El reconocimiento al cuarteto del Diálogo de Túnez, por Rogelio Alaniz

La verdad sea dicha, a todos -o a casi todos- nos sorprendió que el jurado entregara el promocionado Premio Nobel de la Paz al denominado Cuarteto del Diálogo Nacional, el colectivo que logró a través de arduas e inteligentes negociaciones mantener viva la esperanza de aquella primavera árabe que se inició precisamente en Túnez en las primeras semanas de enero de 2011.

En realidad, todos aguardaban que el premio que otorga la academia noruega fuera destinado al Papa Francisco por su abnegada labor a favor de la paz y el entendimiento entre los pueblos; o a Ángela Merkel, por su generoso comportamiento humanitario con los refugiados, comportamiento que para muchos fue una verdadera sorpresa, ya que la imagen que Merkel se supo ganar en el mundo no es precisamente la de una humanista impenintente.

La Academia Noruega se propuso reconocer la labor desempeñada por este Cuarteto que en un escenario signado por la violencia, el fanatismo religioso y las autocracias logró afianzar lo más parecido a un Estado de derecho, con una Constitución moderna, un régimen semipresidencialista y parlamentario con un presidente elegido por el voto popular. Atendiendo a la realidad de la región, está claro que los integrantes del Cuarteto han realizado una labor abnegada y heroica que merece el mayor de los reconocimientos políticos.

¿Cómo se llegó a constituir este Cuarteto? Como se recordará, la llamada “primavera árabe” se inició precisamente en Túnez. El desencadenante de la crisis fue el suicidio del vendedor ambulante, Mohamed Bouzazi. Esto ocurrió el 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Sidi Bouzid. Despojado de su carro de ventas y harto de sufrir atropellos, el joven tunecino resolvió matarse. El impacto de ese suicidio fue grande, la movilización popular que lo acompañó dio lugar a que el presidente Ben Alí renunciara un mes después, o, para ser más preciso, el 14 de enero de 2011.

Ben Alí ejercía el poder como un déspota desde hacía veinticinco años. Lo sucedió en 1987 al fundador del Túnez independiente, Habib Bourguiba, quien se hizo cargo del poder en 1957 -el momento en que Túnez se independizó de Francia- y se mantuvo en ese lugar durante treinta años. O sea que al momento de estallar la crisis de 2011, Túnez había sido gobernada durante medio siglo por dos dictadores. Corresponde señalar que la dictadura de Bourguiba, durante determinados períodos, fue una tolerable “dictablanda”, con un relativo reconocimiento a la oposición y la concesión de algunas libertades mínimas.

Lo cierto es que Ben Alí en lugar de resistir como Kadafi en Libia o Assad en Siria y acorralar a sus pueblos en una prolongada y devastadora guerra civil, abandonó el poder y se refugió en Arabia Saudita. Merece destacarse esta diferencia, sobre todo por las consecuencias que provoca en la vida de los pueblos. ¿Siria sería el infierno que es si Assad hubiera renunciado antes de que el país se incendie? ¿Libia sería el escenario de una disputa salvaje entre tribus si Kadafi hubiera actuado como Ben Alí?

En Túnez estos factores jugaron a favor. El cáncer de Ben Ali tal vez haya contribuido a este renunciamiento histórico y a esta suerte de bendición para el pueblo tunecino. Sin embargo, el proceso histórico estuvo muy lejos de desplegarse a través de un lecho de rosas. Nunca estos procesos son pacíficos. La revolución tunecina fue primero social antes que política. Las movilizaciones callejeras en las principales ciudades del país reclamaban trabajo y mejores salarios. A diferencia de otros países de la región, los sindicatos de Túnez están muy desarrollados, son representativos y sus dirigentes gozan de un alto prestigio. Así se explica que la Confederación Sindical sea una de las patas integrantes del Cuarteto.

El otro factor que contribuyó a que los acontecimientos se desarrollaran con relativa tranquilidad es la presencia de un ejército profesional políticamente prescindente. A diferencia de Egipto, por ejemplo, las fuerzas armadas tunecinas no han promovido caudillos militares e incluso tampoco se dejaron tentar por personajes como Nasser, Sadat o Mubarak.

De todos modos, abierto el proceso electoral resultó elegido un partido de filiación islámica cuyas simpatías con los Hermanos Musulmanes eran manifiestas. Apenas instalado en el poder, el Ennhada intentó avanzar hacia la teocracia, pero la resistencia popular y, sobre todo, de los factores de poder, impidió que se repitiera una experiencia como la de Egipto.

Mientras tanto, el clima de movilización se mantuvo a pesar de los esfuerzos del poder para ponerle límites. El fanatismo islámico -bandas armadas que actúan incluso con independencia del poder islámico- hacía de las suyas. Uno de los escándalos de esos años fue el asesinato de dos dirigentes de izquierda por parte de grupos terroristas identificados con la jihad islámica.

Para mediados de 2013 el islamismo radical abandonó el poder pacíficamente y su lugar fue ocupado por un gobierno interino. A esa altura de los acontecimientos el Cuarteto del Diálogo Nacional ya se había constituido y estaba operando. Lo integraban, además de los sindicalistas, los empresarios, los representantes de las instituciones de derechos humanos y los representantes de los abogados.

La estrategia del diálogo dio sus resultados. Alrededor de veinte partidos políticos se sumaron a la convocatoria. Se constituyó un gobierno de transición y en enero de 2015 se convocaron a elecciones en las que ganó el Partido Nacionalista liderado por Caid Essebji. Lo realizado fue muy meritorio, pero ello no quiere decir que los problemas hayan desaparecido. Una de las principales fuentes de ingreso del país es el turismo y en los últimos meses el terrorismo islámico ha perpetrado dos atentados dirigidos directamente contra los turistas.

El turismo llegó a representar alrededor del siete por ciento del PBI, con una presencia de viajeros que superaba los siete millones de personas. Como dijera un funcionario local, la confianza cuesta mucho ganarla pero se puede perder muy rápido. Los dos atentados terroristas fueron uno contra el Museo El Bardo con más de veinte muertos, y otro en dos hoteles del centro turístico de Susa, operativo en la que perdieron la vida alrededor de treinta y seis turistas. Habría que señalar, por último, que alrededor de tres mil jóvenes de Túnez se sumaron al Estado Islámico, transformándose en uno de los países que más terroristas “exportó” en la región.

