Venezuela: el camino hacia la dictadura, por Julio Montero

Todos los días la opinión internacional se sacude con las noticias que llegan desde Venezuela. El país se encuentra ante una crisis terminal, tanto económica como política: la economía socialista se ha convertido en una economía de guerra, signada por el racionamiento; las tasas de criminalidad son las más elevadas del mundo; la gente se manifiesta en las calles exigiendo una apertura del régimen; y varios dirigentes opositores soportan penas de cárcel sin el beneficio del debido proceso. Venezuela se ha convertido en una dictadura.

Cuando Hugo Chávez irrumpió en la política venezolana, encarnaba una promesa: la promesa de ofrecer una variante aggiornada de socialismo que resolviera los problemas de la democracia capitalista liberal. Exactamente la misma promesa que los líderes fascistas hicieron en Europa a partir de la década de 1930. Como era previsible, ambas experiencias terminaron en la opresión.

Este desenlace no es accidental. Es el resultado inevitable de un modo de comprender la política. Y, por desgracia, ese modo de comprender la política está muy afincado en el progresismo latinoamericano. El progresismo al que me refiero se sostiene sobre dos tesis. La primera es el desprecio por las instituciones. El estado de derecho, la separación de poderes y el apego a la constitución son vistos como dispositivos conservadores que perpetúan el estatus quo. Un gobierno popular debe desembarazarse de estos fetiches y dar todo el poder a un líder ungido por el pueblo para transformar la realidad.

La segunda tesis es el rechazo del capitalismo y la economía de mercado. En contra de la escuela económica clásica, el populismo denuncia el carácter ficcional o ideológico de las leyes de mercado y propone reemplazarlas por una organización en mayor o menor medida centralizada que promueva una mejor distribución de la riqueza.

Estos postulados pueden ser atractivos en la teoría. Pero contienen el germen del autoritarismo. Los controles de precios, los impuestos elevados y la falta de seguridad jurídica desincentivan la inversión; la falta de inversión produce una merma en la productividad y el empleo y una escalada de los precios; la caída del poder adquisitivo se compensa con emisión monetaria que genera inflación; la inflación produce pobreza. Y tarde o temprano este cuadro se auto suprime o desemboca en nacionalizaciones y expropiaciones, que no hacen más que reforzar el éxodo de la inversión. Cuando los medios de comunicación denuncian el círculo vicioso, se restringe la libertad de prensa; cuando los dirigentes de la oposición atraen al electorado, se los persigue; y cuando el pueblo se manifiesta en las calles, se lo reprime. Si el sistema internacional de derechos humanos amonesta estas conductas, se lo tilda de imperialista recurriendo a un discurso soberanista primitivo y finalmente se apuesta por su disolución. Una vez expuesto el circuito, la dictadura se presenta como el desenlace ineludible de esta doctrina. Una desenlace evidente para todos, excepto para sus apologetas.

Hay, por supuesto, muchos progresistas que sueñan con la dictadura. Son carcamanes setentistas que miran con nostalgia un pasado de violencia y crímenes que confunden con una manifestación de idealismo. En su vision pre-freudeana del mundo, tener ideales es estar dispuesto a matar. Aquellos que no albergan esta nostalgia homicida, están a tiempo de revisar sus creencias así como sus intervenciones en la vida pública. El rechazo de toda medida de austeridad como un acto de abandono del pueblo; la defensa de fuerzas que han promovido la corrupción estructural; la demanda insensata de aumento del presupuesto en todos los rubros a la vez, a financiarse con mayores impuestos a los ricos –y nótese, los ricos son siempre un otro, no ellos– constituyen la chispa que, ante circunstancias favorables, ponen el marcha el camino hacia la dictadura.

La primera responsabilidad de un intelectual es soñar utopias. Pero las utopias a soñar deben ser utopias responsables. Es hora de aceptarlo: la democracia liberal, el libre mercado y la distribución del ingreso a través de un estado de bienestar racional que establezca prioridades es el sueño más noble que la humanidad ha soñado. Al igual que en los tiempos oscuros de Mussolini, se abren ante nosotros dos caminos: o hacemos realidad este sueño o soñamos el sueño de la dictadura.

Justo antes del final: el adiós a Osvaldo Guariglia, por Manuel Reyes Mate

El pasado día dos de mayo fallecía en Buenos Aires Osvaldo Guariglia a consecuencia de un cáncer apenas detectado dos meses antes. La noticia por inesperada resultó doblemente dolorosa. Los comentarios venidos de Argentina reconocen en él a “una de las personalidades más destacadas de la losofía argentina e iberoamericana”. Y así es a poco que se repase su historial académico: doctorado en losofía por la Universidad de Tübin- gen, becado por la Fundación Humboldt, investigador del Conicet, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la de Buenos Aires y, sobre todo, presidente del Centro de Investigaciones Filosócas, institución a la que se sentía particularmente ligado, y que él contribuyó como nadie a desarrollar.

Especialista en filosofía antigua, fueron, sin embargo, los campos de la filosofía moral y política donde acamparon sus intereses. Inspirándose en Aristóteles y Kant volcó su reflexión en la búsqueda de normas morales universales que inspiraran la vida política real. En los últimos años situó su centro de interés en el estudio de la justicia, sobre todo en su dimensión internacional, abogando por reglas de comercio justas. En su mente estaba tanto la promoción de la democracia a escala planetaria como la defensa del tercer mundo, consciente de que la defensa de grandes principios no podía hacerse al precio de sacri car una parte real de la humanidad.

De entre sus numerosas publicaciones cabe destacar libros como Ideología verdad y legitimación (1986), Moralidad: ética universalista y sujeto moral (1996), La ética en Aristóteles o la moral de la virtud (1997), Una ética para el siglo XXI (2002) y En camino de una justicia global (2010). La muerte le sorprendió trabajando sobre la tradición de la democracia republicana, un texto que será editado póstumamente en la editorial Siglo XXI.

Con ser sólida su producción científica y brillante su vida académica, Osvaldo Guariglia era más que su obra como bien atestiguan sus muchos alumnos así como los amigos y colegas que le trataron. Hay que entender su bibliografía desde su biografía porque Guariglia tenía una personalidad que no dejaba a nadie indiferente. Siempre dispuesto a aventuras ambiciosas, se podía contar con su generosa contribución cuando rmaba el compromiso. El Instituto de Filosofía pueda dar fe de ello. Estuvo de su lado desde el principio y se movilizó en su defensa cuando a mediados de los noventa les dio la ven- tolera a los políticos del momento de poner en duda su existencia.

La Enciclopedia Iberoamericana es uno de esos ambiciosos proyectos en los que dejó huella su personalidad humana y académica. Osvaldo era uno de los participantes de aquel Congreso de Filosofía de México, presidido por Juliana González, que tuvo lugar en Toluca en el año 1987. Allí cuajo la idea de que había llegado el momento de emprender algo juntos. Otros, nuestros maestros, habían hecho ya un largo camino y los allí presentes entendimos que había llegado la hora de dar forma a la creación de una comunidad iberoamericana de filosofía. Había que crear un proyecto que nos convocara y ese fue el origen de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. No resultó difícil ponerse de acuerdo en el hecho de que el proyecto debería sustentarse en tres institutos de filosofía hermanados avant la lettre por preocupaciones compartidas. Eran estos el Instituto de Investigaciones Filosóficas de México, el Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires y el Instituto de Filosofía del CSIC de Madrid, dirigidos a la sazón por León Olivé, Osvaldo Guariglia y Javier Muguerza, respectivamente. Un año después León Olivé y Osvaldo Guariglia fueron invitados por el Instituto de Filosofía para una sesión de trabajo en Madrid y allí quedaron jadas las líneas maestras del nuevo proyecto.

La Enciclopedia ha tenido la suerte de contar con el trabajo entusiasta de lo mejor del mundo losó co hispano y lusoparlante. Pero obligado es reconocer que el de Osvaldo Guariglia ha sido excepcional. En las largas sesiones de trabajo del Comité Cientí co Guariglia hacía valer sus conocimientos a la hora de fijar temas y designar coordinadores. Notable era su tenacidad a la hora de proponer y defender candidaturas de nombres argentinos, una actitud que sin duda ha enriquecido a la Enciclopedia.

Siendo alguien situado en el ala más universalista de la losofía hispanohablante -y, por tanto, prevenido respecto a todo planteamiento latinoamericanista de la misma- entendió la necesidad y la importancia de promover la comunidad iberoamericana de filosofía, así como de un pensar en español. Porque tan cierto como que la razón no tiene patria es el hecho de que hoy la industria cultural, nos presenta, como trascendiendo el tiempo y el espacio, un tipo de racionalidad muy particular que habla inglés. Había que armarse, aunando fuerzas, y esa idea impulsó la organización de los grandes Congresos Iberoamericanos de Filosofía. Prueba de la importancia que Osvaldo los atribuía fue su constante y activa presencia en todos ellos: en Cáceres-Madrid, en Lima, en Medellín, en Santiago de Chile, por no hablar de aquellos otros, llamados sectoriales, que tuvieron lugar en Alcalá de Henares, Puebla o Morelia. Con su presencia quería expresar el carácter ibero-americano del encuentro y también su vocación intergeneracional. Quería dar la mano a los que venían detrás para conformar el patrimonio común del que nutrirse en el día a día. Del paisaje de aquellos encuentros formaba parte su presencia afable, sus sonoras carcajadas y su disponibilidad para tomar decisiones cuando las cosas se atascaban.

Lo que nadie preveía es que todo ese ejercicio de solidaridad intergeneracional fuera el anuncio de un relevo generacional. Porque con su inesperado fallecimiento se produce un cambio de testigo. Quienes se formaron en sus seminarios, quienes compartieron sus investigaciones, quienes admiraron su escritura, tienen ahora la tarea de continuar su obra, enriquecerla con su propio trabajo y transmitirlo a quienes vengan después. Alguien ha dicho que la cultura es una carta escrita a los descendientes. Cada uno de nosotros recibe una, que es como la tarjeta de visita, y se pasa la vida escribiendo otra para abrir el tesoro al que la lea. En esa cadena de escrituras, la letra de Osvaldo Guariglia ocupa un lugar de honor.

