El crimen de la disidencia, por Alejandro Cassini

El día 12 de diciembre de 2013 el régimen comunista de Corea del Norte ejecutó a Jang Song-thaek, considerado el segundo funcionario más importante del gobierno, y a varios de sus colaboradores más cercanos. Los cargos en los cuales se basó la aplicación de la pena de muerte eran de lo más variado: corrupción, traición, intento de golpe de estado, incluso afición al juego, la bebida y las drogas. Probablemente, como sucedió siempre en las innumerables purgas realizadas por los estados totalitarios, estos cargos fueran puramente ficticios. No es difícil advertir que la verdadera razón de este tipo de purgas es casi siempre de carácter exclusivamente político y consiste, en última instancia, en el simple hecho de haber expresado alguna idea que no concuerda con la línea oficial del partido gobernante. En los regímenes totalitarios, donde la crítica está prohibida por principio, la disidencia es un crimen y cualquier intento de pensamiento libre se considera el peor de los delitos.

En su discurso del 1° de enero de 2014, el joven dictador Kim Jong-un justificó la ejecución de su tío Jang Song-thaek en los siguientes términos: “El año pasado se tomó la decidida medida de sacar facciones de escoria disidente del partido”. Luego agregó al respecto que: «La oportuna decisión de nuestro partido de purgar elementos antipartido, antirrevolucionarios, ha ayudado en gran medida a cimentar la solidaridad dentro de nuestro partido». El crudo lenguaje acerca de la purga de disidentes remite a las peores épocas del estalinismo. Resulta verdaderamente increíble que en pleno siglo XXI todavía persista semejante uso del terror estatal. Sin embargo, si se atiende a la historia de los regímenes comunistas, es posible advertir claramente la coherencia de estas prácticas con la tradición del bolchevismo ruso desde sus mismos comienzos.
Todavía existen muchas personas, especialmente intelectuales de profesión, que persisten en la creencia ingenua e históricamente errónea de que el terror comunista es una invención de Stalin que traicionó los principios de la revolución rusa y los ideales de Lenin. Nada más lejos de la realidad. La aplicación del terror de masas como medio para mantenerse en el poder e imponer una ideología única en la sociedad es una estrategia que los bolcheviques aplicaron desde el comienzo mismo de la revolución. Los extremos a los que estuvieron dispuestos a llegar se revelan claramente en las palabras de Grigori Zinóviev cuando el 19 de septiembre de 1918 en una reunión del partido declaró que: «Para deshacernos de nuestros enemigos debemos tener nuestro propio terror socialista. Debemos atraer hacia nuestro lado, digamos, a 90 de los 100 millones de habitantes de la Rusia Soviética. En cuanto a los otros, no tenemos nada que decirles. Deben ser aniquilados.»

El tema del terror comunista ha sido estudiado con detalle por los historiadores de todo el mundo y desde hace ya largo tiempo se conocen los principales hechos. Aquí sólo mencionaré dos: la creación de la policía política y la de campos de concentración para presos políticos. Ambas instituciones, elementos esenciales de todo estado totalitario, se implantaron en Rusia apenas los bolcheviques tomaron el poder y antes de que comenzara la resistencia organizada contra el nuevo régimen. La policía política (la temible Cheka) se creó el 8 de diciembre de 1917, apenas dos meses después de que los bolcheviques tomaran el poder derrocando al gobierno provisional. La Cheka tenía facultades para detener y procesar de manera sumaria a todo sospechoso de ser contrarrevolucionario, lo cual en la práctica involucraba a todo aquél que esbozara alguna crítica al régimen bolchevique. También realizó múltiples ejecuciones clandestinas. Muy pronto las cárceles se llenaron de presos políticos y comenzaron los traslados masivos hacia campos de internamiento. Antes de que se iniciara la guerra civil ya se habían abierto numerosos campos de concentración. Los orígenes leninistas del Gulag se encuentran hoy claramente establecidos. Los ideólogos de los campos fueron los propios Lenin y Trotsky. Se conocen documentos que lo indican claramente. Una orden secreta de Lenin del 8 de agosto de 1918, donde se ordenaba reprimir a los campesinos, declaraba que “todos los sospechosos deben ser internados en un campo de concentración fuera de la ciudad”. Poco después, el 5 de septiembre, el Soviet del Consejo de Comisarios del Pueblo decretó oficialmente el inicio del terror rojo. En el decreto, publicado en el número 195 del periódico oficial Izvestiya, el día 10 de septiembre, podía leerse que “con el fin de proteger a la República Soviética de sus enemigos de clase, debemos aislarlos en campos de concentración”. En el transcurso de la guerra civil, los llamados “campos de destinos especiales” se multiplicaron con rapidez y hacia fines de 1920 ya había registrados 84, esparcidos por diferentes regiones de Rusia, con un número de prisioneros cercano a los 50.000. Estos campos no se poblaron con miembros de la guardia blanca, ya que el decreto del terror rojo había establecido que todo prisionero blanco debía ser inmediatamente fusilado. La población de los campos estaba formada principalmente por miembros de partidos políticos de izquierda y de derecha que no apoyaron a los bolcheviques: anarquistas, mencheviques, socialistas revolucionarios y, en menor medida, liberales.

Una vez finalizada la guerra civil y el “comunismo de guerra” el terror estatal no desapareció, sino que se institucionalizó como parte del régimen de gobierno. El sistema de campos de concentración no sólo no fue suprimido, sino que se volvió más extenso y organizado. En 1923, todavía en vida de Lenin, se abrió el campo de las islas Solovetsky, en el mar Báltico, donde un antiguo monasterio fue convertido en prisión con capacidad para alojar hasta 6.000 presos políticos. Este campo fue el modelo sobre el que se construyeron todos los restantes campos que habrían de formar el Gulag. Naftalí Frenkel, un antiguo prisionero convertido en jefe, concibió la idea de que los presos recibieran una alimentación proporcional al trabajo realizado. Este método perverso luego se aplicó en casi todos los campos de trabajos forzados y fue la causa de incontables muertes por agotamiento y desnutrición. Hacia fines de 1923 el número de presos políticos de la Unión Soviética ya superaba los 70.000. En la década siguiente el Gulag llegó a su apogeo. Un documento del NKVD (el comisariado que controló a la policía política desde 1934) registra que el promedio anual de prisioneros de los campos aumentó de 190.000 en 1930 hasta 1.400.000 en 1940.

Las purgas dentro del propio partido comunista tienen también una larga historia. Los bolcheviques ya habían realizado una purga interna en una fecha tan temprana como 1909, cuando fue expulsado el sector de Alexander Bogdánov, con quien Lenin había mantenido una extensa polémica. Una vez en el poder, el partido bolchevique, que siempre había sido minoritario, experimentó un aumento considerable de sus miembros, y, como consecuencia de ello, comenzó a practicar purgas sistemáticas. La necesidad de purgar periódicamente las propias filas se estableció como obligatoria para todos los partidos comunistas del mundo en el segundo congreso de la Comintern, en julio de 1920. En las condiciones de admisión, redactadas por el propio Lenin, se decía explícitamente que:

«Cada organización que desee pertenecer a la Internacional Comunista está obligada a separar de manera regular y sistemática de todos los puestos de responsabilidad en el movimiento obrero […] a los reformistas y partidarios del “centro” y sustituirlos por comunistas seguros […] (Art. 2).

Los partidos comunistas de los países en que los comunistas actúan legalmente deben efectuar depuraciones (revisiones) periódicas de los efectivos de sus organizaciones, a fin de depurar de manera sistemática el partido de los elementos pequeñoburgueses que se introducen inevitablemente en sus filas.» (Art. 14)

Así pues, las purgas sistemáticas de los partidos, basadas esencialmente en razones ideológicas, y no necesariamente en las acciones de sus miembros, se consideraron obligatorias a partir del momento mismo de la fundación del comunismo como movimiento internacional.

El partido bolchevique efectuó su primera gran purga en 1921, cuando aproximadamente un 25 % de sus integrantes fueron expulsados. La segunda purga importante llegó en 1929, con un 11 % de expulsiones. En la de 1933 el número de expulsados alcanzó los 792.000, que en ese momento constituían el 18,5 % de los afiliados. Es evidente, entonces, que las enormes purgas realizadas por Stalin en 1937 y 1938, no sólo en el partido comunista, sino también en el ejército rojo, tenían claros antecedentes. En esos dos años funestos las purgas adquirieron otro significado. Además de la suspensión temporal o la expulsión definitiva, los afiliados al partido podían ser desterrados, encarcelados o internados en campos de concentración. Si eran acusados de traición, espionaje o intentos contrarrevolucionarios, les esperaba la pena de muerte. Cuanto mayor fuera su jerarquía o responsabilidad en el gobierno, tanto mayor era el riesgo. La pena de muerte se aplicó de manera sistemática y generalizada a los cuadros elevados del partido y a los altos oficiales del ejército. Probablemente nunca conoceremos el número exacto de víctimas de las purgas comunistas. Los historiadores todavía discrepan mucho sobre esta cuestión. En el caso de la Rusia Soviética, un documento secreto del NKVD, desclasificado en 1991, contiene las únicas cifras que se consideran seguras y constituyen la base mínima aceptada. Allí se indica, por ejemplo, que solamente durante los años del gran terror (1937 y 1938) fueron sentenciadas por “delitos contrarrevolucionarios” o “agitación antisoviética” un total de 1.344.923 personas, de las cuales 681.692 fueron condenadas a muerte (y efectivamente ejecutadas) y 634.820 fueron deportadas a campos de concentración. Son cifras ominosas que ofenden a la humanidad. Semejante crimen lo cometió el estado soviético contra su propio pueblo y en tiempos de paz, sin que hubiera ninguna amenaza cierta de rebeliones internas o guerras civiles, sino apenas la mera sospecha de conspiraciones omnipresentes. Por lo demás, representa sólo la punta del iceberg de una represión mucho más generalizada. La colectivización forzosa del campo, decretada por Stalin en 1929, se cobró varios millones de víctimas, completamente ajenas al partido bolchevique y a la ideología comunista.

