Human Rights Watch, «El legado autoritario de Chávez»

La presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) estuvo marcada por una alarmante concentración de poder e indiferencia absoluta por las garantías básicas de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch.

Tras sancionar una nueva constitución que consagró amplias garantías de derechos humanos en 1999 – y superar un breve golpe de estado en 2002 – el Presidente Chávez y sus partidarios desplegaron una estrategia de concentración de poder. Tomaron el control del Tribunal Supremo de Justicia y debilitaron la capacidad de periodistas, defensores de derechos humanos y otros venezolanos de ejercer sus derechos fundamentales.

Al inicio de su segunda presidencia, la concentración de poder y la erosión de garantías de derechos humanos permitieron que el gobierno gozara de plena discrecionalidad para intimidar, censurar y perseguir judicialmente a venezolanos que criticaban al presidente o se oponían a su agenda política. En los últimos años, el presidente y sus partidarios han empleado estas facultades en una gran variedad de casos resonantes, que han repercutido negativamente en amplios sectores de la sociedad venezolana.

Muchos venezolanos continuaron criticando al gobierno. Sin embargo, la posibilidad de sufrir represalias – a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas – obligó a periodistas y defensores de derechos humanos a medir las consecuencias de difundir información y opiniones críticas del gobierno, y socavó la capacidad de los jueces de pronunciarse en casos con fuertes implicancias políticas.

Ofensiva contra la independencia judicial.
En 2004, el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, agregando 12 cargos a los 20 integrantes del tribunal, que fueron ocupados por partidarios del gobierno. El Tribunal Supremo, ahora integrado abrumadoramente por miembros leales al gobierno, ha dejado de actuar como contralor del poder ejecutivo. Sus magistrados han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado su compromiso con la promoción de la agenda política de Chávez. Este compromiso se ha reflejado en las sentencias dictadas por el tribunal, que han avalado una y otra vez la indiferencia del gobierno frente a los derechos humanos.

Existen jueces de tribunales inferiores que han recibido fuertes presiones para no emitir pronunciamientos que puedan disgustar al gobierno. En 2009, el Presidente Chávez exigió públicamente que se condenara a 30 años de prisión a una jueza luego de que ésta concediera la libertad condicional a un conocido crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva durante casi tres años sin ser juzgado. La jueza a cargo de esta causa, María Lourdes Afiuni, fue detenida y permaneció más de un año en prisión preventiva, en condiciones deplorables. Actualmente sigue cumpliendo arresto domiciliario.

Ofensiva contra la libertad de prensa.
Durante la presidencia de Chávez, el gobierno incrementó radicalmente su capacidad de controlar el contenido de los medios de radio, televisión y prensa del país. Sancionó leyes que ampliaron y endurecieron las penas previstas para quienes emitan declaraciones que “ofendan” a funcionarios públicos, prohíben la difusión de mensajes que “fomenten la zozobra en la ciudadanía” y permiten que el gobierno suspenda arbitrariamente canales de televisión, estaciones de radio y sitios web.

El gobierno de Chávez intentó justificar sus políticas en materia de medios de comunicación, calificándolas como medidas necesarias para “democratizar” los canales de señal abierta del país. Sin embargo, en vez de fomentar el pluralismo, el gobierno abusó de su potestad regulatoria para intimidar y censurar a sus críticos. Amplió de uno a seis el número de canales de televisión administrados por el gobierno, a la vez que adoptó medidas enérgicas para reducir la disponibilidad de medios de comunicación que ofrecen una programación crítica del gobierno.

En respuesta a la cobertura periodística crítica, el Presidente Chávez amenazó reiteradamente con quitar del espectro de señales de aire a estaciones y canales privados, impidiendo que se renueve su licencia de transmisión. En 2007, en un acto de discriminación política flagrante, su gobierno impidió que RCTV, el canal de televisión más antiguo del país, renovara su licencia y confiscó sus antenas de transmisión. Tres años después, excluyó de la televisión por cable a RCTV al obligar a los proveedores de televisión por cable del país a dejar de transmitir su programación.

Luego de la exclusión de RCTV, Globovisión fue el único canal importante que mantuvo una postura crítica del presidente. El gobierno de Chávez inició investigaciones administrativas contra Globovisión en forma reiterada, y como resultado este canal ha estado expuesto constantemente al riesgo de suspensión o cierre. También denunció penalmente al presidente del canal, uno de sus dueños mayoritarios y un comentarista invitado luego de que criticaran públicamente al gobierno.

Las medidas de sanción y censura contra medios privados durante el gobierno de Chávez han repercutido fuertemente en emisoras y periodistas. Si bien en la prensa escrita aún es habitual que se critique duramente al gobierno, en Globovisión y otros medios se ha generalizado la autocensura por temor a sufrir represalias del gobierno.

Rechazo al examen de la situación de derechos humanos.
Además de neutralizar al poder judicial como garante de derechos, el gobierno de Chávez manifestó su repudio al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, eludió cumplir sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e impidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuara una visita in loco de los problemas de derechos humanos en el país. En septiembre de 2012, Venezuela anunció que denunciaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una decisión que priva a los venezolanos de un recurso que, durante años y en toda la región, ha constituido el mecanismo externo más importante para obtener una reparación por abusos, ante la inacción de la justicia a nivel interno.

El gobierno de Chávez intentó además impedir que organizaciones internacionales efectuaran un examen de las prácticas de derechos humanos en el país. En 2008, el presidente detuvo por la fuerza y expulsó en forma sumaria a representantes de Human Rights Watch luego de que presentaran un informe donde se documentaban violaciones de normas de derechos humanos cometidas por su gobierno. Tras la expulsión de estos representantes, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores Nicolás Maduro, designado ahora por Chávez como su sucesor en el poder, anunció que “cualquier extranjero que venga a opinar en contra de nuestra patria será expulsado de manera inmediata”.

Durante la presidencia de Chávez, el gobierno también procuró desacreditar a defensores de derechos humanos acusándolos de recibir apoyo del gobierno estadounidense para desestabilizar la democracia venezolana. Si bien algunas organizaciones no gubernamentales locales han recibido fondos de fuentes estadounidenses y europeas —una práctica habitual en América Latina, donde el financiamiento por fuentes privadas es escaso— no existen pruebas creíbles de que la independencia e integridad del trabajo de estos defensores se hayan visto comprometidas por la ayuda internacional. No obstante, en 2010 el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por “traición a la patria”. La Asamblea Nacional sancionó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional. También estableció severas multas para las organizaciones que “inviten” a extranjeros cuyas opiniones “ofendan” a las instituciones del gobierno.

Apoyo a gobiernos represivos.
El Presidente Chávez rechazó también los esfuerzos internacionales para promocionar los derechos humanos en otros países. Venezuela votó consistentemente en contra de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que condenaban las prácticas abusivas de Corea del Norte, Myanmar, Irán y Siria. Respaldó públicamente al presidente sirio Bashar al-Assad, al presidente libio Muammar Gaddafi y al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, y además distinguió a cada uno con la “Orden del Libertador”, la máxima condecoración oficial otorgada por Venezuela.

El principal aliado de Venezuela durante la presidencia de Chávez fue Cuba, el único país de América Latina donde se reprimen sistemáticamente casi todas las formas de disenso político. El Presidente Chávez señaló a Fidel Castro – quien se mantuvo al frente del gobierno represivo en Cuba hasta que debió retirarse en 2006 por motivos de salud – como su modelo y mentor.

