Osvaldo Guariglia, China huye de dos graves peligros: la democracia constitucional y los derechos humanos

En abril de 2004 tuve una sorpresiva invitación a participar, junto a otros catorce filósofos políticos de Estados Unidos y Europa, en un Simposio cerrado sobre democracia, organizado por la Academia de ciencias sociales de Beijing. Eran los tiempos en que se iniciaba el período presidencial de Hu Jintao, recientemente concluido, y, sobre todo, en que un funcionario con un programa de apertura y reforma del régimen de gobierno accedía al poder como primer ministro: Wen Jiabao. Los organizadores de la Beijing Conference on Democracy se proponían obtener un panorama de las distintas concepciones que atravesaban por entonces las distintas corrientes académicas del mundo occidental. Como trasfondo, según pudimos entender de las declaraciones a media voz de los participantes locales, se percibía una gran preocupación por darle cauce a algunas reivindicaciones de la población, especialmente rural, brutalmente sometida a la tiranía de pequeños funcionarios locales del partido comunista. Para quienes no son sinólogos de profesión, es sumamente difícil seguir los cambios profundos de la sociedad china a través de las escasas noticias que se filtran en los grandes medios de prensa internacional. Algunas noticias dispersas, como la licencia que hace poco tiempo se le dio a una comunidad rural para elegir a su representante ante el gobierno, por fuera del partido, sugerían que el programa de facilitar cierta deliberación a un nivel comunal muy básico, que era una de las líneas que entonces se percibían, había tenido cierto desarrollo. La noticia que hoy publica el New York Times, de la que a continuación extractamos las notas más notables, hace patente que las esperanzas de una profundización de las garantías proclamadas y reafirmadas por la Declaración y las Convenciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas han sido totalmente frustradas.

«Los cuadros del partido comunista llenaron las salas de reuniones de toda China para escuchar una sombría y secreta advertencia producida por los líderes superiores. El poder podría escaparse de su control, se les dijo, a menos que el partido erradicara siete corrientes subversivas que fluían a través de la sociedad China.
Estos siete peligros fueron enumerados en un memo, llamado el Documento No. 9, que cuenta con el inequívoco sello de Xi Jinping, el nuevo líder supremo de China. El primero de ellos es “la democracia constitucional occidental”; otros incluyen promover “valores universales” de derechos humanos, nociones occidentalizadas de independencia de los medios y participación cívica, el fervor “neoliberal” pro mercado, y las críticas “nihilistas” del traumático pasado del partido.

[…]

Los oponentes del régimen de partido único, dice el Documento No. 9, “han sembrado cizaña respecto de dar a conocer los bienes de los funcionarios, usando internet para luchar contra la corrupción, el control de los medios y otros temas sensibles para provocar descontento con el partido y el gobierno”.

Las advertencias no fueron en vano. Desde que la circular fue redactada, las publicaciones y sitios web del partido han denunciado vehementemente las referencias al constitucionalismo y la sociedad civil, nociones que no eran consideradas prohibidas en años recientes. Los funcionarios intensificaron los esfuerzos para bloquear el acceso a sitios críticos en internet. Dos destacados defensores de los derechos humanos fueron detenidos en las pasadas semanas en lo que sus simpatizantes denominaron un golpe al “movimiento de defensa de derechos”, asediado desde los tiempos del antecesor de Xi, Hu Jintao.

[…]

Las presiones que impulsaron la contra ofensiva ideológica del partido se derrama-ron sobre las calles de Guangzhou, una ciudad del sur de China, a comienzos de este año. Los miembros del staff del diario Southern Weekend protestaron después de que un funcionario de la propaganda reescribiera un editorial que celebraba el constitucionalismo –la idea de que el poder del estado y el partido debía estar sujeto a una ley suprema que previniera abusos y protegiera los derechos de la ciudadanía.
El enfrentamiento al interior del diario y la campaña para que los funcionarios dieran a conocer su riqueza alarmaron a los líderes y los ayudaron a cohesionarse para producir el Documento No. 9. De hecho, importantes funcionarios de la propaganda central se reunieron a discutir la protesta en el diario entre otras cosas y la consideraron una intriga para subvertir al partido, según un discurso en un sitio web del partido en Lianyungang, una ciudad portuaria en el este de China.

“Las fuerzas occidentales anti China lideradas por los Estados Unidos se unieron una tras otra y se complotaron con disidentes dentro del país para realizar ataques difa-matorios en nuestra contra en nombre de la así llamada libertad de prensa y democracia constitucional”, dijo Zhang Guadong, un oficial de propaganda de Lianyungang, citando las conclusiones de la reunión los funcionarios de propaganda. “Están tratando de des-truir nuestro sistema político, y esto es un ejemplo”, dijo respeto de la protesta del diario.

[…]

“El constitucionalismo pertenece solo al capitalismo”, decía un comentario en la edición internacional del Diario del Pueblo. El constitucionalismo “es un arma para la información y la guerra psicológica usada por los magnates del capitalismo monopólico norteamericano y sus representantes chinos para subvertir el sistema socialista Chino” decía otro comentario en el diario».

Como colofón dejo solo un comentario: la tendencia cada vez en au-mento del acaparamiento del poder por parte de elites oligárquicamente organizadas a través de fuerte ligaduras de intereses y co-pertenencia, que gobierna de espaldas a las instituciones democráticas (ver Guariglia, 2012 en esta revista), especialmente bajo la presión de la crisis financiera desde el 2008 en adelante (ver el artículo de J. Habermas, El País, 20/08/2013), se refuerza y se petrifica allí donde el desarrollo capitalista y el poder dis-crecional de un único partido han ido exitosamente de la mano. La democracia, por el contrario, aparece en el horizonte más frágil que nunca.

 

Antonio Valdecantos, Del 98 al 13

 

Azares ingobernables, ocasiones de vertiginoso progreso, hundimientos violentos, imposibilidad de aplicar cualquier estrategia, esperas tediosas, retrocesos fatales y, cuando se está cerca de la victoria, una vuelta a empezar que tan sólo un momento antes habría parecido inconcebible. Laberintos, cárceles, pozos, dados, calaveras, rescates. Podría tratarse, qué duda cabe, de España, pero convengamos en que se está hablando del juego de la oca.“De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España / porque termina mal”, dejó dicho Jaime Gil de Biedma, dando a entender que lo natural de las historias es acabar bien y que, de no hacerlo, siempre cabrá encontrar alguna anomalía que lo explique todo, un gato negro que se cruzó en el camino y que echó los tiempos a perder, dejándolos irreconocibles. Sería muy poco edificante enseñar en las escuelas que toda historia –y no sólo la de España- es como el mencionado juego infantil, que lo normal es tener que volver a empezar cuando se está en puertas de un éxito tenido por definitivo y que los triunfos, de darse, se deben a un azar ciego y no tienen nada que ver con la inteligencia ni con la virtud.

La pregunta decisiva, tan cansinamente repetida en los últimos años, no puede resultar más familiar: ¿qué es exactamente –y en el adverbio se hará el mayor hincapié- lo que ha tenido que ocurrir para que todo se haya ido al traste cuando mejor iban las cosas y cuando parecía que por fin la prosperidad formaba parte de nuestro destino?La experiencia enseña que se puede tardar siglos en contestar a esta clase de preguntas. Pero conviene decirlo con claridad: en apenas tres años se ha producido el desplome más aparatoso imaginable del conjunto de supuestos en torno al cual ha girado durante por lo menos el último siglo la modernización del país. Cuando ocurre una cosa así, es difícil que las aguas vuelvan pronto a sus cauces, y más vale inventar otros supuestos o acostumbrarse a vivir sin ellos.