Aunque toda muerte es inoportuna, la de Osvaldo lo es en un sentido nada tópico. En la primavera del 2015 dibujamos, mientras almorzábamos en Buenos Aires con Maricarmen y Tere, un escenario para próximas actuaciones. Estaba a punto de aparecer el penúltimo volumen de la Enciclopedia, La Filosofía iberoamericana del siglo XX. Filosofía teórica e historia de la losofía. Y estaba listo para la imprenta el último, dedicado a los temas prácticos de la filosofía del siglo veinte. Pensábamos que procedía una presentación en Madrid, Buenos Aires y México de esta obra monumental, iniciada hace treinta años. Repasamos la lista de los miembros del Comité Académico original que habían fallecido. Eran muchos, entre ellos los argentinos Carlos Alchourrón y Ezequiel de Olaso que con él y Ernesto Garzón habían representado a la filosofía argentina. No podíamos presentar la obra sin tener en cuenta a los que ya no estaban porque si para los antiguos la patria de uno es el lugar en el que están enterrados los antepasados, para nosotros la presencia de sus nombres en las páginas de la Enciclopedia nos obligaba a tenerles doblemente presentes: como autores que fueron y por el vacío que dejaron. Lo que nadie podía imaginar es que Osvaldo se fuera sin llevarse bajo el brazo un ejemplar del último volumen, el que está a punto de salir. Tenía que haber esperado. No se levanta uno de la mesa antes de que acabe la partida.

(Publicado originalmente en Isegoría 54 (2016): 363-372)

Termina hoy el caso Ayotzinapa, por Vladimir Chorny

La Comisión de Investigación y Justicia para la Reconstrucción del Estado Mexicano (CIJREM) dio por terminado el día de hoy el proceso judicial del caso Ayotzinapa al resolver de manera definitiva los últimos dos juicios de responsabilidad penal por los hechos sucedidos el 26 de septiembre de 2016 en Iguala, Guerrero. Las representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presidenta de México, Donna de la Paz, dieron por concluidos los trabajos de la comisión especial en este caso y delegaron –previo acuerdo del Congreso mexicano– la continuación de la investigación y enjuiciamiento de otros posibles responsables por corrupción e impunidad a las autoridades administrativas y judiciales correspondientes.

El anuncio se dio en el palacio de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en presencia de la presidenta de este órgano, de un nutrido grupo de representantes de las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron de cerca el trabajo de más de cinco años de la comisión y de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre hace casi diez años. A las afueras del lugar decenas de miles de personas se reunieron para celebrar el pronunciamiento conjunto en un evento que llenó casi por completo el Zócalo de la Ciudad de México y donde la música y los abrazos estuvieron presentes durante las casi cuatro horas que duró la concentración.

El pronunciamiento de la CIJREM concluye el primero de cuatro casos generales para los que fue creada el 11 de mayo de 2019 y concreta un punto central del llamado “Proceso de Reconstrucción” impulsado desde la sociedad civil y retomado como prioridad de gobierno por la presidenta de la Paz (quien llegara al poder por la vía independiente en las elecciones de 2018) como objetivo principal de su plataforma de gobierno en materia de derechos humanos y justicia. Aunque ella misma ha reconocido abiertamente que la conclusión del caso judicial y de la investigación de la CIJREM no termina el proceso más amplio de memoria y de cambio que representa para muchas personas Ayotzinapa, sino que es solo un logro importante parte del mismo.

Con el apoyo de la CIDH y de un grupo interdisciplinario de expertas internacionales, el trabajo de la CIJREM es parte de una serie de acciones propuestas por la sociedad civil que resultaron en la creación y modificación de distintas instituciones en materia de combate contra la corrupción, de persecución de los principales responsables (privados y estatales) de casos de violaciones a derechos humanos sucedidos en las últimas décadas y también de un arduo trabajo de depuración dentro de las instituciones estatales administrativas, judiciales y de seguridad pública, así como de numerosos mandos altos y medios del ejército mexicano.

Las condenas del caso Ayotzinapa son un claro mensaje para los grupos políticos que desde un inicio se opusieron a la exigencia de justicia y de fin de la impunidad que predominaba a mediados de la década pasada, pero es también un mensaje de esperanza para los grupos de víctimas y personas que han sido afectadas en las últimas décadas por la complicidad o participación directa de las autoridades estatales en hechos terribles como los de Tanhuato, Apatzingán o Tlatlaya.

Al mismo tiempo, la condena de Enrique Peña Nieto responde una vieja demanda de justicia y completa el círculo de responsabilidad que ya había sido delineado por la sentencia internacional de la Corte Interamericana en el caso Atenco, emitida el 01 de enero de 2018, en que se condenó al Estado mexicano por la responsabilidad en crímenes de violencia sexual contra 11 mujeres, sucedidos en la represión de una manifestación, ordenada por el entonces gobernador del Estado de México en el poblado de San Salvador Atenco.

Por otro lado, la condena de Tomás Zerón de Lucio ha sido considerada por los normalistas de Ayotzinapa como la prueba irrefutable de que las intenciones del gobierno mexicano fueron, desde un inicio, las de encubrir una serie de actos ilegales que involucraban a parte importante de la clase política que gobernaba el país, a distintos mandos de agencias de seguridad e investigación y a un número importante de miembros del ejército que tuvieron conocimiento o participaron en la comisión de los hechos o su posterior encubrimiento. Al respecto, distintos comunicados de organizaciones de la sociedad civil reconocen en estos resultados la posibilidad real de construir un futuro verdaderamente democrático cimentado en las bases de la verdad y la justicia.

En entrevista para este medio, la presidenta de la CIDH consideró que: “Lo sucedido hoy en México es muestra de que las sociedades que apuestan por la verdad y se enfrentan a la corrupción y al abuso de gobiernos que tuvieron conductas autoritarias pueden tomar rumbos democráticos y hacer justicia. Esta victoria es resultado de las décadas de trabajo de personas defensoras de derechos humanos y de un país que no se contentó con seguir un aparente destino impuesto desde el poder que les obligaba a vivir bajo un relato donde la impunidad y el conformismo eran la regla. América Latina y el mundo deben voltear sus caras a este proceso para aprender de él.”

En un tono similar, aunque sin poder esconder la emoción en sus palabras, la presidenta de México dijo que: “Las mexicanas y los mexicanos debemos estar orgullosas del camino que decidimos recorrer en los últimos años. Esto no es una victoria definitiva y sabemos que la principal batalla para exorcizar los fantasmas de la corrupción y la injusticia que definieron al México institucional del pasado está en el campo cultural y que hay todavía muchos grupos de poder que se oponen a la transformación del país por la vía del respeto de los derechos humanos y del rechazo al autoritarismo y la complicidad típicos de la mayoría de la clase política. El México más justo, igualitario y con la posibilidad de que todas las personas tengan una vida digna está todavía lejos, pero estamos convencidas de que la única vía para llegar a ella es la de la verdad y la justicia. Ayotzinapa es un proceso social e histórico más amplio que rebasa el alcance de estos fallos para recordarnos siempre que es posible renacer de la opresión y el dolor para construir un mundo distinto.”

Es importante recordar que hace apenas unos años este escenario era difícil de imaginar y que ambos responsables se encontraban en posiciones de poder que hacían difícil que las demandas en su contra se consideraran posibles. Apenas a finales del año 2016 Tomás Zerón había sido protegido por el gobierno mexicano a cargo del expresidente Enrique Peña Nieto al ser nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Ya en ese momento la información en torno al caso Ayotzinapa señalaba la posible responsabilidad en la comisión de delitos por parte de Zerón debido a sus actuaciones y al posible encubrimiento en ellas de hechos relevantes sobre los acontecimientos sucedidos la noche del 26 de septiembre en Iguala. Fue probablemente a partir de esos años cuando la “verdad histórica” construida por el gobierno mexicano terminó de colapsarse, y cuando un mayor número de personas participaron activamente en las manifestaciones y exigencias concretas de responsabilidad y de cambios reales en el sistema político del país.

Finalmente, las madres de los normalistas anunciaron que el día 26 de septiembre se realizaría una “fiesta por la democracia” en Iguala, donde se presentarían documentales, testimonios directos de varios de los normalistas desaparecidos donde contarán su experiencia de reintegrarse al trabajo de la normal Isidro Burgos después de pasar años desaparecidos, y otras manifestaciones artísticas relacionadas con los 10 años de lucha del movimiento de Ayotzinapa. Con buen ánimo, revelaron para este medio que en la celebración se espera la participación de otros movimientos sociales como el de Atenco, “para celebrar que la resistencia y la lucha, aunque tarden, son puentes para encontrarse verdaderamente libres, y bailar”.

Ayotzinapa es un punto de quiebre en la historia del país. Es a la vez la pérdida de control de un sistema autoritario y la ruptura de su máscara democrática, pero, sobre todo, es también una oportunidad de cambiarlo todo. De pensar en las cosas que tenemos que hacer como sociedad y de ver todo lo que necesitamos cambiar para que un futuro distinto sea posible.

Debemos exigir justicia, en todas sus formas y frente a todas las instituciones y personas involucradas, por medio de recursos legales, de posicionamientos políticos, de presión social (marchas, performances, acciones directas, etc.). Tenemos que difundir la información que muestra que el gobierno ha intentado mentirle a todo un país y ha defendido a quienes intentaron encubrir su mentira; las personas que mantienen el país como está deben ser castigadas para que podamos abandonar de una vez y por todas el camino de la corrupción y la impunidad. Hoy en día, la información es poder y la necesitamos para hacer frente a la fuerza desmedida con la que el gobierno busca imponer su relato histórico.

