El presidencialismo, en debate, por Roberto Gargarella

El constitucionalismo latinoamericano no siempre sirvió a los mejores o más dignos propósitos. Sabemos, por ejemplo, que muchas veces se cambió la Constitución sólo o fundamentalmente para permitir una reelección presidencial: todo lo demás no importaba, o era moneda de cambio. Contra dicha visión, en su momento, Juan Bautista Alberdi propuso pensar el constitucionalismo de otro modo; esto es, en respuesta a los principales problemas o “dramas” de la época. Por eso, elogió a las primeras Constituciones de la región (que muchos de sus colegas repudiaban) aduciendo que habían contribuido a la lucha por la independencia. Luego, ya en su época, él propuso dedicarlas a confrontar otros grandes males: el atraso económico y la despoblación (“el desierto”).

En años recientes –pienso en los años ‘80- el argentino Carlos Nino, el español Juan Linz, el norteamericano Alfred Stepan, entre tantos otros, hicieron su propia gran contribución a la línea de pensamiento abierta por Alberdi. Ellos también se plantearon las dos preguntas fundamentales alberdianas: 1)¿Cuál es el gran “drama” institucional de nuestra época?, 2) ¿Hay algo que la Constitución pueda hacer, para ayudar a remediarlo?

Los juristas y cientistas políticos de la época, reunidos en un inusual consenso, contestaron lo siguiente. Frente al primer interrogante, respondieron que, sin duda alguna, el gran mal institucional (o “drama”) del siglo XX lo constituían los sangrientos golpes de estado que venían azolando sistemáticamente a la región. A la segunda pregunta la respondieron por la afirmativa, para sostener que la Constitución era en parte responsable de dicho problema, al crear un “hiper-presidencialismo”, que llevaba a todos los partidos a pelear centralmente por ese cargo, desatando una peligrosa dinámica de no-cooperación o de “suma cero”, para colmo sin “válvulas de escape” (como las que podía ofrecer un primer ministro). Los golpes de estado –concluyeron, de la mano de numerosos estudios empíricos- eran co-responsables de la inestabilidad democrática regional (que antes se manifestaba en golpes de estado, y hoy con mandatos interrumpidos antes de tiempo).

A pesar del enorme aporte hecho por aquellas teorías en todos estos años, lo cierto es que, con el paso del tiempo, el excepcional acuerdo anti-presidencialista de los ‘80, terminó por disolverse. Algunas de las críticas que aparecieron desde entonces resultaron entendibles, y permitieron enriquecer el debate. Menciono dos. Primero: las causas institucionales de la inestabilidad latinoamericana son más complejas (el híper-presidencialismo sigue siendo parte de aquella historia, pero no el único gran protagonista en dicha tragedia). Segundo: la crítica al (híper) presidencialismo no debe llevarnos necesariamente (como llevara a Nino, Linz y cía.) a defender sistemas parlamentarios: finalmente, el mundo institucional no se divide en sólo esos dos campos (presidencialismo-parlamentarismo). En tiempos más recientes, aparecieron otras críticas –muy reiteradas pero mucho menos interesantes- contra el híper-presidencialismo.

Autores como Andrés Malamud vienen insistiendo con que el concepto citado es “vacío” o retórico; y que datos como la persecución o pérdida de libertad de tantos líderes regionales (de Fujimori a Humala o Lula) confirman que los “híper-presidentes” no lo eran tanto. Sobre tales críticas, diré simplemente tres cosas como respuesta. Primero, el concepto de “híper-presidencialismo”, que acuñara Carlos Nino en su momento, no pretendía adjetivar, sino describir un hecho: el hecho de que las Constituciones latinoamericanas delegaban a sus presidentes, poderes y capacidades que no se encontraban en la Constitución norteamericana, que era el que les había servido de modelo.

Típicamente, se encontraban en las Constituciones de la región poderes tales como el de “intervención provincial” (que hubiera horrorizado al pensamiento federalista norteamericano), o el de declarar el “estado de sitio,” que servía para expandir aún más los poderes presidenciales, y limitar de los peores modos los derechos de los ciudadanos. A esas facultades formales se les agregaron otras (poderes legislativos; poderes en el manejo del presupuesto; influencia crucial en la distribución de los recursos hacia las provincias, entre tantas), que la práctica sólo ayudó a radicalizar (a través de la capacidad de presión económica y el uso de la violencia a disposición del primer mandatario). Así, el “sistema de frenos y contrapesos” inicial terminaba convirtiéndose en otro “desbalanceado y con pocos frenos”; y la estabilidad democrática quedaba directamente bajo amenaza. Quien no quiera ver de qué modo medidas como las citadas influyeron sobre la historia latinoamericana, afectando al sistema democrático y favoreciendo la masiva violación de derechos, haría bien en leer algún libro de historia regional, aunque sea un poco largo.

Segundo, de modo realmente notable, críticas como las citadas sólo refuerzan las predicciones de los viejos críticos del híper-presidencialismo: ellos no dijeron que los híper-presidentes no enfrentarían problemas gravísimos, sino exactamente lo contrario. El juego de “suma cero” que denunciaban era repudiado justamente por ello: por generar una dinámica destructiva, que terminaba por arrojar por la borda al presidente de turno, poniendo en riesgo de quiebre al mismo sistema de gobierno.

Finalmente, y sólo para cerrar, diría que aquellos “viejos críticos” no entraron al debate intelectual como a una tienda de vanidades, para mostrar sus mejores galas o hacer pito catalán contra el adversario. Entraron motivados por las recurrentes crisis democráticas latinoamericanas, hartos de ver muertos en las esquinas, y convencidos de que los cambios constitucionales podían ayudar (aunque sea de forma modesta) a evitarlos. Propondría que retomemos el debate pensando menos en nosotros y más en ellos.

(Publicado originalmente en Clarín el 3/8/2017 y reproducido con permiso del autor).

Evaluación y semblanza de Osvaldo Guariglia, por Samuel Cabanchik

El 2 de mayo del año en curso falleció osvaldo Guariglia, aconteciendo así el fin de una vida dedicada con intensidad a la investigación y el pensamiento filosóficos. Pero si allí concluyó su biografía, no ocurre lo mismo con su destacado y destacable legado, pues su presencia se multiplica tanto en una obra de significativa enjundia, como en el magisterio forjador e inspirador de vocaciones filosóficas, no menos que en el hacedor de instituciones académicas perdurables, y en el ejercicio, a la vez brioso y profesional, de la cátedra en el ámbito de la universidad pública.

Después de un breve paso por la carrera de medicina, fue orientándose paulatinamente a los estudios humanísticos, graduándose primero como licenciado en letras por la universidad de Buenos Aires con una tesis sobre Anaximandro, para alcanzar finalmente su doctorado en Filosofía en la universidad de Tubinga, Alemania, en donde profundizó su formación clásica con un trabajo de tesis sobre la lógica y la dialéctica en Aristóteles.

Los años ochenta y noventa lo tuvieron como una de las principales figuras de la filosofía argentina en todos los planos mencionados. Jalonan estos años algunos de sus principales libros, publicados en nuestro país, en Alemania y en Italia, como Ideología, verdad y legitimación (1986), Universalismo y neoaristotelismo en la ética contemporánea (1995), Moralidad: Ética universalista y sujeto moral (1996) y La ética en Aristóteles o la moral de la virtud (1997), para mencionar solo algunos.

Pero su personalidad desbordante y enérgica lo condujo a integrar el trabajo de comunicación de su producción reflexiva con la actividad propia de un hombre de acción, por así decir, interviniendo como filósofo en el debate público de mayor riesgo, al pronunciarse sobre conflictos cruciales de esos años, como las llamadas leyes de “punto final” y “obediencia debida”, promulgadas bajo el gobierno de raúl Alfonsín. (Estas intervenciones sirvieron luego de excusa para que sectores del ámbito filosófico académico opositores a ese gobierno y al modelo académico del que Osvaldo Guariglia fuera eminente protagonista, sostuvieran encarnizadas campañas de desprestigio sobre su persona, las que impidieron su justa consagración como Profesor Plenario de la UBA).

Mayor aún fue su protagonismo en el interior de la vida de las instituciones filosóficas argentinas. Al respecto, cabe destacar: la fundación, junto a Eduardo Rabossi y muchos otros, de la Asociación Filosófica Argentina (AFRA), de la que también fuera presidente; su condición de coeditor de la Revista Latinoamericana de Filosofía en el ámbito nacional y de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía en el internacional; su actividad institucional dentro de los órganos de gobierno de la Facultad de Filosofía y letras de la UBA, en el Consejo Directivo y en la Dirección del Instituto de Filosofía Alejandro Korn.

Los quilates de su actuación y de su producción en esas décadas bastaron para conquistar una creciente gravitación en el ámbito filosófico iberoamericano. Pero lejos de dormirse en esos laurales o demorarse en la autocompasión y lamer las heridas que le propinaran sus batallas de gladiador apasionado en el debate público, fue en la última década del siglo pasado que Guariglia llegó al mayor grado de integración de las diversas capas de su compleja personalidad. En efecto, a sus investigaciones clásicas, centradas en los ochenta y los noventa en la ética de Aristóteles y en la fundamentación de una moral normativa enraizada en la fuente del universalismo kantiano, se sumaron sus notables intentos de elaborar una fundamentación normativa de la democracia, posteriormente proyectada al esclarecimiento de las posibilidades de convivencia entre la soberanía de los estados nacionales y la regulación del derecho internacional.

En el entramado enrevesado de la moral, el derecho y la política, Guariglia terminó de tallar su concepción normativa de la democracia liberal, fuertemente inspirada en los aportes de las obras de Habermas y Rawls, las que encontraron en el suelo nutricio de su laboratorio, más que la receptividad de un continuador de escuela, distanciamientos críticos parciales y encomiables esfuerzos de superación.

