andrés Malamud vienen insistiendo con que el concepto citado es “vacío” o retórico; y que datos como la persecución o pérdida de libertad de tantos líderes regionales (de Fujimori a Humala o Lula) confirman que los “híper-presidentes” no lo eran tanto. Sobre tales críticas, diré simplemente tres cosas como respuesta. Primero, el concepto de “híper-presidencialismo”, que acuñara Carlos Nino en su momento, no pretendía adjetivar, sino describir un hecho: el hecho de que las Constituciones latinoamericanas delegaban a sus presidentes, poderes y capacidades que no se encontraban en la Constitución norteamericana, que era el que les había servido de modelo.

Típicamente, se encontraban en las Constituciones de la región poderes tales como el de “intervención provincial” (que hubiera horrorizado al pensamiento federalista norteamericano), o el de declarar el “estado de sitio,” que servía para expandir aún más los poderes presidenciales, y limitar de los peores modos los derechos de los ciudadanos. A esas facultades formales se les agregaron otras (poderes legislativos; poderes en el manejo del presupuesto; influencia crucial en la distribución de los recursos hacia las provincias, entre tantas), que la práctica sólo ayudó a radicalizar (a través de la capacidad de presión económica y el uso de la violencia a disposición del primer mandatario). Así, el “sistema de frenos y contrapesos” inicial terminaba convirtiéndose en otro “desbalanceado y con pocos frenos”; y la estabilidad democrática quedaba directamente bajo amenaza. Quien no quiera ver de qué modo medidas como las citadas influyeron sobre la historia latinoamericana, afectando al sistema democrático y favoreciendo la masiva violación de derechos, haría bien en leer algún libro de historia regional, aunque sea un poco largo.

Segundo, de modo realmente notable, críticas como las citadas sólo refuerzan las predicciones de los viejos críticos del híper-presidencialismo: ellos no dijeron que los híper-presidentes no enfrentarían problemas gravísimos, sino exactamente lo contrario. El juego de “suma cero” que denunciaban era repudiado justamente por ello: por generar una dinámica destructiva, que terminaba por arrojar por la borda al presidente de turno, poniendo en riesgo de quiebre al mismo sistema de gobierno.

Finalmente, y sólo para cerrar, diría que aquellos “viejos críticos” no entraron al debate intelectual como a una tienda de vanidades, para mostrar sus mejores galas o hacer pito catalán contra el adversario. Entraron motivados por las recurrentes crisis democráticas latinoamericanas, hartos de ver muertos en las esquinas, y convencidos de que los cambios constitucionales podían ayudar (aunque sea de forma modesta) a evitarlos. Propondría que retomemos el debate pensando menos en nosotros y más en ellos.

(Publicado originalmente en Clarín el 3/8/2017 y reproducido con permiso del autor).

Evaluación y semblanza de Osvaldo Guariglia, por Samuel Cabanchik

El 2 de mayo del año en curso falleció osvaldo Guariglia, aconteciendo así el fin de una vida dedicada con intensidad a la investigación y el pensamiento filosóficos. Pero si allí concluyó su biografía, no ocurre lo mismo con su destacado y destacable legado, pues su presencia se multiplica tanto en una obra de significativa enjundia, como en el magisterio forjador e inspirador de vocaciones filosóficas, no menos que en el hacedor de instituciones académicas perdurables, y en el ejercicio, a la vez brioso y profesional, de la cátedra en el ámbito de la universidad pública.

Después de un breve paso por la carrera de medicina, fue orientándose paulatinamente a los estudios humanísticos, graduándose primero como licenciado en letras por la universidad de Buenos Aires con una tesis sobre Anaximandro, para alcanzar finalmente su doctorado en Filosofía en la universidad de Tubinga, Alemania, en donde profundizó su formación clásica con un trabajo de tesis sobre la lógica y la dialéctica en Aristóteles.

Los años ochenta y noventa lo tuvieron como una de las principales figuras de la filosofía argentina en todos los planos mencionados. Jalonan estos años algunos de sus principales libros, publicados en nuestro país, en Alemania y en Italia, como Ideología, verdad y legitimación (1986), Universalismo y neoaristotelismo en la ética contemporánea (1995), Moralidad: Ética universalista y sujeto moral (1996) y La ética en Aristóteles o la moral de la virtud (1997), para mencionar solo algunos.