La tradición de las purgas periódicas del partido no se limita en modo alguno a la Rusia de Stalin. La China de Mao o la Camboya de los Jemeres Rojos proporcionan ejemplos más recientes e igualmente sangrientos. El régimen de Corea del Norte es indudablemente un heredero de esta terrorífica tradición y acaba de demostrarlo con un ejemplo concreto, que no es más que el último eslabón de una larga cadena. El partido único del régimen, el Partido de los Trabajadores de Corea, lo fundó Kim Il-sung en 1948, sobre la base del modelo soviético que tenía al Politburó como órgano supremo. Pronto se manifestaron en él diversas líneas ideológicas, como siempre ocurre espontáneamente en cualquier partido político, pero luego de finalizada la guerra con Corea del Sur, en 1953, Kim Il-sung lanzó una serie de purgas sistemáticas que acabaron en pocos años con toda oposición interna. Casi todos los miembros originales del Politburó fueron ejecutados. Paralelamente, se desarrolló una persecución masiva contra cualquier forma de disidencia respecto de la línea oficial en toda la población del país. Desde un comienzo, el partido se manejó como una dinastía: Kim Il-sung lo dirigió hasta su muerte en 1994, su hijo Kim Jong-il gobernó hasta el final de sus días en 2011 y su nieto, el actual dictador del país, lo dirige desde entonces. Los campos de internamiento para presos políticos estuvieron presentes desde el comienzo de la dictadura comunista y pronto se convirtieron en instituciones básicas del sistema. Mediante fotografías tomadas por satélites, se ha podido comprobar la existencia de tres grandes campos de concentración, los de Yodok, Bukchang y Haengyong, con una capacidad aproximada de 50.000 prisioneros cada uno. El último de estos campos se ubica en una remota región montañosa del norte del país, conocida como “zona de dictadura especial”. También se sabe que hay una docena de campos menores de internamiento y de trabajos forzados. El número total de presos políticos se estima en 200.000 para la actualidad y en al menos 2.000.000 desde la instauración del régimen comunista. Se calcula que la mortalidad en los campos es de unos 10.000 prisioneros por año. Estos datos no han podido ser corroborados con documentos, ya que el régimen impide cualquier acceso a los extranjeros y censura toda la información de circulación interna. La mayoría de los conocimientos sobre el sistema represivo del estado norcoreano proviene del testimonio de los pocos refugiados, entre los cuales hay varios ex prisioneros en campos de trabajos forzados, que han podido salir del país y establecerse en Corea del Sur. Una buena parte de los historiadores de este último país cree que las cifras estimadas para los presos políticos podrían ser mayores. En cualquier caso, las que están disponibles son más que suficientes como para condenar sin reservas, política y moralmente, a este régimen despiadado y anacrónico, insólita supervivencia del peor estalinismo.

El lenguaje que se emplea en el discurso de Kim Jong-un es característico de la tradición del comunismo desde sus propios orígenes. Uno de los rasgos más permanentes de los estados totalitarios ha sido la distorsión del lenguaje, hasta el punto de que los términos lleguen a emplearse con un sentido opuesto al que tienen en el uso común. Una primera estrategia consiste en el empleo de expresiones eufemísticas, que se aplican a todos los actos o instituciones represivas. Así, los campos de concentración recibieron la denominación de “campos de reeducación mediante el trabajo”. La perversión es evidente: el trabajo forzado se empleaba como castigo de la libertad de pensamiento y como herramienta para el disciplinamiento ideológico de toda la sociedad, pero se presentaba como educación de los delincuentes y otros elementos hostiles a la edificación del socialismo. La cadena de eufemismos no tuvo límite durante la época de Stalin. Las torturas a los “enemigos del pueblo”, legalizadas por un decreto del 20 de enero de 1939, pero aplicadas desde siempre, recibieron el nombre de “métodos de influencia física”; los fusilados por razones políticas se presentaron, de manera menos rebuscada, como “objeto de represión”.

Muchos intelectuales y activistas de los partidos de izquierda, sobre todo en Occidente, pero también en Rusia, creyeron en este discurso oficial de la manera más ingenua. Otros no quisieron ver lo que realmente ocurría, aunque la información estuvo disponible desde un comienzo. Es la célebre ceguera voluntaria, que todavía hoy afecta a ciertos partidarios de la izquierda revolucionaria; una suerte de disonancia cognitiva que impide reconocer los hechos que entran en conflicto con la ideología. Es un comportamiento típico de los fundamentalistas religiosos y de los fanáticos de cualquier especie, contra los cuales toda forma de argumentación racional resulta impotente. Bertrand Russell lo advirtió con claridad cuando visitó la Rusia Soviética en 1920 y lo expresó de manera clarividente en su breve pero extraordinario libro La práctica y la teoría del bolchevismo, publicado ese mismo año. Allí sostuvo que el marxismo de los bolcheviques, aunque se autocalificara como “científico”, tenía poco o nada que ver con la ciencia; era más bien una fe religiosa y belicista que pretendía imponerse por la fuerza, una fe semejante en muchos aspectos al fundamentalismo islámico.

Otra estrategia típica, y sumamente efectiva, para pervertir el lenguaje consiste en extender más allá de todo límite el significado del vocabulario establecido de la política. El marxismo de Lenin era obviamente incompatible con la democracia en cualquiera de sus formas y modalidades, pero se camufló desde temprano bajo una terminología democrática. En la organización del partido, la estructura verticalista y la disciplina militar interna recibieron el nombre de “centralismo democrático”. Los estados comunistas, que fueron durante toda su existencia dictaduras de partido único e ideología única, se denominaron “democracias populares”, reivindicándose como las auténticas democracias sustantivas (aquellas donde las diferencias de opinión son innecesarias) en oposición a las “democracias burguesas” que se consideraban “meramente formales”. Corea del Norte siguió este ejemplo, adoptando el nombre oficial de República Popular Democrática de Corea, aunque su régimen de gobierno se encuentra en las antípodas de la democracia pluralista, tal como se la entiende y se la practica en la mayor parte del mundo.

Las “purgas de elementos disidentes dentro del partido” que acaban de aplicarse en Corea del Norte han sido una práctica habitual de los regímenes comunistas de partido único; una práctica, además, reglamentada desde un comienzo y sancionada por la propia ideología. El concepto mismo de disidente, que Kim Jong-un empleó en su discurso, es el resultado de una perversión típica de los regímenes totalitarios. Sólo cuando desde el estado se pretende imponer una ideología única y se intenta homogeneizar por la fuerza la manera de pensar de la sociedad, las diferencias de pensamiento respecto de la ideología oficial se vuelven susceptibles de considerarse como un delito. En una sociedad abierta y pluralista el concepto carece de sentido político, y más aun de carácter penal. Dentro de un régimen democrático no puede haber “disidencias”, sino, simplemente, diferencias de opinión política, las cuáles, por otra parte, son indispensables para el funcionamiento adecuado del propio sistema.

En un pasaje de su discurso de año nuevo el dictador de Corea del Norte afirmó que:

«Debemos intensificar la educación ideológica entre los funcionarios, miembros del partido y otras personas para asegurarnos de que piensen y actúen en todo momento y en todo lugar, en consonancia con las ideas y las intenciones del partido».

El contenido de esta simple oración prácticamente resume la esencia misma del totalitarismo. La aplicación de las purgas internas de cualquier clase es una consecuencia casi inevitable de la adhesión a este principio de homogeneidad ideológica, que tanto Lenin como Trotsky suscribieron sin reservas. De allí resulta que la diversidad de opinión y el ejercicio de la crítica, una forma básica de la libertad humana, pueda considerarse como un crimen que merece la pena capital. Este modo pensar, llevado de manera coherente a su culminación, es el que se expresa en el célebre brindis de Stalin del 7 de noviembre de 1937, conmemorando el vigésimo aniversario de la revolución de octubre, que se conservó en el diario del comunista búlgaro Georgi Dimitrov:

«Aniquilaremos a todos estos enemigos, aunque sean viejos bolcheviques, aniquilaremos a todos sus seres queridos, a toda su familia. Aniquilaremos a todos aquellos que atenten contra la unidad del Estado socialista tanto de obra como de pensamiento (sí, de pensamiento), para que sean aniquilados hasta las últimas consecuencias todos los enemigos, tanto ellos como su estirpe.»

Al igual que esta infame declaración de Stalin, las ejecuciones realizadas en Corea del Norte, y las razones aducidas por el régimen para justificarlas, no pueden suscitar más que indignación y estupor en quienes tengan algún sentido de la dignidad de las personas y un mínimo respeto por los derechos humanos.

La opción es populismo o liberalismo igualitario, por Marcelo Alegre y Julio Montero

En Argentina impera una confusión sobre conceptos como democracia, derechos humanos, mercado, competencia, autoridad, progresismo. También sobre la noción de liberalismo. Y esta confusión, como ninguna, nos ata a falsas opciones.

Ha ayudado a confundirnos la apropiación del término “liberalismo” por parte de la dictadura. Es una técnica similar a la de los estalinistas que bautizaban a sus países como “Repúblicas Democráticas”. Pero no por eso dejaremos de reivindicar la democracia.

En el imaginario dominante el liberalismo es una ideología egoísta que defiende un Estado mínimo, la propiedad y el mercado sin límites contra la redistribución del ingreso, la justicia social y la igualdad económica. Liberalismo equivaldría a Consenso de Washington, flexibilización laboral y teoría del derrame.

Si uno se opone a la perpetuación de la pobreza, o a la concentración del ingreso y la riqueza, o a que el Estado sólo proteja a los propietarios, entonces no tendría más remedio que declararse antiliberal.