A resultas del nuevo horizonte en el que se afianzó su pensamiento, nos legó nuevos libros de consulta, como Una ética para el siglo XXI: Ética y derechos humanos en un tiempo posmetafísico (2002), En camino de una justicia global (2010), al que se sumará, seguramente, un libro dedicado a la reconstrucción de la tradición democrática republicana, en el que trabajaba en sus últimos días.

Pocos meses antes de su muerte tuve la dicha de compartir con Guariglia un plenario en el XVII Congreso Nacional de Filosofía de AFRA. Su exposición, con esa confluencia de erudición, perspectiva histórica y análisis conceptual que caracteriza a sus textos, versó sobre lo que la filosofía puede aportarle a la política. Razonablemente, no se hacía demasiadas ilusiones, pero su inconmovible confianza en el poder persuasivo de la argumentación racional, lo animaban a intentarlo una vez más.

A escasos meses de cumplir sus 77 años de edad, aún expresaba esa singularidad que evocaba en su presencia un tropel de corceles, que hicieron mucho más que levantar polvareda y agitar el viento. Si uno lograba superar esas huestes siempre dispuestas al combate, por debajo del estrépito de guerra encontraba el desborde de una alegría espontánea que permeaba el diálogo fecundo. Como filósofo, fue un digno cultor de la apuesta que iniciara en las primeras décadas del siglo xx el maestro Alejandro Korn, para quien la filosofía argentina debía existir. Esa filosofía existe ya en muchas obras, en medio de las cuales se destacará y pervivirá la del maestro, colega y amigo osvaldo Guariglia.


(Publicado originalmente en Análisis Filosófico 36 (2) (2016), pp. 303-305 y reproducido con permiso del autor).

Venezuela desnuda el dilema moral de las izquierdas latinoamericanas, por Marcos Novaro

A pesar de haber jugado por más de una década en la premier league el juego del poder, en lo que en su momento se vio con razón como una notable señal de madurez de nuestras democracias, las izquierdas latinoamericanas distan de haber ellas mismas madurado. En algunas de estas izquierdas se observa incluso lo opuesto: muestran signos graves de descomposición, no sólo electoral sino sobre todo intelectual y moral.

En Brasil vemos en estos días cómo algunos de sus representantes más conspicuos se incineran justificando la corrupción de políticos de su simpatía. En Argentina lo han venido haciendo desde bastante antes, y ante actos de corrupción aun más alevosos y sistemáticos, a lo que suman el aval prestado a abusos de poder de todo tipo. Y en estos y otros países hallamos a quienes se les suelta la cadena confiados en que tener a Donald Trump en la Casa Blanca legitima de su parte casi cualquier cosa. Festejan en particular que Trump liquide la “ilusión liberal” en una globalización inclusiva, con lo cual las masas encontrarían en el futuro más motivos para seguir las más extremas recetas aislacionistas y anticapitalistas, siguiendo una interpretación promovida, desde la docta izquierda norteamericana, por gente como Noam Chomsky y Nancy Fraser.

El aislamiento parece cumplir en todo esto un rol fundamental. No es casual por ello que con sus iniciativas y argumentos muchas izquierdas de la región hayan ido cortando amarras con las demás fuerzas políticas, horadando las reglas de juego comunes y los espacios institucionales compartidos: dicen que no existe ni justicia independiente, ni prensa libre, ni leyes electorales equilibradas, son “de derecha” o “del pueblo”; sin advertir que fue gracias a esos espacios y reglas comunes que ellas lograron un inédito protagonismo diez o quince años atrás.

Dicen también enfrentar “una entente judicial-mediática-empresaria-derechista”, de quienes “no toleran el avance de derechos” en los gobiernos del PT o los kirchneristas y quieren revertirlos. Como si las elites económicas brasileña y argentina no hubieran sido entusiastas aliadas de esos “modelos” en sus años de auge (cuando Cardoso acusaba a los empresarios de su país de participar de un cada vez más escandaloso “subperonismo”, casi lo mismo que dice Macri ahora de sus pares locales), y no hubieran visto con buenos ojos tanto al candidato de Cristina para 2015 como el afán de Dilma Rousseff por hacer ella el ajuste que ahora intenta Temer.

¿Es que no se dan cuenta? Esta ceguera ilustra un punto importante: el ejercicio del poder y el del intelecto no siempre van de la mano. Y en ocasiones entran en total contradicción. Nada es más útil para comprobarlo que las reacciones que despierta en estos días Venezuela.

Hace unas semanas el conocido intelectual de izquierda argentino Atilio Borón escribió un brulote intragable sobre la revolución chavista y sus enemigos, que sólo se conoció por su blog, seguramente porque diarios como Página 12 se negaron a reproducirlo. Pero si lo hicieron no se se debió a sus defectos sino al único mérito del texto: reconocía abiertamente la necesidad de matar mucha más gente de la que ya ha sido asesinada para sostener el curso más gangsteril que revolucionario adoptado por el chavismo: “Si una fuerza social declara una guerra contra el gobierno se requiere de éste una respuesta militar. El tiempo de las palabras ya se agotó.ahora le toca hablar a las armas, antes de que. el chavismo tenga que reconocer que también él ha ‘arado en el mar’ (como habrían hecho el PT y los Kirchner, se infiere) y que toda su esperanzadora y valiente empresa de emancipación nacional y social haya saltado por el aire. No hay que escatimar esfuerzo alguno para evitar tan desastroso desenlace”.

Como suele suceder, fines súper nobles y enemigos súper villanos integran la fórmula perfecta para avalar las soluciones más “drásticas”. La pose de superioridad moral que en ocasiones adopta la izquierda (“nuestros valores son mejores que los de la derecha, por lo tanto lo son también nuestros actos”) le juega así una muy mala pasada.

Podemos deducir entonces, sin temor a equivocarnos demasiado, lo que opina Borón de los quince o dieciséis muertos que sumó la jornada de “votación” para la Asamblea Constituyente venezolana: “vamos por buen camino”. Pero tal vez sea preferible esa inmoralidad que la de su posterior columna, que sí publicó Página 12, junto a las de sus compadres Martín Granovsky, Alfredo Serrano Mancilla y Modesto Emilio Guerrero, que hicieron silencio absoluto sobre las muertes y celebraron el “éxito” del régimen con razonamientos insólitos. Granovsky, por caso, fantaseó con una supuesta “salida institucional” al empate que hasta entonces trababa la crisis venezolana. Y Borón y Mancilla sumaron elogios al acto “electoral” que habría dejado fuera de juego la “violencia terrorista” de la “minoría opositora”. Con una regla de votación discutible como cualquier otra, concluyeron. Ignorando el pequeño detalle de que esa regla fue un invento introducido por el gobierno en la propia convocatoria, no avalado ni por la Constitución ni por ningún otro actor.

Probablemente la crisis de Venezuela no tenga de momento salida, pero ¿tienen salida los que experimentan semejante bancarrota intelectual y moral al avalar su régimen? ¿Las ideas que los inspiran pueden zafar de semejante deriva?

Quienes se han propuesto rescatar la tradición de izquierda de las garras de quienes la vienen “usando mal” en la región tienen que creer que sí. Aunque personalmente no me desvela ojalá tengan razón porque sin duda que, como se decía al comienzo, la maduración de nuestras democracias necesita de mejores fuerzas políticas, entre otras, mejores izquierdas.

Rescatar los buenos valores de esa orientación y desvincularlos de las malas acciones avaladas con ellos es, además, tan legítimo como cualquier otra apuesta que se quiera hacer en el terreno de las ideas. Aunque puede dificultar a quienes la intentan reconocer defectos ahora indisimulables de las creencias a cuyo rescate se convoca: si ellas han sido usadas con fines y métodos tan cuestionables tal vez convenga tomarlas con pinzas en vez de abroquelarse en la fe, por temor a un supuesto revanchismo de derecha contra todo el espacio político cultural que las prohijó. Algo de esto se advierte en la por otro lado valiente declaración del 29 de mayo pasado firmada por muchos intelectuales de la región (entre ellos Sarlo, Gargarella y Svampa), en la que se atribuye erradamente la violencia creciente a una supuesta “polarización” de la que sería responsable, además del régimen, un también supuestamente gravitante sector de extrema derecha de la oposición, respaldado por Estados Unidos. Cuando en verdad quienes más impulsan las protestas en la oposición son cualquier cosa menos derechistas fanáticos.

Por otro lado si algo enseña la experiencia venezolana es la utilidad relativa de las posiciones ideológicas: siempre hay un punto, para cualquier persona razonable, a partir del cual se debe preferir a un cada vez peor gobierno de izquierda uno no tan malo de derecha, y viceversa. Y de allí que la única recomendación que un izquierdista no contaminado podría hacerle hoy a sus pares venezolanos sería que dejen el poder cuanto antes, como sea y en manos de quien sea.

¿Qué impacto tendrá finalmente la tragedia venezolana en la política de América Latina? Durante sus dos o tres primeras décadas de historia la Cuba castrista no sirvió para promover el progreso y la igualdad en la región, sino para multiplicar las dictaduras militares. Ante una eventual continuidad radicalizada del chavismo no va a pasar lo mismo: pese a los que agitan el fantasma del revanchismo, es notable la moderación que anima a buena parte de la derecha latinoamericana en estos días. Pero sí se va a agravar la debilidad de sus contrincantes que no puedan o no quieran despegarse del todo de su podredumbre moral e intelectual.

(Publicado originalmente en La Nación el 3/8/2017 y reproducido con permiso del autor).