Lo que se ha venido abajo es la construcción intelectual que se impuso con el descrédito de la retórica del 98, cuando la generación de Ortega sustituyó el lenguaje del imperio perdido y de la Castilla mística por el de la nación joven y la Europa promisoria. Hace justamente cien años, un puñado de intelectuales inventó su propia Europa y se dispuso a convencer al país de las bondades de su mito. Que a partir de 1914 esta misma Europa se desangrara en la más siniestra orgía de muerte que han conocido los siglos era una anécdota muy secundaria para cualquier profesor madrileño de pro. Con más o menos experiencia y viajes a sus espaldas, el ensayista español es una criatura prodigiosamente apta para prescindir de la realidad, ya lo haga desde Salamanca, ya desde Marburgo. La historia de España, se pensó entonces, ha sido siempre el juego de la oca, pero nuestra condición miserable, azarosa y rezagada puede enmendarse dejando fluir la vitalidad del país y educándola con un poco de cosmopolitismo viajero y cierta dosis de periodismo cultural. Un siglo de retórica europeísta debería haber sido bastante para que hasta el más escéptico se persuadiera, aunque fuese por aburrimiento, de que la asimilación a Europa se había producido ya. Pero lo que se ha venido abajo en tres años es el convencimiento de que nuestra secular conjunción de azar, miseria y atraso había quedado exorcizada para siempre, y de que, con razonable certeza, estábamos inmunizados contra ella. “Europa” era el nombre de esa inmunidad, y entrar en Europa era, exactamente, abandonar para siempre el juego de la oca.

La quimera de la España europea era, en realidad, un castizo producto picaresco. Ha llegado la hora, se juzgó, de quedarnos astutamente con lo bueno del norte y lo bueno del sur: pensiones, subsidios, sanidad y enseñanza como los protestantes, pero sol, calle, taberna y fiesta como siempre se han disfrutado aquí. Es preciso reconocer que la idea española del papel del país en Europa se fundaba en toda clase de errores. La palabra “Europa” estaba libre de cualquier connotación desfavorable: era la tierra de la ciencia, de la ópera, de la filosofía, de las catedrales góticas y del laicismo, así como de la tolerancia y hasta de la licencia en materia de sexo; la patria de las personas educadas, prósperas y bien alimentadas y el lugar al que genuinamente pertenecíamos y del que nos habían sacado violentamente la Mesta, la Escolástica y la Inquisición.
No es necesario dar detalles sobre el destino que a España le estaba reservado por Europa ni sobre la ilusa insensatez que nos llevó a ignorarlo. En verdad es necesaria una mitología muy fantástica para llegar a creerse que un súbdito de Madrid, de Valencia o de Huelva pertenece, de hecho, a Europa, y no a sus pintorescos arrabales. El resultado era fácil de predecir: querer lo mejor del norte y lo mejor del sur fue un excelente medio para lograr lo peor de ambas latitudes. O, por lo menos, ése parece que va a ser nuestro destino: ascetismo protestante y pobreza mediterránea; una robusta ética del esfuerzo y el sacrificio, pero no para enriquecernos, sino para vivir bastante peor que hasta ahora, evitando de este modo, se dice, el vivir muchísimo peor.

Nuestra disciplina y abnegación futuras, genuinamente protestantes al fin, no están destinadas a ponernos a la cabeza de Europa, sino a ganarnos el derecho de no ser expulsados de su cola. “¡Que inventen ellos!”, proclamó Unamuno con toda la ingenuidad de quien creía que la tecnociencia moderna es algo que se admite o se repudia libremente. Pero, cien años después, las cosas son más siniestras de lo que Unamuno hubiera podido llegar a sospechar: claro que inventaremos nosotros (se nos adiestró para ello en épocas de prosperidad), pero nos tendremos que marchar de aquí para poder hacerlo. El culto al esfuerzo, tan cacareado por nuestros capataces, no será premiado con las recompensas propias de países con más solera capitalista que el nuestro, sino tan sólo con una humilde y subalterna supervivencia. Conviene que nos enteremos con toda claridad de que el sacrificio que se nos pide es el propio del buen futbolista, del buen camarero y del buen crupier, porque es preciso no olvidar que nuestro espacio y nuestro tiempo fueron concebidos para el ocio.

Somos cigarras que tienen que hacer de hormigas para las temporadas en que las hormigas gusten de hacer de cigarras. Deportes, turismo y juego serán los valores de la marca España, un espacio de la Europa suburbial que quizá tenga un prometedor futuro si se olvida de su gusto por el ocio propio para trabajar frenéticamente por el ajeno.Todavía se tardará un poco en adaptar nuestra idea de Europa a la ubicación suburbial que nos corresponde. La pertenencia europea de España constituye, desde luego, un hecho, pero ya no es posible verlo como un hecho gozoso ni como una vibrante ilusión. Nunca vamos a ser lo que nuestras minorías modernizadoras nos dijeron que íbamos a ser, y conviene acostumbrarse cuanto antes a esta mala noticia. Mientras dure su asimilación, hay dos mudanzas mentales de cierta urgencia. La primera, que a muchos resultará humillante, consiste en comprender que el suburbio de una ciudad tiene a veces más que ver con el suburbio de otras que con los barrios residenciales de la propia. La segunda, que a las humillaciones históricas debe responderse, cuando menos, con dignidad, aunque esto implique cambiar el gesto, y sustituir la mueca satisfecha del nuevo rico por la sobria cólera de quien se dejó enredar en una trampa que se ha convertido en destino. En el casino nacional futuro no faltará quien, con las mejores razones, pida jugar un rato a la oca.

Luis Alberto Romero, La decadencia argentina

¿Que lugar ocupa el kirchnerismo en la historia argentina? En muchas cosas, parece una repetición del peronismo de 1946, pero la similitud es solo superficial. Más allá del código genético común, la Argentina ha cambiado mucho. El país de entonces era vital y conflictivo. El de hoy es exangüe, sumiso y explotado. La brecha que los separa se encuentra en la década del setenta, en su turbulento comienzo y en su terrible final. Desde entonces, la Argentina se desangra en una larga crisis, y el kirchnerismo se ubica en su tramo más reciente.

Hasta los años setenta, la Argentina supo tener un Estado potente, capaz de ejecutar y sostener proyectos como el de la enseñanza pública. Tuvo una sociedad móvil, integrada y democrática y una economía medianamente eficiente, capaz de dar empleo y razonables posibilidades de mejorar a casi todos. También fue una sociedad áspera y conflictiva, especialmente en los momentos de rápida democratización, como en 1945. Tuvo además corporaciones organizadas, que asediaron de manera creciente al Estado. Cada una obtuvo sus franquicias y privilegios, y todas juntas lo colonizaron y debilitaron.

En ese punto se articula el inicio de la larga crisis argentina. Al comienzo de los años setenta el Estado fue desbordado por una sociedad movilizada y militante. Perón fracasó en su último intento de contenerla -el Pacto Social- y los militares ofrecieron su receta para cortar de cuajo la crisis, con una aquiescencia lamentablemente grande. El terrorismo estatal clandestino se dirigió contra las organizaciones armadas pero sobre todo contra los voceros de una sociedad politizada y demandante. También fue emblemática del régimen militar la consigna del ministro J. Martínez de Hoz: “achicar el estado es agrandar la nación”. Podría entenderse que se trataba de reducir el crecimiento parasitario generado por los gobiernos populistas anteriores. No fue eso, sino algo mucho peor.

Desde los años setenta la Argentina recorre un camino decadente. No fue lineal: en su decurso hubo rupturas catastróficas, como en 1989 o 2001, e inicios esperanzadores, con la democracia de 1983 o con la prosperidad en este siglo. En esta historia compleja y quebrada hay un “hilo rojo” que marca la continuidad: la decadencia del Estado. Desde 1976 y hasta hoy mismo, su erosión y destrucción ha sido sostenida y sistemática. Cada gobierno usó argumentos diferentes y contradictorios, pero tras las diferencias es posible seguir el rastro de un largo y sistemático desmonte del aparato estatal, su legalidad y su legitimidad. Cada uno a su manera, destruyó agencias estatales y paralizó organismos de control. La “emergencia permanente”, fruto de las crisis de 1989 y 2001, corroyó las rutinas burocráticas y dio patente a la arbitrariedad. La inflación y la penuria fiscal, impulsadas por el fuerte endeudamiento externo, se resolvieron a costa de los grandes servicios estatales, como la educación y la salud.

Sobre todo, el Estado se hizo mucho más permeable a la acción de los saqueadores y depredadores. Antes de 1976, las grandes corporaciones -empresariales, sindicales, militares – operaban de manera más institucional. Desde los setenta el expolio estatal se concentró en grupos más pequeños, casi personales, no solo tolerados sino promovidos por los gobernantes: la “patria financiera”, la “contratista”, la “privatizadora” fueron sus nombres populares. Ellos sorbieron recursos del Estado y de la sociedad toda.