A los problemas del terrorismo se suman los problemas de la economía, el alto porcentaje de desocupados y pobres y la caída de la actividad productiva. Digamos que la constitución de un Estado de derecho posible no resuelve automáticamente los problemas, pero crea reglas de juego claras y demuestra que es posible el entendimiento entre grupos políticos adversos y corrientes religiosas enfrentadas.

Lo sucedido en Túnez prueba, además, que la democracia es el único horizonte viable para países arrasados por dictaduras teocráticas y despotismo militares. Los argumentos acerca de la imposibilidad de estos países para vivir en democracia operan -más allá de la buena voluntad de algunos- como coartadas que justifican el viejo orden. La democracia como marco institucional, teoría y práctica política y valor cultural, no es ni debe ser patrimonio exclusivo de Occidente. Si el reclamo de los pueblos es el derecho a la vida, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a tener derechos, no hay otro marco institucional capaz de crear condiciones favorables para el logro de estos objetivos que no sea la democracia.

Precisamente éstas deben de haber sido las consideraciones tenidas en cuenta por la Academia Noruega para entregarle el premio al Cuarteto de Diálogo Nacional. No es menor lo que han hecho estos hombres y estas instituciones en una región donde la democracia representativa y los derechos humanos suelen ser impugnados en nombre del fanatismo religioso o el orden castrense. El futuro ahora tiene la palabra.

(Publicado originalmente en El Litoral el 13 de octubre de 2015).

La dictadura de Maduro y las dos izquierdas, por Julio Montero

Hace unos días el gobierno de Nicolás Maduro condenó a trece años de prisión al dirigente opositor Leopoldo López. La condena llegó después de varios meses de detención, y de acuerdo con organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional resultó completamente arbitraria.

Este suceso no sorprende a nadie. Hace mucho que Venezuela tomó el camino de la dictadura. Mucho más sorprendente es, en cambio, el silencio cómplice de varios líderes de la región que se declaran simpatizantes de la izquierda y campeones de los derechos humanos. Los mismos líderes que celebran a los hermanos Castro como si se tratara de celebrities, cuando son en realidad dos tiranos sanguinarios que han suprimido por completo las libertades políticas en su isla y que han clausurado las elecciones libres por más de medio siglo en beneficio de los propios electores.

Desde el punto de vista de la teoría política, esto invita a reflexionar sobre un fenómeno más general, vinculado a la naturaleza de la izquierda. ¿Cómo es posible que dirigentes que se proclaman progresistas apañen a gobiernos que apelan a prácticas propias de una dictadura militar? ¿Cómo puede ser que figuras políticas que padecieron en carne propia la persecución no condenen estas acciones? ¿Cómo se puede explicar que intelectuales supuestamente identificados con la causa popular aplaudan a tiranos que reprimen a estudiantes y confinan a opositores al calabozo?

Como suele suceder con los conceptos políticos, el término «izquierda» es multívoco: puede usarse para designar sistemas de ideas diversos. En la historia del pensamiento político pueden distinguirse al menos dos tradiciones de izquierda bien definidas. La primera hunde sus raíces en el pensamiento de la ilustración y se nutre de las corrientes republicana y liberal. La segunda es de raigambre anti-moderna y rechaza las valores del iluminismo.

Ambas tradiciones comparten, por supuesto, un programa común. Ese programa aspira a promover la igualdad, mejorar la distribución del ingreso, y garantizar a todo el mundo los recursos materiales para desarrollarse como personas. Pero discrepan sobre el modo adecuado de lograr estos objetivos.

Deudora de Kant y John Stuart Mill, la izquierda ilustrada pone el acento en la vigencia del estado de derecho, la participación democrática, y el respeto irrestricto por los derechos humanos. Sólo si gobiernan las leyes, si las políticas son producto de un debate público genuino, y si los ciudadanos gozan de derechos que los protejan de la arbitrariedad, el ideal de la igualdad puede realizarse. Eso no basta, por supuesto, para hacer verdaderamente iguales a los iguales. Pero es el único punto de partida admisible.

Esta es una receta que la otra izquierda rechaza. Desde su perspectiva, la política es un campo de batalla en el que distintos grupos de interés luchan despiadadamente por el poder. La igualdad sustantiva entre las personas sólo puede conseguirse si el campo popular se impone sobre los enemigos del pueblo. En esa guerra, la división de poderes, las instituciones democráticas y los derechos individuales son las trincheras que los enemigos del pueblo han cavado para mantener sus posiciones. Un auténtico líder popular debe estar dispuesto a arrasarlas sin piedad. En todas las guerras hay muertos y ésta no es la excepción.

La izquierda ilustrada es cosmopolita: cree fervientemente en el sistema de protección de los derechos humanos y concibe la soberanía como una autoridad cuyo ejercicio está sujeto a condiciones. La izquierda anti-ilustrada es nacionalista: aspira a cerrar sus fronteras para que nadie pueda denunciar sus atropellos. La izquierda ilustrada es democrática: concibe el bien común como un ideal a construirse a través del debate. La izquierda anti-ilustrada es oligárquica: espera que una vanguardia de iluminados interprete las verdaderas necesidades del pueblo y se las comunique mediante discursos grandilocuentes que culminan siempre en la aclamación. La izquierda ilustrada es pacifista: rechaza los abusos y la retórica agonista. La izquierda anti-ilustrada es beligerante: considera que la violencia es un modo legítimo de perseguir sus metas y apela a la propaganda y los intelectuales a sueldo para mantenerse en el poder.

La lección que Maduro nos enseña es que no todos los que se proclama de izquierda abrazan los valores que pensamos. Muchas veces sólo los invocan como un recurso estratégico, y los olvidan tan pronto como acceden al gobierno. Interpretan el valor de la igualdad como si solamente requiriera distribución del ingreso. Su utopía no es la de una comunidad política de ciudadanos/as emancipados/as, dueños de su destino. Sueñan, más bien, con un pueblo pasivo, una masa clientelar, que acepte sus dádivas y celebre los crímenes que perpetran en su nombre. Por desgracia, saben camuflarse de idealistas. Por obra de la dictadura de Maduro ahora disponemos de un test para reconocerlos rápidamente: no necesitamos más que preguntarnos quiénes son los que callan ante la ominosa condena de Leopoldo López.

Vicios que socavan la legitimidad democrática, por Natalio Botana

El lunes pasado, el candidato José Cano afirmó que, una vez concluido el escrutinio definitivo para elegir gobernador en Tucumán, «la Junta Electoral no puede proclamar absolutamente a nadie. La legitimidad de esta elección está vedada por hechos escandalosos». El juicio de Cano se suma a lo que viene diciendo la oposición: en muchas provincias -incluida Buenos Aires- las elecciones sufren vicios de origen que ponen en cuestión su honestidad.