Selección de algunos casos documentados en el informe “Venezuela: Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez”:
Después de que la Jueza María Lourdes Afiuni otorgara en diciembre de 2009 libertad condicional a un crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva durante casi tres años, acusado de corrupción, el Presidente Chávez la calificó de “bandida” y afirmó que debía recibir una pena de “30 años” de prisión. Si bien la decisión de Afiuni cumplía con una recomendación de un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU —y era consistente con la legislación venezolana—, la Jueza Afiuni fue inmediatamente arrestada y un juez provisorio que había expresado públicamente su lealtad al Presidente Chávez ordenó que prosiguiera el caso penal en su contra. (En el sitio web del partido político del presidente, el juez escribió: “[p]or la revolución doy la vida” y “[n]unca traicionaría a este proceso ni mucho menos a mi comandante”). Afiuni pasó más de un año en la cárcel en prisión preventiva, en condiciones deplorables y junto con otras presas condenadas (incluyendo a muchas a quienes ella misma había condenado) que la amenazaron de muerte en reiteradas oportunidades. Ante las críticas cada vez más notorias por parte de organismos internacionales de derechos humanos, Afiuni fue autorizada en febrero de 2011 a permanecer en arresto domiciliario. Después de largas demoras, su juicio se inició en noviembre de 2012. Cuestionando la imparcialidad del juez a cargo de su caso, Afiuni se negó a asistir, pero el proceso continúa en su ausencia.

Después de que el periódico semanal 6to Poder publicara en agosto de 2011 un artículo satírico en el cual seis funcionarias de alto rango —incluida la fiscal general y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia— aparecían como bailarinas de un cabaret llamado “La Revolución”, dirigido por “Mr. Chávez”, las seis funcionarias solicitaron que se iniciara una investigación penal y que el periódico fuera cerrado. Al cabo de algunas horas, se dictaron órdenes de detención contra la directora del periódico, Dinora Girón, y su presidente, Leocenis García, acusados de “instigación al odio”. Girón fue detenida al día siguiente, permaneció bajo arresto durante dos días y luego le otorgaron libertad condicional. García permaneció oculto un tiempo, pero la semana siguiente se entregó a las autoridades. Estuvo preso durante dos meses y luego le otorgaron libertad condicional. Girón y García permanecen sujetos a investigación penal mientras sigue pendiente el juicio en su contra. Existe una orden judicial vigente que ordena al periódico abstenerse de publicar textos o imágenes que “se constituyan en una ofensa y/o ultraje a la reputación, o al decoro de algún representante de los Poderes Públicos, y cuyo objeto sea exponerlos al desprecio o al odio público”.

Después de que la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel apareciera en mayo de 2010 en un programa de televisión denunciando que militares de alto rango eran miembros del partido político de Chávez (una práctica prohibida por la Constitución venezolana), fue acusada en la televisión estatal de ser “agente de la CIA” y de “hacer llamados a la insurrección”, y en la revista oficial de las Fuerzas Armadas de intentar fomentar un golpe de estado en Venezuela. Además, la organización que dirige, Control Ciudadano, fue mencionada —junto con otras importantes ONG— en una denuncia penal presentada por varias agrupaciones de jóvenes que apoyan al partido político de Chávez. La denuncia acusaba a las organizaciones de cometer “traición” por haber recibido fondos de Estados Unidos. Luego de estos incidentes, San Miguel recibió reiteradas amenazas por parte de personas no identificadas. Si bien desconoce el origen de esas amenazas, considera que las denuncias en los medios de comunicación oficiales la han vuelto más vulnerable a este tipo de actos de intimidación.

Después de que el defensor de derechos humanos Humberto Prado criticara al gobierno, en junio de 2011, por su manejo de un motín carcelario, el ministro de justicia de Chávez lo acusó de intentar “desestabilizar el sistema penitenciario” y el vicepresidente manifestó que las críticas formaban parte de una “estrategia de desestabilización política… para intentar sacar provecho de esa situación”. A los pocos días de haber formulado estas denuncias, Prado comenzó a recibir amenazas anónimas, incluso llamados telefónicos en los cuales le decían que, si quería a sus hijos, debía mantenerse callado, lo cual lo llevó a irse del país por dos meses junto con su familia. Cuando se preparaba para regresar a Venezuela, recibió a través de un correo electrónico un documento adjunto que parecía ser una nota oficial de la Fiscalía General de la República, que indicaba que estaba siendo investigado penalmente por el delito de “traición”. (Tras su regreso, el fiscal cuyo nombre aparece en el documento le dijo que él no lo había escrito ni firmado). Prado continuó recibiendo amenazas de fuentes no identificadas. Al igual que San Miguel, cree que debido a las agresiones verbales por parte de funcionarios del gobierno Chávez se encuentra más vulnerable a tales actos de intimidación.

Después de que el canal de televisión más antiguo de Venezuela, RCTV, transmitiera un video en noviembre de 2006 en el cual aparecía el ministro de energía de Chávez diciendo a los empleados de la compañía petrolera estatal que, si no apoyaban al presidente, debían renunciar a sus trabajos, Chávez advirtió públicamente a RCTV y a otros canales que podrían perder sus concesiones de transmisión. (El presidente ya había proferido esta amenaza en muchas otras ocasiones cuando los canales transmitían contenidos críticos del gobierno). Un mes más tarde, el presidente anunció su decisión (unilateral) de que RCTV dejaría de ser “tolerada” en las señales de aire públicas una vez que se venciera su concesión al año siguiente. RCTV dejó de transmitir en frecuencias abiertas en mayo de 2007, pero continuó como un canal de cable. Desde entonces, el gobierno ha empleado sus facultades regulatorias para eliminar a RCTV también de la televisión por cable. En enero de 2010, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) determinó que RCTV era un “productor nacional audiovisual” y se encontraba, por lo tanto, sujeto a una serie de normas sobre radiodifusión recientemente adoptadas. Unos días más tarde, el ministro de comunicaciones de Chávez amenazó con iniciar investigaciones administrativas contra las cableoperadoras que transmitieran canales que no cumplieran con las nuevas normas. Como respuesta a esta situación, las cableoperadoras interrumpieron la transmisión de RCTV Internacional. Desde ese momento, los reiterados esfuerzos de RCTV por volver a registrarse ante CONATEL como un canal de cable han sido infructuosos. En la actualidad, RCTV sólo puede verse por Internet y ya no cuenta con un espacio de noticias por falta de fondos para producirlo.

Después de que Globovisión, el único canal de televisión crítico del gobierno con alcance nacional que queda en el país, brindara una extensa cobertura de un motín carcelario que tuvo lugar en junio de 2011 —transmitiendo numerosas entrevistas a familiares sumamente preocupados que manifestaban que las fuerzas de seguridad estaban matando a los presos—, el Presidente Chávez respondió acusando al canal de “incendi[ar] un país… con la única intención de derrocar a este gobierno”. Poco después, CONATEL inició una investigación administrativa por la cobertura de Globovisión de estos hechos de violencia. En octubre, determinó que el canal había “promov[ido] el odio por razones políticas y foment[ado]la zozobra en la ciudadanía”, y le impuso una multa de US$ 2,1 millones, que es equivalente al 7,5 por ciento de los ingresos obtenidos por la compañía en 2010. En la actualidad, existen otras siete investigaciones administrativas pendientes contra Globovisión; una de ellas por señalar que el gobierno no brindó al público información básica después de un terremoto y, más recientemente, otra por transmitir micros en los cuales se objetaba la interpretación que las autoridades han dado a los requisitos constitucionales para la asunción de Chávez en el 2013 tras su reciente reelección. En virtud de la Ley de Responsabilidad Social sancionada por el Presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional, una segunda decisión administrativa contra Globovisión podría tener como resultado otra multa millonaria, la suspensión de la transmisión del canal o la revocación de su habilitación y concesión.