Pero su personalidad desbordante y enérgica lo condujo a integrar el trabajo de comunicación de su producción reflexiva con la actividad propia de un hombre de acción, por así decir, interviniendo como filósofo en el debate público de mayor riesgo, al pronunciarse sobre conflictos cruciales de esos años, como las llamadas leyes de “punto final” y “obediencia debida”, promulgadas bajo el gobierno de raúl Alfonsín. (Estas intervenciones sirvieron luego de excusa para que sectores del ámbito filosófico académico opositores a ese gobierno y al modelo académico del que Osvaldo Guariglia fuera eminente protagonista, sostuvieran encarnizadas campañas de desprestigio sobre su persona, las que impidieron su justa consagración como Profesor Plenario de la UBA).

Mayor aún fue su protagonismo en el interior de la vida de las instituciones filosóficas argentinas. Al respecto, cabe destacar: la fundación, junto a Eduardo Rabossi y muchos otros, de la Asociación Filosófica Argentina (AFRA), de la que también fuera presidente; su condición de coeditor de la Revista Latinoamericana de Filosofía en el ámbito nacional y de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía en el internacional; su actividad institucional dentro de los órganos de gobierno de la Facultad de Filosofía y letras de la UBA, en el Consejo Directivo y en la Dirección del Instituto de Filosofía Alejandro Korn.

Los quilates de su actuación y de su producción en esas décadas bastaron para conquistar una creciente gravitación en el ámbito filosófico iberoamericano. Pero lejos de dormirse en esos laurales o demorarse en la autocompasión y lamer las heridas que le propinaran sus batallas de gladiador apasionado en el debate público, fue en la última década del siglo pasado que Guariglia llegó al mayor grado de integración de las diversas capas de su compleja personalidad. En efecto, a sus investigaciones clásicas, centradas en los ochenta y los noventa en la ética de Aristóteles y en la fundamentación de una moral normativa enraizada en la fuente del universalismo kantiano, se sumaron sus notables intentos de elaborar una fundamentación normativa de la democracia, posteriormente proyectada al esclarecimiento de las posibilidades de convivencia entre la soberanía de los estados nacionales y la regulación del derecho internacional.

En el entramado enrevesado de la moral, el derecho y la política, Guariglia terminó de tallar su concepción normativa de la democracia liberal, fuertemente inspirada en los aportes de las obras de Habermas y Rawls, las que encontraron en el suelo nutricio de su laboratorio, más que la receptividad de un continuador de escuela, distanciamientos críticos parciales y encomiables esfuerzos de superación.

A resultas del nuevo horizonte en el que se afianzó su pensamiento, nos legó nuevos libros de consulta, como Una ética para el siglo XXI: Ética y derechos humanos en un tiempo posmetafísico (2002), En camino de una justicia global (2010), al que se sumará, seguramente, un libro dedicado a la reconstrucción de la tradición democrática republicana, en el que trabajaba en sus últimos días.

Pocos meses antes de su muerte tuve la dicha de compartir con Guariglia un plenario en el XVII Congreso Nacional de Filosofía de AFRA. Su exposición, con esa confluencia de erudición, perspectiva histórica y análisis conceptual que caracteriza a sus textos, versó sobre lo que la filosofía puede aportarle a la política. Razonablemente, no se hacía demasiadas ilusiones, pero su inconmovible confianza en el poder persuasivo de la argumentación racional, lo animaban a intentarlo una vez más.

A escasos meses de cumplir sus 77 años de edad, aún expresaba esa singularidad que evocaba en su presencia un tropel de corceles, que hicieron mucho más que levantar polvareda y agitar el viento. Si uno lograba superar esas huestes siempre dispuestas al combate, por debajo del estrépito de guerra encontraba el desborde de una alegría espontánea que permeaba el diálogo fecundo. Como filósofo, fue un digno cultor de la apuesta que iniciara en las primeras décadas del siglo xx el maestro Alejandro Korn, para quien la filosofía argentina debía existir. Esa filosofía existe ya en muchas obras, en medio de las cuales se destacará y pervivirá la del maestro, colega y amigo osvaldo Guariglia.