Como decíamos el mes pasado, en vísperas de los comicios de Tucumán, el problema no es para nada novedoso en la Argentina. Lo grave es la incapacidad manifiesta, derivada de una mezcla de ineptitudes, corruptelas y clientelismo, que concluye conservando estos usos dispuestos a desnaturalizar el sufragio. ¿Se podrá llegar a buen puerto con un conjunto de reformas políticas capaz de aligerar esa carga de malformaciones que erosionan creencias públicas y separan antagónicamente a las fuerzas políticas?

Cuesta responder a esta pregunta en términos positivos debido al hecho de que nuestra democracia padece, desde hace ya varios años, una lenta erosión de sus fundamentos de legitimidad. No se trata, por cierto, de una conmoción detectable en un momento crucial ni tampoco de un súbito golpe militar como aquellos que, mediante la irrupción de la violencia organizada, trastocaron la legalidad establecida durante gran parte del último siglo.

Se trata, más bien, de una cadena de hechos que, si primero afectaron al nervio republicano del ejercicio institucional de la democracia, ahora se vuelven también en contra del principio electoral de la representación ciudadana en los tres niveles de nuestro ordenamiento federal: el nacional, el provincial y el municipal. Estas maniobras, orientadas a usurpar la soberanía del pueblo, se han ido acumulando en el curso de estos años.

Empero, lo que importa destacar ahora es la estridencia de este fenómeno que se traduce en discursos, en movilizaciones de signo opuesto en calles y plazas, en el cruce de impugnaciones y en la judicialización de las denuncias. Así, a cada rato se reproducen pasiones polémicas, pertrechadas como corresponde con una belicosa carga verbal, frente a una opinión pública que, al cabo, no sabe a quién creerle y oscila entre la protesta y la indiferencia.

Cuando se difunden estas actitudes, el atributo de la legitimidad, sobre el cual descansa la duración y el perfeccionamiento del régimen democrático, comienza a vacilar: dudas persistentes acerca de lo que se hace, sospechas condimentadas por la presencia cotidiana de la corrupción, desconfianza acerca de la probidad de los gobernantes y candidatos, y por último, cerrando el círculo, un descreimiento que corroe las virtudes cívicas ínsitas en los ideales del buen gobierno.

Esta opacidad que nos impide percibir lo que realmente acontece entre bambalinas, o lo que se esconde tras andanadas propagandísticas, está desfigurando la democracia como si su práctica se redujese a levantar muros protectores de la mentira. De este modo, la política viene a ser una aviesa manipulación de lo oculto que arroja en la campaña electoral «carpetazos» y «contracarpetazos» para revelar corrupciones ciertas o falsas.

El resultado de este enjambre denigratorio, que se ha posado sobre un depósito de cuestiones pendientes sin resolver, termina haciendo más profunda la fosa del descreimiento. Una ciudadanía escéptica en el nivel de los gobernados y cínica en el nivel de los gobernantes no constituye una combinación viable para consolidar una democracia que reclama reformas y transparencia.

Luego de haber desperdiciado la oportunidad que nos depararon unos años de extraordinaria abundancia (un ciclo que ya se ha cerrado) deberíamos revertir esta fatiga o astenia vital para afrontar los desafíos de un período diferente, más condicionado y, por tanto, más exigente. De nada valdrán en este trance los discursos que se fabrican con el criterio de alcanzar efectos electorales inmediatos.

Si estas estratagemas verbales y gestuales podrían servir para ganar una elección, tal vez convenga subrayar que los votos pueden evaporarse (miremos, por ejemplo, a Brasil) como agua en el desierto si no los acompaña un drástico cambio en el plano de la ética y en los estilos que abonan el diálogo y la concertación entre dirigentes y partidos.

La práctica de un concepto agonal de la política, basado en la enemistad y la exclusión del contrario, tiene su contrapartida en esta yuxtaposición de agravios recíprocos con los cuales se pretende convencer a la ciudadanía para obtener votos. Añadamos a esto las presunciones de fraude y tendremos un cuadro típico de degradación institucional.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha insistido sobre este punto y en la incomprensible demora para modificar un régimen electoral bastante maltrecho por la voluntad de retener el poder a cualquier precio y con el encono que ello genera. La acordada que ha dado a conocer la CNE señala, en este sentido, un camino que debe profundizarse. Estas reformas o las hace un concurso constructivo de voluntades o no las hace nadie porque, si prevaleciese el temperamento excluyente, típico de estos años, seguiremos empantanados en una suerte de incompetencia colectiva.

En un admirable artículo escrito recientemente por Eduardo Frei y Ricardo Lagos, publicado en el diario El País, en defensa de los derechos conculcados en la persona de Leopoldo López y sus cuatro compañeros por la dictadura fáctica que hoy domina en Venezuela (esto último según definición de Felipe González), los ex presidentes de Chile recuerdan estos valores básicos: «Nunca debemos olvidar que la convivencia democrática es esencial para construir futuro. Ninguna nación se hace grande sofocando al que piensa distinto. Porque cuando se aniquila el diálogo y se excluye la voz de los otros, al final no hay patria para nadie».

Este es un necesario elogio del diálogo, recomendable para una situación de autoritarismo político mucho más grave que la que hoy afrontamos en la Argentina. Pero el hecho de que no hayamos tocado fondo como Venezuela no invalida el análisis de un proceso que, lejos de ser ascendente, muestra evidentes signos de declinación.

¿Cómo es posible que, a 32 años de inaugurada la democracia, estemos discutiendo sobre las bases electorales de la emisión del voto? Estas cosas prueban cómo en el decurso de las democracias se entremezclan el progreso y la decadencia. Por supuesto no hay que desesperar, pero me pregunto si, más allá de una retórica armada en torno de voces grandilocuentes, la dirigencia está dispuesta a producir una sincera transformación en las conductas.

El diálogo constructivo se impone pues para rehacer instituciones. Por ejemplo, debido a la renuncia de Carlos Fayt, a partir del 11 de diciembre, a quien despedimos con el afecto cívico y personal que merece su ejemplar trayectoria, la Corte Suprema debe incorporar dos jueces para completar su elenco. ¿Se cree que semejante operación será posible por la imposición de mayorías obcecadas? Otro dato que prueba que, más allá de la contienda electoral, debemos preparar el terreno para asentar un nuevo estilo y un apego compartido a la calidad ética de la democracia. En todo caso, bienvenido el aire fresco: una Cámara de Apelaciones anuló las elecciones en Tucumán y Fernando Niembro renunció a su candidatura.