Y tenemos que hacer todo esto porque si no lo más probable es que nada vaya a cambiar. Quedarnos calladas es aceptar que podemos soportar todo, incluso la idea de que solo queda esperar que “no nos toque a nosotros”. Existen muchos casos en el mundo donde la dignidad de una sociedad harta del abuso de sus gobernantes fue la base para que transformaran su país y cambiaran una historia que parecía destinada a repetirse por siempre (países como Argentina o Brasil frente a las dictaduras militares, o Guatemala en el caso de la CICIG). No estamos obligadas a seguir el relato impuesto por y desde el poder, pero para cambiarlo debemos organizarnos y actuar.

El caso Ayotzinapa no se cerrará nunca porque significa una posibilidad sin fin de transformarnos y repensarnos como sociedad y como personas. Lograr lo aquí propuesto hacia el futuro como sociedad es parte de un camino más amplio y lejano, de un proceso que traspasa lo institucional e impacta en lo social y lo más profundo de la identidad cultural mexicana en torno a la justicia y el poder. Ayotzinapa, en el dolor, la dignidad y la rabia, nos ha hecho más fuertes y unidas, y así, otro futuro es todavía posible.

¿Quién podría desear una guerra civil?, por Alejandro Cassini

El 18 de julio de 2016 se cumplieron 80 años del alzamiento militar de 1936 que desencadenó la guerra civil española. El aniversario tuvo escaso eco en los medios de comunicación de nuestro país, siempre preocupados por la inmediatez y el corto plazo. Sin embargo, merece una reflexión atenta por varias razones diferentes. Ante todo, dado el tiempo transcurrido, ya prácticamente no quedan con vida protagonistas de esta guerra, al menos los que fueron combatientes. Por otra parte, pese a ese tiempo, las secuelas de esa guerra todavía se sienten con fuerza en España, incluso entre las generaciones más jóvenes, la de aquellos no vivieron la dictadura de Franco. Para comprobarlo, basta con recorrer las librerías y dar una mirada a la amplia bibliografía que se publica sobre el tema. A veces una lectura del prólogo resulta suficiente para determinar en qué bando se ubica el autor. Se tiene por momentos la sensación de que la historia es todavía un campo de batalla donde se sigue librando esa guerra, traspuesta ahora al campo de las ideas. Aunque el tiempo de la historiografía militante va quedando en el pasado, todavía no ha sido superado cuando se trata de acontecimientos tan traumáticos como una guerra civil. No resulta sorprendente, entonces, que todavía, luego de ocho décadas, no se haya alcanzado consenso acerca de cuestiones fundamentales, entre las cuales el número de víctimas producido por cada bando es una de las más disputadas.

La guerra civil española fue un acontecimiento extraordinariamente complejo, un proceso con múltiples protagonistas, cuyos detalles son muy difíciles de conocer en su totalidad. Además, es todavía un asunto que enciende pasiones y reaviva ideologías pasadas, por lo que no resulta nada fácil presentarlo de una manera objetiva, fundando cada afirmación en fuentes documentales, en análisis desapasionados y en reflexiones mesuradas. Aquí no es posible reseñar, ni siquiera de manera muy somera, los hechos principales. Solamente quiero llamar la atención sobre un punto que, hasta donde llega mi conocimiento, ha pasado inadvertido, o se le ha dado poca relevancia. Me refiero a la valoración positiva de la guerra civil por razones ideológicas, que, como trataré de mostrar, las tendencias de extrema derecha y de extrema izquierda del arco político, no solo español, por cierto, coincidían en reivindicar. La raíz de esa idea estaba en la concepción, ampliamente extendida en esa época, de que la violencia es un medio legítimo para la acción política, incluso en tiempos de paz externa. La creencia de que es lícito imponer por la fuerza las ideas políticas de un grupo o sector a toda la sociedad, y de manera permanente, se basa a su vez en el supuesto de la posesión de una verdad absoluta y definitiva, en suma, en un dogma. Sobre este punto, fascismo y comunismo tienen, como se verá, más semejanzas que diferencias. La difusión de estas ideologías autoritarias explica, en buena medida, el ambiente de intolerancia que hizo posible la guerra civil.

La sublevación de los militares españoles se planeó por varios meses durante la primera mitad de 1936. Franco no estuvo entre los principales promotores del alzamiento y al comienzo se mostró vacilante en su adhesión al golpe que se preparaba. Finalmente, el golpe se produjo durante tres días de julio, el 17, 18 y 19. Los sucesos de esos días fueron notablemente complicados y han sido relatados con todo detalle por Luis Romero en su libro de 1967, titulado, precisamente, Tres días de julio. La intención originaria de los militares sublevados no era provocar una guerra civil ni establecer una dictadura de tipo fascista, ni mucho menos, de carácter nazi. Más bien, se trataba de implantar una dictadura militar más o menos tradicional y semejante a otras de su tiempo; un dictadura derechista, clerical, autoritaria y conservadora, que, según la visión de los militares, pusiera freno a las tendencias anárquicas y revolucionarias que consideraban propias del gobierno republicano. El anticomunismo era, sin duda, uno de los elementos comunes a toda la coalición de los nacionales, pero ese eje ideológico no era suficiente para producir una propuesta positiva de gobierno una vez derrocado el gobierno constitucional. Entre los nacionales había tendencias heterogéneas, que incluían entre otras, el militarismo, el tradicionalismo, el catolicismo integrista, el monarquismo (tanto carlista como alfonsinista), el nacionalismo y, no cabe duda, el fascismo, representado por la Falange y otros partidos menores de reciente fundación. En poco tiempo Franco se mostró lo suficientemente hábil como para, si no unificar, al menos subordinar, a todos estos elementos tan diversos. Retrospectivamente, el antiliberalismo también los unificaba, pero esa ideología no los identificaba, ya que buena parte, si no la mayoría, de los republicanos también abjuraban del liberalismo y de la democracia parlamentaria o burguesa.

El gobierno republicano de 1936 fue uno de los pocos productos exitosos de la estrategia de los frentes populares, que también triunfaría en Francia ese mismo año. Los frentes populares habían sido promovidos por la Unión Soviética, la Internacional Comunista y los partidos comunistas de occidente como una manera de detener el avance del fascismo en Europa. La estrategia consistía en posponer momentáneamente la búsqueda de una revolución violenta y adoptar la vía democrática. Como los partidos comunistas no contaban con suficientes votantes como para acceder al poder por medios electorales, buscaron alianzas con los partidos socialistas democráticos y con otros partidos de tendencias centristas o, más en general, no fascistas. Las elecciones españolas de febrero de 1936 enfrentaron a dos coaliciones, ambas heterogéneas, de partidos de derecha y de izquierda. Fueron elecciones muy reñidas, enturbiadas por hechos de violencia y por acusaciones mutuas de fraude. Finalmente, se impuso el Frente Popular después de complicadas negociaciones parlamentarias. España había quedado fracturada en dos bandos antagónicos y ya en ese momento comenzaron a escucharse voces que anunciaban una guerra civil en uno y otro campo ideológico.

Los militares que se sublevaron el 17 de julio no habían pensado en desencadenar una guerra civil. Al contrario, pensaban que el golpe triunfaría en toda España de manera más o menos rápida, es decir en cuestión de días. La realidad fue muy diferente. Cuando todo el ejército de un país se subleva, la población civil desarmada tiene pocas posibilidades de ofrecer resistencia. El estallido de una guerra civil requiere que las fuerzas armadas se dividan. Eso fue precisamente lo que ocurrió desde el 19 de julio. El golpe fracasó en Barcelona, donde la Guardia Civil permaneció leal al gobierno republicano, y luego en Madrid, donde también hubo resistencia de los sindicatos y la clase obrera. El fracaso en las dos principales ciudades del país arrastró a muchas otras en sus respectivas áreas de influencia y España quedó dividida en dos zonas, cuyas fronteras irían cambiando a la luz de los acontecimientos bélicos. En ese momento, la guerra civil se tornó inevitable. Los generales rebeldes eligieron a Franco como comandante supremo de las tropas nacionales ya en el mes de setiembre, mientras que el gobierno republicano tenía serias dificultades para formar un ejército unificado y disciplinado bajo un mando único.

España no era un país industrializado ni poseía una producción significativa de armas. No habría sido posible sostener tres años de guerra generalizada sin el abastecimiento exterior. De hecho, la guerra se internacionalizó rápidamente y, según la expresión acertada del historiador español Julián Casanova, en su reciente libro España partida en dos, publicado 2013, se convirtió en una guerra internacional en suelo español. Los nacionales contaron con el ejército africanista, tropas de moros de Marruecos y con la ayuda militar, tanto de tropas como de armas, de la Italia fascista y la Alemania nazi. Los republicanos fueron abastecidos principalmente por la Unión Soviética (que, además de armas, también envió espías y agentes del NKVD) y recibieron la ayuda de las Brigadas Internacionales, reclutadas por los partidos comunistas de occidente, pero no compuestas necesariamente por comunistas. Todo ello explica, en buena medida, la duración y la envergadura de la guerra civil.

Las pérdidas humanas de la guerra todavía hoy no han podido establecerse con certeza. En verdad, los números exactos de víctimas no se conocen casi nunca en ninguna guerra. Alrededor de las estadísticas de muertos y fusilados hubo una incesante batalla ideológica, que todavía no ha terminado, donde cada bando exageró el número de sus bajas para desacreditar a su enemigo. Llegó a hablarse de un millón de muertos, cifra que nunca pudo ser comprobada ni cuenta con apoyo documental. En 1980 el historiador militar Ramón Salas Larrazábal, que combatió en el bando nacional, hizo la primera investigación a fondo de la cuestión y redujo el número a poco más de 300 000 en su libro Los datos exactos de la guerra civil. Esta cifra se ha mantenido como total aproximado, pero la distribución de las víctimas por bando ha sido muy cuestionada. Una característica inédita de la guerra civil española, unánimemente reconocida, es que el número de fusilados en retaguardia supera al número de muertos en combate. Se estima que los muertos en el campo de batalla fueron alrededor de 100 000 en total, a los que deben sumarse los muertos por los bombardeos aéreos, posiblemente 20 000. Sobre este punto hay bases firmes de consenso entre los historiadores. En cambio, el número de las víctimas de la represión todavía no ha podido establecerse con precisión. Se sabe, fuera de toda duda, que tanto republicanos como nacionales fusilaron prisioneros de guerra y civiles desarmados. En qué proporción lo hizo cada bando es todavía objeto de debate y los diferentes estudios de esta cuestión, sobre todo los realizados por historiadores españoles, presentan cifras discordantes.