Después de que Oswaldo Álvarez Paz, un político opositor, apareciera en el principal programa de entrevistas políticas de Globovisión en marzo de 2010 comentando acerca de acusaciones públicas sobre el incremento del tráfico de drogas en Venezuela y sobre una sentencia judicial de España que se refería a una posible colaboración entre el gobierno venezolano y las guerrillas colombianas, el grupo separatista vasco ETA y otros grupos “terroristas”, el Presidente Chávez respondió, en cadena nacional, que estos comentarios “no se p[odían] permitir” e instó a los demás poderes del gobierno a “actuar”. Dos semanas más tarde, Álvarez Paz fue detenido y acusado de que sus comentarios, que difundieron “informaciones evidentemente falsas”, habían causado un “infundado temor” en la población. Álvarez Paz permaneció en prisión preventiva durante casi dos meses y luego se le otorgó libertad condicional. Su juicio finalizó en julio de 2011, cuando el tribunal lo declaró culpable y le impuso una condena de dos años de prisión. El juez le permitió a Álvarez Paz cumplir su pena en libertad condicional, pero le prohibió salir del país sin autorización judicial.
Después de que el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, en una conferencia internacional en marzo de 2010, criticara los ataques a la libertad de prensa perpetrados por Chávez y acusara al presidente de haber ordenado que se disparara contra manifestantes en el contexto del golpe de 2002, los legisladores chavistas pidieron que se realizara una investigación penal, y Zuloaga fue detenido tras ser acusado de los delitos de difusión de informaciones falsas y ofensa al presidente. Un juez pronto le otorgó la libertad condicional, pero en junio el Presidente Chávez insistió públicamente en que fuera arrestado nuevamente. Dos días después, miembros de la Guardia Nacional requisaron la vivienda de Zuloaga y, a la semana siguiente, un tribunal dictó una nueva orden de detención en su contra, por un caso distinto. Zuloaga abandonó el país antes de que dicha orden pudiera ejecutarse y no ha regresado.

Después de que Nelson Mezerhane, un banquero y uno de los principales accionistas de Globovisión, declarara, en una entrevista en diciembre de 2009, que personas “vinculadas” con el gobierno habían lanzado rumores que provocaron el retiro de depósitos de los bancos venezolanos, el Presidente Chávez lo denunció, solicitó a la fiscal general “que abr[iera] un proceso de investigación”, amenazó con intervenir el banco de Mezerhane y advirtió: “[t]elevisora que vuelva a pasar la raya a la violación de las leyes, al irrespeto a la sociedad, al Estado, a las instituciones, no puede, no debe seguir abierta”. Seis meses más tarde, la Fiscalía General de la República confiscó la vivienda de Mezerhane y sus acciones en Globovisión, mientras que la autoridad bancaria intervino su banco. La Fiscalía General también prohibió que Mezerhane saliera del país, pero él ya se encontraba en el extranjero cuando se dictó la orden y no ha regresado.
Tu Imagen TV, un canal de cable local del estado de Miranda fuera denunciado por un alcalde chavista en noviembre de 2010 por estar “sistemáticamente parcializado para favorecer a un sector político de oposición”, CONATEL ordenó a la compañía de cable local que interrumpiera la transmisión de este canal, argumentando que el canal y el proveedor habían incumplido con reglamentaciones recientes que exigían que las partes firmaran un contrato por escrito. Dicho contrato firmado se presentó ante CONATEL un mes más tarde, pero transcurrieron ocho meses hasta que se le autorizó a la compañía de cable reanudar la transmisión del canal. Y cuando finalmente lo hizo, según el director del canal, una autoridad de CONATEL amenazó a la compañía de cable con volver a sacarlo del aire si continuaba produciendo contenidos que criticaran al gobierno.

Después de que en la telenovela “Chepe Fortuna” apareciera una escena, en enero de 2011, en la cual un personaje llamado Venezuela, que había perdido a su perro llamado Huguito, le preguntaba a su novio: “¿Qué será de Venezuela sin su Huguito?” y él le respondía: “Vas a ser libre, Venezuela”, CONATEL exhortó al canal de televisión que la transmitía, Televen, a que “de forma inmediata suspendiera la transmisión” del programa, argumentando que promovía “la intolerancia política y racial, la xenofobia y la apología del delito”. Esta acusación podría dar lugar a sanciones civiles, penales y administrativas, incluida la suspensión o la revocación de la concesión del canal. Televen canceló el programa el mismo día.

(Publicado originalmente en el sitio web de Human Rights Watch:  http://www.hrw.org/es/news/2013/03/05/venezuela-el-legado-autoritario-de-chavez).

Natalio Botana, «Se apaga el sol de la presidencia perpetua»

El agravamiento de la enfermedad de Hugo Chávez es un signo de la frágil legitimidad de las presidencias hegemónicas en América latina. Venezuela evoca hoy la imagen de un país en suspenso, en ausencia de un presidente encaramado sobre las ruinas del régimen que lo precedió, querido y odiado al mismo tiempo, incansable, dicharachero e hiperactivo, omnipresente en su país y en la región, con cuantiosos recursos petroleros a su servicio para disparar ambiciosos proyectos, hipermediático de acuerdo con los términos comunicacionales de esta época. Entre La Habana y Caracas, poco se sabe y mucho se espera: lo que pueda durar este interregno es realmente una incógnita.

Existen, además, otras incógnitas. En primer lugar, las que derivan de la eventual desaparición física de un caudillo que concentra los poderes del Estado. Este fenómeno tiene mucho que ver con la vida y la muerte porque -suele olvidarse lo elemental- las «presidencias eternas», instaladas sobre un mito fundador, son al cabo mortales. De aquí la conclusión obvia, un interrogante que perturba a quienes se encolumnan con fervor tras estos personajes extraordinarios: ¿quién sucede, en efecto, al caudillo fundador?

En Cuba, cuya integración con Venezuela llegó al punto de forjar un comando político unificado, la incapacidad de Fidel Castro para la gobernanza diaria se superó dentro de los márgenes de un régimen gerontocrático, parecido a los gobiernos finales de la Unión Soviética, mediante una regla de sucesión de carácter familiar (no de padre a hijo, como en las monarquías, o de marido a mujer, como en el kirchnerismo, sino de hermano mayor a hermano menor).

En Venezuela, en cambio, la apuesta de Cháve z fue a favor de su delfín, Nicolás Maduro. Pero es una apuesta que no termina de hacerse efectiva hasta tanto se conozca el destino que tendrá su enfermedad. ¿Son acaso estos silencios semejantes al búnker que se montó en España en los días postreros de otro caudillo, Francisco Franco? Un esfuerzo para mantenerlo artificialmente en vida mientras se intensificaba, tras la ausencia de informaciones, la desesperada resistencia de unas facciones oficialistas condenadas -se vio después- a un ocaso irremediable.

Hubo, sin embargo, en España una diferencia de fondo. Tal vez equivocado, porque pensaba en otro resultado, Franco quiso conjurar la incertidumbre de su propia sucesión restableciendo en España la monarquía. No es nuestro caso. La monarquía feneció en América latina durante la Independencia, hace 200 años, y abrió curso a una turbulenta tradición republicana.

En muchos países, la república unida a la democracia logró que la sucesión pacífica y la alternancia que de ella se deriva pudiesen fructificar. En otras naciones ocurrió lo contrario: repúblicas incompletas, con personalismos que trastocan las instituciones y que, una vez en escena y aun fuera de ella, dejan sin embargo en el corazón de las masas anteriormente excluidas el recuerdo de un paraíso perdido. Pasó en la Argentina con el primer peronismo, entre 1946 y 1955, y es posible que el argumento se reproduzca en la Venezuela de los años venideros. En otras palabras: el gran problema que enfrentan estas hegemonías es el de instaurar un régimen capaz de trascenderlas. Por ahora no ocurrió en Cuba (el gobierno de Raúl Castro es sólo una suplencia) y habrá que ver qué le espera a Venezuela.