(Publicado originalmente en Análisis Filosófico 36 (2) (2016), pp. 303-305 y reproducido con permiso del autor).

Venezuela desnuda el dilema moral de las izquierdas latinoamericanas, por Marcos Novaro

A pesar de haber jugado por más de una década en la premier league el juego del poder, en lo que en su momento se vio con razón como una notable señal de madurez de nuestras democracias, las izquierdas latinoamericanas distan de haber ellas mismas madurado. En algunas de estas izquierdas se observa incluso lo opuesto: muestran signos graves de descomposición, no sólo electoral sino sobre todo intelectual y moral.

En Brasil vemos en estos días cómo algunos de sus representantes más conspicuos se incineran justificando la corrupción de políticos de su simpatía. En Argentina lo han venido haciendo desde bastante antes, y ante actos de corrupción aun más alevosos y sistemáticos, a lo que suman el aval prestado a abusos de poder de todo tipo. Y en estos y otros países hallamos a quienes se les suelta la cadena confiados en que tener a Donald Trump en la Casa Blanca legitima de su parte casi cualquier cosa. Festejan en particular que Trump liquide la “ilusión liberal” en una globalización inclusiva, con lo cual las masas encontrarían en el futuro más motivos para seguir las más extremas recetas aislacionistas y anticapitalistas, siguiendo una interpretación promovida, desde la docta izquierda norteamericana, por gente como Noam Chomsky y Nancy Fraser.

El aislamiento parece cumplir en todo esto un rol fundamental. No es casual por ello que con sus iniciativas y argumentos muchas izquierdas de la región hayan ido cortando amarras con las demás fuerzas políticas, horadando las reglas de juego comunes y los espacios institucionales compartidos: dicen que no existe ni justicia independiente, ni prensa libre, ni leyes electorales equilibradas, son “de derecha” o “del pueblo”; sin advertir que fue gracias a esos espacios y reglas comunes que ellas lograron un inédito protagonismo diez o quince años atrás.

Dicen también enfrentar “una entente judicial-mediática-empresaria-derechista”, de quienes “no toleran el avance de derechos” en los gobiernos del PT o los kirchneristas y quieren revertirlos. Como si las elites económicas brasileña y argentina no hubieran sido entusiastas aliadas de esos “modelos” en sus años de auge (cuando Cardoso acusaba a los empresarios de su país de participar de un cada vez más escandaloso “subperonismo”, casi lo mismo que dice Macri ahora de sus pares locales), y no hubieran visto con buenos ojos tanto al candidato de Cristina para 2015 como el afán de Dilma Rousseff por hacer ella el ajuste que ahora intenta Temer.

¿Es que no se dan cuenta? Esta ceguera ilustra un punto importante: el ejercicio del poder y el del intelecto no siempre van de la mano. Y en ocasiones entran en total contradicción. Nada es más útil para comprobarlo que las reacciones que despierta en estos días Venezuela.

Hace unas semanas el conocido intelectual de izquierda argentino Atilio Borón escribió un brulote intragable sobre la revolución chavista y sus enemigos, que sólo se conoció por su blog, seguramente porque diarios como Página 12 se negaron a reproducirlo. Pero si lo hicieron no se se debió a sus defectos sino al único mérito del texto: reconocía abiertamente la necesidad de matar mucha más gente de la que ya ha sido asesinada para sostener el curso más gangsteril que revolucionario adoptado por el chavismo: “Si una fuerza social declara una guerra contra el gobierno se requiere de éste una respuesta militar. El tiempo de las palabras ya se agotó.ahora le toca hablar a las armas, antes de que. el chavismo tenga que reconocer que también él ha ‘arado en el mar’ (como habrían hecho el PT y los Kirchner, se infiere) y que toda su esperanzadora y valiente empresa de emancipación nacional y social haya saltado por el aire. No hay que escatimar esfuerzo alguno para evitar tan desastroso desenlace”.

Como suele suceder, fines súper nobles y enemigos súper villanos integran la fórmula perfecta para avalar las soluciones más “drásticas”. La pose de superioridad moral que en ocasiones adopta la izquierda (“nuestros valores son mejores que los de la derecha, por lo tanto lo son también nuestros actos”) le juega así una muy mala pasada.