(Publicado originalmente en La Nación el 18 de septiembre de 2015 y reproducido con permiso del autor).

Saludo a los demócratas de Venezuela, por Eduardo Frei y Ricardo Lagos

La condena que ha recaído sobre el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, por haber ejercido su derecho constitucional a protestar contra el atropello de los derechos humanos básicos que está llevando a cabo el gobierno de Nicolás Maduro, es de una gravedad extrema. Ante el silencio inexplicable de los mandatarios del Mercosur pese a la enfática defensa de la democracia que exige ese tratado a sus miembros, hacemos nuestra la declaración de los dos expresidentes de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, que resumen el pensamiento y el sentimiento de todos los demócratas republicanos de América. El texto se reproduce a continuación.

El Editor

Amigos de Venezuela, con fraternidad latinoamericana y solidaridad democrática queremos entregarles nuestro respaldo en su lucha por una Venezuela donde el diálogo político sea la regla principal de la convivencia nacional. Reciban nuestro saludo en esta marcha que ahora inician, para expresar su voluntad de luchar por un país donde todos puedan ejercer legítimamente su derecho a ser voz ciudadana y entregar su visión sobre el futuro.

Pero también, al enviar este mensaje, lo hacemos con gratitud profunda hacia el país que nos tendió la mano cuando Chile vivía las horas oscuras de una dictadura militar. Los chilenos no podemos olvidar el refugio que tantos exiliados encontraron en Venezuela, mientras nos esforzábamos por recuperar la democracia en nuestra patria. Esos tiempos nos dejaron una gran lección: cuando se violan los derechos humanos no hay fronteras y es legítimo levantar la voz por otros pueblos cuando somos testigos de arbitrariedades e injusticias.

Cuando se violan los derechos humanos no hay fronteras y es legítimo levantar la voz por otros pueblos cuando somos testigos de arbitrariedades e injusticias.

Lo dijimos en el pasado hablando por Chile y la democracia que queríamos y lo decimos hoy mirando a Venezuela: en este país no sobra nadie, la patria somos todos. Por eso, rechazamos con profunda convicción ciudadana, la condena a Leopoldo López y a sus cuatro acompañantes y demandamos para todos su inmediata libertad. A pesar de que la Constitución venezolana reconoce el derecho de protesta, Leopoldo López fue detenido por liderar una manifestación no autorizada. Aunque él se entregó voluntariamente a la justicia, su arresto y encarcelamiento experimentó todo tipo de anomalías, siendo condenado por la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Nos sumamos a la consternación expresada por todos esos organismos defensores de derechos humanos ante el fallo condenatorio de la justicia de ese país, que no observó las garantías esperadas en un debido proceso.

Así también levantamos la voz por el alcalde Antonio Ledezma y para todos quienes sufren presión domiciliaria. Y junto con la libertad reclamamos la restitución de todos sus derechos como ciudadanos que, bajo decisiones arbitrarias, les han sido arrebatados. Todos sufren las decisiones de una justicia que no parece justa y frente a la cual sólo cabe demandar que, en las próximas instancias de apelación, rija el respeto a la legítima defensa y el debido proceso. También supimos en Chile como, a más de uno de nuestros líderes, se les impidió votar en el plebiscito contra Pinochet, mediante argucias insostenibles en un derecho transparente y justo. No obstante, el pueblo supo defender su victoria con la fuerza de su protesta pacífica y sus convicciones inquebrantables.

Los chilenos no podemos olvidar el refugio que tantos exiliados encontraron en Venezuela
Nunca debemos olvidar que la convivencia democrática es esencial para construir futuro. Ninguna nación se hace grande sofocando al que piensa distinto. Porque cuando se aniquila el diálogo y se excluye la voz de los otros, al final no hay patria para nadie. Debemos evitar que Venezuela llegue a la trágica situación que viven otros pueblos, como en Siria, donde las condiciones extremas y la confrontación indiscriminada ya no hacen posible vivir allí.

Hemos tenido el honor de ser mandatarios en nuestro país, de vivir la democracia en todos sus andares y resultados. De saber que siempre hay tareas pendientes y sueños de justicia e igualdad por alcanzar. Y de esa experiencia nace una convicción profunda: los países sólo avanzan con ciudadanos libres y auténtica participación democrática.

Las elecciones del 6 de diciembre deben ser limpias, transparentes, donde el pueblo pueda ejercer libremente su voto. Donde todos los que buscan representar a sectores de su pueblo puedan hacerlo y donde los ciudadanos puedan ejercer el derecho de dar la representación a quien les parezca el mejor. Deben ser elecciones donde ninguna opinión democrática esté excluida y ningún ciudadano, sólo por pensar distinto, sea retenido en la cárcel.

Es por ello que hacemos un llamado a los organismos destinados a promover la integración en la región a buscar mecanismos que hagan posible, en las instancias judiciales pertinentes, que Leopoldo López puedan revertir la injusta sentencia infringida y, al mismo tiempo, pongan sus buenos oficios al servicio de detener la escalada de violaciones a los derechos humanos en dicho país. Venezuela nos dio apoyo y respaldo para recuperar la democracia en Chile. Hoy estamos con ustedes por un deber ético, porque creemos que tienen el derecho de entregar sus ideas por una Venezuela más justa, más libre y mejor.

(Publicado originalmente en El Pais el 15 de septiembre de 2015).

Conciencia cívica y republicanismo, por Osvaldo Guariglia

En nuestro desarrollo psicológico hasta alcanzar el nivel de un individuo adulto autónomo pasamos por distintas etapas del desarrollo moral, como mostraron los trabajos de los dos pioneros Jean Piaget y Lawrence Kohlberg.

Sintéticamente podemos establecer que el nivel promedio alcanzado de la conciencia moral autónoma incluye, por un lado, los códigos morales particulares de la cultura, familiar y social, de la religión y de otras comunidades más específicas, como las profesionales, etc., y por el otro, en el caso de sociedades desarrolladas, los principios generales de una moralidad deudora de las normas fundamentales del derecho.

Cómo y en qué medida se integran estos distintos elementos en la conciencia moral, queda librado a la personalidad de cada uno de los individuos y a su propia responsabilidad, en la cual ningún extraño puede interferir. Ahora bien, como ciudadanos somos parte de una misma comunidad normativa cuya ensambladura interior es la constitución. Ésta es, entonces, la que provee la conciencia normativa a cada uno de sus ciudadanos, la que les da por un lado un sentido de pertenencia y les impone, por otro, una conciencia cívica.