Daría la impresión de que Chávez es de nuevo un fiel discípulo de eso que, para él, es el legado bolivariano. No tanto, en esta coyuntura, por la curiosa transformación de Bolívar, efectuada al calor de la propaganda oficial, en un socialista del siglo XXI, sino por el empeño que el comandante ha puesto para asegurar una presidencia perpetua con control de la sucesión.

Un breve repaso al respecto con remisión a las fuentes. En el discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia, en 1825, Bolívar decía: «El Presidente de la república viene a ser en nuestra Constitución como el Sol que, firme en su centro, da vida al Universo». No obstante, consciente de que «no hay poder más difícil de mantener que el de un príncipe nuevo» (se comprueba que leía a Maquiavelo), Bolívar había inventado el artilugio de que ese presidente vitalicio nombrase un vicepresidente para que «administre el Estado y le suceda en el mando».

A la manera de un calco de aquella Constitución fallida, Chávez ha designado al vicepresidente Maduro, que hoy por hoy administra el Estado y llegado el caso -muerte, renuncia o declaración de incapacidad- sería el candidato ungido por el mismo fundador para afrontar nuevas elecciones.

Bolívar desconfiaba de la herramienta electoral (sostenía que las elecciones eran «el gran azote de las repúblicas») y Chávez cifró en cambio su fortuna en las mayorías que obtuvo en repetidos comicios. Elecciones de tono patético, a todo o nada, con el aparato completo del Estado -propaganda y política social asistida por Cuba- al servicio de la reproducción de su mando a través del reeleccionismo.

Las presidencias solares tienen pues una virtud anclada en la popularidad y un vicio intrínseco que suele irrumpir por sorpresa. Sabiéndose mortales, esas presidencias sueñan empero con que no lo son. Por eso, cuando llega la desaparición física, la atmósfera mortuoria que rodea ese acontecimiento es mezcla de aclamación en la despedida y reconocimiento del vacío.

En la clave de esas experiencias, la política latinoamericana es funeraria: la muerte del héroe es un episodio que se reproduce siempre en discursos, evocaciones, imposición del nombre en lugares públicos; en suma, adoración y hasta religiosidad secular. Al paso de la agonía o de la convalecencia de Chávez, en Venezuela no se ha transpuesto todavía ese umbral, pero el clima de duelo acecha aunque se lo pretenda exorcizar con manifestaciones en que se renueva la fe en el caudillo.

En esto se resume la esperanza y servidumbre de la sucesión política. Dejar las cosas «bien atadas», según creía Franco antes de que el rey Juan Carlos, en la cumbre de su popularidad, tan lejana a la de estos días, las desatara con el concurso de la dirigencia que, en España, protagonizó la transición a la democracia. Con esas ataduras se ilusionan no pocos gobernantes en Cuba, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia y ahora en la Argentina.

Así, en Venezuela se están dando los primeros tanteos para la apertura de una herencia excepcional. Tal vez podrían servir de ilustración del tránsito de Chávez al «chavismo» las sucesivas transformaciones del peronismo entre nosotros. Representaron los justicialistas todos los papeles posibles según las circunstancias; cambiaron el país desde el primer peronismo hasta el kirchnerismo, pasando por Menem. Mudaron las cosas, avanzaron y retrocedieron, y sin embargo permanecieron aferrados a una inconsistencia que reaparece a cada vuelta de los procesos políticos. Como al peronismo con su popularidad a cuestas le resulta complicado solucionar el problema de la sucesión, los conflictos y las tensiones que esa carencia suscita se transmiten a todo el país.

¿Tendrán lugar en Venezuela las mismas peripecias? Todo indica que el chavismo no desaparecerá de la escena en un contexto en el que el poder militar, los desastrosos resultados macroeconómicos de una gestión dilapidadora y poco sustentable, y la influencia dominante de Cuba impondrán severos condicionamientos. Conjeturas pues que se van acumulando a medida que se disipan la euforia y la utopía que, en su momento, despertaron esos líderes providenciales.

(Publicado originalmente en La Nación el 17 de enero de 2013 y reproducido con permiso del autor).

Ramiro Álvarez Ugarte, «El presidencialismo y sus enfermedades»

Es una obviedad decir que en un sistema presidencialista, quien ocupa el poder ejecutivo es uno de los actores políticos más relevantes dentro de la sociedad. Cuando ellos o ellas se enferman surgen preguntas desde el punto de vista constitucional, ya que el ejecutivo es el único poder del Estado que por diseño institucional reposa en una sola persona. Por ello, la mayoría de las constituciones tienen previsiones más o menos precisas sobre qué hacer cuando esas situaciones de enfermedad son graves. Estos mecanismos constitucionales están destinados a operar en contextos de crisis, ya que una enfermedad grave en la persona a cargo de la presidencia tiende a generar cierta zozobra en la sociedad y especulaciones de todo tipo.

Uno podría pensar que las enfermedades de los presidentes son circunstancias excepcionales: en general, los presidentes terminan sus mandatos y pierden sus puestos por efecto de elecciones y no de enfermedades. Sin embargo, la enfermedad en el poder ejecutivo es bastante común. Un reciente informe de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información sobre Acceso a la información de la salud de los jefes de Estado trata varios casos paradigmáticos de todo el mundo. En particular, refiere a las enfermedades sufridas recientemente por los y las presidentes de Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela.

Entiendo que hay tres cuestiones constitucionales importantes ante la enfermedad grave de una persona a cargo del poder ejecutivo. Por un lado, la cuestión de qué ocurre si esa persona muere. Por el otro, qué ocurre si esa persona enferma gravemente. Y finalmente, cuál es el grado de información que debe tener la ciudadanía sobre la salud de la persona que ha elegido para dirigir al país durante un período determinado. Todas estas preguntas, además, están cruzadas por cómo las cláusulas constitucionales que se encargan de estas situaciones se aplican en la práctica.

Voy a tomar los cuatro casos de América Latina mencionados en el párrafo anterior, pero antes de adentrarme en ese ejercicio comparativo, me gustaría traer a colación el concepto “democracia delegativa” de Guillermo O’Donnell para poner en contexto las soluciones constitucionales referidas. En efecto, América Latina ha sido vista durante muchos años como una región en las que abundan este tipo de democracias en las que el presidente tiene un peso preponderante en el juego político. Como señalaba O’Donnell en 1994, cuando comenzaba a explorar este concepto, en las democracias delegativas los cambios presidenciales suelen ser eventos en los que hay mucho en juego, ya que en la sucesión se discute quien dirigirá los destinos de la Nación con escasos o débiles controles horizontales. Resulta útil referir a algunas de las características que O’Donnell señalaba respecto de este tipo de democracias: son fuertemente individualistas, propensas a los cambios bruscos de políticas y favorecen las metas de corto plazo. En una democracia así, en el que la presidencia lo es todo, la regulación de la sucesión presidencial se vuelve particularmente relevante.

Cuando los presidentes mueren.
Todas las constituciones mencionadas prevén qué ocurre en caso de que muera el o la presidente. Las de Argentina, Colombia y Paraguay establecen que corresponde a los o las vice-presidentes asumir el control del ejecutivo y culminar el mandato constitucional. La de Argentina y Colombia sostienen que en caso de doble vacancia –es decir, de ausencia simultánea de presidente y vice— corresponde al Congreso determinar quién terminará el mandato constitucional. La de Paraguay, por su parte, es más precisa: sostiene que si la vacancia definitiva del vicepresidente se produce “durante los tres primeros años del período constitucional, se convocará a elecciones para cubrirla. Si la misma tuviese lugar durante los dos últimos años, el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, designará a quien debe desempeñar el cargo por el resto del período.”