A su vez, dado el fracaso de los socialismos reales, si uno es antiliberal no le queda otra que abrazar alguna variante de populismo. Por último, si el populismo supone degradar la democracia, ese vendría a ser el precio inevitable de la igualdad. Esta es la trampa populista, que cuenta con la complicidad de políticos e intelectuales que odian la modernidad, el pluralismo y la democracia constitucional.

Esta visión sobre el liberalismo es falsa y parte de distorsionar uno de sus rasgos distintivos, el valor especial de la libertad (en palabras del Premio Nobel Amartya Sen).

El liberalismo niega lo que el populismo afirma: que avanzar en la igualdad social y económica requiera debilitar el Estado de derecho, menospreciar los derechos constitucionales y dividirnos en réprobos y elegidos.

No hay desigualdades buenas y malas: el liberalismo, a través del Estado de derecho y los derechos humanos, nos protege contra todas, y prioritariamente contra las más detestables, como las desigualdades raciales, étnicas y religiosas, así como contra las desigualdades políticas: la propaganda facciosa, la persecución de la disidencia, la falsificación de la información pública, el hostigamiento a quienes investigan al poder, etc.

El liberalismo ha sido una ideología emancipatori a, contra los privilegios nobiliarios y a favor de la igualdad de derechos y las revoluciones democráticas. Hoy defiende la separación entre iglesia y Estado, la despenalización de las “ofensas morales”, la eliminación de las desigualdades sexuales, la erradicación de la pobreza y la acción positiva a favor de los grupos postergados.

La protección especial de la libertad no supone ningún compromiso con las ideas del Consenso de Washington o la teoría del derrame, que en la ancha avenida del pensamiento liberal contemporáneo son poco representativas, sino directamente marginales. De hecho los programas de Reagan y Thatcher en los ’80, del Consenso de Washington en los ’90 y del Tea Party hoy, son producto del pensamiento libertario, una escuela representada por autores como Nozick que ha surgido como reacción frente al ideario liberal.

El liberalismo contemporáneo es, al contrario, esencialmente igualitario.

Inspiró a la socialdemocracia europea, al New Deal americano, la emancipación de la mujer y la revolución global de los DD. HH. (Ninguna de las imposturas del populismo es tan obscena como la de enmascararse detrás de los derechos humanos, la creación más importante del pensamiento liberal).

Como explica Ronald Dworkin, los valores liberales conducen al Estado de bienestar o a un socialismo democrático de mercado. En su Teoría de justicia –la obra capital del liberalismo del siglo XX- John Rawls sostiene que una sociedad es justa cuando, además de respetar los derechos civiles y políticos, garantiza a todos una igualdad real de oportunidades y cuando distribuye los recursos de manera de elevar al máximo la posición de los que menos tienen. Rawls propone una democracia de propietarios con amplia distribución de la propiedad y el ingreso. Y Carlos Nino ha explicado que el liberalismo exige expandir la autonomía de todos a través de una redistribución de recursos al servicio de la libre elección de planes de vida. Esto exige el reconocimiento de derechos sociales, impuestos progresivos, y salud y educación pública universales.

Escandinavia, no el Chile de Pinochet, es la verdadera utopía liberal.

En la tradición política argentina no abundan los verdaderos liberales.

El más cercano en el tiempo fue Raúl Alfonsín, el gran socialdemócrata que afirmaba que la democracia debía alimentar, curar y educar y que no existe democracia plena sin igualdad.

La opción entre liberalismo anti-igualitario y populismo prebendario no es genuina. Hay una alternativa mucho mejor: un liberalismo igualitario que combine el respeto por el pluralismo y la división de poderes con un Estado activo puesto al servicio de hacer más iguales a los iguales. El liberalismo es la doctrina de la libertad y de la igualdad. Si pudiéramos disipar esta confusión habríamos dado un gran paso. Entenderíamos que el autoritarismo, la demagogia, la corrupción y la beligerancia discursiva no son el precio de la igualdad y que ésta requiere de una democracia plena. Ese quizás sería el año cero de nuestra vida democrática.

(Publicado originalmente en Clarín el 4 de febrero de 2014 y reproducido con permiso de los autores).

Javier Sádaba, Hechos y derechos: cuesta saber de dónde saca el gobierno esa implacable doctrina sobre el aborto

Volver a hablar sobre la interrupción voluntaria del embarazo cansa, es agobiante. Se parece a Sísifo arrastrando una piedra hasta la cima. La piedra cae, y así, sucesivamente. Desearíamos que nos dejaran en paz, que se olvidaran de nosotros. Si el Estado ha de entrometerse que lo haga en cualquier rincón en donde haya miseria, repartiendo con equidad los recursos o creando las condiciones para que seamos lo más felices posible. Pero que no se meta en nuestra vida y en nuestro cuerpo. No lo ha entendido el que tenemos encima porque se está metiendo hasta en la cama. Como diosecillo se empeña en reprimir ahora, con una zafiedad que espanta, el aborto, por regulado, controlado y humanizado que sea.

Que en el anteproyecto de Gallardón ha influido decisivamente la Iglesia, y más concretamente, los sectores más reaccionarios, no cabe la menor duda. No sé qué es lo que les deben. Lo que sé es que mandan y se imponen. Cuesta saber de dónde ha sacado esa implacable doctrina. En la Biblia solo se pueden encontrar frases muy vagas que, por lo general, condenan la dispersión del semen, no el aborto. Y mucho menos ponen un límite a partir del cual podamos hablar de un humano hecho y derecho. En realidad late detrás de esta obsesión antiabortista la idea precientífica del filósofo Aristóteles y según la cual el hombre es el principio activo, mientras que la mujer es únicamente receptiva, una especie de materia prima. De ahí al mito del homúnculo, un ser completo desde el inicio solo que en miniatura, solo hay un paso. El colmo de esta manera de pensar y en la que se mezcla reproductivismo sin placer con machismo a ultranza lo podemos encontrar en 1588 con el papa Sixto V, quien en una bula imponía la excomunión a la masturbación; es decir, a casi todo el mundo.

Estamos ante un proceso, y no ante un comienzo absoluto. Lo que está en potencia podría ser, pero no es. No deja de ser curioso que teólogos más imaginativos en lo que atañe al desarrollo del embrión, como es el caso de Tomás de Aquino, reparen que estamos ante un proceso y no ante un comienzo absoluto que, por cierto, no se da en ningún lugar en la naturaleza. Por eso el embrión pasa por un alma vegetativa, al igual que una planta; le sucede luego un alma animal con nutrición y sensaciones para, finalmente, y en estado avanzado, recibir el alma racional por parte del buen Dios. Este cuadro, tan infantil pero más acorde con el fluir de la vida, ha servido a algunos católicos contemporáneos, como el francés J. Maritain, para presentar el aborto de una manera más tolerante y menos rígida. Será muy tarde, concretamente en el siglo XIX, cuando los católicos romanos se empeñen en afirmar que en la mismísima concepción, concepto confuso donde los haya y que mezcla muchas cosas, existe un ser humano como usted y como yo. Y desde entonces se han agarrado a una extraña “maculada concepción” como a un clavo ardiendo.

Las causas de esta actitud podrían ser varias. Por ejemplo, el prejuicio ideológico de un principio absoluto, o la superstición de un instante mágico en donde la acción divina desciende al vientre de la mujer como el rayo de Júpiter. Todos sabemos, y es de cultura general, que durante 24 horas los cromosomas del padre y de la madre permanecen separados. Si la fuerza casi milagrosa de la concepción se produce en la singamia, uno no puede por menos de sentirse pasmado. Un elementalísimo hecho se convertiría en toda una creación. Casi como dioses.

Si continuamos con los hechos distingamos los externos y los internos a favor del aborto. Un conjunto considerable de premios Nobel, un conjunto no menos considerable de academias científicas y científicos de toda condición han escrito y defendido el uso embrionario de las células madre contenidas en la etapa de blastocistos cuando el embrión consta de poco más de 100 células. Por no hablar de lo que sucede en Europa. En Italia se puede abortar a las 12 semanas mientras que se llega a las 24 en Holanda o en Reino Unido. En ese arco se mueven los países de nuestro entorno y es de suponer que no se trata de unos países llenos de perversos. Los países de nuestro entorno tienen legislaciones de plazos con límites razonables.

Si de lo externo pasamos a lo interno, conviene recordar que la vida surge en cascada, desde unas células indiferenciadas hasta que, si hay suerte, venga un bebé a este mundo. Hoy, insistamos en ello, es imperdonable desconocer que solamente un 60% de tales blastocistos se implantan, o que solo entre las seis y ocho semanas podemos hablar de feto o que es a las 12 semanas cuando empieza a crecer la corteza cerebral sin que eso implique que existan señales neurológicas. Y, desde luego, estaría de más señalar los muchos pasos que van desde la singamia hasta esa especie de gemelo que es el trofoblasto. De proceso hablamos y eso es lo decisivo. Por eso ahí se incrusta a nuestro favor el argumento de la potencialidad. Lo que está en potencia podría ser, pero no es. Yo podría haber sido Einstein, pero no lo soy. La noción de potencia se utiliza con distintos significados según las materias, solo que aquí se quiere decir algo claro: lo que permanece en potencia no tiene por qué recibir los honores de lo que ha pasado a acto. Todo lo demás es embadurnar la cuestión. Que muchos unos den lugar a mil no quiere decir que uno es igual a mil. Y que de un huevo salga un pollo no quiere decir que cuando me como un huevo me como un pollo.

Otro de los seudoargumentos contra el aborto se fija en que este no es un derecho. Por supuesto que se puede discutir ad náuseam qué es un derecho, pero pocos negarán que los derechos humanos, por difícil que sea fundamentarlos, forman parte de nuestro patrimonio. Tales derechos se especifican después, y en lo que atañe al aborto, es la madre, y no un ser extraño, la que engendra y porta a quien puede llegar a nacer. Como se puede conceder que la actitud de la madre respecto a lo engendrado no puede ser la misma al mes de la gestación que a los ocho meses de embarazo. De ahí la necesidad de poner un límite razonable, que es lo que han hecho las legislaciones antes citadas. Nada digamos de la indefensión en la que quedarían muchas mujeres y a las que debemos aplicar, en justicia, los derechos socioeconómicos. Respecto al tema de las malformaciones uno solo puede imaginar dureza de corazón. Se obliga a que alguien al que, cosa obvia, no se le ha pedido permiso, venga a este mundo aunque su existencia sea la más penosa que se pueda pensar. Realmente terrible.