Dos ejemplos bastan para mostrar la situación. Cuando en agosto de 1936 el teniente coronel franquista Juan Yagüe entró en la ciudad de Badajoz realizó un fusilamiento masivo de milicianos republicanos. Todos reconocen este hecho, pero los historiadores pro republicanos afirman que hubo al menos 4000 víctimas, mientras que los historiadores pro nacionales solo admiten 500 o 600, y a veces menos. Meses después, en noviembre y diciembre del mismo año, se produjeron las célebres matanzas de Paracuellos, donde los republicanos fusilaron clandestinamente a numerosos presos, la mayoría de ellos militares, sacados de las cárceles de Madrid. El hecho ya no se discute, pero los historiadores pro nacionales afirman que los muertos fueron más de 5000, mientras que los pro republicanos reconocen apenas 2000 o, a lo sumo, 2500. La responsabilidad de Santiago Carrillo, entonces, miembro de la Junta de Defensa de Madrid también ha sido objeto de disenso, aunque ya parece bastante bien establecida por las fuentes conservadas en la Unión Soviética. Diversas fuentes también revelan que la matanza fue instigada por agentes del NKVD.

Otra característica atípica de la guerra civil española es que las represalias de posguerra prosiguieron durante muchos años. El régimen de Franco instauró numerosos campos de concentración y de trabajos forzados, así como cárceles especiales para los prisioneros republicanos. El estado de guerra se mantuvo hasta 1948, y la pena de muerte se aplicó de manera continuada y sistemática hasta una fecha tan tardía como 1950. El historiador británico Paul Preston en su obra The Spanish Holocaust, publicada en 2011, llegó a comparar estos hechos con el exterminio de los judíos en la Alemania nazi. La comparación es sin duda exagerada y el término holocausto, tomado en sentido estricto, resulta inapropiado. La represión franquista no tuvo ni remotamente la dimensión de la Shoah (ni siquiera del gran terror estalinista de 1937) y no puede calificarse como un genocidio. No obstante, se trató de una forma de revanchismo inédita en una guerra civil. Nuevamente, hay discrepancias sobre el número de condenados, agravadas por el hecho de que Franco ordenó destruir archivos en la década de 1960. Las estimaciones más bajas por parte de historiadores españoles de tendencias pro nacionales reconocen un mínimo de 28 000 fusilados, lo cual ya da una idea del orden de magnitud de la matanza.

En los últimos años, diversos historiadores españoles de las nuevas generaciones han producido estudios detallados sobre la represión durante y después de la guerra, tanto por parte de los republicanos, como de los nacionales y el régimen de Franco. También se han hecho estudios comparativos, todavía parciales, como los que se presentan en la obra colectiva dirigida por Francisco Espinosa Maestre, Violencia azul, violencia roja, de 2010, que representa un avance considerable en el tema. Estos autores dan como cifras de la representación franquista 130 000 víctimas, y casi 50 000 para la represión republicana. Pese a todo, todavía se está muy lejos de un consenso sobre estos números y el conocimiento de las fuentes, algunas de ellas irrecuperables, dista de ser completo.

Cualesquiera sean las cifras reales, es evidente que la guerra civil española fue una catástrofe, tanto en pérdidas humanas como materiales, y que sus efectos devastadores persistieron durante décadas. Cabe preguntarse, entonces, quién podría haber deseado que ocurriera una guerra como esa. Es una pregunta que no tiene una respuesta simple. La guerra civil de España es un fenómeno complejo que no puede reducirse a la lucha entre fascismo y democracia, fascismo y comunismo, fascismo y antifascismo, revolución y reacción, revolución y contrarrevolución, o entre otras dicotomías maniqueas que encarnan (de manera diferente, según quien juzga) el bien y el mal. Retrospectivamente, nadie parecía querer una guerra civil de esta magnitud. Sin embargo, hay elementos en las ideologías de los dos bandos combatientes que tendían a una valoración positiva de la guerra civil y que, por tanto, no solo la justificaban, sino que incluso la promovían.

En el campo nacional había miembros genuinamente fascistas, como la Falange, Las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista y otros grupos menores. Es bien conocido el hecho de que el fascismo considera a la violencia como un medio legítimo de la acción política y, en algunas ocasiones, como un medio absolutamente necesario. También glorifica a la guerra, pero no primariamente a la guerra civil, sino a la guerra de conquista que extiende el territorio nacional y establece colonias o anexa países vecinos. Mussolini intentó poner esta idea en práctica en sus incursiones africanas, con resultados más bien decepcionantes. En verdad, casi todos los estados europeos en el siglo XIX habían apoyado este tipo de guerra expansionista, que apenas disimulaba sus intereses de explotación económica.

El fascismo, sin embargo, admite la necesidad de la guerra civil en una circunstancia bien determinada: en caso de que el comunismo acceda al poder. Para la ideología fascista, el comunismo solo puede ser derrotado por la violencia. El caso extremo de este punto de vista es el del nazismo, para quien la lucha contra el bolchevismo debía ser, en términos del propio Hitler “una guerra de exterminio”, cualitativamente diferente de las guerras convencionales entre estados. El gobierno que en febrero de 1936 accedió al poder en España por la vía electoral no era, ciertamente, un gobierno comunista. A lo sumo, se trataba de una alianza de partidos de izquierda y de centro-izquierda. Sin embargo, el fascismo rechazaba completamente la estrategia de los frentes populares, a los que consideraba un mero instrumento al servicio del comunismo. La presencia del partido comunista español en la coalición republicana resultaba, entonces, intolerable para todos los grupos del fascismo español, que se vieron rápidamente impulsados a la acción. En el discurso de los líderes intelectuales fascistas, como Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, se empezó a agitar la idea de guerra civil desde el momento mismo en que triunfó el Frente Popular. Simultáneamente, comenzaban las conspiraciones militares, dado que para amplios sectores de las fuerzas armadas (y también de la iglesia) el gobierno republicano implicaba inevitablemente el desorden, la anarquía y la desintegración de España como país.

El comunismo, por su parte, desde los tiempos del Manifiesto Comunista, siempre había reivindicado la violencia como un medio legítimo para la acción política. Marx y Engels fueron categóricamente claros al afirmar que el desplazamiento del capitalismo no podía ser un proceso gradual, sino que solo habría de producirse mediante una revolución violenta. Marx agregó a esta idea, la de dictadura posterior a la toma del poder, que no estaba en el Manifiesto, pero que él concibió tempranamente como resultado de sus reflexiones sobre el fracaso de la revolución de 1848 en Alemania. En sus escritos más tardíos, esta idea devino en la de dictadura del proletariado, sobre la cual ofreció pocos indicios, más allá de su análisis del fracaso de la Comuna de París en 1870.

La funesta idea de una dictadura del proletariado la desarrolló Lenin en toda su crudeza. Es una teoría bien conocida que no necesita volver a exponerse aquí. Quiero llamar la atención, en cambio, sobre el papel que Lenin atribuyó a la guerra civil en el proceso revolucionario. En un escrito publicado el 28 de abril de 1918, titulado “Las tareas inmediatas del poder soviético”, fue completamente explícito al respecto:“[…] en toda transición del capitalismo al socialismo, la dictadura es imprescindible por dos razones esenciales […]. En primer lugar, el capitalismo no puede ser derrotado y desarraigado sin la implacable supresión de la resistencia de los explotadores […]. En segundo lugar, toda gran revolución, y una revolución socialista en particular, es inconcebible sin guerra interior, es decir, sin guerra civil, incluso si no existe una guerra exterior […].”

De acuerdo con Lenin, la guerra entre estados, aunque pueda ser justa (como en el caso de las guerras de liberación colonial) nunca tiene un carácter revolucionario porque preserva la estructura de clases de cada sociedad. La guerra civil, en cambio, adquiere un carácter revolucionario cuando enfrenta al proletariado contra sus enemigos de clase: la burguesía y sus aliados. Así, aunque no toda guerra civil es revolucionaria, la revolución socialista y la instauración del comunismo requieren la existencia de una guerra civil, la cual se vuelve una etapa necesaria del proceso revolucionario. Así ocurrió en Rusia, que al cabo de la más sangrienta guerra civil de la historia, había perdido casi diez millones de habitantes. Toda guerra civil eventualmente finaliza, pero la dictadura que, según Lenin, debe seguirle, como ha mostrado la experiencia soviética, solo puede mantenerse mediante el terror y la represión generalizada.

En la época de los frentes populares, las directivas de Stalin y de la Internacional Comunista a los partidos de izquierda indicaban posponer todo intento de revolución en los países democráticos hasta tanto se contuviera la expansión del fascismo en Europa. Muchos republicanos españoles hicieron caso omiso de estas directivas. Anarquistas, comunistas y socialistas revolucionarios creyeron que el intento de golpe militar y el comienzo de la guerra civil constituían la oportunidad propicia para desencadenar una revolución. Muchos de ellos se entregaron sinceramente a la violencia suponiendo que era necesaria para crear un nuevo sistema, que tenía poco en común con la democracia republicana instalada en 1931. Al hacerlo, de manera consciente o inconsciente, eran fieles a las ideas leninistas sobre la revolución. El gobierno republicano, o al menos una parte de él, intentó contener esos impulsos violentos, pero fue impotente.

El historiador italiano Gabriele Ranzato, en su exposición de conjunto de la guerra civil, El eclipse de la democracia, publicada en 2006, señaló con mucha razón que la época de la guerra civil española representa un eclipse de la democracia, primero parcial y luego total. La incipiente democracia republicana de 1931 comenzó a eclipsarse con el triunfo del Frente Popular, donde había claras tendencias antidemocráticas, y este eclipse se hizo casi total una vez comenzada la guerra. Con la dictadura de Franco el eclipse fue completo, ya antes de finalizada la contienda, en las zonas nacionales, y luego en toda España. Hasta la muerte del dictador en 1975 España no volvería a recuperar el sistema democrático.