Esta distinción entre la conciencia moral y la conciencia cívica es importante, ya que en una moderna sociedad de derecho la primera puede ir de un extremo rigorismo moral a un completo escepticismo, según el talante de cada uno. En efecto, actuar moralmente por convicción es siempre una elección personal que nadie puede imponerle a otro; restringirse a una mera apariencia y limitarse a no infringir la ley, al menos no de manera desembozada, es una posibilidad abierta a toda persona, que actualmente está muy extendida entre argentinos, según la vieja sentencia de Baltasar Gracián, “la hipocresía es el tributo que el vicio paga a la virtud”.

La conciencia cívica, en cambio, es a la vez más restringida y mucho menos laxa. Se trata, en efecto, de las obligaciones que el régimen constitucional y los principios del mismo imponen a los gobernantes y a los gobernados, a los primeros bajo la forma de deberes perfectos (es decir, de cumplimiento estricto) y a los segundos, como deberes imperfectos (es decir, de cumplimiento condicionado a las circunstancias).

De los deberes de los gobernantes los más importantes son los puramente negativos, como por ejemplo, no sancionar leyes o aprobar decretos en beneficio propio (corrupción), no usufructuar el ejercicio del poder para beneficio de familiares directos (nepotismo), no promover la reelección indefinida de los mandatos (oligarquía), no regular los actos eleccionarios de modo que se haga imposible el triunfo de los contrincantes (gerrymandering), no imponer trabas insuperables a los medios públicos de comunicación, restringiendo o tergiversando la información de los actos del gobierno (secretismo), etc. Cualquiera de estas acciones contrarias a la ética pública de una república representativa ponen en peligro la estabilidad propia de este régimen porque lesionan alguno de sus dos principios fundamentales: el de igualdad y el de libertad. Cuando los actos de esta naturaleza se acumulan con éxito, de modo que transforman la forma de gobierno en una oligarquía que manipula la voluntad popular, el gobierno ha definitivamente mancillado la dignidad de sus conciudadanos, despreciando sus derechos subjetivos básicos.

La república en sus versiones modernas, desde las surgidas en el Renacimiento italiano, transmitidas a la Inglaterra del siglo diecisiete y renacidas en sus colonias de América del Norte, etc., incorporó la defensa de la igualdad de todos sus ciudadanos a la determinación de sus tres instituciones básicas: el cuerpo de legisladores, representantes del pueblo, la administración y la defensa del estado, en manos de un funcionario elegido por períodos acotados, y la administración de la justicia a cargo de expertos independientes.

Allanar esta división de los tres poderes del estado poniéndolos bajo la férula de un único mandatario equivale a hacer tabla rasa con todas las salvaguardas que protegen la independencia y autonomía de los ciudadanos. Cuando esto ya ha ocurrido o tiene todos los visos de estar por ocurrir, ha llegado también la ocasión para que los gobernados pongan en práctica sus deberes imperfectos de defensa de las instituciones, mediante el uso de todas las vías que estén a su disposición para repudiar el despojo de sus derechos y reclamar la restitución de las instituciones de la república que eran la salvaguarda de aquellos.

Los ciudadanos y ciudadanas de la capital de Tucumán han espontáneamente repetido en estos días una acción rehabilitante de sus derechos que es propia de una república desvirtuada. Es entendible que en las miserables condiciones de la población rural de esa provincia, solamente estén capacitados para ejercer su conciencia cívica los habitantes de las ciudades más importantes, por educación, por formación e independencia del estado. Esto no invalida el hecho de que los actos de repudio a la manipulación de las normas electorales en favor de los gobernantes representen el más puro interés general no solo de los ciudadanos de esa provincia sino también de toda la república. Por ello, es también nuestro deber cívico acompañarlos, reconocerlos y apoyarlos.

(Una versión reducida de esta nota fue publicada originalmente en La Nación el 8 de septiembre de 2015. Reproducida con permiso del autor).

Ayotzinapa: la verdad que fue mentira, por Vladimir Chorny

A principios de este año el entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam intentó sepultar la investigación sobre los crímenes de asesinato y desaparición forzada contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Entonces aseguró a la sociedad mexicana que, con bases contundentes y a partir de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), se había establecido la “verdad histórica” sobre lo sucedido. Para asentar esta versión, Karam ratificó 1) que, de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos habían sido asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos; y 2) que no existía “una sola evidencia” de la participación del ejército o de funcionarios distintos a los de la policía municipal en los hechos ocurridos. Por último, en aquella ocasión el exprocurador indicó que, dadas las pesquisas realizadas, “la investigación se tiene que cerrar porque hay que castigar a los culpables”.

Poco después, en marzo, comenzó la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1] en la revisión e investigación del caso. Hoy, seis meses después, el grupo de expertos ha desmentido la versión oficial sobre lo sucedido en Ayotzinapa y ha mostrado el sinsentido de la investigación sobre la que buscaron sostener la “verdad histórica” para –hay que decirlo como es– engañar a la sociedad mexicana.

El informe es demoledor. Dos puntos me parecen fundamentales y al mismo tiempo desconcertantes y aterrorizantes:

1) Hay evidencia contundente de que los normalistas no fueron incinerados en Cocula (punto central de la investigación de la PGR). Los estudios científicos realizados por José Torero, perito experto para el GIEI, muestran: que es imposible que haya existido fuego suficiente para quemar un solo cuerpo (condiciones de incineración, límites de dolor para alimentar el fuego para la incineración, zonas de calor y afectación en la vegetación, etc.); que el peritaje en que la PGR se sustenta “no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego”; que los dictámenes de incendios sobre los que se construyó la verdad histórica no tienen los objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para una investigación de esa naturaleza, y que sus conclusiones, además, “son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación”.

2) Que tanto el Ejército como la Policía Federal, la estatal y la municipal tuvieron conocimiento de los hechos, vigilaban a los normalistas e intervinieron de distintas formas antes y después de los asesinatos y desapariciones (además de que actuaron de manera coordinada entre ellas en, por lo menos, el monitoreo de información y acciones de seguimiento y apoyo). En este sentido, se utilizó el sistema de comunicación y coordinación entre estas entidades conocido como C-4, aparte de que realizaron llamadas vía el número 066, lo que permitió el monitoreo de los normalistas durante ese día. Esto coincide con testimonios de miembros del Ejército ante la PGR, aun cuando la participación de todas estas instancias fue negada categóricamente por Murillo Karam. Así, el gobierno utilizó todo su aparato institucional, político y mediático para asegurar que las dos cosas hoy señaladas por el GIEI no eran posibles.