Resulta curioso que la de Venezuela asigne al vicepresidente una función puramente temporal: en caso de vacancia presidencial permanente –es decir, muerte o enfermedad incapacitante— siempre corresponde llamar a elecciones, a menos que esa vacancia se produzca en los últimos dos años de un mandato de seis. En ese caso, el o la vicepresidente podrán terminar el mandato, pero siempre que se produzca antes de esos dos años corresponde convocar a una nueva elección presidencial dentro de los treinta días.

Los distintos diseños institucionales parecen hablar de una concepción diferente de la democracia y del rol que el presidente juega en los asuntos públicos. Por un lado, las constituciones que ordenan nuevas elecciones parecen ser más respetuosas de la voluntad popular, que se ve frustrada por la ausencia absoluta de quien fue elegido para ocupar el poder ejecutivo. A fin de cuentas, el vice-presidente no es más que un sustituto para casos de emergencia: qué mejor que la ciudadanía elija a ese sustituto en unas nuevas elecciones.

A la vez, estas constituciones más mayoritarias parecen asignar una mayor importancia a la figura del presidente, algo que va en línea con la tendencia regional al hiperpresidencialismo que ya fue señalada en numerosas oportunidades. Por el otro, las constituciones que descansan en el vicepresidente o en la voluntad del Congreso parecen tener una mirada más amplia del sistema político, en la que el presidente tiene un rol menos preponderante.

En todo caso, las opciones que adopte la Constitución tendrán que lidiar con dos situaciones muy diferentes una de la otra. Por un lado, la muerte de quien ocupa la presidencia. Por el otro, una enfermedad incapacitante. En este caso, las constituciones de los países mencionados son mucho más opacas.

Cuando las presidentas enferman.
En efecto, las constituciones de Argentina, Colombia y Paraguay no dicen nada respecto de cómo se verifica que quien esté a cargo de la presidencia sufra una enfermedad incapacitante. Es decir, ninguna establece cuales son los procedimientos para verificar que se cumplen los supuestos de la regla constitucional de sucesión. La única que lo hace es la constitución de Venezuela, que en su artículo 233 sostiene que la enfermedad que produzca una incapacidad física o mental permanente debe ser certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional.

El silencio de las otras constituciones sobre este punto es curioso, particularmente porque en este tipo de sucesos hay mucho en juego. En efecto, en el estudio de la Alianza Regional ya citado se refiere a lo que ocurrió en los países mencionados cuando sus presidentes o presidentas sufrieron alguna enfermedad grave.
En todos ellos surgieron todo tipo de especulaciones, rumores y pedidos de más información por parte de sectores opositores: el padecimiento presidencial se vuelve el tema sobre el cual habla y opina todo el sistema político. Además, la cuestión médica empieza a ser objeto de debate público: los medios de comunicación comienzan a hablar de medicina como si se tratase de una ciencia exacta y las distintas opiniones de los médicos comienzan a contrastarse unas con otras. Intuyo que esto tiene por efecto aumentar los niveles de incertidumbre, ya que no todos los médicos tienen idénticas perspectivas respecto de las mismas enfermedades.

Finalmente, las respuestas oficiales varían: mientras que algunos presidentes o presidentas son transparentes respecto de la enfermedad que padecen, otros tienden a ocultarla lo máximo posible. En todos los casos, de todas formas, la comunicación tiende a canalizarse por medio de partes médicos, de acuerdo a los cuales los profesionales tratantes señalan la evolución del paciente de manera escrita y utilizando un lenguaje técnico. Sin embargo, los reportes de quienes ven a los pacientes son más enfáticos en la recuperación, el fin de la enfermedad, la vuelta al trabajo.

A primera vista pareciera que la forma como un sistema afronte la enfermedad en la presidencia podría decirnos mucho de sí mismo. Pareciera ser que, en principio, la tendencia al secretismo y la especulación debería ser preponderante en aquellos regímenes presidenciales en donde la sucesión presidencial es un evento donde se pone mucho en juego. Sin embargo, en los últimos hechos en la Argentina, Colombia y Paraguay ese no fue el caso: hubo bastante información sobre los cuadros sufridos por los presidentes Santos y Lugo y la presidenta Fernández de Kirchner. En todos ellos se trató de enfermedades graves diagnosticadas a tiempo y con una evolución favorable. En todos ellos, también, hubo especulación en sectores opositores que reclamaron más información.

La situación en Venezuela ha mostrado ser, tal vez, un poco diferente. Si bien se informó sobre la enfermedad del presidente Chávez y el tratamiento al que se iba a someter para combatirla en Cuba, desde hace un tiempo el secretismo y los reclamos por más información ha ido creciendo, de la mano de lo que parece ser una evolución poco favorable de la enfermedad. Y este creo es el punto clave que explica las diferencias entre los países mencionados: no se trata de que los sistemas de control horizontal funcionen mejor en Argentina, Paraguay y Colombia que en Venezuela, ni ocurre que la cultura presidencialista sea menos fuerte en los tres primeros países. La diferencia fundamental, que explica la diferencia en comportamientos, tiene que ver con la evolución de la enfermedad. En los casos de Argentina, Paraguay y Venezuela siempre fue posible ver a los presidentes. En la era de la video política –concepto ya anacrónico, pero vale invocarlo— la importancia de verlos o verlas parece ser fundamental: incluso cuando se presentan con los signos visibles de los tratamientos o las operaciones a las que se sometieron. En efecto, eso tiende a reasegurar a la población sobre el hecho de que la persona que está al mando está en condiciones de seguir dirigiendo los destinos de la Nación.

Tal vez nuestra intuición estaba errada: en un sistema presidencialista donde la sucesión es un evento donde hay mucho en juego, el secreto no es una tentación siempre y cuando la enfermedad sea tratable y controlable y no tenga consecuencias graves. En estos casos, la información puede contrarrestar los rumores que pueden afectar la figura presidencial y reasegurar a la población y a todos los actores políticos quién está al mando. La información y la transparencia no conspiran contra un presidente fuerte, sino que lo benefician.

Pero esto que ocurrió en Argentina, Colombia y Paraguay no ocurrió en las últimas semanas en el caso de Venezuela. En efecto, desde la última semana de diciembre de 2012 la salud del presidente Chávez habría empeorado, a punto tal que desde entonces no lo hemos visto. Y esta situación sí es grave y debería activar los mecanismos constitucionales de control, ya que la falta de información sumado al hecho de que el pueblo venezolano no puede ver a su Presidente generan rumores y especulaciones de todo tipo. Es en ese contexto que vemos una creciente demanda por información y por la activación de mecanismos horizontales de control: Venezuela es el único país de los mencionados que cuenta con una cláusula que específicamente determina cómo se debe verificar la salud de un presidente. Según el artículo 233 de la Constitución, esa situación debe verificarse mediante una junta designada por el Tribunal Supremo y con la aprobación de la Asamblea Nacional.

En este caso sí comienzan a ponerse en juego las falencias estructurales de los mecanismos de rendición de cuentas horizontales, propias de las democracias delegativas. Si esos mecanismos no funcionan, la ciudadanía no confiará en ellos. Y en ese caso, las especulaciones, los pedidos de más información y la incertidumbre perdurarán hasta que el presidente se recupere, el pueblo pueda verlo y las dudas sobre la enfermedad sean despejadas.

Dos derechos en pugna.
Finalmente, cabe analizar esta situación constitucional no sólo desde el punto de vista del esquema de organización del poder, sino también desde una perspectiva de derechos. Existen claramente, dos derechos en pugna: por un lado, el derecho a la privacidad de los presidentes que indudablemente abarca a su situación de salud; por el otro, el derecho de la ciudadanía a que se le informe de manera transparente si el o la presidente de la Nación está en condiciones de ejercer su cargo.