Manuel Azaña, el presidente de la República, advirtió tempranamente que, una vez lanzada la revolución en el ámbito republicano, la democracia se había terminado. El 16 de setiembre de 1937, apenas promediando la guerra, escribió en su diario esta amarga reflexión: “En España, la democracia que había se acabó al empezar la guerra. Porque el sistema imperante desde entonces no es la democracia. Es una revolución, que no ha llegado a cuajar y solo ha producido desorden, y una invasión sindical que ha fracasado, después de agarrotar y paralizar al Estado y al Gobierno. Demos por fracasada la democracia […].”

El pensamiento antidemocrático estaba fuertemente arraigado en amplios sectores de los bandos nacional y republicano. Desde arcos opuestos del espectro ideológico de la época, los sectores enfrentados coincidían en su desprecio por la democracia liberal. Ninguno de los dos podía admitir la alternancia de gobiernos de izquierda y de derecha en un mismo estado, como ocurre en cualquier democracia madura de la actualidad. Tampoco valoraban el pluralismo ideológico y político, basado en la coexistencia pacífica de múltiples partidos y agentes sociales. En los sectores extremos del arco, el fascismo y el comunismo, se admitía la violencia como medio legítimo para la acción política, incluso cuando condujera a la guerra civil. En algunos casos, se la promovía de manera explícita y consciente.

Estas actitudes, por cierto, deben comprenderse en el contexto histórico de la década de 1930, donde predominaban en Europa los regímenes totalitarios. Todo el período de entreguerras representa uno de los puntos más bajos del pensamiento liberal y el punto más alto de las ideologías antiliberales, intolerantes y violentas. Ernst Nolte, en una obra ya clásica publicada en 1987, La guerra civil europea, consideró que entre 1914 y 1945 Europa vivió un estado de guerra civil generalizada, cuyos protagonistas principales fueron el comunismo y el fascismo, este último surgido como reacción al primero. La idea de una guerra civil europea, de la cual la guerra española sería un episodio, fue adoptada más recientemente por otros historiadores, como Enzo Traverso, Stanley Payne y, en España, Julián Casanova. Es una hipótesis interesante, pero excesivamente eurocéntrica. El ataque a Pearl Harbor y la bomba de Hiroshima difícilmente pueden considerarse episodios de una guerra europea. No obstante, es indudablemente cierto que, al menos desde la revolución rusa y la marcha sobre Roma, la violencia se instaló en la mentalidad de muchos europeos como un instrumento de la acción política que se consideraba plenamente justificado.

Las ideologías que reivindican la violencia como instrumento de la política se han derrumbado a lo largo del siglo XX, al menos en tanto sistemas de poder. El nazismo y el fascismo con la derrota militar de 1945; el comunismo luego de la disolución de la Unión Soviética en 1991. El descrédito de los sistemas totalitarios está sumamente extendido en la actualidad, pero todavía no suscita unanimidad, especialmente entre algunos intelectuales que no han logrado desprenderse del pasado. Todas las ideologías políticas se mantienen básicamente como un dogma de fe (racionalizado a posteriori) y, al igual que las religiones, no pueden ser refutadas por ninguna argumentación ni por ninguna evidencia fáctica. Sólo pueden desacreditarse hasta volverse política y socialmente irrelevantes, pero, en sentido estricto, nunca mueren del todo. El contexto del mundo actual no podría ser más diferente de aquel en que se produjo la guerra civil española. No obstante, algunas de las ideas que originaron el clima de violencia e intolerancia que condujo a la guerra no han desaparecido del todo. Una reflexión sobre la guerra civil española todavía nos puede ayudar a comprender dónde se encuentran algunas de las múltiples raíces del mal en los seres humanos.

Democracia en crisis, reformas fallidas, por Roberto Gargarella

Eventos políticos como los ocurridos en Brasil, recientemente, con el proceso de impeachment presidencial sólo confirman una realidad conocida: el modelo constitucional-democrático se encuentra muy degradado (no sólo en América latina) y expresa hoy una ruptura manifiesta entre las pretensiones deliberadas de la ciudadanía y las acciones de sus representantes. Los cuerpos representativos aparecen definidos por voces que cuentan con escaso peso en la sociedad y definidos también por la presencia de intereses que reflejan la voluntad de la élite dirigente, más que la voluntad colectiva de la comunidad. Con lo dicho no se pretende sugerir, por ejemplo, que el proceso de impeachment en Brasil fuera inconstitucional ni sugerir una crítica particular a tal o cual gobierno, pasado o presente. El punto es más general y tiene que ver con la historia de una larga crisis del sistema representativo que en países como los nuestros se muestra particularmente aguda.

Dicha crisis, que golpea al sistema constitucional en su centro -quitándole legitimidad, respetabilidad, autoridad- puede explicarse de modos diversos. Una de esas explicaciones posibles sería la siguiente: nuestra organización política encuentra sus fundamentos en un modo más bien elitista de pensar la vida pública, propia de un tiempo pasado -finales del siglo XVIII, comienzos del XIX- en directa tensión con las aspiraciones y exigencias democráticas que son propias de nuestro tiempo. Podría decirse que el “traje” constitucional que fue diseñado para sociedades de hace más de dos siglos (sociedades desiguales, excluyentes, jerárquicas) quedó demasiado “estrecho” para nuestro tiempo, caracterizado por sociedades multiculturales, activas y demandantes. De allí que nuestras instituciones resulten habitualmente desbordadas por reclamos que terminan expresándose, comúnmente, por medios extrainstitucionales o aun extralegales.

Bajo el trasfondo de la actual crisis institucional, nos encontramos hoy con una buena y una mala noticia. La buena noticia es que, como reacción a la realidad de la crisis democrática contemporánea, palpable en las geografías más diversas, han ido apareciendo cantidad de experimentos destinados a devolverle al sistema institucional parte de su perdida legitimidad. La mala noticia es que dichos interesantes experimentos se siguen montando sobre una estructura institucional suficientemente capacitada para reaccionar, resistir y terminar “ahogando” tales intentos de revitalización institucional. Dadas la actualidad y la importancia de estos fenómenos, vale la pena analizarlos.

El surgimiento de formas diversas de experimentalismo democrático resulta especialmente notorio desde los años 80. Pienso, en particular, en reformas promovidas por los propios poderes constituidos, destinadas a “reencender” (volver a dotar de vida) al proceso de toma de decisiones democrático. En 1982, Canadá adoptó una cláusula -la llamada “cláusula del no obstante” o notwithstanding clause- destinada a facilitar el “diálogo” entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial e impedir así que el poder con credenciales democráticas más débiles -el Poder Judicial- fuera el que se quedara con la “última palabra” en materia constitucional. Frente a intentos de desalojo forzado de poblaciones pobres que usurpaban terrenos, la Corte sudafricana promovió, desde 2008, la práctica del “involucramiento efectivo” o meaningful engagement, que obliga al Estado y a las comunidades de marginados a discutir acerca de remedios posibles frente al conflicto que los separa.

Otros tribunales superiores, como los de la Argentina o Brasil han tomado como práctica habitual la promoción de “audiencias públicas” destinadas a que se escuchen “voces” normalmente inaudibles en los litigios jurídicos. El Convenio 169 de la OIT obliga a que los grupos indígenas sean consultados cada vez que se esté por tomar una medida pública que afecte directamente sus intereses. Islandia e Irlanda, muy recientemente, han puesto en marcha procesos legales destinados a modificar sus respectivas constituciones, a partir de convenciones constituyentes compuestas por “ciudadanos del común,” en reemplazo de políticos tradicionales.

Iniciativas como las citadas revelan, por un lado, conciencia de la gravedad que ha alcanzado la actual crisis de legitimidad de la democracia. Por otro, dejan ver, también, la conciencia de que es necesario responder a dicha crisis a través de apelaciones al “diálogo democrático”, capaces de subsanar, justamente, el déficit democrático.

Una vez afirmado lo anterior, sin embargo, conviene dejar en claro también el porqué del relativo escepticismo con el que merece examinarse el surgimiento de tales propuestas. Ocurre que tales valiosas iniciativas pretenden llevarse a cabo preservando intocados los aspectos más cuestionables del sistema institucional vigente, aquel que las iniciativas reformistas apuntan a modificar. Para dar algunos ejemplos: la “cláusula del no obstante”, en Canadá, pretende favorecer un “diálogo democrático” que, sin embargo, sigue manteniéndose impermeable a los reclamos ciudadanos. La práctica del “involucramiento efectivo” promovida por la Corte sudafricana, o la de las “audiencias públicas”, alentada por la Corte de la Argentina o la de Brasil, abren la puerta a una intervención popular más directa en la discusión de los asuntos públicos, pero preservan márgenes de discrecionalidad absolutos en los tribunales que ponen en marcha tales medidas. Las consultas populares exigidas por el Convenio 169, con toda la enorme potencia democrática que conllevan, conviven con un sistema institucional férreamente cerrado en todas sus líneas principales. No nos encontramos, entonces, frente a un problema menor (“ninguna solución es perfecta”), sino con una dificultad que es capaz de poner bajo amenaza todo lo valioso que propuestas como las examinadas ofrecen. Se trata, en definitiva, de una dificultad esencial, que es típica del reformismo democrático de estos años: las reformas en curso pueden ser limitadas o socavadas por aquellos mismos que se ven amenazados por su desarrollo.