Venezuela: la realidad como campo de batalla, por Ezequiel Spector

Como es sabido, Venezuela atraviesa una dura situación económica y social, con un alto índice de pobreza, elevada inflación, instituciones débiles y violaciones sistemáticas de derechos humanos. No es que los argentinos debamos enorgullecernos de disfrutar de un escenario radicalmente diferente, pero el caso venezolano representa, lamentablemente, un extremo en ese sentido.

Esta situación invita a reflexionar sobre sus causas, lo que a su vez obliga a preguntarse por qué un país con tanta riqueza natural y potencial entre su población puede estar viviendo ese drama. La respuesta es simple: si no tenemos ventajas naturales, podemos salir adelante con buenas instituciones. En cambio, cuando el marco institucional es defectuoso, no hay reserva petrolera que pueda salvarnos.

Las falencias en el diseño institucional de los gobiernos llamados “populares” son el resultado de, entre otras cosas, lo que el economista Friedrich Hayek llamó “la fatal arrogancia”. Su soberbia los ha llevado a creer que son tan poderosos que hasta pueden crear riqueza. Entonces no les importó atraer inversiones ni brindarle las comodidades necesarias al sector privado para que pudiera producir sin obstáculos y generar empleo. Han anulado la creatividad de pequeños y medianos empresarios mediante regulaciones insuperables, cargas impositivas abrumadoras y controles de todo tipo. Ignoraron que, si el sector privado no produce, la riqueza no caerá como maná del cielo. Olvidaron que los ciudadanos no crean, emprenden ni producen cuando hay una elite privilegiada que usa al gobierno como instrumento de saqueo para explotarlos.

Aquellos gobiernos también creyeron que eran los indicados para decidir qué deben producir los particulares y qué precios cobrar, como si las preferencias de millones de personas pudieran resumirse en una reunión de ministros en un edificio del gobierno. Mao Zedong, por ejemplo, decidió a fines de los 50 que China debía industrializarse. Entonces obligó a los campesinos a abandonar sus actividades y construir hornos para fundir hierro, lo que contribuyó a generar muertes por hambruna de proporciones genocidas. Uno de los grandes aportes de Hayek fue notar que los precios de un mercado transmiten información que permite satisfacer necesidades mejor que cualquier plan económico estatal. El vio que el conocimiento necesario para que haya prosperidad no consiste en generalizaciones explícitas que puedan anotarse en un pizarrón, sino que se expresa en decisiones tomadas por los comerciantes y profesionales de cada rubro sobre la base de circunstancias cambiantes a las que el agente tiene un acceso directo que les está vedado a los gobernantes. Es el dueño de una pizzería cerca de un estadio de fútbol quien sabe cuántos productos debe tener disponibles cada domingo, y a qué precio cobrarlos para, pudiendo compensar los costos que asumió, no perder clientela por cobrar más caro que otros. No hay funcionario que pueda recopilar toda esa información si se la multiplica por millones de casos.

Por otra parte, tales gobiernos han obligado a la gente a interpretar la realidad como un campo de batalla entre buenos y malos. En ese campo de batalla, naturalmente, no hubo lugar para la división de poderes, la igualdad ante la ley, la periodicidad en los cargos ni la administración honesta de los fondos públicos. Esta visión agonista hizo pensar que era más importante el triunfo en una supuesta guerra que el progreso.
Comete un gran error quien piense que los países más prósperos tienen ciudadanos más capaces. Es en el diseño institucional donde está la explicación. La gente más capaz puede conformar el pueblo más pobre si sus leyes no la dejan progresar.

(*) Profesor investigador, Escuela de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella.

(Publicado originalmente en Perfin el 5/6/2017)

Mujeres y desigualdad estructural, por Roberto Saba

No hay barreras legales para que las mujeres accedan al Congreso en Argentina, sin embargo, no es fácil que lo logren. Existen obstáculos invisibles que no se encuentran expresados en las normas, sino en los hechos y en las prácticas.

Eso incluye algunas sentencias judiciales. En 1991, antes de la sanción de la ley que obliga a los partidos políticos en Argentina a incorporar un mínimo de 30% de mujeres en sus listas con candidaturas al Congreso de la Nación, solo un 6% de los miembros del Poder Legislativo eran mujeres. Luego de implementada la Ley de Cupos, el número ascendió al 28% en 1997 y al 40% en 2008, promedio que se mantiene en la actualidad.

Este número es mucho menor en las provincias y municipios donde no existe esta norma de trato preferente, por lo que, contra lo que algunos afirman, esas medidas son altamente efectivas para revertir una exclusión histórica.

Hace un par de semanas, el Partido Ciudad Futura de la Provincia de Santa Fe, intentó que sea oficializada una lista de candidatas para el Congreso Nacional compuesta en su totalidad por mujeres. Esta conformación fue decidida con el apoyo de todos los varones de la agrupación.

El juez federal con competencia electoral de la provincia decidió no autorizarla por no contener candidatos varones y obligó al partido a incluir un 30% de personas de ese sexo. El partido apeló a la Cámara Nacional Electoral. Este tribunal, que debería estar conformado por tres miembros, cuenta hoy solo con dos, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. Como ambos magistrados tenían opiniones encontradas respecto de la decisión a tomarse, debieron recurrir a un colega de otro tribunal, el juez federal penal Martín Irurzún, para desempatar. Éste último concordó con Dalla Vía sin dar argumentos propios. La decisión de esta mayoría fue coincidente con la del juez inferior: una lista conformada solo por mujeres sería inconstitucional por violar la igualdad ante la ley. El tercer voto fue disidente y lleva la firma de Corcuera, para quien es justamente con fundamento en el principio de igualdad constitucional que la ley obliga a los partidos a incluir un mínimo del 30% de mujeres en la lista, pero no un máximo. Además, la ley no exige, como dijo el juez de Santa Fe, que la lista contenga un cupo para varones.

Los votos de Dalla Vía y Corcuera expresan la tensión entre dos ideas de igualdad. La primera, entiende que este principio equivale a tratar a varones y mujeres del mismo modo, como si ambos se encontraran en la misma circunstancia. Así, si consideramos la conformación de una lista de candidatos que no incluya mujeres viola el derecho a la igualdad de trato, entonces deberíamos entender que también viola la igualdad una lista que no incluya varones.

Dalla Vía argumenta que la “igualdad real de oportunidades” que exige la Constitución implica que ambos sexos deben estar representados en la lista.

Error. En verdad esa norma busca proteger a los grupos des aventajados, que en este caso son las mujeres, no los varones. Así, la segunda idea de igualdad, que en el fallo expresa la disidencia, asume el rechazo de una estructura social en la que un grupo, en este caso el compuesto por las mujeres, resulte sistemática y perpetuamente excluido de ámbitos relevantes de la vida de una comunidad, como por ejemplo de la representación política.

Detectada esa situación de desventaja que llamamos estructural –más allá de la posibilidad de ser modificada por el individuo a pesar de su voluntad de hacerlo–, entonces la obligación del Estado es la de desmantelar todas aquellas prácticas y normas que contribuyan a perpetuar aquella condición.

El hecho de que las mujeres, gozando de un trato “igual” solo alcanzaban el 9% de escaños muestra una situación de desventaja estructural contraria al principio de igualdad real. Es por ello que en este tipo de situaciones el Estado, lejos de mantenerse pasivo y conforme con la inexistencia de barreras formales, tiene la obligación constitucional de generar tratos preferentes respecto del grupo desaventajado para revertir la desigualdad estructural detectada (art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional). El mínimo exigido del 30% es ese trato preferencial.

Desde la perspectiva de la igualdad que toma nota de la desigualdad de hecho que sufren las mujeres, el trato preferente es una obligación constitucional del Estado. Entender, como sostiene la mayoría del tribunal, que los cupos están justificados, pero que deberían aplicarse a ambos sexos resulta inconsistente con el mandato constitucional, pues el cupo solo está justificado para favorecer al grupo en situación de desigualdad estructural y no al que goza de una situación de prevalencia histórica.

En suma, no hay violación del principio de igualdad constitucional cuando una lista se compone en su totalidad por miembros de un grupo desaventajado. Como sostiene Corcuera obligar a Ciudad Futura a incorporar un cupo masculino “supondría la paradoja de que una norma sancionada en su favor se aplicaría en su perjuicio”.

(*) Roberto Saba es profesor de Derecho Constitucional de la UBA y Univ. de Palermo. Autor de “Más allá de la igualdad formal ante la ley” (Siglo XXI)

(Publicado originalmente en Clarín el 30/7/2017 y reproducido con permiso del autor).

Comunicado de la Sociedad Venezolana de Filosofía contra la represión del régimen

La Sociedad Venezolana de Filosofía, ante la creciente y desmedida violencia ejercida por el régimen venezolano contra el movimiento estudiantil universitario, universidades públicas y privadas, gremios profesionales de docentes y contra la sociedad civil en general, expresa su más profundo rechazo frente a la oleada represiva de grandes dimensiones desatada durante las distintas manifestaciones de protesta ocurridas durante los dos últimos meses.

Condenamos la detención de varios profesores universitarios de diferentes casas de estudios del País, el profesor Santiago Guevara, UC, profesor Sergio Contreras, UCAB, entre muchos más, quienes dedican su vida a la formación de las juventudes.

Queremos destacar que el profesor de Filosofía, Jorge Machado, UCV y UCAB, con su aguda inteligencia, perseverancia en su constante búsqueda de la Verdad, ejemplo entre sus alumnos y sus colegas, fue apresado en la noche de ayer viernes diecinueve de mayo presuntamente por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SEBIN).