El grupo de expertos ha refutado, de este modo, la versión oficial y señalado la falsedad de las dos afirmaciones centrales del Estado mexicano. Partiendo de peritajes especializados, rescatando información omitida por la PGR y aun enfrentando obstáculos para profundizar su investigación (como la negativa a que interrogaran al Batallón 27 del Ejército que estaba en la zona), ha mostrado que la investigación de la PGR es incompleta, inconsistente y contradictoria y que dejó de lado información fundamental y necesaria para esclarecer los hechos. Por un lado, el GIEI muestra que lo realizado por la PGR es insostenible, y por el otro, señala que lo que la procuraduría aseguró simplemente no ocurrió.

En el contexto de la comisión de crímenes de lesa humanidad contra los normalistas estuvieron presentes autoridades de todos los niveles de gobierno, además del ejército, de forma tal que es increíble que mandos altos del gobierno estatal y federal no tuvieran conocimiento de lo ocurrido horas antes, durante y después de los crímenes. Sumado a esto, ninguna autoridad protegió de forma alguna a los normalistas desde que empezaron hasta que terminaron las agresiones, las cuales fueron cometidas de manera organizada, indiscriminada y excesivamente violenta, y frente a las que las autoridades no actuaron diligentemente (todo esto establecido por el GIEI en su informe).

De acuerdo con el informe, el 26 de septiembre hubo un ataque masivo que produjo 180 víctimas directas, la mayor parte son jóvenes y muchos de éstos, menores de edad. Entre las víctimas hay 6 personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas que fueron perseguidas y sufrieron atentados contra sus vidas, 43 normalistas que fueron detenidos y desaparecidos forzosamente. Al menos existen 700 familiares directos de éstas víctimas que también han sufrido las consecuencias de la pérdida.

Como respuesta al informe, la procuradora Arely Gómez respondió, en una paupérrima conferencia de prensa, que “las investigaciones continuarán hasta las últimas consecuencias” y que apoyarán al GIEI para que concluya sus investigaciones. En una especie de tragicomedia, la PGR asegura a la sociedad que siempre actuó ejemplarmente, que no existe un solo error en lo que han hecho y que no han hecho otra cosa que apoyar para que todos los responsables sean consignados.[2] Sin embargo, la PGR no ha respondido, ni siquiera indirectamente, a los señalamientos contra el ejército ni sobre la participación de otros niveles de gobierno. El discurso oficial es que es gracias al gobierno federal que hoy existe información que destruye su propio trabajo realizado durante casi un año. Es paradójico que el gobierno resalte el acuerdo internacional con la CIDH para luego omitir muchos de sus resultados.

El GIEI fue claro: autoridades de todos los niveles de gobierno estuvieron presentes antes, durante y después de la comisión de los crímenes; la investigación es una farsa; hay grupos que han sido protegidos (ejército y autoridades de otros niveles de gobierno), y los normalistas no fueron incinerados en Cocula. Ante esto los responsables de la PRG, tras correr de la sala de prensa sin responder preguntas a los medios de comunicación, solo dicen que a casi un año de iniciadas las investigaciones volverán a hacer peritajes (¡a un año volverán al basurero!) y a “analizar” si toman en cuenta o no lo investigado por el grupo de expertos. La incapacidad del gobierno mexicano es indiscutible, pero además es evidente su falta de voluntad y sus ganas de encubrir a otros posibles responsables.

Si el ejército estuvo involucrado, tal como parece, y si el gobierno lo ha protegido y blindado sistemáticamente, ¿qué consecuencias jurídicas deberían enfrentar Peña y los funcionarios de la PGR? Si la “verdad histórica” de la PGR es una mentira, como parece ser, ¿qué debemos pensar sobre un gobierno que utiliza todo su poder, su infraestructura y sus instituciones para mentirle a las personas que gobierna y no para lograr verdad y justicia? Si en verdad #FueElEstado, como se ha señalado constantemente, ¿qué nos toca hacer como sociedad? Suerte que vivimos en una democracia que está moviendo a México.

(Publicado originalmente en El Horizontal el 7 de septiembre de 2015 y reproducido con permiso del autor).

El peronismo de la desigualdad, por Luis Alberto Romero

Según decía Tulio Halperin, una cosa diferenciaba a dos generales presidentes, Agustín P. Justo (1932-38) y Juan Domingo Perón (1946-55). Justo creía en la democracia, pero era incapaz de ganar una elección, mientras Perón, que las ganaba fácilmente, no creía en ellas sino en la plaza multitudinaria. Justo recurrió al tradicional fraude, presentado como «patriótico» por el gobernador bonaerense Manuel Fresco. Perón denunció el viejo fraude y respetó las urnas, pero persiguió y silenció a los partidos opositores, ese «tercio reluctante» de los sufragios que ponía en cuestión su aspiración a la unanimidad. El peronismo actual, que gobierna nuestra democracia desde hace al menos 26 años, se está pareciendo cada vez más, en sus prácticas electorales, al general Justo y a la denostada «década infame».

Entre aquel Perón y quienes hoy administran la franquicia peronista existen algunos parecidos y continuidades, pero los separan diferencias abismales que tienen que ver con las personas, pero sobre todo con las épocas y los contextos. Perón gobernó autoritariamente una sociedad igualitaria y promovió la igualación social. El peronismo actual vive en una sociedad profundamente desigual, acepta la inevitabilidad de una arraigada y extendida pobreza, y construye su poder sobre ella. Aquél fue el peronismo de la igualdad; éste expresa y reproduce una sociedad radicalmente desigual, en la cual son eficaces los más tradicionales métodos de la llamada política criolla.

Las continuidades entre ambos peronismos son muchas y hasta cierto punto justifican que se siga usando esa denominación. Hay una tradición construida, un lenguaje y un estilo y unos mitos que le permiten a la franquicia peronista una empatía de base con el mundo popular. Hay una común concepción del poder y de las instituciones que no es ni liberal ni republicana y que valora el gobierno concentrado y la legitimación plebiscitaria. Hay también una idea de la política basada en la división, la confrontación y la exclusión del otro. Hay finalmente un estilo de gobierno autoritario que ronda lo dictatorial. Todo eso se lo encuentra en Perón, en los Kirchner y en Alperovich. Pero las diferencias son tan grandes como las que separan a Eva Perón, besando a quienes acudían a la Fundación, de Cristina Kirchner, incapaz de expresar una sola frase de condolencia.