Esa succión de recursos es una de las razones del empobrecimiento y la polarización social. Pero lo más importante fue el giro, iniciado en 1976 y completado en los noventa, de una economía cerrada -posiblemente ya agotada- a una economía abierta. Fue un giro brusco, imprevisto y sin redes de contención. Inicialmente se conocieron sus fuertes efectos devastadores, como la desocupación, antes de que aparecieran algunas alternativas nuevas. Hoy un tercio de los argentinos son pobres, y conforman un mundo de la pobreza estable y denso, desconocido antes de los setenta. La antigua sociedad continua y móvil se convirtió en otra, segmentada y escindida.

Hubo dos momentos en que se vislumbró un cambio de rumbo, una reversión de la decadencia. El primero fue político: la construcción democrática de 1983. Una gran mayoría emprendió entonces con gran optimismo el camino de la democracia republicana, el estado de derecho, el pluralismo y los derechos humanos. Treinta años después, quienes permanecen en la lucha están librando un combate de retaguardia, para salvar lo mínimo de esa idea. Aquella democracia fue remplazada por otra, autoritaria, anti republicana y desdeñosa de la ley y del pluralismo. Una democracia de jefatura y de mayoría, que ha encontrado una manera de aprovechar los frutos más amargos de la Argentina en crisis. La presidencia utiliza los recursos de un Estado desarmado y sin controles para construirse una sólida base de poder. También se aprovecha del mundo de la pobreza, para hacerlo producir los sufragios necesarios. Poco queda de la democracia de 1983. Apenas un Poder judicial de solidez dudosa y unos partidos políticos que no logran afirmarse en una sociedad donde cada vez hay menos ciudadanos.

Luego de 2001 hubo un segundo momento de esperanza. Después de tres décadas signadas por el endeudamiento y la penuria financiera, el boom de las exportaciones trajo una sorpresiva abundancia en el mercado y en el fisco. Una gestión eficaz -la de R. Lavagna- supo salir de la crisis, renegociar la deuda externa y dejar consolidados los dos superávit básicos de la economía: el fiscal y el de la balanza de pagos. La Argentina parecía poder salir del largo ahogo económico y comenzar a reconstruir lo destruido.

Aquí llegaron Néstor Kirchner y su esposa, para volver a hundir al país en la normalidad de la larga crisis. Bajo su conducción, la democracia extremó el camino decisionista iniciado por Menem. Se le agregó un componente unanimista y excluyente, de raigambre peronista y consignas de los setenta. El decisionismo se tradujo en políticas coyunturales, arbitrarias y cambiantes. Muchos empresarios lograron grandes beneficios a corto plazo, pero hubo poca inversión y mucha huida de capitales. El regalo de la soja apenas se tradujo en una reactivación interna de escaso sustento.

Hoy sabemos que ese estilo de decisiones era parte de un grosero proyecto de acumulación de recursos en manos del reducido grupo gobernante. Surgió una nueva “patria”, la “kirchnerista”, o quizá la “patria Santa Cruz”, donde se testeó el modelo, integrada apenas por dos personas y una docena de socios. En sus propios dichos, acumular dinero y acumular poder eran dos caras de lo mismo.

Los grandes rasgos de la Argentina de la larga crisis confluyen en este modelo de gobierno. Un Estado desarticulado en su estructura legal e instrumental, que ha sido copado por un grupo político. Un uso de las herramientas del Estado para hacer negocios particulares, que unen el dolo con la destrucción sistemática de todo aquello alcanzado por su larga mano, como es el caso del transporte público. Un estilo de gobierno de base democrática pero radicalmente anti republicano, cuyo horizonte es la dictadura personal. Finalmente, un mundo de la pobreza que ha recibido migajas del festín, y sobre el que se ha instalado un aparato político sólido e íntimo, que llega hasta sus últimos intersticios.

El kirchnerismo expresa hoy la fase superior de la larga crisis argentina. Es tan duro y resistente como la crisis misma. No será fácil revertir todo esto, pero hay una posibilidad. La Argentina es manejada por un grupo poderoso y débil a la vez, pues su fuerza, ciertamente fundada en los votos, reside en el control férreo del poder político por una sola mano. Su primera línea de defensa es a la vez la última. Cambiar el rumbo de la larga crisis argentina es una tarea prolongada y compleja. Pero constituir en 2015 un gobierno que inicie ese camino está en el orden de lo posible.

(Publicado originalmente en La Nación el 28 de mayo de 2013 y reproducido con permiso del autor). 

Roberto Gargarella, Las reformas que la Constitución condena

Contra lo señalado por la Presidenta, los críticos de la reforma judicial no objetamos en bloque los proyectos presentados por el Gobierno, y mucho menos los objetamos del mismo modo o por iguales razones. Tal vez al oficialismo le convenga confundirlo todo, pero quienes lo criticamos no tenemos por qué aceptar la confusión que el Gobierno propone , colocando las seis reformas «en el mismo lodo».

Para muchos críticos sigue resultando claro que entre los seis proyectos presentados existen tres que son, si bien mejorables o timoratos, constitucionalmente irreprochables (ingreso a la Justicia; declaraciones juradas; publicidad de las decisiones judiciales). Los otros tres proyectos, en cambio, concentran la atención y preocupación generales: la creación de nuevas cámaras de casación, la modificación de las cautelares y los cambios en las formas de designación de los miembros del Consejo de la Magistratura . De ellos, al menos los dos últimos se enfrentan a inconstitucionalidades graves.

El primero de los tres proyectos impugnados, referido a la creación de nuevas cámaras, no resulta obviamente inconstitucional, sino, en todo caso, antipopular y antiobrero. La iniciativa resalta ante todo por el modo en que contradice los objetivos declamados de la reforma: las nuevas cámaras de ningún modo democratizan nada, sino que vienen a reforzar la estructura jerárquica, verticalista y burocrática del viejo y vetusto sistema judicial existente. ¿Por qué llamar «democrática», entonces, a una reforma que en un aspecto central viene a hacer lo contrario de lo que proclama?

El problema, de todos modos, no se limita a una cuestión de nombres o adjetivos: estamos acostumbrados a la mentira oficial. El problema central es el modo en que con estas nuevas cámaras se afectarán los intereses de los más vulnerables (cámaras que además -así lo asegura la norma- serán inmediatamente ocupadas por nuevos jueces designados por el Gobierno, sin necesidad de acordar con nadie). Gracias a estas nuevas instancias, los jubilados que hoy litigan por el reajuste de sus haberes encontrarán un nuevo y terminal escollo (procesal y temporal) a sus reclamos; y los trabajadores pobres verán extendidos por unos cuantos años más los litigios que heroicamente se habían propuesto iniciar contra sus patrones: ¿qué trabajador estará capacitado, anímica y económicamente, para afrontar un proceso que, desde el inicio, promete extenderse hasta el infinito?

Los dos proyectos restantes -reforma de las cautelares, reforma del Consejo de la Magistratura- resultan en cambio implausibles, pero además, y sobre todo, claramente inconstitucionales. La inconstitucionalidad de la reforma de las cautelares resulta sencilla de ver, y más sencilla de ver resultará para los tribunales: ya repetidas veces, y con anterioridad a la llegada del kirchnerismo, los tribunales que entienden en lo Contencioso Administrativo han dejado en claro que rechazan las limitaciones impuestas por el poder político sobre las medidas cautelares. Eso es lo que dijo la Justicia, enfáticamente, frente al intento del ex presidente Eduardo Duhalde (y la ley 25.587) de restringir el alcance de las cautelares en los casos relacionados con el «corralito» sobre el sistema bancario: «Toda persona tiene derecho a poder recurrir a la Justicia» y así «ampararse ante los atropellos de los funcionarios».

La nueva regulación, en cambio, dispone limitaciones injustificadas para el establecimiento de una cautelar y le exige al juez, para establecerlas, niveles de certeza impensables aun para una sentencia definitiva. La pregunta es, entonces, por qué se ha procurado insistir en una limitación de los derechos individuales destinada al fracaso. El resguardo del interés de los más desaventajados requería, por parte del Gobierno, la concentración de esfuerzos en el acortamiento de los procesos judiciales, a la vez que el mantenimiento de las medidas de emergencia para la protección de derechos, como las cautelares. Por alguna extraña razón, el Gobierno hizo exactamente lo contrario a lo demandado por los intereses de los sectores populares: a resultas de la reforma, los procesos judiciales no se abrevian, sino que se alargan, mientras que las cautelares, en cambio, son las que se han limitado.