Con el uso de las tecnologías del terror, el régimen viola derechos humanos fundamentales, asesina, tortura y viola sistemáticamente nuestra constitución, sobre todo cuando juzgan a civiles en tribunales militares.

Rechazamos estas acciones del régimen venezolano, al tiempo que exigimos cesen los atropellos cometidos en contra de la comunidad estudiantil, universitaria y de toda la sociedad civil.

Si queremos la paz, debemos construirla con nuestras acciones, no sólo en el discurso.

En Caracas, a los veinte días del mes de mayo de dos mil diecisiete.

Por la Junta Directiva de la SVF
Corina Yoris-V Miguel Albujas Dorta C.I. N° 3.230.281 C.I. N° 5.307.162 Presidenta SVF Vicepresidente SVF

(Comunicado difundido por la Sociedad Venezolana de Filosofía el 20 de mayo de 2017).

Carta por la liberación del Prof. Jorge Machado

Buenos Aires, 22 de mayo de 2017

Excelentísimo Señor
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Dn Nicolás Maduro.

De nuestra consideración:

Los abajo firmantes declaramos nuestra solidaridad y dolor ante la situación que afecta al insigne colega Jorge Machado, profesor de la Escuela de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela. El profesor Machado se encuentra preso, desde el día viernes, en la cárcel caraqueña de Plaza Venezuela.

Nos dirigimos a Ud., señor presidente Nicolás Maduro, primer magistrado de la República Bolivariana, para solicitarle respetuosamente que disponga, en el marco de sus atribuciones de emergencia, la libertad inmediata del profesor Machado, cuya prisión significa un atentado contra el derecho inalienable de los ciudadanos americanos de cultivar la crítica y el pensamiento libres.

Dios guarde a Ud.

-Azevedo Marques, Ubirajara, filósofo, profesor en las universidades de Marília (Brasil) y do Estado de Sao Paulo (Brasil). Director de la revista Estudos Kantianos (Brasil).
-Bertelloni, Francisco, filósofo, profesor de filosofía medieval, director del Instituto de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
-Burucúa, José, historiador del arte, ex profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, miembro de número de las Academias Nacionales de Bellas Artes y de la Historia, Argentina.
-Caimi, Mario, filósofo, ex profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, investigador del CONICET, Argentina.
-Cassini, Alejandro, filósofo, CONICET-Universidad de Buenos Aires, Centro de Investigaciones Filosóficas, Argentina.
-Castro, Edgardo, filósofo, CONICET-Centro de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional de San Martín
-Chartier, Roger, profesor honorario en el Collège de France.
-De Riz, Liliana, politóloga, Universidad de Buenos Aires, Conicet.
-Esquisabel, Oscar, filósofo, CONICET-Universidad Nacional de La Plata, Centro de Investigaciones Filosóficas
-Fustinoni, Osvaldo, profesor de Neurología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.
-Garreta Leclercq, Mariano, filósofo, CONICET-Centro de Investigaciones Filosóficas, Universidad de Buenos Aires
-Ibarlucía, Ricardo, filósofo, CONICET-Centro de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional de San Martín
-Ingerflom, Claudio, historiador, Universidad Nacional de San Martín, CNRS.
-Katz, Alejandro, editor, Buenos Aires, Argentina.
-La Rocca, Claudio, filósofo, Universidad de Génova, Italia.
-Lambertini, Marta, música, Universidad Católica Argentina.
-Lesserre, Daniel, filósofo, profesor en la Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martón.
-Lois, Élida, filóloga, ex investigadora del CONICET, Argentina.
-Madanes, Leiser, filósofo, Centro de Investigaciones Filosóficas, Buenos Aires, Argentina.
-Madero, Marta, historiadora, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
-Maffia, Diana, filósofa, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
-Malcolm, Daniel, profesor de filosofía, Universidad Nacional de San Martín
-Malosetti Costa, Laura, historiadora del arte, profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
-Moledo, Fernando, profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET.
-Montero, Julio, filósofo, CONICET-Centro de Investigaciones Filosóficas, Universidad de Buenos Aires.
-Mosqueda, Ana, editora y filóloga, directora de la editorial Ampersand, Buenos Aires, Argentina.
-Nun, José, presidente de la Fundación de Altos Estudios Sociales, Argentina.
-Orlando, Eleonora, filósofa, CONICET-Universidad de Buenos Aires, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico
-Oyarzun R., Pablo, filósofo, Universidad de Chile
-Pavesi, Pablo E., filósofo, Universidad de Buenos Aires, Centro de Investigaciones Filosóficas
-Perrone, Alberto Mario, Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires, Argentina.
-Poirier, José María, director de la revista Criterio.
-Príamo, Luis, investigador e historiador fotográfico, IIPC-TAREA, Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
-Ríos, Diego, filósofo, CONICET-Centro de Investigaciones Filosófícas, Universidad Nacional de Tres de Febrero.
-Rodríguez Aramayo, Roberto, filósofo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España; director de las revistas Con-textos kantianos (Madrid) e Isegoría (Madrid).
-Roque Pitt, Héctor, poeta y escritor, Buenos Aires, Argentina.
-Ruvituso, María Mercedes, profesora de filosofía, Universidad Nacional de San Martín, Centro de Investigaciones Filosóficas.
-Sabato, Hilda, investigadora superior del CONICET, Buenos Aires, Argentina.
-Sáenz Quesada, María, historiadora, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, Argentina.
-Santa Cruz, María Isabel, filósofa, ex-directora del Instituto de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
-Sarlo, Beatriz, ensayista, Buenos Aires, Argentina.
-Strasser, Carlos, director de Posgrado, FLACSO, Argentina.
-Taquini, Graciela, artista, miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, Argentina.
-Teruel, Pedro Jesús, filósofo, profesor Univ. de Valencia; director de la Revista de Estudios Kantianos, (revista de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española, SEKLE).
-Torre, Juan Carlos, profesor del Departamento de Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina.
-Williams, Pablo, licenciado en letras, director del archivo Amancio Williams.
-Zubillaga, Carlos, historiador, Universidad de la República, Uruguay.

(Esta carta fue presentada ante el Sr. Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Buenos Aires el 22 de mayo de 2017).

Certezas morales de fin de ciclo, por Alejandro Cassini

El 26 de diciembre de 2016 se cumplieron 25 años de la disolución de la Unión Soviética. El aniversario tuvo escasas repercusiones, sobre todo en los medios de comunicación, pero también en los ámbitos académicos, posiblemente por dos razones diferentes. La primera es la sensación general de que ya se ha hablado y escrito demasiado sobre ese evento histórico. La segunda, menos evidente pero más importante, es la que Hélène Carrère d’Encausse, en el prefacio de su reciente libro Seis años que cambiaron el mundo, publicado en 2015, ha expresado en los siguientes términos:

“Extrañamente, un cuarto de siglo más tarde, la memoria colectiva continúa subestimando, cuando no olvidando por completo, esa extraordinaria serie de acontecimientos, la desaparición pacífica e incruenta de un sistema estatal todopoderoso que se creía eterno, y de un inmenso imperio fuertemente armado. Lo que se recuerda sobre todo es la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, que deja en la sombra el conjunto de la escena…”

El verdadero acontecimiento que marca el fin de una época es la disolución de la Unión Soviética, como lo han entendido tantos historiadores y analistas de la política. No obstante, demasiadas frases altisonantes se pronunciaron sobre ese episodio. Desde aquellas que lo consideran como el fin del siglo XX, hasta aquellas que interpretan como la culminación de todo un período histórico que se inició con la Ilustración, en particular, con la Revolución Francesa. Así, por ejemplo, Eric Hobsbawn, en su conocida historia del siglo XX, titulada con acierto La era de los extremos, publicada en 1994, sostiene que el corto siglo empezó con la Primera Guerra Mundial y terminó con la caída del comunismo, una perspectiva sin duda excesivamente eurocéntrica y ciertamente difícil de justificar desde el punto de vista de una historia global del siglo XX. Jorge Semprún, por su parte, en su interesante colección de ensayos titulada, de manera no menos eurocéntrica, Pensar en Europa, editada en 2006, afirma que
“El desmoronamiento del comunismo muestra que hemos recorrido hasta el final el ciclo histórico inaugurado por la Ilustración, que el marxismo llevó posteriormente a sus últimas consecuencias, que trastocaban su racionalidad originaria, que es el ciclo basado en la creencia de una trascendencia, y un más allá social. Basado en la idea de que puede construirse una sociedad nueva a partir de una ruptura revolucionaria. Y no sólo una sociedad nueva, sino también un hombre nuevo.”

También se ha interpretado a este episodio como el fin de los imperios, el fin de las ideologías, el fin de las utopías e incluso el fin de la historia, entre otras exageraciones que no han resistido el análisis teórico y han sido desmentidas por los acontecimientos históricos más recientes. Es probable que el ciclo de las revoluciones violentas de carácter redentor esté terminado, pero resulta muy difícil justificar una generalización tan amplia. En cambio, un cuarto de siglo después del derrumbe, es posible sacar algunas conclusiones bastante bien fundadas sobre el fin del ciclo comunista. La historiografía reciente ha puesto a nuestra disposición una cantidad enorme de materiales originales sobre la historia de la Unión Soviética, muchos de los cuales contienen información que se había mantenido en secreto o había sido parcialmente censurada. Además, la perspectiva de un cuarto de siglo nos da alguna seguridad para emitir juicios de carácter histórico sin recurrir a predicciones audaces sobre el futuro, generalmente infundadas. Hace tiempo que hemos dejado de creer en el carácter necesario del curso de la historia, o en leyes históricas deterministas, como para aventurarnos a hacer futurología.