No sorprende, entonces, el derrotero de la mayor parte de tales potentes iniciativas. La reforma canadiense, que prometía revitalizar el “diálogo entre poderes” se muestra hoy devaluada, en razón de las pocas ocasiones en que se puso realmente en marcha. El notable proceso de “involucramiento efectivo” que la Corte sudafricana promovió en el caso “Olivia Road” fue dejado de lado por la propia Corte en el principal caso de usurpación de tierras que apareció a continuación de aquél (en “Joe Slovo”). Los indispensables procesos de “consulta previa” que ordena el Convenio 169 han sido recurrentemente vaciados de sentido por las autoridades convocantes, por ejemplo al considerar “consulta” una mera conversación con representantes de pueblos originarios o al tomar como irrelevantes las negativas a sus proyectos surgidas en esos procesos de consulta. Las educativas y democráticas “audiencias públicas” motorizadas por cortes como las de la Argentina y de Brasil dependen de la voluntad exclusiva y discrecional de esas propias cortes, que son las que deciden cuándo se convocan y cuándo no, cuándo comienzan y cuándo terminan, y qué se toma y qué se deja de lado en tales audiencias, en sus decisiones, que siguen siendo finales. Las autoridades constituidas (particularmente en Islandia) pretenden todavía hoy negar valor a lo decidido por los representantes populares en la convención constituyente convocada en su momento.

En definitiva, nos encontramos frente a un momento bisagra en materia de cambio democrático, con un menú amplio de iniciativas puestas en marcha, que empiezan a mostrar sus previsibles límites. Hoy por hoy, la mayoría de tales propuestas sigue representando territorios de disputa. Necesitamos, por lo tanto, repensar esas propuestas de cambio, reconociendo cuáles son las fuentes de sus límites.

(Publicado originalmente en La Nación el 30 de mayo de 2016 y reproducido con permiso del autor).

Peña Nieto jugando a los derechos humanos, por Vladimir Chorny

México es un país democrático: uno en el que hay desapariciones forzadas generalizadas a lo largo y ancho del país, desaparecen estudiantes a manos de fuerzas de seguridad del gobierno y los militares pueden matar a cualquier persona sin ser castigados (ni investigados siquiera). Somos un país democrático, vamos, tenemos elecciones e instituciones electorales: uno donde el narco gobierna y el gobierno narca… uno donde se narcogobierna en distintas zonas del país, pues. ¡Pero somos un país para presumirse! Tenemos suerte de tener este gobierno: uno que se sostiene de los medios de comunicación monopólicos que lo llevaron al poder y se para sobre un discurso democrático para gobernar. Y es de este gobierno y de su juego de lo que quiero hablar.

El gobierno federal defiende el derecho a la no discriminación y la diversidad sexual de las personas al impulsar una reforma constitucional que reconoce (entre otras cosas) el derecho al matrimonio igualitario, no obstante obstaculizó e impidió llevar a fondo la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (fabricó una ‘verdad histórica’ insostenible, limitó la investigación al Grupo Interdisciplinario de Expretos Independientes –GIEI- y blindó al ejército frente a esta investigación).

Hmmm ok… pero también impulsa reformas en materia de justicia cotidiana a nivel constitucional y legal, un tema de avanzada en la región, aunque la palabra justicia es inasequible en casos de violaciones graves a derechos humanos (esas “cosas raras” donde las autoridades lesionan, torturan, violan o matan a civiles) que permanecen impunes como Tlatlaya, Atenco o el contexto de feminicidios en general (estos dos últimos con participación de Peña Nieto en su gestión como gobernador del estado de México).

Bueno sí, pero… este gobierno es un abanderado de la libertad de expresión: la impulsa, promueve y refrenda su compromiso con ella, hasta hace encuentros con los ‘líderes digitales’ del país (shhhh… no importa que dentro de los invitados esté una empresa beneficiada de manera irregular por el gobierno mismo) para compartir los avances en esta área y escuchar propuestas para mejorarla, pero considera a las voces que disienten de su gestión como ‘desestabilizadores del país’ y toma la crítica a su gobierno simplemente como “mal humor social”, camina de la mano del duopolio televisivo que devora la necesidad de la pluralidad democrática en los medios de comunicación y 21 periodistas han sido asesinados en el país desde el inicio de su gobierno (México es considerado un país no libre en cuanto a la libertad de expresión por índices internacionales como el de Freedom House).

Extraño juego el de Peña Nieto y los derechos humanos.

Estos no son ni de cerca todos los temas donde el gobierno de Peña Nieto falla en materia de derechos humanos, pero sí algunos de los más claros donde puede verse como un sinónimo de impunidad, corrupción o simulación frente a principios democráticos mínimos como la transparencia, el acceso a la justicia, la igualdad, la libertad de asociación o la de expresión. A lo largo de su mandato ha utilizado como recurso la vía institucional-reformista para colgarse medallas e intentar ganar legitimidad en torno al tema de los derechos humanos y, así como sería miope no reconocer que algunos de estos cambios son necesarios e importantes (aunque yo esté convencido de que su logro se debe a la sociedad civil y las distintas luchas que los han provocado y no al gobierno que intenta capitalizarlas políticamente), sería también iluso ignorar el hecho de que estas cuotas de legitimidad le han funcionado en distintos niveles y sectores de la sociedad.

El problema aparente está en que pareciera que en estos momentos la crítica queda orillada entre negar el valor de cualquier cambio y reconocer el valor de éstos, pero terminar jugando el juego del gobierno. Pero esta situación oscurece la realidad de trasfondo al discurso del gobierno y, efectivamente, le es útil para legitimarse, cuando lo que subyace al discurso medallista de Peña Nieto es la movilización social de distintos grupos histórica y sistemáticamente oprimidos que lograron ganar batallas (primero en las calles, luego en el imaginario social, y luego en las instituciones del Estado) y obtener el reconocimiento de sus derechos (no es un obsequio que dependa de la gracia del presidente-rey, es la adecuación formal de lo que se les debe desde hace años por parte de un servidor –empleado- público facultado para ello).

Tanto la lucha por el reconocimiento de la diversidad como el del respeto por los territorios ancestrales de los pueblos indígenas –como en el caso de Xochicuautla– son parte de una misma lucha que no puede separarse por parcelas; unas para simular y legitimarse y otras para mostrar el autoritarismo sincero de la clase política del país. Cuando un gobierno es selectivo con qué ámbitos de la persona sí puede ser despótico y con cuáles no (simulando que no, en mi opinión), esa discrecionalidad es reflejo mismo de su autoritarismo. Tal vez por esto somos una democracia saludable en Televisa y un país sumido en su peor crisis de derechos humanos para el Sistema Internacional de Derechos Humanos (ONU) y para el Sistema Interamericano también (CIDH).

El mayor riesgo, en mi opinión, es que su juego parece funcionar. Sostiene un discurso democrático pro-derechos hacia algunos sectores de la sociedad y hacia fuera del país, rascando legitimidad y aprobación de donde puede, para luego potenciarla a través de los medios de comunicación y buscar beneficios que puedan traducirse electoralmente (elecciones presidenciales de 2018 cerquita… las portadas de distintos medios muestran ya la baraja presidencial del PRI y de otros partidos también). El problema es precisamente éste y acá hay una responsabilidad moral para quienes se toman en serio los derechos de las personas, particularmente para la sociedad civil: el gobierno de Peña Nieto no debe ganar un ápice de legitimidad con la carta de los derechos humanos y debemos hacer todo lo posible para que no pueda jugarla.

La responsabilidad moral debe llevar a decir que un régimen no es democrático cuando es partícipe de violaciones a derechos como la acá delineada o cuando es cómplice de la impunidad en que ésta permanece. Si para que un asesino sea castigado debe empezarse por nombrarlo, entonces hay una carga moral en ponerle un nombre distinto. A quienes abrazan o protegen a los militares cuando éstos han sido señalados hay que llamarles cómplices, a los que utilizan al Estado para arreglos personales hay que llamarles corruptos y a quienes juegan con las instituciones para perpetuar la impunidad hay que llamarles criminales. A los tiranos hay que nombrarlos para tener claro contra quién se lucha. Y al autoritarismo, a ése no hay que llamarlo democracia, ni aunque se trate de un juego.

Osvaldo Guariglia, por Ricardo Ibarlucía y Julio Montero

El 2 de mayo falleció en Buenos Aires Osvaldo Guariglia, una de las personalidades más destacadas de la filosofía argentina e hispanoamericana. Licenciado en Letras, obtuvo su doctorado en Filosofía por la Universidad de Tubigen (Alemania) con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Desde el retorno de la democracia, se desempeñó como investigador del Conicet, donde alcanzó la jerarquía de Investigador superior, y como profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires.

Fue director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, presidente de la Asociación de Filósofos de la República Argentina, y Profesor Honorario de la Universidad Nacional de La Plata. En 1986 obtuvo el Premio Nacional de Filosofía y en 2006 recibió el Premio Konex de Platino por su trayectoria. Fue presidente del Centro de Investigaciones Filosóficas (Unidad Asociada del Conicet), institución que contribuyó ejemplarmente a afianzar y desarrollar y donde se desempeñó, durante más de tres décadas, como coeditor de la Revista Latinoamericana de Filosofía y como editor de la Revista Latinoamericana de Filosofía Política.

Si bien sus preocupaciones iniciales se centraron en la filosofía antigua, especialmente en las obras de Anaximandro y Aristóteles, la reflexión sobre la ética y la filosofía política adquirieron un lugar cada vez más protagónico en sus intereses. Su gran ambición filosófica fue la de elaborar un sistema de pensamiento que reconstruyera las normas morales más fundamentales en la tradición de Immanuel Kant y las proyectara sobre la vida política, generando un orden republicano y deliberativo, coronado con directrices para una distribución igualitaria de la riqueza.
En sus estudios más recientes, abordó la compleja problemática de la justicia internacional en un mundo en constante transformación, abogando por reglas de comercio justas que promovieran el desarrollo del sur global y generaran un clima propicio para el pleno respeto por los derechos humanos y la profundización de la democracia a escala planetaria.

Su legado a las futuras generaciones comprende una extensa obra, en la que destacan sus libros Ideología verdad y legitimación (1986), Moralidad: ética universalista y sujeto moral (1996), La ética en Aristóteles o la moral de la virtud (1997), Una ética para el siglo XXI (2002) y En camino de una justicia global (2010). Al momento de su muerte, trabajaba en un libro sobre la tradición de la democracia republicana, de pronta aparición con el sello editorial Siglo XXI.