Finalmente, la reforma sobre el Consejo de la Magistratura es la más seriamente inconstitucional de todas las presentadas. Las violaciones de la Constitución son, en este caso, numerosas, y aquí me concentraré sólo en algunas de ellas, relacionadas con el nombramiento de los nuevos consejeros.

Desafortunadamente para el oficialismo, sin importar de qué teoría interpretativa partamos para leer la Constitución, el punto de llegada permanece inmodificado: la reforma es inconstitucional en todos los casos. Para los «textualistas» que se interesan sólo por la letra de la Constitución, el veredicto no deja dudas: nos guste o no (en lo personal no me gusta), la Constitución establece para el Consejo formas de representación profesional o especial. Los «jueces» y «abogados» del artículo 114 deben ser elegidos por sus pares, y sería impensable, legalmente, optar por otro camino (como sería impensable aceptar, por ejemplo, que los representantes argentinos ante la ONU fueran elegidos por todos los países del Mercosur o que los delegados de Italia o España ante la Corte Europea fueran designados por toda Europa).

Para los «originalistas» que pretenden resolver los conflictos de interpretación constitucional a través de la «voluntad original de sus creadores» la solución es clara y serena: el acuerdo al respecto entre los convencionales constituyentes (en el recinto y dentro de la comisión) fue absoluto: la representación de jueces y abogados no depende de las mayorías populares. Tal vez sea una pena, pero en todo caso una pena cuyo cambio requeriría un cambio constitucional.

Para los «deliberativistas» que ponen atención especial en las exigencias de «debate» que establece la Constitución para las decisiones legislativas (arts. 78, 83, 100 inc. 9, 106), la reforma (en general) aparece viciada: el requisito de «debate» no obliga a la mayoría oficialista a someterse a las críticas de la oposición, pero tampoco es compatible con su actitud de ignorarlas.

En lo personal, y desde una interpretación «procedimentalista», insistiría en un argumento diverso, fuertemente respaldado por la doctrina internacional (desde John Ely hasta Jurgen Habermas) y nacional (Carlos Nino), y que por suerte defendemos no desde hoy, sino desde hace décadas. Los jueces deben reservar el control constitucional a poquísimos casos: precisamente éstos. De modo más claro: los jueces (contra lo que es su costumbre) deben dejar márgenes de acción amplísimos para la política democrática, pero la contracara de ello es que deben ser hiperestrictos en el cuidado de los procedimientos (las reglas de juego) que hacen posible esa política democrática. Por eso mismo, los jueces deben examinar con presunción de invalidez o inconstitucionalidad todos los cambios en las reglas de juego que (sin surgir de un acuerdo constitucional amplio y profundo) impliquen de algún modo cambiarlas en una dirección favorable al gobierno de turno, cualquiera que éste sea. En definitiva, no importa la concepción interpretativa que se adopte, la reforma del Consejo de la Magistratura no tiene salvación constitucional.

¿Podríamos decir, en conclusión, que nos encontramos ante el fin de la República? Seguramente, no. Nos encontramos frente a aquello a lo que el kirchnerismo nos ha acostumbrado: una norma antipopular, hecha en nombre del pueblo, viciada en su constitucionalidad en aspectos que le son centrales.

(Publicado originalmente en La Nación el 2 de mayo de 2013 y reproducido con permiso del autor).

Alejandro Cassini, Desmilitarizar el lenguaje de la política

La experiencia ancestral de la guerra, elogiada desde la antigüedad y considerada durante siglos la ocupación noble por excelencia, modeló indudablemente el lenguaje de muchas actividades humanas, que, en principio,son completamente ajenas a la acción bélica. Generalmente el pasaje de un ámbito al otro es puramente metafórico, pero esas metáforas originarias con el tiempo tienden a volverse literales. De este modo, algo que empieza concibiéndose como si fuera una guerra, termina siendo efectivamente una guerra o una parte de ella.

Una de las actividades concebidas sobre esta metáfora agonística, ya en los orígenes de la filosofía y la ciencia occidental, es la argumentación y la discusión racional en general. Así, como hace tiempo advirtieron Lakoff y Johnson en un libro muy sugestivo de 1980, los antiguos griegos entendieron la dialéctica como un combate donde se enfrentaban dos posiciones ideológicas que debían atacarse y defenderse, como si se tratara de fortalezas militares. De allí surgieron expresiones como “ideas indefendibles”, “argumentos inatacables”, y muchas otras que todavía se utilizan de manera generalizada en el lenguaje de la filosofía, la ciencia, el derecho y la política.

Como los propios Lakoff y Johnson señalaron en su obra, esta no parece ser una metáfora particularmente adecuada para promover el conocimiento como una actividad colaborativa y constructiva.

Otra actividad cuyo lenguaje se forjó sobre la base de metáforas bélicas es la política. En este ámbito, ese lenguaje tiene consecuencias mucho más inquietantes que las de la pura dialéctica. La concepción de la política como una guerra en la que debe identificarse un enemigo al que es necesario derrotar es muy antigua, pero arraigó principalmente en todas las tradiciones revolucionarias posteriores a la Revolución Francesa. Ella se vuelve particularmente clara en la versión rusa del marxismo impulsada por Lenin, y también por Trotsky, que se impuso ya antes de 1917. Hélène Carrère D’Encausse observaba en su biografía de Lenin que el lenguaje de éste es completamente militar, ya desde sus primeros escritos, e impregna toda su concepción de la política, incluso de las tareas posrevolucionarias. En consecuencia con estas ideas, la organización de la sociedad socialista se concibió como una militarización del trabajo, que Trotsky llevó en Terrorismo y comunismo hasta sus conclusiones más extremas. “Ejércitos de trabajadores” y “brigadas de choque”, que se “movilizan” hacia los “frentes del trabajo”, anticipan muy tempranamente algunos de los peores aspectos del estalinismo. El modelo de la política revolucionaria leninista no es la guerra tradicional entre estados soberanos, como lo era para Sorel en sus Reflexiones sobre la violencia, de 1906, antecedente intelectual directo de todos los fascismos, sino la guerra civil. Ello es así porque la guerra entre estados mantiene la estructura de clases entre los vencedores, mientras que la guerra civil la disuelve. Lenin, Trotsky y otros teóricos del comunismo ruso elogiaron reiteradamente a la guerra civil, en la que el “enemigo” debe ser “exterminado”, como el medio más apropiado para la revolución comunista.

La guerra es también la fuente de toda la concepción política del fascismo, que históricamente es posterior a la del comunismo. La glorificación de la guerra es parte esencial de la retórica fascista y representa, como se ha observado siempre, una trasposición directa al campo de la política de la experiencia y los métodos de la guerra de trincheras concluida en 1918. Tanto para bolcheviques como para fascistas de toda especie, el paradigma del agente político es el miliciano armado que conquista el poder por la fuerza. Una vez producida la revolución o el asalto al poder, inevitablemente, el papel de estos militantes consistirá en reprimir a los “enemigos del pueblo” (un término acuñado durante el terror jacobino), integrándose a los organismos de la policía política del estado o, simplemente, ejerciendo la delación, una práctica persistente en todos los regímenes totalitarios.

La coincidencia entre la manera comunista y fascista de concebir la política fue tempranamente advertida por Sorel en sus últimos escritos, donde elogió por igual a Lenin y a Mussolini. También la reconoció un comunista lúcido como Bujarin, en una declaración de 1923 ante el XII Congreso del Partido Comunista Soviético, un texto revelador que merece citarse en toda su extensión:

«Es característico de los métodos fascistas de combate que ellos, más que ningún otro partido, han adoptado y aplicado en la práctica las experiencias de la revolución rusa. Si se los considera desde un punto de vista formal, esto es, desde el punto de vista de la técnica de sus métodos políticos, se descubre en ellos una completa aplicación de las tácticas bolcheviques, y especialmente de las de los bolcheviques rusos, en el sentido de la rápida concentración de fuerzas y la enérgica acción de una cerrada organización estructurada militarmente; en el sentido de comprometer las propias fuerzas en la movilización y en la despiadada destrucción del enemigo donde quiera que sea necesario y requerido por las circunstancias.» (Citado en Richard Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime: 1919-1924, London, Fontana, 1995, p. 253).