Desde mi punto de vista, el balance no es difícil de trazar: la ciudadanía tiene derecho a conocer sobre las enfermedades que puedan afectar de manera grave a las personas que ejercen la presidencia de un país. Y claramente, el o la presidente tiene derecho a guardar en secreto aquellas dolencias que no tengan ni actual ni potencialmente ese efecto. Pero en la práctica, la respuesta dependerá de otras circunstancias. Como sostuve en los párrafos anteriores, creo que las respuestas se definen por una línea que distingue las enfermedades graves e inocultables de aquellas que o bien no son graves o bien se pueden ocultar razonablemente bien.

En efecto, en el primer caso la transparencia parece ser la norma: cuando la enfermedad es grave e inocultable se impone brindar información como ocurrió en todos los países de América Latina que he mencionado. Tal vez cuando la enfermedad tenga una evolución negativa aumente paralelamente la tendencia al secreto, los reclamos por más y mejor información y la exigencia de actuación a los órganos horizontales de control, como ocurrió en Venezuela. Pero esto tal vez opere de otra manera en otros países.

En el segundo caso, sin embargo, lo que parece imponerse es el secreto. Y esto no sólo en los presidencialismos delegativos sino también en las democracias representativas y en los sistemas parlamentarios. El caso de Francia es en este sentido paradigmático: Georges Pompidou, murió mientras ocupaba su cargo sin que la ciudadanía estuviese al tanto de la grave enfermedad que padecía y François Mitterrand estuvo enfermo durante sus dos mandatos presidenciales. Si la enfermedad es grave pero puede ocultarse, no parece haber mecanismos efectivos para exigir información capaz de descubrir el engaño.

En efecto, asumiendo un derecho de la ciudadanía a conocer sobre enfermedades graves de los presidentes, ¿qué caminos habría para exigirlo? Por un lado, la aplicación de algún procedimiento de control establecido por la constitución o la ley –como establece la Constitución de Venezuela— para verificar la salud del presidente. Sin embargo, sin motivos aparentes y ante falta de indicios, ¿cómo se aplicarían esos mecanismos? En una democracia delegativa uno podría decir que claramente ellos no se aplicarían o no arrojarían resultados confiables. Por el otro, el derecho de los ciudadanos a conocer sobre una enfermedad grave del presidente tampoco tendría chances de éxito en los tribunales. En este caso corresponde a quien invoca el derecho de acceder a información privada probar que ese acceso se justifica dadas las circunstancias. Pero sin indicios de que en efecto existe una enfermedad grave, difícilmente algún juez conceda el acceso a la historia médica presidencial u ordene la realización de análisis o estudios clínicos.

 

 

Kevin H. R. Villanueva, «La ‘Carta Magna’ de la Asean universaliza los derechos humanos»

El 18 de noviembre de 2012, los diez Jefes de Estado de la ASEAN firmaron la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Esta Carta Magna asiática es un documento exiguo de 40 artículos que comienza con un preámbulo, seguido de seis secciones sobre principios generales, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, desarrollo, paz y cooperación internacional para la promoción y protección de los derechos humanos. Hasta ahora ningún país o conjunto de países con personalidad jurídica de la región asiática había aprobado un documento de semejante magnitud.

¿Qué simboliza esta declaración histórica? Por fin se han enterrado el «debate sobre los valores asiáticos», que causó furor en los años 90, y el espectro del relativismo cultural. Esto no quiere decir, sin embargo, que hayan desaparecido los valores asiáticos. Lo que está claro es que los derechos y principios consagrados en la Declaración revelan la voluntad política de la ASEAN de que las condiciones sean iguales para todos en la política internacional.

Entre enero y septiembre de 2012, los diez representantes de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN celebraron una serie de diez reuniones arduas en siete ciudades diferentes de todo el Sudeste Asiático y dieron al proyecto de derechos humanos su forma autóctona; igualmente importante son las nociones nuevas y pulidas que giran en torno al derecho a la paz y el desarrollo, y la llamada de atención sobre el respeto de la soberanía y la igualdad en la cooperación internacional. Pese a todo, una característica icónica de esta Declaración regional y lo que, en mi opinión, es su mayor contribución, es el imprimatur de la ASEAN sobre la universalidad del régimen internacional de derechos humanos.

Los debates más largos y más espinosos de las negociaciones giraron en torno a la expresión «particularidades regionales». Los debates se convirtieron en un pulso entre adoptar los términos exactos del apartado de la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993 —de los cuales procede la frase—, redactar una versión modificada que alterase el apartado suprimiendo dicha expresión o eliminar la palabra «particularidades» de una vez por todas.

El resultado fue un nuevo artículo: «Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de esta Declaración deben recibir un trato justo y equitativo, en condiciones de igualdad y con el mismo énfasis. Al mismo tiempo, la plasmación práctica de los derechos humanos deberá ser examinada en el contexto regional y nacional, y deberá prestar atención a los distintos trasfondos políticos, económicos, jurídicos, sociales, culturales, históricos y religiosos» (artículo 7).

Se decidió purgar la palabra «particularidades», para dejar constancia de la decisión unánime de la ASEAN de poner fin de manera eficaz a todo posible pretexto de criterios selectivos, entre otros la parcialidad, y a modalidades de discriminación o doble rasero, no solo entre los Estados miembros, sino también en su propio seno y entre los detractores occidentales que podrían utilizar el discurso sobre los derechos para defender sus propios intereses. Se acordó que, en el futuro, nunca se interpretaría el artículo 7 en detrimento de la universalidad de los derechos humanos o de una manera que pudiese menoscabar los principios protegidos por la Declaración.
Esa disposición también mantiene el respeto de la rica diversidad sociocultural de los Estados miembros y sus tradiciones nacionales. Se utiliza para recordar a la comunidad internacional que debe prestar especial atención a las necesidades y deseos concretos de las poblaciones nacionales, pero que debe ser crítica y hacer gala de firmeza contra las prácticas locales que violan la dignidad humana.

Es lamentable que en el pasado la interpretación del término «trasfondos» haya tendido a hacer hincapié en los contextos nacionales, en detrimento de los contextos regionales. Así pues, hasta nuestros días, las distintas nociones de «particularidades» se han basado, inconscientemente, en las diferencias nacionales, en detrimento de las prácticas regionales compartidas.

La Declaración de Phnom Penh de los Jefes de Estado sobre la adopción de la Declaración afirma explícitamente que la aplicación de los derechos humanos debe ser «conforme con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Viena y el Programa de Acción, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos de los que los Estados miembros de la ASEAN sean parte, así como las declaraciones e instrumentos pertinentes de la ASEAN relativos a los derechos humanos», a fin de que la Declaración no se preste a las interpretaciones tangenciales de posibles regímenes autoritarios.

Estas deliberaciones manifiestan el ideal excepcional de solidaridad regional de la ASEAN en plena acción. La organización ha sido objeto de críticas desde dentro y desde fuera por no tener un sistema de votación efectivo. Pero el espíritu de compromiso y consenso se materializó constantemente —y con mucho esfuerzo— a lo largo de todo el proceso de redacción y, especialmente, en la negociación del artículo 7. Al margen de ciertas posiciones duras y obstinadas, los representantes invocaron la norma básica para deshacerse de los posibles problemas cuando uno o más Estados estaban en desacuerdo absoluto. Esto ha sido un arma de doble filo. Entre las ventajas de evitar conflictos de vecindad o las de un acuerdo, dominó el principio preeminente de la conveniencia política: uno para todos — y todos para uno.

Además, en consonancia con la informalidad de la ASEAN, los representantes también convocaron una serie de lo que llamaron retiros en el curso de las negociaciones. Los funcionarios, ministros y burócratas de la ASEAN recurren por igual a esta costumbre regional de carácter único cuando acuerdan que el protocolo debe dar paso a un diálogo directo e íntimo entre homólogos. El ambiente de los retiros es relajado, familiar y poco ceremonioso. Los redactores, que eran en última instancia responsables de cada palabra de la Declaración, organizaron esos retiros con prudencia y moderación con el fin de negociar lejos de la opinión pública, combinando en primer lugar las necesidades de confidencialidad (que no es lo mismo que secreto), y por último, pero igualmente importante, el valor omnipresente de salvar las apariencias en la idiosincrasia del Sudeste Asiático.