Podemos deducir entonces, sin temor a equivocarnos demasiado, lo que opina Borón de los quince o dieciséis muertos que sumó la jornada de “votación” para la Asamblea Constituyente venezolana: “vamos por buen camino”. Pero tal vez sea preferible esa inmoralidad que la de su posterior columna, que sí publicó Página 12, junto a las de sus compadres Martín Granovsky, Alfredo Serrano Mancilla y Modesto Emilio Guerrero, que hicieron silencio absoluto sobre las muertes y celebraron el “éxito” del régimen con razonamientos insólitos. Granovsky, por caso, fantaseó con una supuesta “salida institucional” al empate que hasta entonces trababa la crisis venezolana. Y Borón y Mancilla sumaron elogios al acto “electoral” que habría dejado fuera de juego la “violencia terrorista” de la “minoría opositora”. Con una regla de votación discutible como cualquier otra, concluyeron. Ignorando el pequeño detalle de que esa regla fue un invento introducido por el gobierno en la propia convocatoria, no avalado ni por la Constitución ni por ningún otro actor.

Probablemente la crisis de Venezuela no tenga de momento salida, pero ¿tienen salida los que experimentan semejante bancarrota intelectual y moral al avalar su régimen? ¿Las ideas que los inspiran pueden zafar de semejante deriva?

Quienes se han propuesto rescatar la tradición de izquierda de las garras de quienes la vienen “usando mal” en la región tienen que creer que sí. Aunque personalmente no me desvela ojalá tengan razón porque sin duda que, como se decía al comienzo, la maduración de nuestras democracias necesita de mejores fuerzas políticas, entre otras, mejores izquierdas.

Rescatar los buenos valores de esa orientación y desvincularlos de las malas acciones avaladas con ellos es, además, tan legítimo como cualquier otra apuesta que se quiera hacer en el terreno de las ideas. Aunque puede dificultar a quienes la intentan reconocer defectos ahora indisimulables de las creencias a cuyo rescate se convoca: si ellas han sido usadas con fines y métodos tan cuestionables tal vez convenga tomarlas con pinzas en vez de abroquelarse en la fe, por temor a un supuesto revanchismo de derecha contra todo el espacio político cultural que las prohijó. Algo de esto se advierte en la por otro lado valiente declaración del 29 de mayo pasado firmada por muchos intelectuales de la región (entre ellos Sarlo, Gargarella y Svampa), en la que se atribuye erradamente la violencia creciente a una supuesta “polarización” de la que sería responsable, además del régimen, un también supuestamente gravitante sector de extrema derecha de la oposición, respaldado por Estados Unidos. Cuando en verdad quienes más impulsan las protestas en la oposición son cualquier cosa menos derechistas fanáticos.

Por otro lado si algo enseña la experiencia venezolana es la utilidad relativa de las posiciones ideológicas: siempre hay un punto, para cualquier persona razonable, a partir del cual se debe preferir a un cada vez peor gobierno de izquierda uno no tan malo de derecha, y viceversa. Y de allí que la única recomendación que un izquierdista no contaminado podría hacerle hoy a sus pares venezolanos sería que dejen el poder cuanto antes, como sea y en manos de quien sea.

¿Qué impacto tendrá finalmente la tragedia venezolana en la política de América Latina? Durante sus dos o tres primeras décadas de historia la Cuba castrista no sirvió para promover el progreso y la igualdad en la región, sino para multiplicar las dictaduras militares. Ante una eventual continuidad radicalizada del chavismo no va a pasar lo mismo: pese a los que agitan el fantasma del revanchismo, es notable la moderación que anima a buena parte de la derecha latinoamericana en estos días. Pero sí se va a agravar la debilidad de sus contrincantes que no puedan o no quieran despegarse del todo de su podredumbre moral e intelectual.

(Publicado originalmente en La Nación el 3/8/2017 y reproducido con permiso del autor).

Venezuela: la realidad como campo de batalla, por Ezequiel Spector

Como es sabido, Venezuela atraviesa una dura situación económica y social, con un alto índice de pobreza, elevada inflación, instituciones débiles y violaciones sistemáticas de derechos humanos. No es que los argentinos debamos enorgullecernos de disfrutar de un escenario radicalmente diferente, pero el caso venezolano representa, lamentablemente, un extremo en ese sentido.