La política basada en la guerra de guerrillas, rurales o urbanas, fue la variante que asumió esta tradición revolucionaria en América Latina, sobre todo a partir del triunfo de la revolución en Cuba en 1959. El actor político privilegiado en los años 60 y 70 del siglo XX, aunque sólo fuera imaginario, no era el ciudadano responsable comprometido con las instituciones de la democracia representativa, sino el guerrillero que impone la justicia social por medio de la violencia. La trágica historia posterior de esta manera de concebir la política es bien conocida y sus consecuencias llegan hasta nuestros días. Con la ola de democratización de los diferentes países de América Latina que se produjo desde principios de la década de 1980, esta tradición belicista parecía haber perdido su atractivo. Sin embargo, asistimos en los últimos años a un preocupante retorno de la retórica bélica y de la concepción agonal de la política en varios países en los que se instalaron, por la vía democrática, gobiernos populistas de tendencias más o menos autoritarias y pretensiones hegemónicas. Venezuela y la Argentina constituyen dos buenos ejemplos de esta situación. Como muestra pueden presentarse dos casos tomados de la historia política reciente de cada uno de estos países.

En Venezuela, cuando el agonizante presidente Chávez fue repatriado desde Cuba, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, declaró que sus partidarios lo esperaban “rodilla en tierra” para “defender a la revolución bolivariana” de sus “enemigos”. Esa declaración podría no sorprender tratándose de un ex militar que secundó a Chávez en un intento de golpe de estado en 1992. Sin embargo, simultáneamente, un desconocido simpatizante del chavismo que se manifestaba en las calles declaraba a la prensa que se sentía particularmente feliz porque el “comandante” había regresado al país “para dar órdenes”, y ya lo estaba haciendo desde su habitación en un hospital. Ambas declaraciones son reveladoras de una significativa mentalidad autoritaria que parece haber arraigado profundamente en la conciencia de una buena parte del pueblo venezolano.

En la Argentina, por su parte, durante el año 2012 se formó en las cárceles de Buenos Aires una agrupación política denominada “Vatayón Militante” (sic), integrada por delincuentes comunes, que se propone brindar apoyo al gobierno, según declararon, por fuera de las estructuras del partido, o alianza de partidos, en el poder. El anuncio suscitó una amplia repercusión en los medios de comunicación, en buena medida por el hecho de que algunos de sus miembros tenían condenas por asesinato, pero también debido a los inquietantes antecedentes que este tipo de agrupaciones tiene en la historia política argentina. Pese a los declarados objetivos culturales, y hasta recreativos, de la agrupación, no resulta difícil encontrar connotaciones violentas en esta formación atípica, cuyo nombre mismo parece anunciar el germen de una fuerza de choque oficialista, o incluso de un posible grupo paramilitar.

La retórica militarista, y la consiguiente concepción de la política en términos de aliados y enemigos, se encuentran en plena expansión tanto en Argentina y Venezuela como en otros países de América Latina. Puede decirse, y se ha dicho, que se trata solamente de un lenguaje metafórico que no debe interpretarse literalmente. Pero en el plano lingüístico nada puede tomarse más en serio que las metáforas socialmente extendidas que devienen parte del sentido común. Éstas modelan el pensamiento colectivo e influyen decisivamente sobre los cursos de acción. Entender a la política sobre la base de una analogía con la guerra puede conducir a emprender acciones violentas, aunque sólo sean acciones puramente verbales. Por otra parte, representa por sí misma una concepción de la política profundamente incompatible con la democracia. La sociedad civil no es un cuartel y, por tanto, no debería organizarse militarmente. Los actores políticos no son soldados y por ello no deberían ser llamados “militantes” ni elogiados por ser “combativos”. Las manifestaciones públicas no son “movilizaciones” hacia un “frente”, ni aquellos que tienen ideas diferentes de las nuestras son “enemigos”, en ningún sentido del término. El uso de este vocabulario militar en el campo de la política fomenta el autoritarismo y la intolerancia y predispone a la violencia. Por todas estas razones, me parece una tarea urgente desmilitarizar el lenguaje de la política. Sería una contribución, modesta pero eficaz, para alcanzar el objetivo de vivir en una sociedad más democrática.

Javier Pérez Royo, «La persistencia de la monarquía»

Salvo en dos breves ocasiones, el Estado Constitucional español no ha dejado de ser una Monarquía en los últimos doscientos años largos de nuestra historia. Únicamente en algunos meses de la década de los setenta del siglo XIX y en algunos años de la década de los treinta del siglo XX el estado español asumió la forma de República. La historia constitucional de España ha sido, pues, casi en su integridad la historia de un Estado monárquico.

Lo ha sido de manera singular, ya que entre Regencias y Dictaduras militares han sido muchos los años en los que la Jefatura del Estado no ha estado ocupada por el Rey. Además, de los cuatro Monarcas que efectivamente han reinado desde comienzos del siglo XIX dos murieron en España, Fernando VII y Alfonso XII y otros dos en el exilio, Isabel II y Alfonso XIII. La línea sucesoria se rompió en el siglo XX pasando a ocupar la Corona, tras Alfonso XIII, el Rey Juan Carlos y no su padre, D. Juan de Borbón.

Quiere decirse, pues, que en las relaciones entre la sociedad española y la Monarquía hay continuidad y discontinuidad. La sociedad española no ha sido capaz de organizarse políticamente de manera estable sin la Monarquía. Pero la presencia de un Rey en la Jefatura del Estado ha sido, por lo general, muy perturbadora para la sociedad española. Si exceptuamos Alfonso XII, que pasó prácticamente desapercibido, la ejecutoria de los otros tres Monarcas previos al actual, Fernando VII, Isabel II y Alfonso XIII, ha sido desastrosa, agotando entre todos el depósito de legitimidad de la dinastía.

La Monarquía, tanto cuando la Jefatura del Estado ha estado ocupada por un Rey como cuando ha estado ocupada por una Regente o por un Dictador militar, no ha contribuido a resolver los problemas de modernización política y constitucional con los que tenía que enfrentarse la sociedad española, siendo, por el contrario, un obstáculo, el famoso obstáculo tradicional, para dar respuesta a los mismos. Y a pesar de ello se ha mantenido. Mientras en los demás países europeos, salvo los países nórdicos, la llegada del sufragio universal puso fin a la Monarquía de manera definitiva e irreversible, en España no fue así. Las dos primeras expresiones del sufragio universal, la del masculino exclusivamente en 1869 y la del auténticamente universal en 1931, pusieron fin a la Monarquía. Pero por poco tiempo. En ambos casos hubo Restauración, algo que en otros países europeos se produjo en la primera mitad del siglo XIX, pero no en la segunda y, mucho menos, en el siglo XX.

La capacidad de supervivencia de la Monarquía española ha sido más que notable. Especialmente si se toma en consideración que la pérdida absoluta de legitimidad de la institución con la dictadura de Primo de Rivera coincide con el avance en toda Europa de la democracia como única forma política aceptable, detenida transitoriamente por las dictaduras nacional-socialistas y fascistas. Nadie en su sano juicio podía pensar en la Restauración de una Monarquía en medio de Estados democráticos de la mano de un Régimen fascista nacido de una sublevación militar contra una República democrática tras una espantosa guerra civil en el último cuarto del siglo XX. Y sin embargo, es lo que ocurrió.

Esta perspectiva merece no ser perdida de vista. La sociedad española hasta la fecha no ha sabido prescindir de la Monarquía en su organización constitucional. Ni siquiera en la época de Franco. Las Leyes Fundamentales eran calificadas como Leyes Fundamentales del Reino. Y la sucesión en la Jefatura del Estado ocupada por el General Franco era monárquica con el orden regular de sucesión característico de la Monarquía española una vez instaurada la Corona en la persona de un Rey. Es una conjetura pero, en mi opinión, el horizonte monárquico fue una pieza esencial en la prolongación de la dictadura franquista. Ahora mismo la Monarquía se encuentra en un momento difícil y se empieza a especular con la posibilidad de una transición hacia la República. ¿Es razonable pensar en un desenlace de esta naturaleza? ¿Está dispuesta la sociedad española a prescindir de la institución monárquica, lo que supondría la apertura de un proceso constituyente sin más límites que los que suponen nuestra pertenencia a la Unión Europea?