El peronismo de la igualdad surgió en 1945, en una sociedad que ya llevaba medio siglo largo de democratización social, incorporando migrantes extranjeros y luego migrantes rurales. El empleo abundante y la educación pública impulsaron su integración y generaron un sostenido proceso de movilidad, por el cual era normal esperar que los hijos estuvieran mejor que los padres.

Hubo quienes quedaron atrasados o no vieron satisfechas todas sus expectativas, como los obreros industriales. Perón desarrolló políticas estatales vigorosas para allanarles el camino de la integración y profundizar la democratización, tanto en lo que hacía al reconocimiento y a la dignidad como al disfrute compartido de los bienes sociales y culturales. La justicia social -escribió José Luis Romero- complementó y profundizó la ideología espontánea de movilidad social. La nueva igualdad era visible en los cines repletos y en el nuevo orgullo de los trabajadores, que ingresaban en el amplio grupo de las clases medias. También se advertía en la inflexión plebeya del discurso oficial, que repudiaba el privilegio pero se ubicaba en las antípodas de la lucha de clases. En esa sociedad activamente igualitaria, Perón trató de construir un Estado orgánico, donde cada cuerpo social -empresarios, obreros, profesionales, estudiantes- tuviera un espacio y un papel en el libreto de la armonía, la colaboración y la unidad del pueblo tras la figura de su conductor.

El resultado fue un tipo especial de democracia, ni republicana ni liberal. Se fundó en la participación activa de los ciudadanos peronistas, en los comicios y sobre todo en la plaza, donde el líder alternaba entre el discurso violento y el moderado. Era exactamente lo contrario de la política criolla, del fraude y el clientelismo grosero, reemplazado por beneficios universales concedidos por el Estado. No incluyó a los opositores -perseguidos y excluidos como la antipatria-, pero dio voz a una base social democrática e igualitaria, alineada tras de un Estado que expresaba a la nación unida. Nada de esto hubiera sorprendido a Tocqueville, quien miraba a Luis Napoleón. En cuanto a Mussolini, seguramente habría sonreído satisfecho.

El peronismo que gobierna desde 1989 es muy distinto, sobre todo porque se ha adecuado a un país muy diferente. La sociedad actual es inmóvil y profundamente desigual, y el mundo de la pobreza incluye a uno de cada tres argentinos. En 1983 tuvimos por primera vez un régimen político democrático, liberal y republicano, pero fue una suerte de clavel del aire, sin raíces, pues la pobreza no genera ciudadanos. Languideció y fue gradualmente reemplazado por otro con fuertes reminiscencias del antiguo autoritarismo peronista. El Estado hoy no puede desarrollar políticas sociales universales y se limita a las ayudas focalizadas. En ese contexto, los gobiernos peronistas, lejos de estimular la inclusión, han reproducido la pobreza, con políticas que no pasaron del subsidio y de un efímero aumento del empleo. Las oportunidades del excepcional ciclo sojero sólo beneficiaron a la corrupción cleptocrática y la única movilidad ascendente fue la de los empresarios amigos.

No es casual que los pobres no disminuyan, pues desde 1989 el «partido del gobierno» ha construido un sistema que transforma la pobreza en votos. Menem y los Kirchner -sus diferencias son sólo retóricas- han creado su legitimidad a partir de la desigualdad, ratificándola y reforzándola. Construir este peronismo de la desigualdad demandó un diseño complejo y una refinada artesanía. Sus resultados, si no fueran nefastos, deberían ser calificados de admirables.

En la base se encuentra el clientelismo, es decir, el intercambio permanente de reciprocidades. Se apoya en la sumisión del pobre, que en la nueva sociedad ha reemplazado al antiguo orgullo igualitario, pero eso no basta; el operador debe sumarle empatía, lenguaje, formas y dosificación de la presión y otras capacidades que abundan entre los peronistas, pero que muchos conversos han aprendido.

En cada una de las etapas del proceso del sufragio, el Gobierno y sus funcionarios, desdoblados en agentes políticos, intervienen para acallar a los competidores, cooptar a los operadores de la competencia y aceitar la red de dependencias y lealtades, sumando beneficios singulares con amenazas apocalípticas, como «el ajuste», o simplemente la pérdida del subsidio. Si esto falla, se recurre como última ratio a los métodos más tradicionales del «fraude patriótico», como ocurrió en Tucumán. Sumando todo, es el Gobierno quien produce el sufragio, que crea su propia legitimidad electoral.

Todo esto no se parece al primer peronismo. Hoy no hay plazas aclamantes, salvo las organizadas por los intendentes, ni otro fervor que el de los jóvenes de La Cámpora reunidos en la Casa Rosada. En cambio, en sus prácticas, hay muchas similitudes con sus predecesores, los conservadores de los años treinta. Pero si se mira la totalidad del sistema político, y sobre todo la articulación del poder central con los poderes provinciales, que son la base del «partido del gobierno», se encuentra un enorme parecido con algo más antiguo: el Partido Autonomista Nacional de fines del siglo XIX, cuya construcción se atribuye a Julio A. Roca y a la «oligarquía».

No sé si este peronismo de la exclusión todavía merece llamarse peronismo o si ya es algo distinto. Pero su encanto, que cautivó a muchos, se va disolviendo, y tras del discurso del modelo, de la inclusión y del pobrismo va saliendo a la luz la triste realidad de una sociedad radicalmente desigual, gobernada por una nueva oligarquía que, mientras se enriquece, sabe cómo ganar las elecciones desde el gobierno.

(Publicado originalmente en La Nación el 1 de septiembre de 2015 y reproducido con permiso del autor).

Conferencia de Daniel Bell: «Democracy, Meritocracy or Both? Reflections on the Political Future of China». Lunes 24 de agosto de 18 a 20.

El Centro de Investigaciones Filosóficas, el Grupo de Filosofía Política y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tienen el agrado de invitarlos/as a la conferencia del Prof. Daniell Bell sobre “Democracy, Meritocracy or Both? Reflections on China’s Political Future”.

Daniel Bell es Profesor de la Universidad de Beijing, Director del Instituto Berggruen para la Filosofía y la Cultura y Editor de la Colección Princeton-China. Sus publicaciones incluyen los libros Spirit of Cities, China’s New Confucianism y Beyond Liberal Democracy. Su último trabajo es The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy, recientemente publicado por Princeton University Press.