Esta situación invita a reflexionar sobre sus causas, lo que a su vez obliga a preguntarse por qué un país con tanta riqueza natural y potencial entre su población puede estar viviendo ese drama. La respuesta es simple: si no tenemos ventajas naturales, podemos salir adelante con buenas instituciones. En cambio, cuando el marco institucional es defectuoso, no hay reserva petrolera que pueda salvarnos.

Las falencias en el diseño institucional de los gobiernos llamados “populares” son el resultado de, entre otras cosas, lo que el economista Friedrich Hayek llamó “la fatal arrogancia”. Su soberbia los ha llevado a creer que son tan poderosos que hasta pueden crear riqueza. Entonces no les importó atraer inversiones ni brindarle las comodidades necesarias al sector privado para que pudiera producir sin obstáculos y generar empleo. Han anulado la creatividad de pequeños y medianos empresarios mediante regulaciones insuperables, cargas impositivas abrumadoras y controles de todo tipo. Ignoraron que, si el sector privado no produce, la riqueza no caerá como maná del cielo. Olvidaron que los ciudadanos no crean, emprenden ni producen cuando hay una elite privilegiada que usa al gobierno como instrumento de saqueo para explotarlos.

Aquellos gobiernos también creyeron que eran los indicados para decidir qué deben producir los particulares y qué precios cobrar, como si las preferencias de millones de personas pudieran resumirse en una reunión de ministros en un edificio del gobierno. Mao Zedong, por ejemplo, decidió a fines de los 50 que China debía industrializarse. Entonces obligó a los campesinos a abandonar sus actividades y construir hornos para fundir hierro, lo que contribuyó a generar muertes por hambruna de proporciones genocidas. Uno de los grandes aportes de Hayek fue notar que los precios de un mercado transmiten información que permite satisfacer necesidades mejor que cualquier plan económico estatal. El vio que el conocimiento necesario para que haya prosperidad no consiste en generalizaciones explícitas que puedan anotarse en un pizarrón, sino que se expresa en decisiones tomadas por los comerciantes y profesionales de cada rubro sobre la base de circunstancias cambiantes a las que el agente tiene un acceso directo que les está vedado a los gobernantes. Es el dueño de una pizzería cerca de un estadio de fútbol quien sabe cuántos productos debe tener disponibles cada domingo, y a qué precio cobrarlos para, pudiendo compensar los costos que asumió, no perder clientela por cobrar más caro que otros. No hay funcionario que pueda recopilar toda esa información si se la multiplica por millones de casos.

Por otra parte, tales gobiernos han obligado a la gente a interpretar la realidad como un campo de batalla entre buenos y malos. En ese campo de batalla, naturalmente, no hubo lugar para la división de poderes, la igualdad ante la ley, la periodicidad en los cargos ni la administración honesta de los fondos públicos. Esta visión agonista hizo pensar que era más importante el triunfo en una supuesta guerra que el progreso.
Comete un gran error quien piense que los países más prósperos tienen ciudadanos más capaces. Es en el diseño institucional donde está la explicación. La gente más capaz puede conformar el pueblo más pobre si sus leyes no la dejan progresar.

(*) Profesor investigador, Escuela de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella.

(Publicado originalmente en Perfin el 5/6/2017)

Mujeres y desigualdad estructural, por Roberto Saba

No hay barreras legales para que las mujeres accedan al Congreso en Argentina, sin embargo, no es fácil que lo logren. Existen obstáculos invisibles que no se encuentran expresados en las normas, sino en los hechos y en las prácticas.

Eso incluye algunas sentencias judiciales. En 1991, antes de la sanción de la ley que obliga a los partidos políticos en Argentina a incorporar un mínimo de 30% de mujeres en sus listas con candidaturas al Congreso de la Nación, solo un 6% de los miembros del Poder Legislativo eran mujeres. Luego de implementada la Ley de Cupos, el número ascendió al 28% en 1997 y al 40% en 2008, promedio que se mantiene en la actualidad.

Este número es mucho menor en las provincias y municipios donde no existe esta norma de trato preferente, por lo que, contra lo que algunos afirman, esas medidas son altamente efectivas para revertir una exclusión histórica.