Las condiciones para dar el paso están presentes. La sociedad española de esta segunda década del siglo XXI está incomparablemente mejor preparada que la de 1931 para liberarse de inercias del pasado y ser protagonista con razonables expectativas de éxito de un auténtico proceso constituyente. Un proceso constituyente que sea expresión política de la España democrática, que hasta ahora no hemos conocido en nuestra historia.

 

Roberto Gargarella, «No se cambian las reglas a mitad del juego»

Apartir de los abusos reiterados que nuestra comunidad ha sufrido, hemos desarrollado un paulatino acostumbramiento frente a las violaciones de derechos. El problema, cabe aclararlo, trasciende a una facción política particular, aunque es indudable que la burla frente a las reglas se ha convertido en práctica habitual en estos últimos años. Resulta inverosímil, por caso, que el Ministerio de Seguridad haya estado involucrado (de modo judicialmente comprobado) en el espionaje a militantes sociales, sin que ello se haya traducido en la inmediata renuncia de la ministra y su secretario; o que se expropie una empresa que no se nos permite saber de quién es, pero que estaba a cargo de imprimir la moneda nacional. Frente a crímenes mayúsculos, el Gobierno ha institucionalizado la indiferencia como respuesta. Se trata de esperar a que el tiempo pase y la gente deje de protestar contra los funcionarios involucrados. Por supuesto, cabe enfatizarlo, esta situación desgraciada se ha consolidado gracias al silencio cómplice de muchos intelectuales, y al temor de tantos jueces y funcionarios públicos, que prefieren consentir abusos antes que poner en riesgo sus propios privilegios.

En materia jurídica, la actitud del Gobierno recoge los mismos parámetros: avanza en medidas que pueden implicar graves arbitrariedades, con la pretensión de que el tiempo, simplemente, naturalice sus excesos. En este contexto, se ha instaurado una práctica legalmente objetable, dentro de la cual se inscribe la recientemente anunciada reforma de la democratización de la Justicia. La práctica es la siguiente: en el medio de la partida, el jugador principal -en este caso, el Gobierno- cambia las reglas de juego, normalmente en su propio beneficio. Es lo que ocurrió cuando se reformó la ley electoral, de modo tal de perjudicar a los partidos minoritarios; cuando se modificó la ley del Consejo de la Magistratura, en favor del Gobierno; o cuando hoy se proponen cambios en nombre de la democratización de la Justicia. Este modo de reformar las reglas de juego es resistido no sólo por el sentido común, sino también por las doctrinas jurídicas más asentadas. Lo que dice al respecto el sentido común es lo obvio: las modificaciones de las reglas de juego no deben afectar el juego o la partida actual (como si a uno le modificaran las reglas del ajedrez o de una partida de cartas, mientras está jugando). Muchísimo menos si lo que se pretende es introducir un cambio favorable a quien introduce las nuevas reglas.

Dentro de la teoría jurídica contemporánea (fundamental, pero no exclusivamente, en las llamadas teorías procedimentalistas), suele destacarse un punto similar: cualquier reforma legal que implique una modificación de los procedimientos jurídicos vigentes debe mirarse con sospecha. La idea de «sospecha» que se utiliza en este caso apunta a algo jurídicamente muy preciso: cualquier reforma de las reglas debe considerarse, en principio, contraria a derecho, inconstitucional, a menos que: 1) se demuestre la existencia de una necesidad imperiosa y urgente que justifique la reforma (por ejemplo, porque de otro modo el juego no se puede seguir jugando); 2) que los medios escogidos estén diseñados del modo más estricto posible para lograr la finalidad del caso (los medios escogidos no deben ser sobreabarcativos, ni deben dejar de lado cambios imprescindibles para el logro de la finalidad anunciada), y 3) que no exista una forma menos restrictiva para alcanzar la finalidad anunciada. Para decirlo de un modo más directo: cada vez que el Gobierno «toque» las reglas del juego, el juez debe leer esa medida bajo la presunción de que quien la dictó trató de beneficiarse a sí mismo, salvo que un excepcional esfuerzo argumentativo pueda demostrar que la reforma era imprescindible (y así se adecue a los tres pasos citados más arriba). Entiéndase bien: cualquier gobierno puede tomar centenares de medidas de muy diverso tipo (desde impulsar reformas hídricas para prevenir futuras inundaciones hasta convertir en ley la asignación por hijo), sin obstáculo alguno, pero la situación no es la misma cuando lo que se afecta son las propias reglas del juego. No es admisible, por tanto, el dictado de una reforma electoral que le permita a quien la promueve aumentar su ventaja en las próximas elecciones, como tampoco lo es una reforma judicial que ayude a que el gobierno de turno tenga mejores chances de controlar a quien debe controlarlo.

Contra lo aquí sugerido, las reformas anunciadas esta semana por la Presidenta afectan las reglas del juego, están lejos de ser imprescindibles y no tocan ninguno de los puntos más importantes necesarios para alcanzar la finalidad alegada, es decir, democratizar la Justicia. En efecto, la reforma no viene a favorecer el acceso de los pobres y marginados a los tribunales; no disminuye los costos del litigio ni combate los formalismos que convierten al proceso judicial en territorio reservado para unos pocos. Otra vez, en su esencia, la reforma refuerza claramente la posición de los más poderosos (los funcionarios del Estado) y de los más ricos. Ello, no sólo a través de las trabas que se imponen a las medidas cautelares, pensadas originalmente como forma de protección de los ciudadanos más débiles frente al Estado, sino también a través de la inclusión de nuevas instancias, lo que beneficia, sobre todo, a quienes son capaces de resistir el proceso mientras éste se alarga indefinidamente: los pobres son así forzados a negociar para terminar el juicio cuanto antes y a hacerlo desde una posición de objetiva desventaja. Mientras tanto, la burocrática reforma propuesta sobre el Consejo de la Magistratura representa el mejor ejemplo de lo que puede considerarse una reforma destinada a favorecer al jugador dominante.

Para el político obstinado en reformar las reglas de juego, en todo caso, el sentido común ofrece dos consejos que, sin duda, prometen allanar el camino de la validación constitucional de la reforma del caso. Primero, la reforma de las reglas de juego debe llevarse a cabo con un consenso muy amplio, que sea capaz de incluir sobre todo a los partidos opositores; y segundo, ella debe comenzar a aplicarse recién a partir del próximo juego, es decir, nunca mientras el juego se está jugando ni mucho menos en la medida en que ella pueda favorecer al mismo que propicia la reforma del juego.

(Publicado originalmente en La Nación el 12 de abril de 2013 y reproducido con permiso del autor).

Osvaldo Guariglia, «Las fallas estructurales del régimen parlamentario»

Entre las varias propuestas que se han lanzado para dar cierta gobernabilidad y estabilidad al sistema democrático de gobierno en Argentina, la preferida en el último tiempo por ciertos sectores con pretensiones reformistas ha sido la de sustituir el régimen presidencial por un régimen parlamentario similar al de varios países europeos. Por cierto, dicho sin mayores precisiones, la propuesta queda completamente indeterminada, ya que existen en Europa tantos regímenes de este tipo como países, y, por tanto, muy distintos entre sí, algunos estables, democráticos y previsibles, como el de Alemania, y otros catastróficos, como el de Bélgica, que lleva ya casi dos años sin formar gobierno.

Uno de los males de la política argentina que esta propuesta pretendería enmendar, sería la de la división de la comunidad política en dos campos enemigos sin posibilidad de acuerdos ni mediaciones en el ejercicio del poder. Confieso que siempre me sorprendió la inocencia, auténtica o pretendida, con la que los propulsores de esta reforma intentaban respaldarla bajo pretexto de la finalidad aducida. En efecto, la democracia es un sistema de gobierno que, por encima de toda ingeniería institucional, presupone en la voluntad de los participantes la aceptación sin excepciones de sus reglas y el firme propósito de respetarlas, tanto cuando el resultado de su aplicación les es favorable como cuando les es adverso. Cuando esta condición no se da, es indiferente que el régimen sea presidencialista o parlamentario.