Acabo ya. Naturalmente que evitar abortos es una tarea de importancia y que a todos atañe. De ahí que no esté de más insistir en la prevención. La prevención se inscribe en una sensata y continuada educación sexual. Y, cosa que no se debe olvidar, es decisivo el respeto a todos y el evitar daños a terceros. Nada de eso, sin embargo, empaña lo anteriormente dicho. Lo único que empacha nuestras vidas es que otros quieran salvarnos, en el cielo o en la tierra.

(Publicado originalmente en El País el 30 de diciembre de 2013 y reproducido con permiso del autor).

I Jornadas de Teoría Política Carlos Nino

I Jornadas de Teoría Política Contemporánea
Carlos Nino

11, 12 y 13 de diciembre de 2014

 

Miércoles 11

10.00
Desayuno.
10.15
Palabras de apertura.
10.30
Gustavo Beade: “Carlos Nino sobre retribución, subjetivismo y perfeccionismo”.
11.10
Federico De Fazio: “Los derechos fundamentales en Carlos S. Nino. Una línea fértil para la dogmática”.
11.50
Juan Litvachkes y Sofía Mola: “El control judicial de constitucionalidad y su justificación”.
12.30
Ezequiel Monti: “Evaluando la justificación epistémica de la normatividad del derecho”.

13.10
Almuerzo.

15.00
Hernán Bouvier: “Consideraciones sobre la legítima defensa a partir de algunos textos de Carlos Nino”.

15.50
Roberto Gargarella: “Teoría consensual de la pena y deliberación colectiva”.

16.40
Café.

17.00
Olof Page: «Persona moral e igualdad básica».

18.00
Hugo Seleme: «La Legitimidad como Autoría: El Autogobierno Frente a la No-Dominación».

19.00 (Conferencia de apertura)
Martín Farrell: «Rawls y el determinismo incompatibilista: ¿descansa en un error el Principio de Diferencia?»
Jueves 12

10.00
Desayuno.
10.30
Martín Rempel: “Crítica del aprendizaje de la cooperación. Una propuesta modesta”.
11.10
Juan Brodersen: “El problema de la reelección indefinida: el aporte de Carlos Nino”.
11.50
Nahuel Maisley: “Completando un proyecto inconcluso. Una propuesta de aplicación de la democracia deliberativa de Carlos Nino al plano internacional”.
12.30
Daniel Busdygan: “Consideraciones a propósito de las reflexiones que Nino abre sobre el tratamiento legal del aborto”.

13.10
Almuerzo

15.00
Ezequiel Spector: «Implicaturas conversacionales en los discursos sobre derechos humanos».

15.50
Julieta Marcone: “Ciudadanía derechos sociales”.

16.40
Café.

17.00
Andrés Rosler: ¿Qué son los Estados sin derecho sino bandas genocidas?: Una revisión de la moralidad interna del derecho».

18.00
Alenadro Chehtman: “El concepto de crímenes de lesa humanidad y sus consecuencias normativas».

19.00
Eduardo Rivera López: «¿Quién puede reprochar a quién? Autoridad moral y suerte en las circunstancias».

Viernes 13

10.00
Desayuno.
10.30
Laura Álvarez: “El problema de los “derechos a priori” en la concepción deliberativa de la democracia de Carlos Nino”.
11.10
Juliana Tumini: “La democracia como sucedáneo del discurso moral, una respuesta insuficiente a la paradoja de la autoridad estatal legítima”.
11.50
Agustín D`Ambrosio: “Sobre las implicancias socialistas de la democracia”.
12.30
Federico Abal: “Tomemos la facultad: los límites de los recursos electrónicos en la democracia deliberativa”.

13.10
Almuerzo.

15.00
Cristian Dimitriu: “Democracia deliberativa y elitismo en Nino”.

15.50
Graciela Vidiella: “Deliberación pública: razones y pasiones”.

16.40
Café

17.00
Moisés Vaca: “Sobre la fuerza justificatoria del consentimiento en la teoría moral”.

18.00
Marcelo Alegre: “Un argumento constitucional contra la enseñanza religiosa en escuelas públicas”.

19.00 (Conferencia de cierre)
Osvaldo Guariglia: La anomia y la teoría política de la oligarquía”.

 

Ubicación

Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF).
Bulnes 642, CP: 1176
Buenos Aires – Argentina – Teléfono (54-11) 4864-0737 – Fax (54-11) 4864-0737
info@sadaf.org.ar

Contacto

jornadascarlosnino@gmail.com

Conferencia de David Crocker, Martes 5 de noviembre

La Maestría en Filosofía y la Unidad de Investigación en Filosofía Social, Legal y Política (Universidad Nacional de Quilmes), el Departamento de Filosofía Práctica del Centro de Investigaciones Filosóficas y el Grupo de Filosofía Política (GFP) tienen el agrado de invitarlo a la conferencia del Dr. David Crocker (Maryland University)

«Democracia deliberativa: Promesa y Desafíos»

Martes 5 de noviembre, 15 horas

en Centro de Investigaciones Filosóficas
Miñones 2073, Ciudad de Buenos Aires

 

Primeras Jornadas Nino sobre Teoría Política: Segunda circular

PRESENTACIÓN
La reflexión filosófica de Carlos Nino abordó de manera novedosa y creativa los principales problemas de la filosofía práctica, desde la teoría de la acción hasta la pregunta por el valor de la democracia y la práctica constitucional. Su argumentación clara y profunda no sólo fue acompañada del firme proyecto de construir una comunidad filosófica en nuestro país sino también de un notable compromiso político con la defensa de las instituciones democráticas, los derechos humanos y la posibilidad de expresar desacuerdos razonables.

En estas Primeras Jornadas Carlos Nino, el Grupo de Filosofía Política (GFP) se propone revitalizar este compromiso, contribuyendo a la formación de una comunidad argentina de teóricos y académicos dedicados a los problemas contemporáneos de la teoría práctica e invitando a diversos especialistas a discutir sus trabajos.

SEDE
SADAF. Bulnes 642, CABA

CONTACTO Y BLOG
jornadascarlosnino@gmail.com
jornadascarlosnino.blogspot.com.ar

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se recibirán propuestas de ponencias individuales sobre cualquier área de la filosofía práctica. Cada expositor/a dispondrá de 30 minutos de exposición y 20 minutos de discusión con los participantes. Las interesadas/os deberán enviar a jornadascarlosnino@gmail.com el título del trabajo y un resumen de alrededor de 1000 palabras que bosqueje el argumento principal del trabajo y que incluya los datos de la filiación institucional del autor/a.

FECHA LÍMITE ENVÍO DE RESÚMENES
18 de Octubre

PRESENTACIÓN PROGRAMA DEFINITIVO
15 de Noviembre

COMITÉ ORGANIZADOR
Marcelo Alegre (UBA)
Francisco García Gibson (UBA – GFP)
Luis García Valiña (UBA – GFP)
Facundo García Valverde (UBA – GFP)
Mariano Garreta Leclercq (UBA – GFP)
Florencia Luna (CONICET – FLACSO)
Diana Maffía (UBA – IIEGE)
Julio César Montero (UBA – GFP)
Ezequiel Monti (UBA)
Martín Oliveira (UBA – GFP)
Juliana Udi (UBA – GFP)

AVAL INSTITUCIONAL
CIF (Centro de Investigaciones Filosóficas)
SADAF (Sociedad Argentina de Análisis Filosófico)

La Unidad Popular, cuarenta años después por Rogelio Alaniz

Pocas veces un golpe de Estado fue programado con tanto desparpajo. Algunos dicen que los preparativos comenzaron antes de que la Unidad Popular ganara las elecciones. El asesinato del general René Schneider a dos días de la asunción del poder por parte de Salvador Allende fue la señal más clara acerca de lo que los golpistas estaban dispuestos a hacer.

La intervención del gobierno de EE.UU. fue abierta y confesa. Por primera vez en la historia del siglo veinte una operación golpista fue escrita y firmada. A Henry Kissinger y Richard Nixon hay que reconocerles que nunca disimularon sus intenciones. El mismo reconocimiento vale para Richard Helms, el jefe de la CIA. El contexto de la guerra fría justificaba eso y mucho más. Quienes habían ordenado lanzar toneladas de bombas en Vietnam para impedir el triunfo comunista, no iban a permitir que en su clásico patio trasero el comunismo llegara al poder por la irresistible vía electoral.

El golpe de Estado estaba en la calle mucho tiempo antes del 11 de septiembre. No sólo estaba en la calle sino que además había ganado la batalla. La clase media y la clase alta chilena inauguraron la modalidad de las cacerolas para protestar contra el desabastecimiento y el mercado negro. El poderoso sindicato de los camioneros paralizó la actividad económica del país y al momento del ataque de los militares al Palacio de la Moneda el paro era absoluto. Un dato para los curiosos: la CGT peronista liderada por José Rucci produjo el primer acto internacionalista de su historia: declaró su solidaridad con los camioneros chilenos. Cuarenta años antes, los sindicalistas de entonces se solidarizaban con la república española y enviaban hombres, armas, alimentos y hasta ambulancias a la República. Rucci hizo algo parecido, pero para el otro bando.

Regresemos a Chile. La Cámara de Diputados había solicitado la renuncia del presidente. Algo parecido declaró el Colegio de Abogados. “Patria y libertad”, un grupo de choque calificado de extrema derecha, hacía de las suyas por las calles de Santiago y Valparaíso. El diario El Mercurio tampoco se privaba de nada. En todos los casos, en nombre de la democracia y la libertad se propiciaba la dictadura.