A lo largo de su dilatada carrera, Guariglia formó un gran número de discípulos, muchos de los cuales ocupan en la actualidad destacados espacios académicos en universidades argentinas y del exterior. Su seminario sobre Filosofía Práctica, dictado en el Centro de Investigaciones Filosóficas, fue un foro para debatir ideas, pensar la realidad y estudiar a los grades exponentes de la filosofía moral, que se mantuvo activo durante cuatro décadas. Por él pasaron algunas de las más reconocidas figuras de la filosofía contemporánea argentina, latinoamericana y europea.

En todos estos años de vida en democracia, Guariglia desempeño un papel fundamental en la reconstrucción de las instituciones académicas, impulsando su modernización y bregando por la consolidación de una comunidad científica rigurosa, capaz de satisfacer los más exigentes estándares de producción. Su desaparición física es un motivo de profundo pesar para la filosofía argentina. Como todos los grandes maestros, vivirá por siempre en su obra, su legado institucional y sus discípulos.

Brasil: corrupción y “pemedebismo”, por Marina Velasco

El domingo pasado la cámara de diputados de Brasil, bajo la presidencia de Eduardo Cunha del PMDB (Partido del movimiento democrático brasileño), el diputado con más causas abiertas por delitos de corrupción, decidió admitir el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. En los próximos días el Senado decidirá si acepta el pedido y abre el juicio político. En caso positivo, la presidenta quedará apartada del cargo por 180 días. Todo indica que el Senado no rechazará el proceso y, en consecuencia, asumirá la presidencia el vicepresidente Michel Temer, también el PMDB. En la larga y tumultuosa sesión de votación muchos de los diputados invocaron y dedicaron su voto a Dios, a sus familiares y a la patria. Uno de ellos homenajeó en su voto al coronel que torturó a la actual presidenta cuando era una joven de 23 años y fue ovacionado al votar por el sí. Es difícil explicar lo que pasa en Brasil.

He vivido en Brasil durante las grandes transformaciones de los últimos 25 años. Cuando llegué, en el año 1989, se cumplían apenas 100 años de la abolición de la esclavitud, hacía poco tiempo se había reformado la constitución, había hiperinflación y Fernando Collor de Mello ganaba la segunda vuelta de las elecciones contra Lula por una diferencia de 4 %. Después del traumático juicio político a Collor, la transición pudo ir acomodándose. Antes de que se realizaran las nuevas elecciones, Fernando Henrique Cardoso asumió como ministro de economía y fue implementado el plan Real, que consiguió estabilizar la economía de manera duradera. Luego de los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, con el traspaso del gobierno a Lula en 2002 se dio la primera alternancia de poder no traumática de la redemocratización brasileña. Transcurridos los dos gobiernos de Lula, hasta las últimas elecciones de octubre de 2014 cuando Dilma Rousseff fue reelecta, parecía posible decir que el país vivía una normalidad democrática. ¿Qué pasa ahora?

Pocos de los diputados justificaron o siquiera mencionaron en su voto el motivo del pedido de impeachment. Contra lo que a primera vista puede parecer, la presidenta no está siendo acusada de corrupción. No hay ningún indicio de que haya desviado dinero público para beneficio propio, ni tampoco para el partido del gobierno. Tampoco aparece en las numerosas listas de coimas a políticos por parte de empresas contratistas del estado que salen a luz todos los días. La acusación es la de haber “maquillado” las cuentas públicas. Las “pedaladas” fiscales, como son llamadas por la prensa, consisten en demorar el envío del dinero de la recaudación a los bancos públicos, algo que han hecho todos los presidentes desde Fernando Henrique Cardoso. Es cierto que la presidente ha perdido el apoyo de la mayoría, según lo muestran todas las encuestas. La situación del país es muy crítica: recesión sostenida, desempleo en alta, denuncias por corrupción que salpican a funcionarios del gobierno y a opositores, protestas multitudinarias. Pero eso no es suficiente jurídicamente para destituir a un presidente. A diferencia de lo que sucede en los regímenes parlamentaristas, la constitución brasileña no admite el juicio político entendido como un voto de censura o desconfianza. Un plebiscito realizado en 1993 rechazó explícitamente el parlamentarismo. Para suspender a la presidenta no basta con que el gobierno esté en minoría; la acusación debe tener fundamento jurídico y ser comprobado el delito de responsabilidad. Sin esa comprobación, la única manera legítima de remover a un presidente en el cargo es por medio del voto.

Tiene que ser motivo de seria reflexión el hecho de que el proceso de impeachment esté siendo comandado por políticos acusados de delitos de corrupción muy graves. El presidente de la cámara de diputados, acusado de tener 5 cuentas en Suiza y de haber recibido coimas por decenas de millones de dólares, es reo en un proceso en el Supremo Tribunal Federal (la corte suprema de Brasil, que es el foro que juzga a los funcionarios públicos de alto rango), pero el proceso está parado hace 5 meses. Cunha, que al igual que el vicepresidente pertenece al PMDB, deflagró el proceso de impeachment cuando vio que ya no iba a obtener el voto del PT en la comisión de ética de la cámara, y después de amenazar con todas la letras que si él caía iban a caer todos junto con él. El gobierno desde luego no es inocente de haber quedado preso a las extorsiones de semejante personaje. El PMDB fue una base importante de su sustentación en el congreso, además de conformar la fórmula presidencial.

Hay algo que está muy mal en el sistema político brasileño. Algunos atribuyen el problema a un diseño institucional explosivo que mezcla presidencialismo norteamericano con parlamentarismo europeo. El llamado “presidencialismo de coalición” produciría gobiernos que se ven obligados a comprar apoyo parlamentario para evitar que todo proyecto sea bloqueado. Para Marcos Nobre, la clave del problema está en el “pemedebismo”. El fenómeno no se restringe al partido que le da nombre (PMDB) sino a un modo de hacer política que va más allá de él y que se basa en la ideología de que son necesarias supermayorías para garantizar la gobernabilidad. Enquistado en todos los gobiernos desde el fin de la dictadura, el partido ni siquiera postula candidato a presidente y funciona como una empresa de venta de apoyo parlamentario. Sus miembros se autocomprenden como socios de un condominio y su poder se basa en la capacidad de vetar cualquier propuesta que amenace el statu quo. Tanto Fernando Henrique como Lula sólo en breves momentos de sus gobiernos habrían podido escapar de la lógica pemedebista. Al final de su primer gobierno, luego del episodio del mensalão, el gobierno del PT habría decidido “ocupar el pemedebismo por la izquierda”. Los resultados están a la vista.

Conicet, despidos y relato populista, por Vicente Palermo

Pregunté a un colega del Conicet, siempre mejor informado que yo, por uno de los carteles ostentados por diputados K en ocasión de la apertura de sesiones: “No a los despidos en el Conicet”. Hasta ahora no hubo despidos, me explicó, pero los contratados (principalmente personal administrativo) están con mucho miedo. También temen el abandono de la política científico-tecnológica de la década pasada. Pero además –dijo– hay otra cosa: desánimo por el nuevo viraje de la sociedad argentina hacia concepciones que expresan individualismo, triunfo del poder del dinero y desprecio de los sectores subordinados y marginados. Esta respuesta me dejó pensando. Inquietud y hasta acción preventiva frente a eventuales despidos o posibles reversiones de política tienen sentido, en especial donde no hay confianza, y en este caso no tiene por qué haberla, seríamos ilusos pensando lo contrario. Pero el desánimo porque en la sociedad estaría ganando terreno el individualismo, y la calificación de los cambios recientes como triunfo del poder del dinero y desprecio al pueblo, creo que nos habla de un fenómeno cultural y político a la vez, que denominaré aquí “cultura K”.

Es cierto: los K, en términos político-partidarios, están en serios aprietos. No sólo se les vino el mundo encima al perder la elección y se les secaron casi todas (todas no) las fuentes de numerario con las que habían aprendido a hacer política. Han quedado cada vez más arrinconados en la interna peronista, en un cambio bastante vertiginoso y de difícil reversión. Y no tienen buenos liderazgos para la hora: me atrevo a decir que CFK no lo es, porque le falta el juego de cintura necesario para manejarse en el llano, conciliar posiciones y entenderse con dirigentes que ya no dependen de ella ni le temen. Ni hablar de Máximo, o de Ottavis. Quizás una excepción sea el Chino Navarro, pero aún es temprano para decirlo.

Pero si en términos político-partidarios están tan mal, son, en cambio, una extraordinaria cultura política. Una cultura política robusta, blindada, que no se ha conmovido en nada por la derrota; al contrario: siente esa derrota como aquellas experiencias duras que fortalecen (lo que no mata cura). Esta cultura política es, bien miradas las cosas, poco más o menos la cultura política del papa Francisco, lo que muestra que tiene raíces importantes, aunque, creo, no demasiado extendidas. Una cultura política populista, antiliberal y anticapitalista. Claro, el Papa no es de izquierda, y muchos pertenecientes al mundo cultural K sí se consideran a sí mismos de izquierda. Esto cambia muy poco las cosas. En esa cultura, ser un poco más de derecha o un poco más de izquierda no impide convivir perfectamente bien. Y el populismo configura su noción de la democracia. Se trata de una democracia orgánica, no pluralista e institucional, sino la expresión del pueblo como entidad única e identidad política y fundamento del poder. El gobierno de la ley y la división de poderes son sinsentidos, como lo es la misma noción de poder limitado, porque la voluntad del pueblo está por encima de estos conceptos republicanos, como lo está de cualquier idea idiota de pluralidad sociopolítica. Y la derrota electoral, aun cuando ha sido admitida, no puede ser entendida como el resultado de cambios en las preferencias de la opinión pública o los ciudadanos. Es explicada como el artificial resultado de la acción de los enemigos del pueblo (los poderes fácticos concentrados, etc.) en conjugación con los sempiternamente siniestros (si no están sometidos) medios masivos. Los K gobernaron 12 años mal sujetos a las instituciones y tuvieron tiempo y recursos para acendrar su populismo antiliberal, no para adquirir costumbres republicanas. Y otro tanto debe decirse sobre su anticapitalismo. La tradición populista de andar combatiendo al capital (retóricamente) es de larga data, pero el peronismo hace tiempo se apartó de ella. Pero los K no; los K, como el Papa, odian el capitalismo. Claro, uno siempre puede encontrar buenas razones para odiar el capitalismo, pero yo, que creo que el capitalismo es el peor de los sistemas una vez descartados todos los otros, me preocupo por este odio constitutivo de una cultura política bien implantada en la Argentina.