En Occidente, la rápida implosión de todos los regímenes comunistas, que se produjo en apenas dos años, entre 1989 y 1991, sin intervención militar alguna y prácticamente sin episodios de violencia, sorprendió a todo el pensamiento de izquierda, particularmente en el mundo académico. Muchos intelectuales, de una manera que hoy nos parece bastante ingenua, todavía apostaban a la posibilidad de reformar el sistema comunista, a encarrilar la revolución “desviada” por Stalin, e incluso a retomar los objetivos de 1917. Solo una minoría parecía tener en claro que el comunismo basado en las teorías políticas de Lenin no tenía ante sí un futuro promisorio, entre ellos, quienes habían visitado la propia Unión Soviética, en viajes no oficiales, y contemplado el panorama por sí mismos (aunque, como se sabe, nada garantiza que uno vea lo que está delante de sus ojos, si no quiere verlo). De todos modos, casi nadie pudo predecir la disolución inminente de todos los comunismos, el derrumbe del llamado socialismo real. Retrospectivamente, sin embargo, resulta claro que había muchos síntomas de que el comunismo había entrado en un estado de enfermedad terminal o al menos de severa parálisis. Quizá el aspecto más paradójico de la caída del comunismo soviético es que se basaba en una teoría que predecía el derrumbe más o menos inminente del capitalismo a causa de sus propias “contradicciones” internas, pero en menos de setenta años fueron los estados comunistas los que colapsaron bajo su propio peso.

La historia de la Unión Soviética es extensa y compleja. No se deja resumir en unas pocas líneas ni caracterizar mediante fórmulas simplistas. En las conclusiones de su renovadora obra El siglo soviético, publicada en 2005, Moshe Lewin advierte que el anticomunismo de buena parte de la historiografía occidental ha llevado al error de “estalinizar” todo el conjunto del fenómeno soviético, “como si se hubiera tratado de un gigantesco gulag, de principio a fin”. Esa perspectiva, propia de los tiempos de la Guerra Fría, en los últimos años ha cedido ante una ponderación más matizada. En términos muy generales, pero no inexactos, es posible dividir esa historia en dos grandes períodos, antes y después de Stalin, a los que, siguiendo la conocida metáfora introducida por Anna Ajmátova, puede llamarse el del “poder carnívoro” y el del “poder vegetariano”. El primero va desde 1917 hasta 1953, es decir, desde la instauración de la dictadura de los bolcheviques hasta la muerte de Stalin; el segundo va desde 1953 hasta 1991, o sea, desde el ascenso de Jruschov hasta la disolución del régimen de partido único bajo Gorbachov. Cada período, a su vez, tiene muchas fases diferentes y un desarrollo que está lejos de ser lineal, como ocurre con todo proceso histórico complejo.

El período del poder carnívoro está marcado por la guerra civil, la represión y el terrorismo de estado aplicado de manera sistemática. Es la característica que suelen enfatizar casi todos los estudios sobre la historia del comunismo. Luego de la reapertura (parcial, por otra parte) de los archivos de la Federación Rusa en la época de Boris Yeltsin, y del trabajo de la historiografía rusa poscomunista, conocemos mucho mejor este período. Contrariamente a lo que solía afirmarse, incluso en la historiografía liberal de Occidente, ahora sabemos que el terror no fue un producto de la guerra civil, sino que la precedió. Lenin creó la policía política (la infame Cheká) el 20 de diciembre de 1917, es decir, apenas seis semanas después de la revolución. El decreto de creación establecía que esta “comisión extraordinaria” tenía como finalidad “hacer la guerra a la contrarrevolución y el sabotaje”. Muy pronto la Cheká se convirtió en una fuerza armada independiente que solo recibía órdenes directas del poder político central (en la práctica, del Secretario General del PCUS) y tenía amplias facultades para detener y ejecutar sumariamente a todos a quienes considerara enemigos del pueblo y de la revolución. Una vez finalizada la guerra civil, la policía política, lejos de ser disuelta, fue organizada y reorganizada bajos diferentes nombres (GPU, OGPU, NKVD, MVD y KGB). Con los años adquirió cada vez más poder y dispuso de un aparato administrativo y militar de grandes dimensiones. Según calcula Paul Gregory en su libro Terror por cuotas, de 2009, el NKVD en tiempos de Lavrenti Beria, hacia 1945, llegó a tener 455 000 empleados y 655 000 agentes o soldados. Los ciudadanos soviéticos siempre supieron que la segunda persona en la jerarquía del verdadero poder del país, inmediatamente después del secretario general del PCUS, era el jefe de la policía secreta. Cuando Stalin murió en 1953 todo el mundo esperaba que Beria asumiera el poder, pero, como se sabe, éste cayó víctima de un complot interno instigado por Jruschov.

La otra institución fundamental de la represión durante el período carnívoro fueron los campos de concentración. La instalación de campos para presos políticos comenzó apenas los bolcheviques tomaron el poder. El propio Trotsky fue uno de los principales ideólogos de los campos. En los documentos conservados, la primera vez que se menciona la creación de un campo de concentración es en una instrucción de Trotsky de mayo de 1918. Una orden de Lenin instando al terror de masas, del 8 de agosto de 1918, dice que “todos los sospechosos deben ser internados en un campo de concentración fuera de la ciudad”. Por su parte, el decreto oficial que inicia el terror rojo, publicado el 10 de setiembre de 1918, afirma que “con el fin de proteger a la República Soviética contra sus enemigos de clase, debemos aislarlos en campos de concentración”. Galina Ivanova en su libro El socialismo de los campos de trabajo, publicado originalmente en ruso en 1997 y traducido al inglés en 2000, sostiene que hacia fines de 1919 había en el territorio de Rusia 21 campos de concentración, pero su número creció rápidamente durante la guerra civil hasta alcanzar un total de 122 a fines de 1921. La organización legal de estos campos como “campos de trabajo forzado” comenzó ya con un decreto del Comité Ejecutivo Central del 15 de abril de 1919, en el cual se creaba la Administración Central de Campos. Otro decreto, del 17 de mayo, reglamentaba con detalle el funcionamiento de los campos y recomendaba abrir al menos un campo en las afueras de cada capital de provincia. Ambos decretos se publicaron en la prensa oficial. Desde ese momento el Gulag estaba en marcha. El sistema de campos de concentración, luego llamados de manera eufemística “campos correctivos de trabajo”, no fue una creación de Stalin, sino de Lenin y Trotsky; Stalin sólo lo hizo crecer desmesuradamente, hasta alcanzar al menos los 478 campos que se han podido identificar.

Entre las innumerables memorias que se han escrito sobre el Gulag hay una que ocupa una posición singular. Son las memorias de Fyodor Mochulsky, publicadas en 2011 con el título de El jefe del Gulag, el único testimonio extenso conocido hasta ahora que no proviene de un prisionero, sino de un empleado del sistema de campos de trabajos forzados. Mochulsky fue un ingeniero ferroviario destinado al campo de Pechorlag en 1940. Su testimonio es notable por el grado de despersonalización que muestra y por la manera en que ignora el sufrimiento de los prisioneros. Considera su tarea como un mero trabajo profesional que debe alcanzar determinadas metas prefijadas, que nunca cuestiona, y a los presidiarios como simples trabajadores al servicio del estado. En ningún momento menciona el hecho de que algún prisionero haya muerto mientras trabajaba jornadas de doce horas a temperaturas de cuarenta o cincuenta grados bajo cero mal alimentado y provisto de escasos abrigos, lo cual era la situación habitual. Todos los testimonios escritos por prisioneros, en cambio, revelan que la mortalidad en el trabajo era extremadamente alta, alcanzando en algunos campos la proporción de un veinte por ciento o más. Mochulsky parece incapaz de comprender que se trataba de mano de obra esclava, con la cual se realizaron muchas de las grandes obras soviéticas, sobre todo buena parte de las líneas férreas.

En el estado actual de la investigación, resulta imposible hacer una estimación precisa del número total de víctimas del sistema represivo soviético, pero ya existen algunos datos confiables. Durante mucho tiempo las cifras fueron objeto de especulación que no podía apoyarse en documentos y, además, fueron exageradas por intereses políticos propios de la Guerra Fría. Todavía los expertos no han llegado a un consenso estable sobre esta cuestión tan delicada. Se sabe casi con seguridad que Lenin ordenó destruir los archivos más antiguos de la Cheká. Por otra parte, los archivos sobre el Gulag se conocen solo parcialmente. El más célebre de todos los documentos, desclasificado en 1990, contiene cifras exactas acerca del número de personas sentenciadas por “delitos contrarrevolucionarios” (es decir, por razones políticas, reales o presuntas) entre los años 1921 y 1953. Allí se indica que hubo 4 060 306 de sentencias, de las cuales 799 455 fueron condenas a muerte, efectivamente ejecutadas, y 2 634 397 fueron condenas a prisión en los campos de trabajos forzados, y otras 423 512 fueron condenas a destierro en colonias y asentamientos especiales, generalmente localizados en Siberia o en zonas remotas del país. En 1937 y 1938, los años del gran terror, el número de condenas a muerte fue de 681 692, lo cual implica un promedio de casi mil fusilamientos por día. Incluso los historiadores revisionistas como Lewin, que están dispuestos a conceder una generosa indulgencia al régimen soviético, reconocen que esas son “cifras ominosas”. La cifra de veinte millones de personas que pasaron por los campos del Gulag, que adopta Gregory, constituye una aproximación razonable en la actualidad. Acerca de cuántos murieron en los campos o durante la realización de las grandes obras públicas en la época de Stalin, no hay consenso ni siquiera sobre una cifra aproximada, pero incluso un porcentaje bajo del total de presos, entre un cinco y un diez por ciento, constituye un cataclismo social. Un número mínimo de entre uno y dos millones de muertos se acepta actualmente entre casi todos los expertos en el tema.

