Desaparecidos: la deuda que todavía persiste, por Graciela Fernández Meijide

Hace pocos días falleció a los 93 años Aurora Zucco de Bellocchio, una de las integrantes de Madres de Plaza de Mayo. Como a otros miles de familiares se le negó conocer el destino de sus desaparecidos y fue obligada así por la dictadura a declarar internamente, como pudo y cuando pudo, la muerte de sus seres queridos. Fue una madre más que dejó esta vida con la tristeza de no saber dónde están los restos de su hija y su yerno desaparecidos en 1977, para hacer el duelo definitivo, darle sepultura, llorarlos en paz.

El Estado, los gobiernos de la democracia, la sociedad y en especial este período kirchnerista que tanto alarde hizo de la defensa de los derechos humanos, han mostrado una flagrante incapacidad para sacar a la luz la verdad del siniestro misterio que aún perdura de la última dictadura: dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Este enigma fue el original y principal motivo de la lucha de los familiares de las víctimas secuestradas y que derivó en el reclamo de condena judicial a sus ejecutores. Sin embargo, con el tiempo, la ecuación quedó invertida. El enjuiciamiento de los asesinos, necesario e indispensable para hacer justicia, dejó en un segundo plano, casi en un resignado olvido, el principal reclamo humano, la verdad que aquellos podían y debían aportar: saber dónde están los restos de los asesinados.

Este año se cumplieron 30 años del juicio a las Juntas Militares. Hasta este hecho, histórico en la Argentina y el mundo, el valor de la vida humana estaba marcado por el desprecio más absoluto con justificaciones ideológicas de los extremos políticos. La violencia vivida en el país desde el 16 de junio de1955 con el bombardeo a Plaza de Mayo sembró de muertos la vida pública argentina. Desde el Estado militar se usó la violencia con la violación sistemática de la Constitución Nacional y de todo derecho humano comenzando por la vida, la integridad física y la libertad de los ciudadanos. Por otra parte, desde aquellos que decidieron integrar los grupos armados también se eligió la ilegalidad bajo el falso supuesto de ser depositarios de un derecho divino capaz de decidir la vida de los demás que habilitaba matar a otro, aunque fuera inocente, por venganza o lógica política.

Así, la tragedia vivida por la violación de los derechos humanos fundamentales dejó en la sociedad una traumática experiencia y mucho miedo aunque, como contrapartida, instaló la conciencia colectiva de que nunca más debe volver a ocurrir. Este aprendizaje también permitió revalorizar los derechos humanos como algo mucho más complejo y abarcativo: empiezan con el de la vida y la libertad y se complementan con los de tener una vida digna, ser ciudadano, tener trabajo, salud y casa, a expresarse libremente. Y también el derecho a tener una muerte digna. Es decir, hoy entendemos que no puede haber derechos humanos completos teniendo en cuenta solo una de sus partes.

Este período de gobiernos conducidos por el matrimonio Kirchner que termina ya, se caracterizó por imponer una versión exclusiva de los derechos humanos violados durante la represión militar. Los politizó como ningún otro gobierno y los utilizó en la construcción de un poder sectario que, sistemáticamente, violó otros derechos colectivos no menos importantes.

Las madres, abuelas, familiares y amigos de las víctimas de la dictadura se van despidiendo de esta vida sin saber lo más importante, aquello que era derecho propio y de sus desaparecidos, aquello por lo que lucharon en sus vidas: conocer el destino de los restos de sus seres queridos para reencontrarse con ellos y poder hacer su proceso de luto y entierro.

Hace 30 años se enjuició y castigó a quienes ordenaron los asesinatos con la ley de la democracia. Desde 2003 los juicios se reanudaron aunque, para quienes aspiramos y trabajamos por una justicia independiente, nublados por la sospecha de que algunos son llevados a cabo con una cuota importante de venganza política.

No existió la mínima convicción para que los militares juzgados y retirados informen sobre qué se hizo con los muertos. Más allá de una retórica épica tramposa, los gobiernos kirchneristas fueron en este tema incapaces de sosegar las almas de los familiares de las víctimas. Cuesta entender por qué en más de una década todavía no se sabe nada de la suerte de la mayoría de los cuerpos de los desaparecidos. Ambos miembros del matrimonio Kirchner fueron los jefes naturales y legales de las Fuerzas Armadas Argentinas, jefes de todos los servicios de inteligencia del país y ejercieron una determinante influencia en el Poder Judicial. Pero no supieron, no pudieron o no quisieron descubrir la verdad del secreto mejor guardado de la dictadura.

Tampoco fueron capaces de develar el misterio de la desaparición en democracia, y por haber declarado contra un represor, de Jorge Julio López, víctima de las mismas fuerzas oscuras del pasado que el kirchnerismo dice combatir. Sería un gesto digno de Cristina Fernández de Kirchner, como Jefa de Estado, pedir disculpas a la sociedad argentina por ambos fracasos.

(Publicado originalmente en Clarín el 11 de noviembre de 2015 y reproducido con permiso de la autora).