Esta cosmovisión constituye algo más que una ideología: se trata auténticamente de un modo de estar en el mundo. Para él, que tiene pocas contradicciones internas, si alguna, que es muy cerrado y está completamente libre de la amenaza de los hechos y es inmune a argumentos que lo cuestionen, gobiernos ajenos son por definición también ajenos a la patria, entreguistas. Hagan lo que hagan, esos gobernantes tienen las peores intenciones. Marcos Novaro ha observado con agudeza que la iracundia K constituye al kirchnerismo en el enemigo soñado. Esto es sin duda cierto, pero la otra cara de la moneda de la iracundia ideológica es la fuerza de su resistencia y el potencial de esta última. La cultura K tiene un rico capital simbólico (cuenta con toda la tradición nacional popular, que por supuesto no toda es K, del mismo modo en que no todos los españoles son gallegos) y ha movilizado ese capital para sobrellevar la depresión o la negación de una derrota electoral inapelable. Pero no tengo dudas de que los creyentes en la fe nacional y popular se van a recuperar. Por lo pronto, gracias a la caracterización elaborada sobre el gobierno de Cambiemos (“… vos sos la dictadura”), han conseguido ser tan impermeables a los cambios como una roca azotada por las lluvias. Y no es un dato menor que la calle sea, por lo menos virtualmente, de ellos (en un país que tiene a las calles por uno de los locus principales de la política). En Cambiemos, la UCR perdió el poder de movilización de antaño, y el PRO nunca lo tuvo. La imagen más fiel de esta diferencia está dada por la densa multitud concentrada en la Plaza de Mayo para despedir el gobierno de Cristina. Son, en verdad, empresarios políticos de la movilización. Si una conmoción política de algún tipo creara condiciones favorables para movilizaciones más o menos espontáneas, entonces los fieles de la cultura K estarán entre quienes puedan activarla, o canalizarla, o darle un sentido. Y el Gobierno no tendría garantía alguna de no perder la disputa por las calles. En verdad, no es fácil que quienes se sienten expresados por la cultura K vuelvan a competir exitosamente en el terreno electoral. La estrategia de resistencia K no tiene mucha viabilidad en términos electorales o institucionales. Pero nuestra política no se hace solamente ahí, y la cultura K podría expresar una minoría intensa con capacidad de liderar quejas socioeconómicas y vinculadas a derechos. Es mejor que tanto macristas como radicales y peronistas no se confíen en lo sencillo que está siendo superar a los K. Contentarse con soluciones simplistas a problemas complejos y críticos, como es el caso del protocolo de seguridad, no contribuye mucho.

La cultura nacional y popular sobrevivió en varias ocasiones fuera del Estado, y, acorralada por otros proyectos de momento más exitosos, se mantuvo incólume. Podría ser la base de una nueva renovación peronista, esta vez edificada sobre pilares que concilien la justicia social con la república y la prosperidad, pero también de un núcleo cultural recalcitrante que aunque carezca de poder para formular orientaciones político-estatales generales, lo tenga en cambio de sobra para bloquearlas. Los que anhelamos una democracia menos populista y más republicana, y un capitalismo próspero y que haga menos cuesta arriba la lucha por la equidad, seamos oficialistas o no lo seamos, no podemos ser indiferentes ante este problema.

(Publicado originalmente en La Nación el 11 de marzo de 2016 y reproducido con permiso del autor).

Una voz sectaria se adueño de los derechos humanos, por Luis Alberto Romero

“Aquí en la (ex) Esma, si no estuviste en la Columna Norte de Montos no sos nadie”. Recordé la frase, oída a no sé quién, irónica e hiperbólica, al leer las indignadas reacciones suscitadas por la visita del presidente Macri a la sede de la Esma, que hoy aloja a diferentes instituciones, subvencionadas por el Estado para sostener la causa de los derechos humanos. No era el presidente quien estaba allí, sino el enemigo.

Esa causa, una de las más nobles que ha tenido la sociedad argentina, sigue viva en el sentimiento y en la razón de muchos. ¿Quiénes hablan hoy por ella? ¿Cómo llegaron a constituirse en la única voz legítima? El lunes quedó claro que sus sectarios voceros están ya muy lejos de aquel magnífico y generoso impulso inicial.

En nuestro país, “derechos humanos” tiene un sentido preciso y restringido: se refiere al terrorismo de Estado y sus traumáticas secuelas. En tiempos de la dictadura y al comienzo de la democracia, los voceros de la causa eran muchos, había opiniones contradictorias, y un debate enriquecedor. Pero pronto quedó una sola. Desde hace mucho tiempo, el grupo encabezado por Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto y Horacio Verbitsky -con sus matices- se ha hecho dueño de la palabra y del sentido de los derechos humanos.
Este núcleo se conformó inicialmente con el sector más intransigente de las organizaciones, que ya en democracia optó por llevar la causa al terreno de la política. A un lado quedaron quienes reivindicaban un valor y un principio ubicado por encima de las banderías, en el que la nueva democracia debía asentarse.

Un giro importante se produjo al sumarse otros grupos, que vincularon la causa con la militancia de los años setenta. Así, voceros conspicuos de los derechos humanos aparecieron reivindicando urbi et orbi el terrorismo internacional y la acción de nuestras organizaciones armadas.

Gradualmente se desarrolló un tercer sector que, aprovechando primero el aporte de fondos internacionales y luego los de nuestro Estado, transformó la militancia en profesión, sobre todo en el terreno de la memoria, y la defendió como cualquier otro lobby. Los tres componentes, articulados, conforman hoy la voz legítima, la franquicia que usufructúa el capital simbólico de los derechos humanos.

A lo largo de dos décadas fueron conformando un relato sobre sus orígenes, su trayectoria y su futuro, que combinó elementos reales con historias más fantasiosas, adecuadas para conformar un mito. Es un relato maniqueo -como deben ser los mitos-, donde el bien de los justos confronta con el mal absoluto, sin lugar para los muchos grises de la condición humana de los que habló Primo Levi.

Es una historia moral y simbólica, que repudia la verificación de los hechos y acusa de sacrílego a quien quiere hacerlo. La conocida cifra de 30.000 desaparecidos no resiste a la evidencia: la Secretaría de Derechos Humanos la reduce a 8.000.

La conmovedora y edificante historia de “la noche de los lápices” no admite la confrontación con el relato posterior del único sobreviviente: esos jóvenes estaban en realidad vinculados con una de las organizaciones armadas. Nada cambia con esto; la realidad verificada no deja de ser horrible y condenable. Pero quienes sustentan su legitimidad en el mito no pueden admitirla.

El sector que detenta la franquicia encontró nuevas oportunidades al aliarse con el gobierno kirchnerista. Las principales organizaciones identificaron su causa con la del gobierno, que los colmó de retribuciones simbólicas y materiales. Las grandes figuras ocuparon puestos de honor en los palcos oficiales. Alguno ofició de Marat, haciendo de un diario una guillotina simbólica.

Los profesionales multiplicaron sus actividades, expandieron los casilleros presupuestarios y hasta pasaron a la política. Algunos se tentaron con la corrupción gubernamental, en lo chico y en lo grande. Así, los derechos humanos pasaron del campo de la sociedad civil al del gobierno, que los subordinó a sus necesidades políticas.

Las organizaciones hoy emblemáticas han establecido una suerte de dictadura sobre la palabra y el sentido de los derechos humanos. Ignoran a las demás. Deciden qué es lo que se puede decir o investigar y qué está prohibido. Juzgan a todos y separan, como Dios en el Juicio Final, a los salvados de los condenados. Es tanta su autoridad, que pueden condenar a verdaderos héroes civiles, y absolver al general Milani o a Schoklender.

Últimamente se divirtieron conmemorando el Día de la Memoria con “escraches” -sólo en imagen, por suerte- a periodistas y comunicadores. En su más reciente versión, acusan al gobierno de ser lo mismo que la dictadura militar; así lo dijeron el lunes pasado, cuando Macri se atrevió a mancillar el Sancta sanctorum de la ESMA.

Es un grupo poderoso. No sólo convence al universo kirchnerista sino a un sector algo frívolo y muy visible de la opinión pública, nacional e internacional, preocupada por exhibir su corrección política. Han hecho de la ex Esma -un espacio público- su bastión y su símbolo.

Nuestra sociedad necesita procesar muchas cosas de la experiencia del terrorismo de Estado. Tiene que entender de una manera amplia qué es lo que pasó; tiene que elaborar una memoria plural, que incluya a todas las víctimas; tiene que hacer justicia sin venganza; tiene que avanzar hacia una verdad, hoy retaceada por el mito.

Todo esto se encuentra bloqueado por el grupo que ha convertido los derechos humanos en bandería facciosa. Para el Estado -como en el caso de Milagro Sala-, son a la vez un problema político y presupuestario. Para la ciudadanía, en cambio, son un problema cívico y moral. Es lamentable ver cómo una causa noble, hoy indispensable para restituir la base ética de las instituciones, ha caído en semejantes manos.

Pensar contra la corriente y desafiarlos tiene riesgos: a nadie le gusta ser calificado de “defensor de la dictadura”, pero se soporta mejor en compañía de otras voces. La causa lo amerita. El país tiene muchos problemas urgentes, pero la reconstrucción de los derechos humanos debe figurar entre los importantes.

(Publicado originalmente en Los Andes de 21 de febrero de 2016 y reproducido con permiso del autor).