En la Unidad Popular, mientras tanto, las diferencias internas eran cada vez más visibles. Una semana antes del golpe, para celebrar un aniversario más de la victoria de 1970, alrededor de un millón de personas desfiló por las calles de Santiago para apoyar al gobierno. Fue una manifestación multitudinaria, pero a esa altura del partido, esa demostración popular no alcanzaba para modificar las relaciones de fuerza.

Aunque parezca una paradoja, el gobierno de Salvador Allende tuvo más apoyo en el mundo que en Chile. La respuesta solidaria fue veloz. En las principales ciudades del mundo miles de personas salieron a la calle para repudiar el golpe de Estado. Lo hicieron izquierdistas, pero también liberales y respetables burgueses. El nombre de Pinochet se transformó en sinónimo de dictador despiadado y criminal. El repudio externo no fue proporcional al interno. Por el contrario, Pinochet después de diecisiete años en el poder seguía siendo popular, un lujo que muy pocos presidentes constitucionales pueden darse.

Algunas experiencias personales puedo permitirme contar. En Santa Fe, esa misma mañana hicimos asambleas en todas las facultades de la UNL y a la tarde organizamos una manifestación por calle San Martín. Aún lo recuerdo en la esquina de Crespo a Oscar Kopp, parado en la puerta de su local saludándonos con una foto de Salvador Allende en la mano. “Apoyo, apoyo, apoyo combatiente a Chile que pelea con la clase obrera al frente”, cantábamos eufóricos e indignados por las calles. Nos movilizaban las mejores intenciones, pero en la inmisericordiosa realidad, Chile no peleaba y mucho menos su sufrida clase obrera. El golpe de Estado fue fulminante y los escasos intentos de resistencia fueron reprimidos sin piedad.

En nuestras conversaciones sobre lo que estaba pasando, todos nos preguntábamos en esos días en qué momento se iniciaría la resistencia armada. Para muchos de nosotros el escenario de la Guerra Civil Española se reiteraría casi al pie de la letra. “Yanquis, atrás, que del sur viene Prats”, era otra de las consignas de esos días. No vino ni él ni ningún otro. El general Carlos Prats había sido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y fue obligado a renunciar por su lealtad al gobierno constitucional. Unos días antes de la asonada, alrededor de trescientas mujeres, esposas de oficiales, manifestaron frente a su casa para exigirle que encabezara el golpe o renunciara. Fue lo que hizo. Un año después serán asesinados en Buenos Aires él y su esposa, a través de un operativo terrorista organizado por la Dina.

Creo que es innecesario agregar más adjetivos a la memoria del general Pinochet. El único mérito que debe reconocérsele es que expresó mejor que nadie el carácter del dictador prepotente, autoritario y brutal. Su rostro detalla rasgo por rasgo, gesto por gesto, lo oscuro y siniestro. Lo que hay que preguntarse es por qué un personaje detestable se impuso a una causa que pretendía movilizar los ideales más nobles de su tiempo.

Es verdad que Estados Unidos jugó sin disimulos a favor de los golpistas, pero sería un error reducir la victoria de la derecha al factor externo. Como los hechos se encargaron de probarlo, el asalto al Palacio de la Moneda fue el acto final de una maniobra social y política que se había impuesto en la calle y en un sector mayoritario de la sociedad. Al respecto no hay que llamarse a engaño: el golpe de Pinochet estuvo muy lejos de ser minoritario o la maniobra de un puñado de oligarcas. El desabastecimiento, el mercado negro, la inflación, en definitiva la ingobernabilidad, eran reales, como era real la impotencia del gobierno para pasar a la ofensiva.

Recuerdo que antes de 1970 se discutían las posibilidades reales de la Unidad Popular de asegurar la transición al socialismo por vía electoral. La ultraizquierda afirmaba que ese objetivo era imposible, que ellos iban a acompañar la experiencia, pero advertían en todos los casos que si no se armaba al pueblo la derecha no cedería pacíficamente sus privilegios. El discurso, como todo discurso extremista, era simplificador pero poseía una cuota mínima de verdad. La pregunta de fondo era la siguiente: ¿era posible en el contexto de la guerra fría y en sociedades burguesas más o menos consolidadas pasar del capitalismo al comunismo como si se tratara de una civilizada alternancia democrática? La realidad demostró que no era posible. Y que, además, a la hora de las decisiones, las sociedades burguesas tienen más adherentes que lo que la propaganda de izquierda está dispuesta a aceptar. El MIR tenía algo de razón al descreer en las salidas electorales, pero ello no habilitaba un disparate mayor: el asalto al poder por la vía armada.

Si la insurrección popular carecía de posibilidades de victoria y la vía pacífica fue ahogada a sangre y fuego, ¿cuál era la salida para la izquierda? La respuesta a esa pregunta intentaron elaborarla los dirigentes de la Unidad Popular en el exilio, y los propios sectores moderados que no votaron por Allende, pero tampoco estaban dispuestos a avalar las salvajadas de Pinochet. Agotados los insultos contra el dictador, llegaba la hora de reflexionar empezando por admitir lo obvio: la Unidad Popular fue derrotada y lo fue sin atenuantes. Ni las supuestas milicias armadas del MIR ni la retórica de la Unidad Popular sugiriendo que en las Fuerzas Armadas muchos oficiales estaban decididos a defender al gobierno, se cumplieron.

Pinochet será un monstruo, pero hay que reconocerle que el operativo militar fue de una demoledora eficacia. Después de tomar a sangre y fuego el Palacio de la Moneda, los militares se dedicaron a cazar funcionarios y militantes. Y lo hicieron a conciencia. El Estadio Nacional fue el escenario del terror represivo, pero mientras tanto, ¿por qué no hubo resistencia, por qué las Fuerzas Armadas no se dividieron?

Años después del Golpe de Estado de 1973, políticos e intelectuales de la derecha chilena justificaban lo sucedido diciendo que los militares se anticiparon a un Golpe de Estado que venía preparando la izquierda, y que si se actuó con inusitada dureza fue porque del otro lado también estaban decididos a hacer lo mismo. Según ellos, en los meses previos a la asonada militar, alrededor de treinta mil personas estaban organizadas en milicias decididas a liquidar a dirigentes opositores, empresarios y militares. Por lo tanto -dicen- lo que hizo Pinochet fue ganarles de mano. Según ellos, la opción de hierro era comunismo o capitalismo y no democracia o dictadura.

¿Fue así? ¿Es verdad que había milicias populares organizadas desde el gobierno y en algunos casos promocionadas por agentes cubanos y soviéticos? Sobre estos temas es muy difícil dar una respuesta concluyente. Es cierto que en Chile había agentes cubanos que no estaban precisamente veraneando; también es cierto que sectores radicalizados del MIR y del propio Partido Socialista insistían en que había que prepararse para pasar a la lucha armada. Pero la presencia de agentes cubanos o las declaraciones exasperadas de dirigentes izquierdistas no dan como resultado treinta mil hombres armados decididos a tomar el poder.

El dato más elocuente de que esto no fue así, es que la resistencia armada al golpe fue casi nula. El gobierno de la Unidad Popular cayó en toda la línea, y de los contados tiroteos que hubo no se puede inferir la presencia de aguerridas milicias populares. Es que objetivamente la Unidad Popular estaba derrotada antes del Golpe de Estado. Si, de acuerdo al clásico principio leninista, las condiciones favorables a una revolución se manifiestan cuando “los de arriba” se dividen y “los de abajo” se unen, en el caso chileno esas condiciones estaban invertidas. Al momento del golpe, la derecha, incluidas sus fuerzas armadas, estaba monolíticamente unida, mientras que el llamado campo revolucionario languidecía entre la división y la impotencia. En ese contexto, la victoria de la derecha estaba asegurada antes del 11 de septiembre.

Como se sabe, en las elecciones parlamentarias celebradas en marzo, la Unidad Popular había crecido. Para más de un historiador, ese crecimiento de la izquierda fue lo que decidió a la derecha a dar el Golpe de Estado. Puede ser, pero no es fácil probar esta afirmación. También parece ser cierto que justamente para el 11 de septiembre, Allende había decidido convocar a una suerte de referéndum para reforzar su autoridad política. Para la derecha esa convocatoria era la antesala de la revolución social. Fortalecido por el referéndum, Allende disolvería el parlamento, mientras que las milicias de izquierda liquidarían a militares, empresarios y dirigentes opositores. ¿Fue así? Imposible probarlo.

La pregunta a hacerse en este caso sería la siguiente: ¿la Unidad Popular pretendía ser un gobierno más, actuando en un previsible proceso democrático con libertades civiles, Estado de Derecho, propiedad privada y alternancia? O, por el contrario, ¿se la pensaba como el primer paso hacia una revolución socialista, revolución precedida por una etapa democrática cuyo destino histórico era el socialismo, el socialismo entendido como toma del poder, constitución de una dictadura y nacionalización y estatización de los medios de producción? No hay una respuesta unánime a este interrogante, entre otras cosas porque sobre estos temas en la propia Unidad Popular no había unanimidad.

¿Era sincera la izquierda cuando decía que deseaba una transición pacífica del capitalismo al socialismo? No creo que la palabra “sinceridad” sea la que mejor exprese la subjetividad de una izquierda cuyos dirigentes nunca desmintieron sus intenciones revolucionarias, su identidad con la revolución cubana, su rechazo a Estados Unidos y al capitalismo y sus simpatías ideológicas por el marxismo y las tradiciones revolucionarias del siglo veinte.

Ser de izquierda entonces significaba ejercer la certeza de que la historia está de su parte, una historia que marcha jubilosa en dirección al socialismo. Las tácticas para la toma del poder podían ser diversas, pero la estrategia era siempre la misma. Un rasgo típico de los partidos de izquierda son sus programas mínimos y máximos. Ello se corresponde con una visión que concibe a la revolución como un proceso que se despliega a lo largo de la historia. La metáfora de la locomotora y los vagones es muy ilustrativa. La locomotora es la vanguardia que avanza victoriosa hacia el destino final, los vagones son los camaradas de ruta que acompañan pero se van quedando en las diferentes estaciones.