Desdichadamente por estos días una gran nación europea, muy cara al corazón de los argentinos, está confirmando de la manera más dramática esta tesis: Italia. El resultado de la elección general llevada a cabo a fines de febrero ha impedido la formación de un gobierno mayoritario porque la ley electoral bajo la cual se realizó, el así llamado porcellum, fue creada en su momento por el gobierno de S. Berlusconi con el rechazo de toda la oposición, con el solo objeto de proteger sus intereses, para lo cual se apeló a una distribución del voto que el propio autor de la ley, el senador Roberto Calderoli, denominó “una porcata”. El Partido Democrático obtuvo, tanto en la Cámara de representantes como en el Senado, una escasa mayoría relativa, la que en el caso de la primera le confirió de manera automática una mayoría absoluta mediante el así llamado “premio de mayoría”, que asegura el número suficiente de bancas para poder gobernar.

En el Senado, en cambio, donde el premio de mayoría está abolido y se aplica un complicado esquema proporcional que favorece a las regiones gobernadas por el centro-derecha, el Partido Democrático, pese a haber obtenido una mayor diferencia de votos, quedó lejos de la mayoría absoluta de bancas.

El de-rrumbe de la coalición de partidos moderados de centro que se agruparon bajo la consigna del primer ministro técnico saliente, Mario Monti, y el ascenso sorprendente del Movimiento “5 Stelle”, liderado por el capo cómico Beppe Grillo, que rechaza todo acuerdo para formar un gobierno con el Partido Democrático, terminaron de cerrar el escenario de una posible salida del estancamiento. En condiciones normales, el presidente de la república, Giorgio Napolitano, podría haber apelado como solución última a una nueva elección disolviendo las dos cámaras, solución, sin embargo, que ahora le está vedada por hallarse en el último semestre de su septenio, en el cual constitucionalmente no puede ejercer ese derecho. Hasta la elección de un nuevo presidente, que dará comienzo con la nominación de los posibles candidatos a partir del próximo 18 de abril, no se vislumbra ningún cambio en este callejón sin salida.

Por cierto, son múltiples las causas que llevaron a Italia a esta encrucijada: en primer lugar, la crisis económica de todo el Sur de Europa, que la afectó con mayor violencia a raíz del endeudamiento crónico del estado (alrededor del 120% de su PBI); luego la inoperancia de los dos gobiernos de Silvio Berlusconi y su coalición de partidos de derecha, especialmente la Lega de las regiones del norte, enroscados en la defensa de sus intereses, que obstaculizaban toda reforma posible; por último, el severo ajuste impuesto por la Unión Europea bajo la rígida guía de la canciller alemana, Angela Merkel, cuyos efectos deletéreos se concentraron especialmente en una persistente recesión económica, en una creciente desocupación y, sobre todo, en un aumento general de los impuestos y una fuerte disminución de las prestaciones del estado.

Sin embargo, siguiendo la hipótesis de los defensores del régimen parlamentario, una situación extrema como ésta hubiera debido impulsar a un acuerdo de todos los partidos, sea a través de una gran coalición o de una renuncia de los que fueron derrotados en las elecciones a obstaculizar la formación de un nuevo gobierno, a fin de impulsar un programa de salvación común que continuara las reformas emprendidas pero sobre todo impulsara una reactivación de la economía y de la creación de empleo. Nada de eso ha ocurrido. Al contrario, se han afianzado los dos populismos opuestos pero semejantes: el de derecha, liderado con mano de hierro por Berlusconi, que sigue poniendo por encima de todo sus propios intereses, en especial, su inmunidad frente a los jueces que tienen abiertas múltiples causas contra él, algunas ya con fallos condenatorios; y el de una izquierda anárquica y anti-partidos, liderada por Grillo, que propugna medidas catastróficas para el país y para Europa, como la salida del Euro, se ha cerrado sobre sí misma y ha ido adquiriendo un típico cauce autoritario y verticalista, propio de países periféricos con una tradición democrática deficiente. Entre ambos han bloqueado todo acuerdo razonable con la vista puesta en el interés de la nación.

En conclusión: ningún régimen puede garantizar una democracia estable, que aúne gobernanza y equidad y evite lo más posible la formación de los núcleos oligárquicos que la deforman y degradan hasta anularla. La voluntad democrática de los participantes puede, sin embargo, ayudar ampliamente a un mejor funcionamiento del régimen de gobierno, presidencialista o parlamentario, mediante ciertos acuerdos básicos en vista del interés común, comenzando por un sistema electoral imparcial y representativo, cuyo mejor candidato es, a mi juicio, el de doble turno con mayoría absoluta, como ha sostenido permanente el gran teórico político Giovanni Sartori. Que esto sea realizable tanto en Italia como en Argentina, es en la actualidad bastante im-probable.

Adela Cortina, «El corazón de Europa»

Las actuaciones de la Unión Europea están causando entre sus ciudadanos una merecida desafección. Se habla de que es esta una “Desunión Europea”, en la que los dirigentes de cada país bregan por conseguir los votos de los electores en su país de origen, sin importarles el conjunto de esa entidad supranacional de la que habíamos llegado a sentirnos tan orgullosos.

Los europeos, inventores del Estado nacional, habríamos ideado también una comunidad de soberanías compartidas capaz de ir sentando las bases de una sociedad cosmopolita. La unión económica exigiría reforzar la unión política y, como condición de posibilidad de una y otra, se potenciaría la Europa de los Ciudadanos, clave de bóveda de todo lo demás.

Pero la crisis actual ha puesto en evidencia que ninguna de esas metas se había alcanzado, porque ha sido el egoísmo de cada país el que ha presidido sus actuaciones en el seno de la supuesta unión, y no la cooperación imprescindible para que funcione como tal unión en el orden ciudadano, político y económico. No hay una auténtica democracia europea, los gobernantes toman acuerdos bilateralmente, cambiando las lealtades al hilo de la conveniencia coyuntural, pero no se atiende a las aspiraciones de los supuestos ciudadanos europeos.

Este funcionamiento es suicida. Y no solo porque va en contra del sentido de la democracia, no solo porque resulta inmoral tomar decisiones sin tener en cuenta a sus destinatarios, sino incluso por algo tan simple como que resulta irracional. Tanto tiempo presumiendo de que el progreso humano se ha beneficiado del avance racional propiciado por Europa, para venir a dar en la irracionalidad más pueril.

Porque sabemos desde hace tiempo que lo racional no es buscar el máximo beneficio de forma egoísta, caiga quien caiga, sino tener la inteligencia suficiente como para cooperar desde una base de cohesión social. Que acertaban los viejos anarquistas al asegurar que es la ayuda mutua la que beneficia a las especies y no la despiadada competencia, que es más inteligente generar aliados que adversarios, amigos que enemigos.

Las actuaciones en Chipre con más fruto de la improvisación egoísta que de la preocupación por la población.
La razón humana integral no es estúpidamente egoísta, sino cooperativa. Como bien dice Michael Tomasello, “nunca veréis a dos chimpancés llevando juntos un tronco”; fue la capacidad de cooperar la que hizo progresar a la especie humana. Los que trabajan codo a codo no sólo consiguen cambiar el tronco de lugar, sino también generar un vínculo de amistad que vale por sí mismo y para trabajos futuros.

Ese parecía ser el corazón del proyecto de una Europa unida, que podría extenderse a otros lugares. Y resulta desalentador ver cómo la Europa que inventó la democracia en la Grecia clásica, que acuñó la idea de dignidad humana como núcleo de la vida compartida, que potenció la racionalidad no sólo científica sino sobre todo moral, que descubrió el Estado social y la posibilidad de una comunidad supranacional, ha traicionado su propia identidad con un tenaz empeño suicida, sin el menor afecto por los ideales que la constituyen.

Las actuaciones en Chipre, que son a todas luces más fruto de la improvisación egoísta y chapucera que de una preocupación inteligente por el bien de la población, se suman a esta reciente historia de agravios a los países del sur, en los que se ha ido generando una aversión profunda hacia los supuestos socios del norte. Una situación de la que se benefician los populismos y los totalitarismos de uno u otro signo, los que no tendrían ninguna oportunidad de medrar en una sociedad justa.

