Aborto: la propuesta de un referéndum, por S. Linares y J.L Martí

Por 38 votos a 31, y 2 abstenciones, el Senado ha rechazado el proyecto de ley del aborto legal que había sido aprobado en junio por la Cámara de Diputados con 129 votos a favor y 125 en contra. Las dos cámaras han hablado, y en ambas la opinión está muy polarizada. Y uno se pregunta: ¿qué piensan los argentinos de todo esto? ¿Están a favor o en contra?

Hemos visto impresionantes movilizaciones de ambos bandos y hemos podido leer encuestas con resultados muy diversos. Pero las movilizaciones no arrojan una cifra clara de apoyo mayoritario, y las encuestas políticas, como sabemos, no son demasiado fiables. Lo cierto es que la ciudadanía tiene todo el derecho democrático a decidir directamente esta cuestión por medio de un referéndum, y no quedar así a expensas de los azares de la distribución de votos entre sus representantes. Argentina merece con urgencia un referéndum sobre la despenalización del aborto.

En primer lugar, estamos ante una cuestión que, en su núcleo, carece de complejidad técnica. Muy pocas consideraciones empíricas de naturaleza científica resultan relevantes para fundamentar un juicio sólido -por ejemplo, el dato objetivo del número de mujeres que fallecen o padecen lesiones terribles a consecuencia de que se les practican abortos ilegales, o el costo de una cobertura pública universal de la práctica abortiva. Y las pocas que existen son en realidad muy básicas y pueden ser explicadas fácilmente a cualquier ciudadano.

Las cuestiones centrales, en realidad, no son empíricas: ¿Cuándo un feto comienza a ser una vida humana que merezca plena protección de derechos? ¿Cómo resolvemos el conflicto de derechos entre el feto y la madre? La primera es una cuestión metafísica, y la segunda es ética. Son temas complejos, sin duda, pero no por razones técnicas o de conocimiento experto.

Debemos afirmarlo con total claridad: los legisladores no se hallan en mejor situación que la ciudadanía para conocer la respuesta a estas preguntas. Nosotros estamos convencidos de la necesidad democrática de convocar referéndums para las cuestiones de mayor importancia política, incluso cuando sean muy complejas. Pero si hay un caso paradigmático en el que los conocimientos técnicos no son nunca una barrera para un ciudadano cualquiera ese es el del aborto.

Los ejemplos de Suiza (que despenalizó el aborto a nivel nacional mediante referéndum en 2002), Portugal (que lo hizo en 2007), Uruguay (en 2013), y el más reciente de Irlanda (en donde una asamblea de ciudadanos elegidos por sorteo recomendó la despenalización que sería finalmente aprobada por referéndum el pasado mes de mayo), muestran que lo que planteamos no es ninguna quimera.

En segundo lugar, la cuestión del aborto es muy divisiva, acá tanto como en cualquier otra democracia. Cabe presumir, aún con datos poco confiables, que la opción preferida por los ciudadanos no obtendrá mucho más de un 60% de apoyo. No existe por tanto ninguna clase de consenso constitucional que legitime retirar dicha cuestión de la agenda pública. Más bien al contrario, el consenso está por construirse. Y la única forma legítima de hacerlo es por medio de un debate público duradero y de calidad.

Es cierto que en estos meses hemos podido escuchar argumentos de uno y otro lado. Pero también es verdad que los mismos no han llegado por igual a todos los ciudadanos, y que muchos de ellos no han hecho más que asistir a todo este proceso como observadores pasivos. ¿Y por qué iban a hacer otra cosa, si la decisión la iba a tomar el congreso de todos modos?

No es lo mismo observar un debate desde la distancia, que participar en una deliberación pública con el ánimo de tomar una decisión sobre el sentido del voto que uno va a emitir en un referéndum. Este segundo tipo de debate está todavía por producirse en la Argentina, y el momento más adecuado para llevarlo a cabo es ahora, cuando los argumentos esgrimidos por los representantes e intelectuales están todavía frescos. Una última consideración sobre el veto del Senado. El rechazo al proyecto de ley se ha producido con apoyo casi unánime de los senadores de las provincias del norte. Pero ¿qué interés estaban representando?

Es indudable que los senadores del norte que votaron contra el proyecto son más conservadores, pero el aborto no es una cuestión que involucre distintivamente intereses regionales, sino que afecta a las personas en general, con independencia de dónde residan. Que el Senado, que es una cámara que representa intereses territoriales, prevalezca frente a la cámara más representativa de las personas, no parece tener una justificación razonable para decidir un asunto en torno al cual los intereses territoriales, si existen, son moralmente irrelevantes.

A falta de una reforma constitucional, esta anomalía o incomodidad democrática sólo podría resolverse a través de un referéndum. No sabemos qué piensa realmente la ciudadanía. Y no lo podremos saber realmente hasta que todos puedan pronunciarse con claridad en un referéndum. La razón por la que dicho referéndum es necesario es democrática: permitir el gobierno del pueblo y por el pueblo. Uno debería estar a favor de ello con independencia de cuál sea la previsión de voto en dicho referéndum. Los que estamos a favor de la despenalización tenemos la responsabilidad de convencer a quienes no lo están en un debate público abierto y razonado. Y si no lo logramos, tendremos el deber de aceptar el resultado, porque esas son las reglas del juego de la democracia. Aceptaremos la decisión tomada por una mayoría clara (de ciudadanos).

(Publicada originalmente en Clarín el 11/08/2018 y reproducida con permiso de los autores).