Los programas mínimos están hechos para avanzar en el interior de las democracias burguesas, preparando las condiciones para aplicar el programa máximo, aplicación que sólo es posible a través de un acto de autoridad máxima consistente en la toma del poder cuando las condiciones estén dadas. No conozco ninguna izquierda marxista que, con los matices del caso, no comparta esta política construida como una visión de la historia, un compromiso ideológico y un supuesto estudio objetivo de las condiciones económicas y sociales de la sociedad que se desea transformar.

¿Mentían los dirigentes de la Unidad Popular cuando invocaban la democracia para después liquidarla? No plantearía el dilema en esos términos. Los dirigentes socialistas y comunistas creían sinceramente que a la democracia burguesa había que ampliarla al máximo, pero la auténtica democracia, la más real y popular, sólo podrá lograrse derrotando al capitalismo, fuente exclusiva de injusticias y autoritarismos, y afianzando el socialismo.

En los años setenta, estas verdades en la izquierda se creían como verdades de fe. A ello se sumaban condiciones propicias para desarrollar una estrategia que se conocerá como la vía chilena al socialismo. Estado de Derecho, un sistema político muy bien desarrollado y la presencia de dos partidos de izquierda, el socialista y el comunista, decididos a avanzar juntos por vía parlamentaria. Asimismo, la vía chilena era coincidente con aquella controvertida declaración del Partido Comunista de la URSS que admitía -para escándalo de trotskistas, maoístas y ultraizquierdistas a granel- que era posible la vía pacifica al socialismo. Digamos, entonces, que en Chile en esos años se jugaban muchas cosas, incluido el gran debate de la izquierda respecto de las vías propicias para acceder al socialismo.

Salvador Allende por su parte reunía las condiciones ideales para liderar un proyecto de esta envergadura. Socialista culto e inteligente, parlamentario, ministro, docente, médico, era considerado, además, la mejor muñeca política de Chile, es decir, un eximio negociador, un inspirado creador de acuerdos. Toda su vida política se desarrolló bajo el auspicio del ideal socialista. Suponer que un hombre como Allende podría transformarse en el Lenin chileno o en nuevo Fidel Castro es disparatado.

En su célebre debate con Fidel Castro, predominan las coincidencias, pero no hace falta ser muy agudo para registrar las disidencias entre un simpatizante de la lucha armada y un político que sigue creyendo en los valores de la democracia parlamentaria. Es en esa entrevista cuando Allende se refiere a un posible golpe de Estado. Textualmente dice: “De la Casa de la Moneda no me van a sacar vivo, tendrán que acribillarme a balazos”. Esto lo dice dos años antes de la tragedia. ¿Premonición, profecía? No lo sabemos, pero podemos permitirnos pensar que Allende presentía el final y, sobre todo, presentía que ese final era al mismo tiempo un fracaso que él no estaba dispuesto a asumir mansamente o escapándose en un helicóptero o marchando a un dorado exilio. Allende era de otra madera, creía en lo que hacía y seguramente también creía en sus propias dudas. ¿Autoprofecía cumplida? Posiblemente. ¿Una tragedia política? Sí, una tragedia política.

Salvador Allende llegó a la presidencia de la Nación con el treinta y cinco por ciento de los votos. Para asumir necesitó del apoyo de la Democracia Cristiana, el partido que entonces representaba a las clases medias y que había llevado como candidato presidencial en esas elecciones a Radomiro Tomic, un hombre inteligente y progresista ubicado en el ala izquierda de la DC.

Aún circulan las fotos y videos que en esos días registran la visita de Allende a la casa de Eduardo Frei Montalva y el abrazo como símbolo del entendimiento democrático de los principales dirigentes de los dos grandes partidos políticos de Chile. El voto de los legisladores cristianos para que Allende asumiera como presidente exigió a cambio el respeto al Estado de Derecho, pero por sobre todas las cosas fue una advertencia precisa del sistema a la Unidad Popular sobre sus límites.

Un año después el acuerdo estaba roto. La Unidad Popular calificaba a la Democracia Cristiana como un engendro “freísta” aliado a los fascistas y los “momios”, es decir, la derecha expresada por el Partido Nacional, el partido que había obtenido alrededor del treinta por ciento de los votos en las elecciones de 1970.

El supuesto giro a la derecha de la Democracia Cristiana fue aceptado sin beneficio de inventario por la izquierda. Sobre estos temas los argumentos de la izquierda fueron abundantes. Se hablaba de las vacilaciones de los aliados burgueses, de sus inconsecuencias o de la inevitable defección de los partidos de la burguesía con los proyectos revolucionarios.

Estos “clisés” en el universo de la izquierda entonces eran creídos como dogmas de fe. Los aliados burgueses son débiles, traicionan y están condenados a ser barridos por la locomotora de la historia, se decía muy suelto de cuerpo. El argumento se reforzaba con otro mito de la izquierda, un mito que se expresaba a través de un diagnóstico que se creía al pie de la letra. Me refiero al dogma que establecía que un país, Chile en este caso, era explotado y dominado por un puñado minoritario de explotadores.

Para este diagnóstico, la inmensa mayoría del pueblo estaba “objetivamente” interesada en un proyecto revolucionario. Que este balance nunca se ajustara a la realidad, que las adhesiones de la sociedad al capitalismo, fueran siempre mucho más elevadas que estos análisis supuestamente científicos, importaban poco para el universo mítico de la izquierda. Finalmente, cuando la realidad contradijo estos lugares comunes, las justificaciones se trasladaron de la objetividad a la subjetividad: la barbarie de la derecha, el comportamiento canalla de los burgueses, la maldad de los fascistas y otras lindezas por el estilo.

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la Unidad Popular obtuvo más votos, pero en el mejor escenario político posible nunca dejó de ser una primera minoría, con un porcentaje de votos en contra que siempre superó generosamente el cincuenta por ciento. La oposición no sólo que fue siempre mayoritaria, sino que a lo largo de esos años intensos y turbulentos se unió y movilizó. El “puñado” de oligarcas y explotadores no estaba solo.

Desde el punto de vista electoral, con esa relación de fuerzas era muy difícil proponerse una revolución social o empujar la legalidad del sistema al borde de esa prometida y deseada situación revolucionaria. Algunos dirigentes de izquierda objetaban estas observaciones por electoralistas. Según ellos, las elecciones eran una herramienta táctica subordinada a objetivos más altos y nobles. Nunca lo expresaron de manera explícita, pero está claro que en esa ambigüedad entre la legalidad burguesa y las ambiciones revolucionarias latía la ilusión de la izquierda del siglo veinte de una revolución a través del asalto al poder. O de un golpe de mano audaz, no muy diferente al perpetrado por los bolcheviques en Rusia en 1917. No hay datos de que esta consigna se haya intentado cumplir, pero en la subjetividad de la izquierda el modelo revolucionario leninista ha sido el único vigente, más allá de las retóricas del caso o de los esfuerzos de adaptar el paradigma de octubre a las nuevas realidades.

¿Había otras alternativas para la Unidad Popular? Muy pocas. “Profundizar el programa de la Unidad Popular”, se decía. ¿Qué significaba ello? ¿Radicalizarlo o abrir juego al centro, es decir a la Democracia Cristiana y, por lo tanto, limitar sus objetivos? Cualquiera de estas soluciones imponía serias dificultades. Radicalizar a la Unidad Popular significaba acentuar las tensiones; abrir juego a la derecha se consideraba una capitulación y perder la adhesión de los sectores más militantes. La otra posibilidad era seguir en la misma línea, que más que una alternativa era una confesión de impotencia, la admisión de una suerte de autoprofecía cumplida: como la derecha no dejaría cumplir con las metas revolucionarias, había que prepararse a morir con dignidad

El argumento de la izquierda más dura planteaba no reducir las alianzas a la partidocracia política y profundizar el acuerdo social con las bases. La consigna no era muy diferente a la que sostenían, entre otros, los troskistas en España con sus consignas a favor de la constitución de organismos de masas de doble poder que generaran las bases de un nuevo orden social revolucionario. Estas especulaciones suelen ser muy seductoras, pero de difícil, por no decir imposible, aplicación en la práctica. Un político veterano en las luchas parlamentarias como Allende no podía dejarse seducir por estas opciones, pero el camino de recomponer la alianza con la Democracia Cristiana tampoco tenía posibilidades de concretarse.

Cuarenta años después queda claro que la Unidad Popular marchó impotente hacia una tragedia anunciada. Todos los dirigentes de esta coalición, los más moderados y los más radicalizados, sabían que la derecha no los iba a dejar cumplir con el programa revolucionario. Ni la derecha chilena ni la derecha norteamericana. Al respecto podemos enojarnos e indignarnos, pero a la hora de la evaluación histórica no se le puede reprochar al enemigo que cumpla al pie de la letra el rol que se le había asignado.

Una realidad política es trágica cuando la situación histórica se traba de tal manera que todas las salidas se bloquean más allá de la razón o la justicia de sus protagonistas. La estrategia de la Unidad Popular se inscribe perfectamente en esta consideración. Revolucionarios por los objetivos propuestos y reformistas por la metodología aplicada, se propusieron crear un camino hacia la revolución distante del clásico reformismo socialdemócrata y del insurrecionalismo bolchevique. Fracasaron. Todas las invectivas que se puedan proferir contra Pinochet, Nixon y Kissinger no disimulan esa dolorosa realidad. La Unidad Popular tenía la obligación de saber que la reacción de la derecha en algún momento se iba a producir. Debía saberlo y efectivamente lo sabían, y el hecho de que no hayan podido hacer nada para impedirlo es otra de las pruebas de la tragedia y el fracaso.