El primer período de la historia soviética es también la época de las grandes transformaciones sociales, de la ingeniería social a gran escala, que incluyó la creación de numerosas ciudades y asentamientos industriales, así como el desplazamiento, frecuentemente forzoso, de extensos grupos de la población. Es también una época de enormes catástrofes sociales, como la colectivización de los campesinos por la violencia y las enormes hambrunas provocadas por el profundo trastorno ocasionado a la agricultura. Para muchos historiadores y politólogos, el hambre inducido en Ucrania en 1933, que ocasionó varios millones de muertes, el llamado holodomor, tuvo todas las características de un auténtico genocidio. Muchos estados lo han reconocido oficialmente como tal. Las cifras de los censos de las décadas de 1920 y 1930, ocultadas celosamente por el gobierno comunista y posteriormente desclasificadas, indican que en dos ocasiones la población soviética disminuyó en casi diez millones de habitantes: luego de la guerra civil y la gran hambruna que le siguió en 1923 y hacia el final del proceso de deskulakización en 1933.

A lo largo del período carnívoro de su historia, lejos de haber producido una liberación de los trabajadores, el sistema soviético, desde sus propios orígenes, reintrodujo una variante claramente reconocible de la esclavitud. Bertrand Russell, el más agudo observador de la experiencia soviética, que, además, no se dejó engañar por las puestas en escena que habitualmente se preparaban a los visitantes ilustres, lo advirtió en una fecha tan temprana como 1920. Recorriendo las calles de Moscú, según escribió en su notable La práctica y la teoría del bolchevismo, observó que “el trabajador promedio […] se siente un esclavo del Gobierno y no tiene ninguna sensación en absoluto de haber sido liberado de una tiranía.”

En la economía soviética, ante todo, estaba la mano de obra esclava del Gulag, que comprendía tanto a presos políticos como a delincuentes comunes. Pero, además, la mayor parte de los campesinos colectivizados por la fuerza a partir de 1929, carecía de libertad de movimientos, ya que no podían salir de las granjas colectivas sin autorización de los órganos burocráticos de la administración del estado. Ese hecho, como han observado muchos historiadores, acercaba a los trabajadores colectivizados a un estado semejante al de los siervos de la gleba. La Unión Soviética, lejos de intentar abolir el trabajo asalariado, como indicaba la teoría marxista, lo regimentó y controló en todos sus detalles. Por otra parte, los salarios de los campesinos colectivizados eran extremadamente exiguos, casi de subsistencia, y los de los obreros de la industria eran muy bajos comparados con los de los países de Europa occidental.

Retrospectivamente, también podemos advertir que la situación de la clase obrera en la Unión Soviética, y, en general, en todos los países comunistas, proporcionó una lección histórica fundamental a la teoría política. Esta es que la nacionalización o estatización de los medios de producción, al igual que la de la banca, el transporte o el comercio, no produce necesariamente y por sí sola ninguna emancipación del trabajo alienado. Ante todo, no se sigue de allí ninguna supresión del trabajo asalariado. Pasar de la condición de asalariado en una empresa privada a la de asalariado en una empresa o dependencia estatal no representa necesariamente una ventaja. Por el contrario, el trabajo asalariado al servicio de un estado totalitario implica siempre una pérdida casi completa de todas las libertades y una degradación de la condición del trabajador a una condición de dependencia que no tiene salida. La mera existencia del estajanovismo constituye un contraejemplo contundente de la tesis de que la supresión de la propiedad privada de los medios de producción es una condición suficiente para la liberación del trabajo.

El período del poder vegetariano se caracterizó por una distensión rápida y de gran escala del terror y la represión en todas sus formas. Grandes cantidades de prisioneros, incluso delincuentes comunes, fueron liberados de los campos de trabajos forzados, y muchos de los principales campos fueron cerrados. Algunos de los más grandes, como el de Norilsk, considerado el mayor de la historia, dieron origen a nuevas ciudades. El siniestro NKVD estalinista fue disuelto y reemplazado por el KGB, que desde entonces debía estar sujeto a controles legales y no tenía la facultad de condenar a los detenidos mediante juicios secretos y sumarios. La pena de muerte por delitos de carácter político dejó de aplicarse y el número de los presos políticos disminuyó enormemente. Dado que los archivos más recientes del KGB no han sido desclasificados, no se conoce su número total. Las investigaciones de los historiadores de la Rusia poscomunista, que han tenido un acceso parcial a esos archivos, muestran que el número de detenidos y condenados disminuyó a unos pocos miles por año. Moshe Lewin, basándose en fuentes rusas, ofrece las siguientes cifras para el período 1959-1974, cifras que obviamente solo pueden considerarse parciales. Durante esos años el KGB inició 13 543 causas criminales, la mayoría de ellas por traición o agitación y propaganda antisoviética. Las mismas fuentes permiten afirmar que entre 1967 y 1971 el KGB tomó 121 406 “medidas profilácticas”, la mayor parte de las cuales incluía la detención por participar en actos o manifestaciones contra el gobierno. Comparadas con las cifras del terror estalinista (o incluso del terror leninista de los años de la guerra civil) las diferencias resultan evidentes.

El segundo período de la historia soviética produjo la estabilización, y luego el rápido anquilosamiento, del sistema político-burocrático. También fue la época del desarrollo del poder militar y económico, que implicó el mejoramiento relativo de la condición de los trabajadores, cuyos ingresos, sin embargo, siempre estuvieron por debajo de la media de los de Europa occidental. Luego siguió la era del estancamiento económico y tecnológico de la década de 1970 (el conocido zastoi), que tuvo, entre otros efectos, el del retraso y posterior pérdida de la carrera armamentista de la Guerra Fría. Muchos analistas políticos piensan que la Unión Soviética perdió de hecho la Guerra Fría, una guerra formalmente nunca declarada, y que esa fue una de las causas principales del derrumbe comunista. Es una perspectiva un tanto unilateral, que ignora otras causas importantes de ese complejo fenómeno, que no comenzó en la propia Rusia, sino en los países del bloque comunista de Europa oriental, principalmente en Polonia. La Unión Soviética siguió siendo durante todo el período vegetariano una dictadura de partido único, pero ya se hallaba a la defensiva respecto del resto del mundo, incluso de la China comunista, por lo que renunció definitivamente a toda estrategia que implicara promover revoluciones comunistas. También continuó propugnando una ideología única, el marxismo-leninismo, que en los hechos ya se había estancado en los últimos años del estalinismo y se hallaba casi en un estado de parálisis terminal. En su conjunto, la ideología comunista había dejado de ser atractiva y movilizadora para la gran mayoría de la población de todos los países del bloque soviético hacia fines de la década de 1950. Aunque conservaba creyentes activos, a la mayoría de los funcionarios del partido y del estado les interesaba primordialmente conservar sus posiciones y los privilegios que conllevaban.

En la década de 1960 el materialismo dialéctico, la filosofía oficial del régimen soviético, era ya un programa de investigación en estado degenerativo, que sólo se sostenía por el apoyo explícito del estado. Los filósofos y científicos soviéticos estaban obligados a proteger sus carreras profesionales (y en tiempos de Stalin sus propias vidas) declarando que sus investigaciones habían sido guiadas y beneficiadas por las ideas del materialismo dialéctico. Ello se hacía, principalmente, en manuales de filosofía y obras de divulgación científica. En la práctica científica real, sobre todo en las ciencias físicas, los científicos soviéticos ignoraban completamente el materialismo dialéctico y aplicaban los mismos métodos que sus colegas occidentales. De esa manera, la matemática y la física soviéticas realizaron contribuciones importantes y perdurables al conocimiento científico, mientras que la filosofía no logró producir un solo filósofo cuyo nombre se haya incorporado a la historia de la disciplina. Basta un ejemplo para establecer la comparación. El célebre Curso de física teórica, escrito en colaboración por el premio Nobel Lev Landau y su discípulo Evgeny Lifshitz, publicado originalmente en ocho volúmenes durante la década de 1940, es una obra maestra que todavía se utiliza en cursos avanzados de física en todo el mundo. En cambio, las obras de Mark Mitin, el representante más destacado de la filosofía oficial, tuvieron una influencia casi despreciable en el desarrollo de la filosofía fuera de la Unión Soviética y han caído en el olvido hace décadas, a pesar de que el estado soviético financió generosamente la traducción de sus libros a diversas lenguas y su distribución en muchos países de Occidente. En 1986, tres años antes del comienzo del derrumbe de los regímenes comunistas, Jon Elster, en su breve pero sustantiva Introducción a Karl Marx, señalaba que el materialismo dialéctico, junto con el supuesto “socialismo científico” que pretendía fundamentar, era uno de los aspectos del marxismo que estaban muertos. Treinta años después ese diagnóstico ha sido plenamente confirmado; podríamos decir incluso que el materialismo dialéctico y el socialismo científico han sido enterrados hace tiempo y que no parecen tener probabilidad alguna de resurrección.

En 1985, con el acceso de Mijaíl Gorbachov al poder, se inició un vertiginoso proceso de cambios políticos y culturales, que desembocó en la disolución de todo el sistema. La intención de Gorbachov no era abolir el comunismo, sino reformarlo, despojándolo de sus aspectos más represivos y antidemocráticos. Sin embargo, luego de complejas tentativas de implementación, se hizo claro que el sistema no podía ser reformado desde adentro. La adopción del pluralismo político no era posible sin eliminar el sistema de partido único, pero ese partido estaba completamente identificado con el estado y con todo el aparato militar y administrativo, de modo que, como ocurrió de hecho, la eliminación del monopolio político implicaba la disolución de todo el régimen comunista.