Estos ideales y valores son exclusivos de la ASEAN, pero sin lugar a dudas se basan en gran medida en los principios del sistema de Estado moderno. De hecho, podemos optar por ser cínicos y prestar exclusivamente atención a la capacidad de resistencia del Estado y a la frecuencia con que se tambalea en la protección de los derechos y las libertades individuales de las mujeres y los hombres. Pero también podemos optar por contemplar esta Declaración con otros ojos: un pequeño paso para la ASEAN, pero un gran salto para la humanidad. Lo contrario es igualmente cierto: Un pequeño paso para la humanidad, pero un salto enorme para la ASEAN. No es de extrañar que ahora nos beneficie a todos de un modo u otro.

(Kevin H.R. Villanueva fue miembro de la Delegación de Filipinas en la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos para la redacción de la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN. Es investigador universitario en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales (POLIS) y Estudios de Asia Oriental (SMLC) de la Universidad de Leeds (Reino Unido). Este artículo fue originalmente publicado en El País el 10 de enero de 2013).

La Declaración completa de derechos humanos de la Asean está disponible en el siguiente link: http://rlfp.org.ar/en/category/news-and-comments/ 

 

 

Pedro Salazar, “La legitimidad dúctil. México frente al espejo latinoamericano”

Preámbulo (una tormenta se avecina).
Lo que se ha puesto en juego es algo más que la democracia y lo que ha sucedido en los últimos años se fermenta fuera de las dinámicas democráticas. Están en disputa dos concepciones del orden social ancladas a estrategias políticas opuestas –una apoyada en los poderes fácticos y otra sustentada en la movilización popular- y los protagonistas del forcejeo muestran cada vez menos deferencia por los procedimientos y por las reglas. La disputa por la legitimidad está desbordando el marco de las instituciones que trajo consigo la transición porque, aunque los actores siguen jugando dentro de sus confines, al menos en el caso de la Presidencia de la República, el resultado de las elecciones no está alcanzando para inyectar legitimidad a los gobiernos. Y, aunque es verdad que en México el poder se distribuye horizontal y verticalmente en diversas sedes institucionales, el peso simbólico y específico de la silla presidencial es indiscutible. El presidente está acotado y no es todopoderoso pero sigue siendo una figura determinante en la política nacional. De ahí la relevancia y la gravedad de la disputa.

Propongo ver nuestra situación política desde la experiencia latinoamericana reciente para mirarnos en su espejo. Tal vez lo que está sucediendo en México sea el eco de una tormenta que surgió en otra parte y que se avecina inclemente.

Las cosas como son (aunque no nos gusten).
Supongo que quienes jalonearon nuevamente las patas de la mesa electoral sabían que no fallaron ni las normas ni los árbitros. Los datos eran contundentes. Así que debemos buscar su agenda en otro lado. De hecho, después de lo que había pasado en 2006 perdió sentido la discusión sobre la imparcialidad y la capacidad técnica del armatoste electoral en 2012. Ya confirmamos que, si perdía las elecciones, la izquierda embestiría contra la institucionalidad electoral sin reparar en los resultados ni en los argumentos. Todos los actores políticos sabían que las instituciones funcionaban y que lo hacían bien. Sin embargo, el líder de la coalición derrotada desconoció la elección presidencial y lo remedaron voces de la política, de la academia y del periodismo. “Nosotros, tenemos otros datos”, dijo Andrés Manuel López Obrador la noche de la elección, y no los mostró jamás. Y, cuando los magistrados validaron el proceso, sentenció: “No puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral. Las elecciones no fueron limpias, libres, ni auténticas”. Con esa cantaleta, al cabo de los años, ha logrado que muchos ciudadanos ignoren o desprecien los logros de la transición. Poco importa que solo una parte de los #QueEran132, los adeptos a la conspiración y los duros del lopezobradorismo crean que –en verdad- les robaron los comicios. Lo que cuenta es que muchos embucharon la tesis de que Peña Nieto ha sido impuesto. Y, como reza el teorema de Thomas, si los hombres definen las situaciones como reales, éstas tienen consecuencias reales. En el caso concreto la percepción no transforma en fraudulenta una elección exitosa pero sí escatima la legitimidad del presidente.

Enrique Peña ganó una elección presidencial cerrada –técnicamente impecable pero enlodada por campañas lamentables- en un sistema electoral generoso que le dio la presidencia con tan solo 38% de los votos. Detrás de su candidatura se ha hecho pública una coalición de actores que, en términos de la teoría política contemporánea, anuncia la captura del gobierno o, en el lenguaje de los clásicos, el secuestro del interés público por parte de los intereses particulares. Porque la cadena de intereses que engarza a Televisa con TV Azteca, los sindicatos tradicionales -el SNTE a la cabeza- y la Iglesia, atándolos al PRI (Partido Revolucionario Institucional) y al PVEM (Partido Verde Ecologista de México), es ominosa. Y la declaración de que el futuro presidente gobernará con “realismo pragmático” abona en la zozobra porque anuncia que el futuro mandatario usará como brújula las dinámicas impuestas por su alianza con esos intereses. Así que, previsiblemente, esa “coalición del privilegio” –que también es pragmática y acomodaticia- tendrá en Peña Nieto a un aliado para mantener el estado de cosas que la sostiene y para promocionar su agenda. Y esa amalgama entre los poderes económico, ideológico (mediático y religioso) y político no abona en el terreno de la consolidación democrática porque, en los hechos, desde hace décadas, obstruye el desarrollo del país en áreas estratégicas como la educación o, al duopolizar los medios, amenaza nuestras libertades.

Estos actores protagonizan su disputa por la nación en un contexto histórico particularmente complejo. La pobreza, la desigualdad y la violencia están ahí y no son una entelequia ideológica. En México, en los tiempos del bono demográfico –casi 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años- conviven el hombre más rico del mundo junto a 52 millones de pobres (el 46% de la población). Esa situación estructural es el caldo de cultivo de muchos problemas que inhiben la consolidación democrática (dentro de los que se cuenta la práctica de inducir votos con despensas que enturbia las elecciones). Además al rezago social debemos sumarle la variable de la violencia criminal y estatal: un país en el que se discute si son 50, 60 o 80 mil los asesinados en un lustro, se clasifica a los desaparecidos (para diferenciar la desaparición forzada de las personas no localizadas) y existen miles de desplazados, tiene problemas para alinearse en el club de los estados civilizados. La idea del “ejército delincuencial de reserva”, acuñada por Ciro Murayama, enseña los dientes, premonitoria.

Así que ante la pregunta de ¿cuánta pobreza y desigualdad puede resistir la democracia? -planteada por los expertos del PNUD hace algunos años-, en nuestra realidad podría estarse incubando una respuesta desoladora. Y, mientras eso sucede, los actores políticos siguen obsesionados con el sillón presidencial. Lo cual, dicho sea de paso, inhibe la discusión programática e impide atender la agenda sustantiva.