Pinochet se mantuvo en el poder durante casi veinte años y por el peor de los caminos y recurriendo a las metodologías más detestables, logró reconstruir para la derecha un consenso que sigue gravitando hasta el día de hoy. No obstante ello los protagonistas de la Unidad Popular retornaron al gobierno a través de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en el marco de una alianza con la Democracia Cristiana, y con metas y objetivos diferentes a los de 1970.

La adaptación a un nuevo escenario histórico fue algo más que una táctica resignada. La exigencia de un cambio político significaba admitir que la derrota de 1973 era también la derrota de un paradigma y una ideología respecto de la revolución, el poder y el cambio social. Con los matices del caso, los herederos de aquella experiencia admiten que con prescindencia de la nobleza de los objetivos la experiencia de la Unidad Popular fue inviable en los setenta e irrepetible en el siglo XXI.

(Publicado originalmente en El Litoral el 25 de septiembre de 2013 y reproducido con permiso del autor).

I Jornadas Carlos Nino sobre Teoría Política

PRESENTACIÓN
La reflexión filosófica de Carlos Nino abordó de manera novedosa y creativa los principales problemas de la filosofía práctica, desde la teoría de la acción hasta la pregunta por el valor de la democracia y la práctica constitucional. Su argumentación clara y profunda no sólo fue acompañada del firme proyecto de construir una comunidad filosófica en nuestro país sino también de un notable compromiso político con la defensa de las instituciones democráticas, los derechos humanos y la posibilidad de expresar desacuerdos razonables.

En estas Primeras Jornadas Carlos Nino, el Grupo de Filosofía Política (GFP) se propone revitalizar este compromiso, contribuyendo a la formación de una comunidad argentina de teóricos y académicos dedicados a los problemas contemporáneos de la teoría práctica e invitando a diversos especialistas a discutir sus trabajos.

MAIL DE CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN
jornadascarlosnino@gmail.com

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se espera recibir propuestas de ponencias individuales sobre cualquier área de la filosofía práctica. Cada expositor/a dispondrá de 30 minutos de exposición y 20 minutos de discusión con los participantes. Las interesadas/os deberán enviar a jornadascarlosnino@gmail.com el título del trabajo y un resumen de alrededor de 1000 palabras que bosqueje el argumento principal del trabajo y que incluya los datos de la filiación institucional del autor/a.

FECHA LÍMITE ENVÍO DE RESÚMENES
18 de Octubre

PRESENTACIÓN PROGRAMA DEFINITIVO
15 de Noviembre

COMITÉ ORGANIZADOR
Marcelo Alegre (UBA)
Francisco García Gibson (UBA – GFP)
Luis García Valiña (UBA – GFP)
Facundo García Valverde (UBA – GFP)
Mariano Garreta Leclercq (UBA – GFP)
Julio César Montero (UBA – GFP)
Ezequiel Monti (UBA)
Martín Oliveira (UBA – GFP)
Juliana Udi (UBA – GFP)

AVAL INSTITUCIONAL
Centro de Investigaciones Filosóficas
Sociedad Argentina de Análisis Filosófico

Alcances y perspectivas de la Corte Penal Internacional (entrevista con Fabricio Guariglia)

Se reproduce a continuación la entrevista realizada por La Nación a Fabricio Guariglia, doctor en Leyes y actual coordinador del equipo de fiscales de la División de Enjuiciamiento de la Corte Penal Internacoinal de La Haya.

-¿Qué debería suceder para que el alcance de la Corte Penal Internacional sea mayor?

-¿Qué es lo que uno espera? Que a medida que la Corte se consolide, aumente su presencia, haya más Estados parte, produzca un efecto disuasorio aun en los Estados que se mantienen afuera.El sistema de la CPI aspira a la universalidad, a que la mayor cantidad posible de Estados abrace la Corte y su modelo de justicia. En ese sentido, podríamos decir que sería importante que países centrales fueran parte del sistema. Pero no es determinante a los efectos de la Corte. La Corte Penal Internacional está funcionando. Sus críticos sostienen que es una corte pensada para Estados vulnerables y que deja afuera a Estados más centrales. Primero, no es cierto que todos los Estados parte sean vulnerables. Segundo, pasa lo mismo con los derechos humanos. Los Estados Unidos y Canadá no aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso no significa que es ilegítimo ocuparse de la violación de los derechos humanos en Perú, con Fujimori. Que hoy no podamos darles justicia a las víctimas en Siria no implica que les negamos justicia a las víctimas en Congo.

–¿No hubo nada que la Corte Penal Internacional (CPI) pudiera haber hecho para prevenir el ataque contra civiles por parte del régimen sirio o para evitar la intervención militar de Estados Unidos? Pienso en un fiscal que actúa de oficio, ante los primeros indicios, por ejemplo.

–Un fiscal puede actuar de oficio, pero siempre dentro del ámbito de su competencia. La CPI es una corte con vocación de universalidad, pero no es todavía una corte universal. Los Estados que no se suman al convenio base de la CPI quedan afuera del marco de jurisdicción de la corte. La jurisdicción alcanza solamente a los Estados parte, que son más de 120. Hay zonas del planeta que son más activas que otras. América latina está asociada casi en pleno.

–¿Venezuela también?

–También. Europa está en su plenitud representada. Asia, al contrario, es una zona con pocos Estados parte.

–China es uno de los países que no reconocen la autoridad de la CPI.

–Ni China, ni Estados Unidos, ni India, ni Rusia, dentro de los países grandes. Medio Oriente también es una zona menos representada. Siria no es Estado parte. Por eso nuestro margen de actuación es realmente cero. La única posibilidad de ejercer jurisdicción es si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nos remite la situación cuando existe una amenaza a la paz y seguridad internacional, en ejercicio del Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Esto lo hizo dos veces.

–¿En qué casos?

–En el caso de Darfur, en Sudán, y en el de Libia, dos países que no son Estados parte de la CPI.

–La cuestión del territorio que abarca la jurisdicción es clave.

–Es clave en el contexto del derecho internacional en general. Y en particular en funcionamiento de la CPI: la base de jurisdicción es un elemento determinante y sumamente rígido.

–Con esa rigidez, ¿puede impartirse una justicia internacional equitativa? Pienso en dos situaciones. Por un lado, en las potencias que integran el Consejo de Seguridad, pero no adhieren al CPI, como EE.UU.: difícilmente autoricen su intervención cuando el caso los afecta directamente. Por otro lado, en los Estados con menos peso internacional, como algunos países africanos, donde la CPI parece más activa.

–Éste es el sistema de seguridad internacional que tenemos: el órgano que se encuentra en la cúspide es el Consejo de Seguridad. Esto es preferible a que el Consejo de Seguridad, en lugar de remitirle la situación a la Corte, vaya creando distintos tribunales ad hoc. Es mejor porque apunta a un sistema estable, previsible.

–Con un criterio común.

–Exacto. En cuanto a los Estados africanos, quitando Libia y Darfur, el resto de los casos fueron remitidos por los propios Estados.

–¿Por ejemplo?

–La República Democrática del Congo o Costa de Marfil. República Central Africana también. En cambio, en Kenia, que es un Estado parte, pudimos empezar de oficio porque había una jurisdicción totalmente clara.

–Es decir que si Siria fuera un Estado parte, es probable que la Corte hubiera avanzado de oficio. Pero, como no lo es, la CPI sólo puede hacerlo si el Consejo de Seguridad de la ONU la autoriza, pero no lo hará porque EE.UU. no reconoce su autoridad y se resiste a la intromisión de la CPI en sus ciudadanos. 

–Indudablemente, EE.UU. tenía preocupaciones claras en relación a un ejercicio de jurisdicción sobre sus propios ciudadanos ya en 1998, cuando se adoptó el estatuto de la CPI. Así todo Clinton lo firmó, es decir que no lo ratificó, pero por lo menos se comprometió a no socavar el objetivo del tratado.

–Bush fue más terminante.

–Con Bush hubo una posición mucho más dura, pero así y todo legitimó a la Corte en el caso Darfur y votó a favor de su intervención en el Consejo de Seguridad. Y la administración Obama ha profundizado la línea de cooperación. Desde el Consejo de Seguridad, apoyó nuestra intervención en Libia.

–Pero cuando sus propias acciones intentan ser investigadas, Guantánamo por ejemplo, se sigue resistiendo.

–Sí. No creo que la posición en cuanto a someterse a la competencia de la Corte haya cambiado sustancialmente. Pero, guste o no, es una opción válida dentro del esquema de la Corte.

–La intervención militar y la posibilidad de un castigo punitivo judicial legítimo, ¿son vías complementarias? ¿Está en contra a priori de las intervenciones militares?

–Cuando llegué al Tribunal para la ex Yugoslavia, el asesor jurídico, que era un viejo consejero jurídico militar, un día nos dijo: “Señores, hay una cosa que tienen que aprender. La guerra es algo horrible. Y en la guerra muere mucha gente. Esto no significa que la guerra sea criminal por naturaleza y que toda muerte dentro de un conflicto armado sea un crimen de guerra”. Lo cual es absolutamente cierto. Un crimen de guerra ocurre cuando hay infracción a las reglas del derecho internacional humanitario. Cuando ejecutás o torturás a los prisioneros de guerra o bombardeás a la población civil. Hay instancias en las que el mismo ordenamiento internacional permite el uso de la fuerza.

–Lo ideal en el caso de la intervención militar de EE.UU. en Siria sería que pase por el Consejo de Seguridad.

–Eso sería lo ideal.

–Los crímenes sobre los que tiene competencia la CPI son crímenes de guerra, genocidio, de lesa humanidad y crímenes de agresión. ¿Siempre son perpetrados por el Estado?

–Agresión es un crimen de Estado, pero los otros no necesariamente. Los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, pueden ser cometidos por organizaciones estatales o no estatales.

–Sin embargo, la CPI no incluye a las organizaciones terroristas ni al terrorismo dentro de su competencia. En ese punto se diferencia del Informe Goldstone (realizado por el ex fiscal del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, Richard Goldstone, por encargo de la ONU), que sentó las bases para considerar a Hamas y otros grupos terroristas como responsables de crímenes de lesa humanidad.