Hace un par de semanas, el Partido Ciudad Futura de la Provincia de Santa Fe, intentó que sea oficializada una lista de candidatas para el Congreso Nacional compuesta en su totalidad por mujeres. Esta conformación fue decidida con el apoyo de todos los varones de la agrupación.

El juez federal con competencia electoral de la provincia decidió no autorizarla por no contener candidatos varones y obligó al partido a incluir un 30% de personas de ese sexo. El partido apeló a la Cámara Nacional Electoral. Este tribunal, que debería estar conformado por tres miembros, cuenta hoy solo con dos, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. Como ambos magistrados tenían opiniones encontradas respecto de la decisión a tomarse, debieron recurrir a un colega de otro tribunal, el juez federal penal Martín Irurzún, para desempatar. Éste último concordó con Dalla Vía sin dar argumentos propios. La decisión de esta mayoría fue coincidente con la del juez inferior: una lista conformada solo por mujeres sería inconstitucional por violar la igualdad ante la ley. El tercer voto fue disidente y lleva la firma de Corcuera, para quien es justamente con fundamento en el principio de igualdad constitucional que la ley obliga a los partidos a incluir un mínimo del 30% de mujeres en la lista, pero no un máximo. Además, la ley no exige, como dijo el juez de Santa Fe, que la lista contenga un cupo para varones.

Los votos de Dalla Vía y Corcuera expresan la tensión entre dos ideas de igualdad. La primera, entiende que este principio equivale a tratar a varones y mujeres del mismo modo, como si ambos se encontraran en la misma circunstancia. Así, si consideramos la conformación de una lista de candidatos que no incluya mujeres viola el derecho a la igualdad de trato, entonces deberíamos entender que también viola la igualdad una lista que no incluya varones.

Dalla Vía argumenta que la “igualdad real de oportunidades” que exige la Constitución implica que ambos sexos deben estar representados en la lista.

Error. En verdad esa norma busca proteger a los grupos des aventajados, que en este caso son las mujeres, no los varones. Así, la segunda idea de igualdad, que en el fallo expresa la disidencia, asume el rechazo de una estructura social en la que un grupo, en este caso el compuesto por las mujeres, resulte sistemática y perpetuamente excluido de ámbitos relevantes de la vida de una comunidad, como por ejemplo de la representación política.

Detectada esa situación de desventaja que llamamos estructural –más allá de la posibilidad de ser modificada por el individuo a pesar de su voluntad de hacerlo–, entonces la obligación del Estado es la de desmantelar todas aquellas prácticas y normas que contribuyan a perpetuar aquella condición.

El hecho de que las mujeres, gozando de un trato “igual” solo alcanzaban el 9% de escaños muestra una situación de desventaja estructural contraria al principio de igualdad real. Es por ello que en este tipo de situaciones el Estado, lejos de mantenerse pasivo y conforme con la inexistencia de barreras formales, tiene la obligación constitucional de generar tratos preferentes respecto del grupo desaventajado para revertir la desigualdad estructural detectada (art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional). El mínimo exigido del 30% es ese trato preferencial.

Desde la perspectiva de la igualdad que toma nota de la desigualdad de hecho que sufren las mujeres, el trato preferente es una obligación constitucional del Estado. Entender, como sostiene la mayoría del tribunal, que los cupos están justificados, pero que deberían aplicarse a ambos sexos resulta inconsistente con el mandato constitucional, pues el cupo solo está justificado para favorecer al grupo en situación de desigualdad estructural y no al que goza de una situación de prevalencia histórica.

En suma, no hay violación del principio de igualdad constitucional cuando una lista se compone en su totalidad por miembros de un grupo desaventajado. Como sostiene Corcuera obligar a Ciudad Futura a incorporar un cupo masculino “supondría la paradoja de que una norma sancionada en su favor se aplicaría en su perjuicio”.

(*) Roberto Saba es profesor de Derecho Constitucional de la UBA y Univ. de Palermo. Autor de “Más allá de la igualdad formal ante la ley” (Siglo XXI)

(Publicado originalmente en Clarín el 30/7/2017 y reproducido con permiso del autor).