¿Cómo es posible que a los bien situados les resulte tan difícil aprender que los países y las personas son interdependientes, que es falso que mi ganancia dependa de las pérdidas ajenas? Es justo lo contrario, si los países del sur quedamos esquilmados, como es el caso, no solo nosotros saldremos perdiendo, también perderán los del norte.
Decía Kant, alemán de Königsberg, que hasta un pueblo de demonios, de seres sin sensibilidad moral, preferiría un Estado de derecho que una situación de guerra de todos contra todos. Pero, eso sí, añadía: con tal de que tengan inteligencia. Y yo apostillaría: auténtica inteligencia humana, como la que se revela en el juego del ultimátum.

En él un jugador oferta créditos a otro, que puede aceptarlos o rechazarlos. Si acepta, ganan los dos; en caso contrario, ninguno gana nada. Si fuera verdad que la racionalidad humana trata de maximizar el beneficio unilateralmente, el que responde debería aceptar cualquier oferta superior a cero, y el proponente debería ofrecer la cantidad más cercana posible al cero. Pero los que responden tienden a rechazar ofertas inferiores al 30% del total, porque no quieren recibir una cantidad humillante, y por eso los proponentes tienden a ofrecer del 40% al 50% del total para poder ganar algo. Por si faltara poco, los que sí muestran una racionalidad maximizadora cuando entran en un juego del ultimátum adaptado para ellos son los chimpancés, no las personas.

Mala cosa es, por sí misma, la humillación de los peor situados y además ni siquiera es inteligente. Lo inteligente, en el caso de Europa, es recuperar la propia identidad creando una auténtica democracia, basada en la cohesión social y en la ayuda mutua.

 

Marcos Novaro, «Venezuela: ¿fin de la ambigüedad populista?»

Es seguro que la desaparición de Hugo Chávez tendrá un amplio impacto en la escena latinoamericana. Aunque todavía está por verse qué sentido y orientación adquieren estas consecuencias. Dependen, ante todo, del modo en que su ausencia repercuta en la propia Venezuela y cómo la política de ese país, acostumbrada durante tres lustros a latir al compás de sus iniciativas, encuentre una nueva guía.

El desafío que a este respecto enfrenta podría considerarse un caso típico de “rutinización del carisma”. Es decir, de lo que se trata es de observar cómo, y con qué grado de éxito, se transfiere la legitimidad personal con que Chávez gobernaba, a sus herederos y a las organizaciones en que él asentó su régimen.

La cuestión es importante no sólo para Venezuela. Es reveladora de ciertas particularidades de los regímenes populistas latinoamericanos, tanto los actuales como los que rigieron en el pasado, y explica las dificultades que ellos casi siempre encontraron para perdurar: y es que estos regímenes, aunque se basan en alguna medida en mecanismos electorales para legitimarse y reproducirse, combinan esos mecanismos con otros de origen corporativo o autoritario, que les permiten limitar la competencia por el poder, tanto interna como externa; y la ambigüedad resultante de estos precarios arreglos institucionales tiende naturalmente a entrar en crisis cuando desaparece el único actor que es capaz de contener las tensiones resultantes, el líder carismático.

Chávez, en su doble condición de jefe militar y líder de masas, fue desde sus comienzos un caso ejemplar de esta ambigüedad. Por lo que no sorprende que su criatura, la república bolivariana, resultara en un sistema institucional muy intrincado, que sólo su voluntad podía hacer funcionar y darle una orientación más o menos definida. La mitificación póstuma del líder está dejando ver los desafíos que se le plantean a sus seguidores al respecto. Recordemos que, en vida, él se inspiró y referenció en Simón Bolívar y con más disimulo, pero también más pertinencia y actualidad, en Juan Perón, Velasco Alvarado y otros caudillos militares populistas del siglo XX. Sin embargo, una vez muerto quienes aspiran a heredarlo, y en particular quien busca sucederlo en la presidencia, Nicolás Maduro, parecen decididos a inscribir su legado en una tradición más radical: la de Lenin, Mao y compañía. ¿Ese es el rumbo hacia el que enfilarán los chavistas?, ¿lograrán llegar a la meta y Venezuela se convertirá en un régimen decididamente totalitario, más cercano de lo que es ahora a la Cuba castrista?

Sucede que, para sobrevivir, los deudos de Chávez deben urgentemente institucionalizar los distintos y contradictorios roles que él cumplía. Y lo cierto es que las fórmulas comunistas pueden resultarles útiles en esta tarea. Aunque también ellas suponen alternativas, y escoger entre ellas no es sencillo. Para disipar los altos riesgo de desarticulación y fractura que corren en estos días, los chavistas necesitan que la autoridad se transmita en forma rápida e inapelable, a otra persona o grupo que nadie ni dentro ni fuera del régimen pueda desafiar. En suma, alguien que logre hacer lo que Stalin hizo con Lenin, quitando toda autonomía y relevancia al Politburó; o lo que el Comité Central del PC Chino hizo con Mao, sustituyendo una autocracia personalista por el gobierno de un comité. Y las diferencias entre una situación y otra no son menores.

Por otro lado, el régimen deberá resolver bastante pronto qué hace con quienes aun no lo aceptan, es decir, por lo menos un 40% de la sociedad venezolana. Si la mala situación económica pesa menos que los fastos del entierro y la mitificación del líder, y las nuevas elecciones consagran a Maduro como nuevo campeón electoral, tal vez esto se procese de momento de forma incruenta, y no sea muy necesario un endurecimiento manifiesto de las reglas de juego. Pero si la competencia se empareja, y peor aun si para asegurarse el triunfo el oficialismo necesita de manipulaciones aun más alevosas que las practicadas en su momento por el propio Chávez, entonces la crisis de la legitimidad electoral del régimen se agravará y no tendrá escapatoria: o acepta compartir más el poder y que con el tiempo la revolución chavista se disuelva, o se endurece del todo y liquida cualquier posibilidad de competencia.

En cualquier caso, tanto la dinámica interna como la competencia externa impulsarán al chavismo a abandonar su hibridez hasta aquí característica. Él pudo, tal como hiciera el primer peronismo, moverse en una zona ambigua, componiendo un híbrido en que podían convivir ciertos aspectos de la vida democrática con rasgos decididamente despóticos. Pero esta ambigüedad difícilmente pueda mantenerse en el futuro porque necesita de un líder excepcional, alguien capaz de conciliar lo irreconciliable, uniendo en un puño los hilos de una madeja tan complicada que en las manos de cualquier otro no podría evitarse se enredara y estallara.

Con Chávez vivo, el chavismo permitió que otros partidos se presentaran a elecciones, aunque colocándolos en inferioridad de condiciones, al identificar a su fuerza política con el propio estado, definir a sus enemigos como los del pueblo y de la patria, y reemplazar las instituciones públicas, incluso las propias fuerzas armadas, por órganos abiertamente partidistas. Además, aunque se basó esencialmente en la legitimidad electoral, se autodefinió como un poder revolucionario, cuyo origen podía rastrearse en el fallido golpe de 1992, que de atentado contra la democracia pasó así a ser un heroico antecedente de las luchas del pueblo por su libertad y por crear un orden auténticamente “nacional y popular”. Del mismo modo que el peronismo siguió recordando y celebrando en los años cuarenta y cincuenta, además del 17 de octubre y el 24 de febrero, expresiones máximas de la adhesión de masas a su régimen, el 4 de junio, que en 1943 había dado origen al movimiento militar nacionalista en que, al postular la unidad entre pueblo y ejército, se afirmaba en última instancia su poder y su proyecto.

Esta ambigüedad, y la hibridez resultante, parecen ser una característica inherente a todos los regímenes populistas. Y proveerles su peculiar plasticidad para comportarse en forma más autocrática o más democrática según las necesidades y conveniencias de cada momento; y según las demandas a atender y los desafíos a enfrentar. Pero ellas también son la causa de que, salvo muy raras excepciones (la más notable, la del PRI mexicano), los regímenes populistas no hayan logrado perdurar en el tiempo.
No lo logró el peronismo, expulsado del poder en 1955, pese a que sobrevivió como partido, y tampoco los efímeros regímenes populistas de Perú, Ecuador y Bolivia, que ni siquiera perduraron como movimientos políticos. Está por verse si el chavismo logra romper esta racha. Y está a la vista ya la vía que sus dirigentes prefieren para intentarlo: la mezcla de lo ridículo y lo siniestro que ofrece Nicolás Maduro seguramente nos hará extrañar pronto el espíritu bonachón y jocoso con que acompañaba Chávez hasta sus decisiones y discursos más ofensivos.