A lo largo de toda su historia, la Unión Soviética censuró y limitó severamente la investigación histórica de su propio pasado. Mantuvo así una característica general de todos los estados totalitarios (e incluso de muchos gobiernos autoritarios), la de ocultar su historia o directamente falsificarla, con el fin de legitimar el régimen político. La historia oculta empezó a salir a la luz en los años de Gorbachov, pero la libertad de investigación solo se obtuvo, y por cierto de manera parcial, luego del derrumbe. En su revelador libro El fin del homo sovieticus, de 2013, la premio Nobel Svetlana Aleksiévich escribió que “después de la perestroika todos deseábamos la desclasificación de los archivos. Y cuando los desclasificaron por fin conocimos la historia que nos había sido hurtada…”. Para muchos de los que habían creído en el relato oficial resultó una auténtica conmoción enterarse de que Lenin había ordenado colgar a cien campesinos elegidos al azar para sembrar el terror; que Trotsky había instado a encerrar a los sospechosos de estar contra la revolución en campos de concentración; que Zinóviev había sugerido que era necesario matar a diez de los cien millones de habitantes de Rusia. Algunos no pudieron resistir estas revelaciones y, sintiendo que sus creencias se desmoronaban, se suicidaron, como relata con detalle la propia Aleksiévich.

La pregunta acerca de si la Unión Soviética fue un estado socialista tiene una respuesta negativa casi unánime de todos los especialistas. No fue un estado socialista ni en el sentido de Marx ni en el de Lenin o Trotsky. De acuerdo con indicadores bien definidos, en sus setenta años de historia nunca pasó de la primera etapa de la transición al socialismo. El aparato burocrático y represivo del estado no solo no comenzó a disolverse, sino que creció de manera desmesurada. La economía se estancó en una forma de capitalismo de estado, una expresión que el propio Lenin admitió en sus últimos años como descripción del sistema económico soviético. El comercio, el dinero y el trabajo asalariado (que en teoría debían ser abolidos) siempre estuvieron presentes. Las clases sociales no se suprimieron, ya que el sistema originó una estructura social piramidal y jerarquizada, donde había castas claramente privilegiadas como la nomenklatura y gran parte del aparato del partido comunista. Las libertades básicas de las sociedades democráticas, como las de tránsito, agremiación y expresión, siempre estuvieron severamente limitadas. El prometido paso del reino de la necesidad al de la libertad ni siquiera se vislumbró en el horizonte más lejano.

La calificación de “socialismo real” apareció precisamente para distinguir al estado soviético, y otros estados comunistas, del socialismo que prometía la teoría marxista (aunque el propio Marx dijo muy poco al respecto, salvo generalidades muy vagas, como la “libre asociación de los productores”). Hay, sin embargo, un riesgo muy grande en esta dicotomía, que es el de inmunizar a cualquier teoría marxista de toda posible refutación por los hechos. Por principio, todo socialismo efectivamente realizado será un socialismo real, que posiblemente diferirá siempre del socialismo ideal o teórico. La extinción completa del estado, por ejemplo, no parece un ideal alcanzable en sociedades altamente complejas e interdependientes; por lo demás, nadie pudo imaginarse jamás cómo se organizaría la vida social y económica de un país en esa hipotética situación. Con todo, debe encontrarse alguna manera de contrastar las teorías político-económicas del comunismo a la luz de la experiencia. De otra manera, la utopía socialista queda desconectada del mundo real y relegada al mundo puramente ideal. Si eso ocurre, el socialismo, por principio, no cayó ni podrá caer nunca, simplemente porque no queda expuesto a la prueba de los hechos.

En la situación actual, no está claro en absoluto si la aproximación al ideal de la igualdad socialista es siquiera posible. Para Gerald Cohen, uno de los fundadores del marxismo analítico, se trata meramente de un problema de tecnología social: el de cómo organizar sociedades muy complejas prescindiendo de toda forma de mercado. En su breve libro póstumo editado en 2009 ¿Por qué no el socialismo? afirma que “el principal problema con el que se enfrenta el ideal socialista es que no sabemos cómo idear la maquinaria que lo haría funcionar. Nuestro problema no es primordialmente el egoísmo humano, sino la falta de una tecnología organizacional adecuada: nuestro problema es un problema de diseño. Es posible que sea un problema de diseño imposible de resolver…”

El fracaso de la experiencia comunista en la Unión Soviética ha mostrado claramente que nadie sabía cómo realizar el ideal, y, como reconoce Cohen en la conclusión de su obra, ahora sabemos que no lo sabemos. Así, cualquier intento de implantar el socialismo a gran escala sin el dominio de los medios técnicos para hacerlo (y sin una idea mínimamente clara de cuáles son las metas parciales que deberían alcanzarse en cada etapa) está condenado a producir un decepcionante socialismo real, muy apartado del proyecto que lo motivó inicialmente. Sería inútil tratar de buscar una guía, o al menos alguna clave, para resolver este problema en el pensamiento de Marx, cuyo contexto histórico es ya bastante lejano del nuestro. Marx no pudo ni habría podido prever los problemas que planteó la construcción de una sociedad socialista. De hecho, casi ni se los planteó, por lo que los bolcheviques tuvieron que improvisar en gran medida toda la estrategia posterior a la revolución, como Lenin mismo lo reconoció explícitamente luego de finalizada la guerra civil. Así pues, una enseñanza fundamental del derrumbe soviético es que cualquier perspectiva de socialismo futuro inevitablemente deberá renunciar al marxismo, o al menos a muchas de sus tesis fundamentales. Entre ellas debe incluirse, sin duda, la mayor parte de teoría económica de Marx (sobre todo, su teoría del valor), que según el propio Elster, también estaba muerta hacia 1980.

Veinticinco años después de la disolución de la Unión Soviética y de la caída del socialismo real es posible extraer, con un alto grado de probabilidad (o de “certeza moral”, como decían los filósofos del siglo XVII) algunas conclusiones generales. La primera es que la Unión ya nunca volverá a existir; su recomposición como dictadura comunista es tan improbable como la reconstitución del Imperio Romano o como la restauración del Antiguo Régimen en Francia. Es absolutamente obvio que la historia es irreversible. La segunda conclusión es que los regímenes comunistas basados en las doctrinas del marxismo-leninismo tampoco volverán a existir. Es muy improbable que se produzcan nuevas revoluciones comunistas que intenten poner en práctica esas ideas. Los regímenes que todavía subsisten, como el de Corea del Norte, se encuentran internacionalmente aislados y sin posibilidades de extenderse a otros estados. Por lo demás, tienen ya poco que ver con la ideología leninista. En tercer lugar, la teoría política de Lenin, esencialmente sustentada en la dictadura de un partido único que se identifica con el estado, el partido-estado, como se lo ha llamado, parece ya firmemente enterrada y sin probabilidad alguna de retorno como fuerza activa. Lo mismo debe decirse de las ideas de Trotsky, en particular la de revolución permanente, que no son sino una variante del leninismo. Es completamente improbable que los programas políticos de la Tercera y la Cuarta Internacional puedan ser revividos o siquiera reactualizados. Las dictaduras de partido único e ideología única impuesta por la fuerza desde el estado han perdido ya todo su atractivo a la luz de su propio fracaso histórico. Su naturaleza criminal, sin embargo, como ocurre en el caso de la China de Mao, todavía no se ha revelado en toda su dimensión. Seguramente, si alguna vez se produce, la apertura de los archivos secretos de las dictaduras comunistas todavía nos deparará novedades que desafiarán nuestra capacidad de asombro.

Finalmente, la caída de los socialismos reales necesariamente debe llevar a revisar las propias ideas de Marx, que en buena medida han quedado obsoletas para el mundo del siglo XXI. Si las tesis que sustentan el programa político del comunismo se consideran sujetas a la contrastación por la experiencia, entonces, el hecho de que el capitalismo no se haya derrumbado (pese a las predicciones reiteradas) y el hecho de que el comunismo se haya disuelto en tanto sistema poder deben considerarse seriamente como una refutación global de la economía y de la teoría política marxista. De esta manera, el derrumbe de la Unión Soviética pone en cuestión algunas de las hipótesis fundamentales del propio Marx, incluso su análisis del sistema capitalista, sobre el cual se basaba la predicción del colapso (la supuesta ley económica de la “tendencia decreciente de la tasa de ganancia”, por ejemplo, nunca ha podido ser confirmada por los datos). Como ocurre con cualquier teoría empírica, se la puede revisar y rescatar de la refutación mediante hipótesis o teorías auxiliares. Pero debería estar claro que no es posible seguir manteniéndola sin cambios frente a la evidencia proporcionada por la historia.

Otra idea de Marx que debe abandonarse, aunque haya sido suscripta casi sin excepción por toda la tradición marxista, es, en palabras de Hobsbawn en su último libro, Cómo cambiar el mundo, de 2011, “la presunción de que la clase obrera (manual) será necesariamente el principal agente de la transformación social”. La tesis de que el proletariado industrial es una clase social intrínsecamente revolucionaria ha sido reiteradamente refutada por la propia historia del movimiento obrero. La inmensa mayoría de los movimientos y sindicatos obreros en todo el mundo, lejos de haber sido revolucionarios, han sido siempre reformistas y, en algunos casos, directamente conservadores. Las revoluciones comunistas, y en primer lugar la de los bolcheviques de 1917, nunca han estado encabezadas por la clase obrera ni tuvieron un apoyo obrero mayoritario o incluso significativo. Además, hay numerosos ejemplos de movimientos obreros, como el sindicalismo peronista en la Argentina de 1950 y el sindicato Solidaridad en la Polonia de 1980, que han sido claramente anticomunistas y antisocialistas.