–El informe Goldstone afirma la existencia de crímenes de guerra cometidos por Israel contra los palestinos y analiza los casos específicamente de bombardeos sistemáti-cos a objetivos civiles en Israel por parte de Hamas y otros grupos en Palestina y los llama “ataques sistemáticos contra la población civil”, por lo tanto, según el informe, esa conducta llega al umbral de crímenes de lesa humanidad.

–Ubiquémonos en la década del 70 en la Argentina, gobierno democrático de Isabel Perón y las organizaciones guerrilleras impactando sistemáticamente. Si eso sucediera hoy, ¿qué haría la CPI en ese caso?

–Ésta fue la discusión en el contexto del estatuto en 1998. Está muy claro que hoy tanto actores estatales como organizaciones no estatales han cometido crímenes de lesa humanidad en la medida que satisfagan su elemento de contexto, que es lo que define estos crímenes: un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. O sea, habría que verificar si las acciones de la organización no estatal alcanzan este umbral.

–¿El número de víctimas es im-portante?

–Sí, pero no es una operación matemática. El punto central es la particularidad de su definición. Pero en relación al terrorismo como tal, no es considerado un crimen de competencia de la Corte ni es visto como un crimen bajo el derecho internacional consuetudinario.

–¿Por qué no?

–El terrorismo no ha alcanzado el mismo estatus consuetudinario todavía que el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra entre otras cosas porque todavía no hay acuerdos sobre la definición del crimen de terrorismo. Todavía se discute, por ejemplo, esa vieja idea de que el terrorista es un criminal para uno y un luchador por la paz para otro. El concepto sigue muy cargado de politización. Es muy difícil poder elevar ese crimen a la categoría incontrovertida de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, que ya no discutimos más. En cambio, los actos terroristas por sí mismos todavía no están en el horizonte de la Corte, salvo que también constituyan un crimen de su competencia. Por ejemplo, hoy la visión dominante es que el ataque a las Torres Gemelas califica como un crimen de lesa humanidad.

–¿Y la Corte se expidió sobre eso?

–No, porque no caía dentro de nuestra competencia temporal y territorial.

–¿Cuál es la definición de genocidio que maneja la Corte?

–La misma definición que tiene la convención de 1948: una serie de actos prohibidos llevados adelante contra un grupo racial, étnico, nacional o religioso con la finalidad de destruir a ese grupo en su totalidad o en parte como tal. Éste es el requerimiento de genocidio: un elemento subjetivo que dice que vos lo que estás buscando es la destrucción total o parcial de un grupo incluido dentro de los cuatro grupos protegidos.

–Siguiendo esa definición, la desaparición sistemática de personas realizada por la última dictadura no corresponde a la definición de genocidio.

–No, son crímenes de lesa humanidad, pero no genocidio porque no hubo victimización de alguno de los cuatro grupos protegidos con la intención de su destrucción total o parcial, y el genocidio político no está tipificado como tal. Cuando se redactaba el estatuto, hubo intentos de ampliar la definición de genocidio de grupos políticos, pero la idea es que la Convención de Prevención y Sanción del Crimen de genocidio protege grupos estables. Los grupos políticos pueden cambiar, separarse. Los otros cuatro grupos tienden a ser estables.

–Volviendo a Siria, creo que lo que impacta en la opinión pública es un EE.UU. que no acepta ser cuestionado y que planea un ataque para proteger a las víctimas cuando en realidad tendría un camino legal: ser parte de la CPI o presentar el tema ante el Consejo de Seguridad y pedir la intervención de la Corte.

–En mi opinión, hay que distinguir casos en los que la intervención de la Corte tiene un efecto preventivo o disuasorio de casos en los cuales la Corte tiene limitaciones fundamentales en su actuación. Obviamente, la tarea de la Corte en la investigación y enjuiciamiento posterior de crímenes internacionales tiene un efecto retributivo en relación al autor que cometió los crímenes y que también se espera sea ejemplar o expresivo a futuro, y de algún modo preventivo. Pero la Corte no ha sido creada para intervenir en forma humanitaria a favor de víctimas civiles y así evitar que la masacre llegue a niveles mayores. Nosotros no tiramos investigadores en paracaídas en ningún lado. Cuando uno tiene un desastre humanitario, la respuesta de la comunidad internacional suele ser compleja, suele tener varios aspectos. La Corte aporta una medida de justicia.

–El dilema entre la punibilidad y la obtención de información, ¿cómo se maneja?

–Es muy difícil de resolver. Colombia lo está encarando de alguna manera con los procesos de Justicia y Paz. En el caso de los paramilitares es una reacción estatal compleja: primero tiene que haber desmovilización del paramilitar, segundo contribución al esclarecimiento de la verdad, admisión de responsabilidad, promesa de no repetición, participación y reparación a las víctimas y estos se acompaña de una escala penal disminuida.

–¿Van presos?

–Sí, pero en una escala de cinco a ocho años. Pero siempre hay una tensión entre justicia y verdad: yo creo que la segunda generación de juicios de la dictadura en Argentina ha producido más justicia para las víctimas, pero no sé si más verdad. No creo que sepamos más hoy que lo que sabíamos post juicio a las Juntas. Hay gente que quiere hablar, entonces se pueden discutir bastantes opciones. Pero en Argentina es un tema muy discutido. En la Corte trabajamos con la figura del arrepentido. Le da una herramienta a la fiscalía para poder investigar adecuadamente para poder establecer la verdad.

–La verdad y no sólo la justicia.

–La justicia reclama la verdad.

–Reclama pruebas, pero las pruebas han sido de las víctimas y no de los victimarios.

–Puede suceder que se haya llegado a establecer la suficiente cantidad de prueba como para poder establecer la verdad en un caso puntual. Pero esa verdad tal vez sea un fragmento de un curso de acontecimientos mucho más amplio en el cual no hemos podido bucear. Hay dos modos de ver la justicia frente a violaciones pretéritas a los derechos humanos. Una visión cuantitativa cree que hay que perseguir todos los casos, no importan los niveles de responsabilidad. Una visión cualitativa cree que se pueden trazar distinciones dentro de niveles de responsabilidad y de gravedad. Esto puede permitir tomar ciertas decisiones utilitarias en beneficio de obtener más verdad. Yo me inclino más por esta visión cualitativa.

Publicado originalmente en La Nación (Sección Enfoques) el 8 de septiembre de 2013.

Carta del Laicismo en la escuela

A comienzos de esta semana el ministerio de educación de Francia hizo pública una “Carta del laicismo en la escuela” que deberá ser expuesta en todos los establecimientos públicos de enseñanza del país. Se transcribe a continuación la carta, que puede ser de interés para los estudiosos de la filosofía política:

Carta del Laicismo en la escuela

La Nación confía a la escuela la misión de hacer compartir a los alumnos los valores de la República. La República es laica.

1 Francia es una República indivisible, laica, democrática y social. Ella asegura la igualdad ante la ley a lo largo de todo su territorio a todos los ciudadanos. Ella respeta todas las creencias.

2 La República laica organiza la separación de las religiones del Estado. El Estado es neutro frente a las convicciones religiosas o espirituales. No hay una religión de Estado.

3 El laicismo garantiza la libertad de conciencia a todos. Cada uno es libre de creer o de no creer. El laicismo permite la libre expresión de sus convicciones, respetando las de los otros y dentro de los límites del orden público.

4 El laicismo permite el ejercicio de la ciudadanía, conciliando la libertad de cada uno con la igualdad y la fraternidad de todos en el cuidado del interés general.

5 La República asegura en los establecimientos escolares el respeto de estos principios.
La escuela es laica.

6 El laicismo de la escuela ofrece a sus alumnos las condiciones para forjar su personalidad, ejercer su libre albedrío y hacer el aprendizaje de la ciudadanía. Ella los protege de todo proselitismo y de toda presión que les impedirían hacer sus propias elecciones.

7 El laicismo asegura a los alumnos el acceso a una cultura común y compartida.

8 El laicismo permite el ejercicio de la libertad de expresión de los alumnos dentro de los límites del buen funcionamiento de la escuela como del respeto de los valores republicanos y del pluralismo de las convicciones.

9 El laicismo implica el rechazo de toda violencia y de toda discriminación, garantiza la igualdad entre las jóvenes y los jóvenes y se basa en una cultura de respeto y de comprensión del otro.

10 Todo el personal será encargado de transmitir a los alumnos el sentido y el valor del laicismo, así como de otros principios fundamentales de la República. El personal debe velar por su aplicación dentro del curso escolar y debe hacer conocer la presente Carta a los padres de los alumnos.

11 El personal tiene un deber de estricta neutralidad. En ningún caso deben manifestar sus convicciones políticas o religiosas en el ejercicio de sus funciones.

12 Los contenidos de la enseñanza son laicos. A fin de garantizar a los alumnos la apertura más amplia y objetiva posible a la diversidad de las visiones del mundo así como a la extensión y a la precisión de los conocimientos. Ninguna materia está excluida a priori del cuestionamiento científico y pedagógico. Ningún alumno puede invocar una convicción religiosa o política para oponerse al derecho de un docente a tratar un tema del programa.

13 Nadie puede ampararse en su pertenencia a una determinada religión para rehusarse a admitir las reglas aplicables en las escuelas de la República.

14 En los establecimientos escolares públicos, las reglas de comportamiento de los diferentes espacios son respetuosas del laicismo. Está prohibida la portación de signos o de vestimenta mediante los cuales los alumnos manifiesten ostensiblemente una pertenencia religiosa.

15 Por medio de sus reflexiones y de sus actividades los alumnos contribuyen a mantener vivo el laicismo en el seno de sus establecimientos.

Fuente: http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/document/0202993387411-le-texte-de-la-charte-de-la-laicite-a-l-ecole-602943.php