La conferencia tendrá lugar el lunes 24 de agosto en el Salón Avellaneda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de 18 a 20. La actividad es libre y gratuita. Esperamos contar con su presencia.

Un país que ya dejó de soñar su futuro, por Liliana de Riz

Qué nos pasa a los argentinos que, para muchos, el futuro está en el retorno a un pasado idealizado, a los años dorados del primer peronismo? El mundo cambió, el país es otro, Argentina ya no es la sociedad urbano-industrial que incorporaba a las masas al mercado de trabajo mientras el Estado reconocía la legitimidad de su presencia política y creaba los mecanismos sociales para asegurar el bienestar social. La sociedad forjada por la revolución peronista quedó atrás, la pobreza es el rasgo distintivo de la sociedad que emergió de las ruinas de aquélla. Y sin embargo, la memoria de esa experiencia, evocada en los encendidos discursos presidenciales, habita todavía el imaginario colectivo. La nueva pareja peronista se identificó con el Estado y con la Nación y se empeñó en mantener viva la esperanza de una sociedad más igualitaria al precio de falsificar los datos de la realidad.

El crecimiento del empleo formal en la primera década del milenio no alcanzó para incluir a todos los pobres, viejos y nuevos, que los procesos de reconversión productiva y las políticas de austeridad de la década del noventa —y su desenlace, la gran crisis del 2001— arrojaron a la intemperie. La ralentización de la economía y los desequilibrios acumulados a lo largo de la gestión de Cristina Kirchner dejan hoy al descubierto que la proclamada inclusión social de este “modelo” quedó sometida a los ciclos de la economía. La denominada “nueva clase media”- que poco tiene de nueva- es el reflejo de la reducción de la pobreza, medidas ambas sobre la base de los niveles de ingreso fundamentalmente laboral, o de transferencias como las asignaciones o la jubilación. Sin embargo, si no se eleva la productividad para sostener el crecimiento y financiar la política social, el futuro de los que están en los escalones bajos de la pirámide social no será de ascenso social sino de regresión a la pobreza. La inflación y la caída del empleo ya achicaron el contingente de los provisoriamente incluidos y también aumentaron las penurias de los de más abajo.

La distribución progresiva del ingreso —con muy poco para muchos- y regresiva de la riqueza, con mucho para unos pocos, y sobre todo, para el poder de turno y sus amigos, ha continuado modelando una sociedad muy desigual que las cifras inventadas del INDEC no pueden ocultar. Dos tercios de la mitad superior de la escala social no pueden ahorrar, según las cifras del Barómetro de la Deuda Social de 2013.

Desorganización de la economía y del Estado, degradación de las instituciones y corrupción sistémica, son rasgos de la utopía regresiva construida por los Kirchner. Antes que “recuperar la patria”, los argentinos asistimos a la privatización del Estado en manos de un grupo en el poder, legitimado en elecciones que son un requisito necesario, pero no suficiente, para calificar de democrática su gestión. Un gobierno que destruye los controles, coloniza el poder judicial y descalifica a la oposición es un gobierno autoritario.

Acaso las esperanzas que despertó el retorno de la democracia en 1983 han sido sepultadas por la resignación ante tanta arbitrariedad. Las olas de indignación que convocan a marchar por las calles han sido movimientos espasmódicos, explosiones de sentimientos que no encuentran canales para darles argumentos y continuidad, y frenar tanto despropósito.

Con Raúl Alfonsín se instauró el Estado de Derecho que los militares habían arrasado, pero se frustró la promesa de una vida mejor para todos. Con Saúl Menem se logró la estabilidad de la economía al precio del crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Tras el breve interregno de la Alianza, en medio del desbarajuste heredado por el endeudamiento irresponsable de la fiesta menemista y sin brújula, Néstor Kirchner trajo el asistencialismo generalizado en un contexto de bonanza que no previó que iba a llegar a su fin antes de que la economía diera el salto que se esperaba para no quedar expuesta, una vez más, a los azares de la fluctuación de los precios de las commodities. Los indicadores sociales mejoraron y recuperaron los niveles de antes de la recesión de fines de los 90, pero la riqueza sigue altamente concentrada.

Cristina Kirchner agrandó la fiesta del consumo, ufanándose de sacar a la gente de los partidos para llevarla a los supermercados, pero sigue sin tener respuestas para quien se pregunta cómo será el futuro de sus hijos. Quien la suceda enfrentará el desafío de encontrar una trayectoria hacia el futuro para dar las respuestas que este gobierno no tiene.

(Publicado originalmente en Clarín el 6 de agosto de 2015 y reproducido con permiso de la autora).

Simposio Internacional: «DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA y Beneficencia.»

La Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y el Grupo de Filosofía Política invitan al seminario internacional “Derechos Humanos y Justicia”.

(Las presentaciones serán en inglés).

Programa:

Jueves 13 de agosto

14.00 – 15.15h: Alejandro Chehtman (UTDT)
“The ad bellum Challenge of Drones: Recalibrating the Permissible Use of Force”

15.15 – 16.30h: Francisco Garcia Gibson (CONICET, Grupo de Filosofía Política)
“Lexical priority, global poverty and domestic inequality”

16.30 – 17.00h: Café

17.00 – 18.30h: Chiara Cordelli (University of Chicago)
“Preventative Duties and Demands of Beneficence”
Discutidor: Ezequiel Spector (UTDT)

18.30 – 20.00h: Pablo Gilabert (Concordia University, Grupo de Filosofía Política)
“Why Dignity Matters for the Theory and Practice of Human Rights “
Discutidor: Marcelo Alegre (UBA)

Viernes 14 de agosto

14.00 – 15.15h: Julio Montero (CONICET, Grupo de Filosofía Política)
“Human rights and personal responsibility: what general duties do we have to promote the universal realization of human rights?”

15.15 – 16.30h: Miguel Duranti (UBA, Grupo de Filosofía Política)
“The fruits of global credit interventionism”

16.30 – 17.00h: Café

17.00 – 18.30h: Horacio Spector (UTDT)
“Two Conceptions of Justice and The Dystopia of Global Justice”
Discutidor: Diego Ríos

18.30 – 20.00h: Saladin Meckled-Garcia (University College London, Grupo de Filosofía Política)
“Two concepts of justice”
Discutidor: Eduardo Rivera López (UTDT)

Actividad gratuita
Requiere inscripción previa
Lugar: Campus Alcorta | Av. Figueroa Alcorta 7350.