El leninismo que inspiró la creación de la Unión Soviética está muerto como programa político, pero no sería razonable identificar las ideas políticas de Lenin con las de Marx, por lo que el certificado de defunción del leninismo no puede extenderse sin más al marxismo en todos sus aspectos. No obstante, algunas tesis fundamentales en el pensamiento de Lenin son indudablemente de clara inspiración marxista. El programa de implantar el socialismo mediante una revolución violenta seguida de una dictadura, una doctrina que tiene genuinos orígenes en el pensamiento de Marx, debe ser definitivamente abandonado. De hecho, hace décadas que ha sido repudiado por la mayor parte del pensamiento de izquierda en todo el mundo, por lo que resulta sorprendente que todavía existan en el establishment académico, intelectuales que, amparados en la comodidad y la tolerancia de las democracias liberales en las que viven, reivindiquen esa clase de programa. Con todo, constituyen pequeñas minorías, como los resabios de los viejos partidos comunistas, cuya influencia ideológica es evidentemente declinante y prácticamente despreciable. El retorno de los partidos comunistas como fuerza electoral propia en los estados democráticos es por lo menos incierto, por no decir altamente improbable. Para formar parte del juego democrático, el comunismo debería renunciar a algunas de sus principales raíces marxistas, como el programa de derribar el capitalismo por medio de la violencia para luego implantar la dictadura del proletariado. Ello implicaría el abandono de toda estrategia revolucionaria y la adopción del reformismo gradualista, que es esencial a cualquier sistema democrático. Cabría preguntarse, entonces, si un partido comunista democrático podría seguir llamándose comunista. Al parecer, sería más razonable deshacerse también de esa etiqueta, como ya ha ocurrido en muchos casos.

El ciclo histórico del comunismo, a un cuarto de ciclo de su derrumbe, parece ya claramente finalizado. Es con todo derecho algo que pertenece al pasado. Las ideologías que lo sustentaron, en cambio, posiblemente permanezcan latentes por mucho tiempo. El comunismo en tanto ideología política, especialmente en su versión soviética, contrariamente a su pretensión de cientificidad, fue ante todo una religión secular, una fe en gran medida ciega que se apoyaba en relatos mitológicos, como el que sostenía que la clase obrera era la clase universal. Esa idea tiene aproximadamente el mismo estatus científico que el mito de la raza aria en el nazismo o el mito del pueblo-nación en los populismos. No obstante, por absurdas que puedan parecer estas ideas ante un análisis racional, nunca debe subestimarse el poder de movilizador de las mitologías. Los grandes movimientos de masas del siglo XX, de los cuáles el comunismo fue uno entre otros, no se produjeron por la influencia de ideas científicas ponderadas, sino por la adhesión emocional a determinadas consignas que expresaban anhelos míticos, como el de una comunidad de iguales libre de todo conflicto y de toda necesidad, que en el fondo es una secularización del paraíso terrenal, como hasta el propio Trotsky admitió. Los mitos son mucho más persistentes que las teorías científicas, posiblemente por su inmunidad a cualquier argumentación racional y su impermeabilidad frente a toda experiencia aparentemente adversa. También resultan mucho más influyentes en la vida política que cualquier hipótesis científica. Basta pensar en la inmensa seducción que ejercieron los mitos nazis (en particular, el de la “comunidad del pueblo” racialmente pura) racionalizados a posteriori mediante justificaciones seudocientíficas y falsificaciones de la historia. Dado que el mito comunista ha tenido efectos mortíferos en manos de sus propios fundadores, deberíamos estar muy atentos ante cualquier tentativa de retorno de las ideologías que lo justificaron, por más improbable que parezca. Las ideologías, y las utopías que suelen acompañarlas, no son refutables mediante la experiencia, por lo que no hay manera de probar que sean falsas. El mayor desafío de la política del siglo XXI es conservar su capacidad de motivación e inspiración sin recurrir al empleo de mitologías. Es indispensable instaurar una política racional despojada de utopías y de proyectos mesiánicos. Todavía no es evidente que esa empresa sea posible en la situación actual.

Lo que la ideología no explica, por Roberto Gargarella

En los últimos tiempos, ha tomado fuerza una pregunta parecida a la siguiente: ¿puede verse a la híper-corrupción como un elemento inherente o necesario en los gobiernos “populistas” o “progresistas” que predominaron en la región en los últimos 10 años? Quisiera abordar esta cuestión desde varios ángulos.

En primer lugar, me adelantaría a responder a la misma con un “no” rotundo. De ningún modo una política distributiva más amplia “necesita” la práctica sistemática de híper-corrupción, como la que caracterizó a los gobiernos de los Kirchner en la Argentina, Lula en Brasil, o Chávez en Venezuela. No “necesitaron” la híper-corrupción la socialdemocracia alemana, ni el socialismo democrático escandinavo, ni el socialismo de Allende, ni el “progresismo uruguayo,” en tiempos históricos, momentos sociales y ámbitos geográficos muy diferentes (lo que ayuda a bloquear la respuesta “siempre lista” que niega todo diciendo: “es que se trataba de otro contexto”).

En segundo lugar, desafiaría a la pregunta inicial por considerar “progresista” (o, mucho peor, de “izquierda”) a gobiernos que no cambiaron radical ni fundamentalmente la estructura distributiva existente; no cuestionaron el derecho de propiedad; no modificaron significativamente el orden impositivo; terminaron con niveles de desigualdad más o menos iguales, sino mayores, que cuando comenzaron; no atacaron la renta financiera de modo decisivo; y, sobre todo, no democratizaron la política ni la economía, concentrando todavía más estructuras políticas y económicas ya muy concentradas.

En tercer lugar, diría que la pregunta en cuestión ha propiciado de modo habitual dos respuestas más bien contrarias, y que parecen ambas, en el mejor de los casos, fuertemente incompletas: la respuesta “ideológica” y la “moralista.” La primera está interesada en afirmar –y sobre todo en “salvar”- el componente “progresista” o “izquierdista” de los gobiernos anteriores; mientras que la segunda está preocupada por subrayar el carácter “inmoral” de sus líderes. En lo personal tengo posición tomada al respecto (lo he dicho ya, no creo que pueda hablarse de aquellos como gobiernos “progresistas,” y además –agregaría- reconozco un mundo de diferencias entre, por poner algún caso, la ética krausista/yrigoyenista de Raúl Alfonsín y el pragmatismo depredatorio de Néstor Kirchner). En todo caso, prefiero resistir ambas respuestas, por el modo en que acentúan el componente personalista o heroico de la política.

Frente a tales senderos de respuesta, preferiría explorar otro que nos refiere más directamente al aspecto estructural, antes que motivacional, de la política, y que sería la siguiente. A resultas del excepcional incremento en el precio de exportación de las commodities, los gobiernos latinoamericanos, luego del 2002, alcanzaron tasas de crecimiento económico extraordinarias -un promedio del 5.5 anual entre 2004 y 2007- que permitieron generar beneficios sociales (i.e., recuperación de los niveles de empleo seriamente afectados a resultas de los programas de ajuste económico de los años 90), sin poner en cuestión las formas de acumulación desiguales, informales y abusivas, tradicionales en la región. Se trató de una situación con ciertos “parecidos de familia” relevantes con la que caracterizó a los gobiernos “populistas” de los años 40, beneficiados también –al menos por una década- por cambios significativos en el escenario local e internacional -exportación de materias primas y sustitución de importaciones en los años de la Segunda Guerra Mundial.

Entre aquellos gobiernos y estos recientes hay otro elemento adicional, en común, que es aquel sobre el cual querría poner el foco: el de la discrecionalidad política (o la falta de controles populares o democráticos sobre la política y la economía). Queda entonces mejor definido, según entiendo, el cuadro desde el cual puede entenderse más apropiadamente el carácter “inherente” o no de la corrupción asociada con cierto modelo institucional, político y económico. Digámoslo así: en el marco de fuertes desigualdades económicas y un sistema político híper-discrecional o débilmente democrático, el crecimiento económico extraordinario suele generar una corrupción extraordinaria –hablemos de la Rusia de Putin, la Venezuela de Chávez, o la Argentina de Kirchner. Ni la ideología política ni la moral personal explican mucho, por sí solas, en tales casos.

(Publicado originalmente en Clarín el 26 de enero de 2017 y reproducido con permiso del autor).

Red Reino Unido-América Latina de Filosofía Política Analítica

Nos complace anunciar que se ha montado la primera Red Reino Unido-América Latina de Filosofía Política Analítica, gracias al financiamiento de la British Academy.

Actualmente la red reune a investigadores/as de University College London, el Centro de Investigaciones Filosóficas de Argentina y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM de México.

Los primeros tres años del proyecto se concentrarán en la filosofía de los derechos humanos, prestando especial atención al problema de cómo dar sentido a la cláusula de realización progresiva de los derechos económicos y sociales en términos normativos.

El primer workshop se realizará en Buenos Aires los días 28, 29 y 30 de marzo de 2017. Consistirá en una actividad de dos días seguida de un breve curso para estudiantes de posgrado.

Los próximos workshops tendrán lugar en la Ciudad de México (2018) y Londres (2019).

Alentamos especialmente a los/as colegas de América Latina que quieran sumarse a la red, ya se de modo individual, ya sea creando vínculos institucionales a contactarse con los coordinadores:

Dr. Saladin Meckled-García (UCL): s.meckled-garcia@ucl.ac.uk
Dr. Julio Montero (Centro de Investigaciones Filosóficas): jmnormandia@gmail.com
Dr. Moises Vaca (UNAM): moisesvacap@gmail.com