No estamos solos (el mirador latinoamericano).
La disputa por la legitimidad al margen del juego democrático ha hecho mella en la región latinoamericana desde hace algunos años. Como para atrapar a la realidad es necesario inventar palabras, los politólogos de América Latina ahora hablan de “golpe suave”, de “neo golpe” de “golpe de Estado institucional” o de “golpe parlamentario” para explicar lo que le sucedió a Manuel Zelaya en Honduras en 2009 y hace algunos meses a Fernando Lugo en Paraguay. La caída de Zelaya se activó desde la Corte Suprema de Justicia y, la de Lugo, desde el Parlamento. Pero, en ambos casos, se respetaron los procedimientos establecidos por la constitución y el bastón de mando quedó en manos del sustituto contemplado por las normas (el presidente del congreso de Honduras y el vicepresidente del país en Paraguay). Así que cayó el gobernante electo en las urnas y lo sustituyó otro con un título avalado por las normas. De esta manera las dos fuentes de legitimidad entraron en conflicto pero, formalmente, no se rompió el pacto institucional. Y, aunque detrás de la operación –como bien podemos suponer- subyace una tensión social considerable, el mecanismo aparenta una civilidad nórdica (aunque no debemos olvidar que, en los hechos, al ex presidente Zelaya lo sacaron –textualmente- de la cama presidencia a punta de pistola.)

Con los mismos neologismos –a pesar de las diferencias entre los sucesos-, los analistas clasifican lo que estuvo a punto de sucederle a Hugo Chávez en Venezuela en 2002, a Evo Morales en Bolivia en 2008 y a Rafael Correa en Ecuador en 2010. En todos los casos, según denunciaron los golpeados, algunos grupos de las oligarquías locales (militares, policías, parlamentarios y/o empresarios) intentaron la sustitución presidencial argumentando razones constitucionales. En ningún caso –y esto es muy significativo- los promotores de la remoción presidencial contaron con el eco de movilizaciones populares. Eso marca una diferencia sustantiva entre estos casos y las caídas de Fernando de la Rúa en Argentina, Jamil Mahuad en Ecuador, Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia o la fuga de Alberto Fujimori del Perú en la última década del Siglo XX y los primeros años del Siglo XXI. A esos presidentes –que cayeron por razones y de formas muy distintas- los “tumbó la calle”, por decirlo de alguna manera. A los actuales, en cambio, los depuso –o los intentó destituir-, aunque suene pomposo, la “oligarquía”.

Para las oligarquías de esos países la legitimidad que proviene de las urnas es insuficiente –con toda probabilidad- porque no ven sus intereses representados en la agenda de los gobiernos democráticamente electos. En consecuencia, recurren a la constitución como instrumento para inyectar legitimidad a otros gobiernos dispuestos a custodiar sus privilegios. Al hacerlo demuelen los cimientos de la democracia electoral –y aunque el término se ha llegado a usar despectivamente no olvidemos, como decía Carlos Pereyra, que toda democracia real es electoral- pero eso no los detiene porque lo hacen en aras de una concepción del orden público que consideran superior. La disputa por la legitimidad tiene lugar alrededor de esa categoría maleable que cada bando concibe a la medida de sus pretensiones.

La política del rugby (pierde el que suelta la pelota).
La idea de la alternancia como posibilidad legítima y real es parte del juego democrático pero Hugo Chávez llegó al poder en 1998 y, catorce años después, buscó otra reelección. Para hacerlo cambió las reglas y habilitó jurídicamente reelecciones amasadas en la movilización popular constante (ello a pesar de perder un referéndum sobre el tema). En Honduras, la destitución de Zelaya se justificó precisamente en su intento por cambiar la constitución para seguir las huellas del presidente venezolano (porque la constitución prohibía expresamente esa reforma). Valgan los dos ejemplos para advertir que también por este lado hacen agua las convicciones democráticas o, cuando menos, las constitucionales. Y no porque la reelección sea en sí misma antidemocrática sino porque es una posibilidad vetada al inicio del partido que se introduce -desde el poder- a la mitad del juego y favorece directamente al gobernante. Eso marca la diferencia entre estos experimentos y los sistemas parlamentarios o incluso presidenciales en los que la regla existe desde antes. De hecho, al menos en el caso venezolano, la estrategia ha sido posible por el desmantelamiento de los contrapesos institucionales al poder presidencial y la sumisión del parlamento y la corte suprema al comandante.

Lo que sucede es que, para los gobiernos del nuevo populismo latinoamericano, la oposición es políticamente ilegítima. En Argentina, por ejemplo, cuando las voces de la protesta cobran fuerza y los cacerolazos se escuchan en los barrios de clase alta en Buenos Aires, la Presidenta advierte el riesgo de un “giro restaurador”. Y la restauración de la que habla es la del autoritarismo del pasado con lo que asocia a sus opositores con los crímenes y horrores de la dictadura militar. Así que, desde ese mirador, un eventual triunfo opositor es sencillamente inadmisible. Esta es la contracara del dilema que nos ocupa y el dato que explica por qué no es fácil calificar con el adjetivo democrático a la realidad política en esos lares. En la lógica y en la retórica de los gobiernos populistas quienes les disputan el poder, adolecen de los atributos que los legitimen para hacerlo y, por lo mismo, la posibilidad de la alternancia es inaceptable. De nuevo, la disputa por la legitimidad gira en torno a concepciones del orden público y estrategias políticas excluyentes pero, paradójicamente, en esta batalla a dos polos, ambos bandos, reivindican para sí el adjetivo democrático e imputan su contrario al oponente. Y algo similar podría suceder en México.

Los gobiernos populistas acusan a sus opositores de encarnar una reacción conservadora; las oligarquías acusan a los gobiernos electos de violar las reglas y los pactos constitucionales (cambiando las reglas a la mitad del juego o asfixiando políticamente a la oposición). Y lo paradójico es que, en una cierta medida, ambas acusaciones son ciertas. Para ambas constelaciones políticas lo que importa es hacerse del mando y retenerlo a toda costa aunque, por fortuna, no por cualquier medio. Esto último no es menor porque la vía armada parece descartada pero la disputa por el poder es permanente y, por lo mismo, la estabilidad precaria. En Argentina, por ejemplo, simultáneamente y con argumentos, algunos especulan con reformar la constitución para permitir que Cristina Fernández busque una segunda reelección y otros aseguran que su caída es inminente. Lo que sucede es que las reglas y los procedimientos democráticos no sirven para regularizar, mediante rutinas democráticas, la lucha por el poder presidencial. Unos quieren cambiar las reglas para conservar la silla y otros inventan artilugios legales para quitársela. En el ínterin electoral, entonces, puede suceder cualquier cosa.

Al margen de las reglas democráticas y de los procedimientos constitucionales, en estas realidades, el juego político responde a otra dinámica. Existen dos bandos –que, como es natural, son el agregado temporal de actores y grupos diversos- que luchan por apoderarse del balón para correr con él entre los brazos mientras sus oponentes no logren derrumbarlos, les quiten la pelota y se arranquen a correr hacia el otro lado. Ambos gritan “¡democracia!” o “¡constitución!” según convenga porque saben que el barniz de la legitimación es conveniente pero, en realidad, lo que quieren es retener el poder a toda costa. Su proyecto de orden social –piensa cada uno por su cuenta- es la verdadera fuente de su legitimidad histórica.

México camaleónico (pero la excepcionalidad engaña)
La transición mexicana se empujó desde varios frentes pero la presidencia –en la primera alternancia- quedó en manos de la derecha. Y durante los doce años de gobiernos panistas existió mucha continuidad con el priismo precedente en áreas estratégicas. La política económica y la política social son buenos botones de muestra. Y ahora que el PRI regresa a los Pinos todo indica que el continuismo sutil pero profundo seguirá vigente. Incluso en áreas puntiagudas como la lucha contra el crimen. Los aliados de Peña Nieto fueron los aliados de Calderón todo el sexenio: la iglesia, los medios, la maestra. Los estrategas económicos de ambos equipos estudiaron juntos y vacacionan en familia y, en materia de seguridad, los priistas han sido los principales promotores de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que pidió el Ejército. Así que –aunque caiga mal y parezca simplista la idea-, si ampliamos la mirada más allá de los partidos e incluimos en la ecuación a otros actores sociales y económicos, aquello del PRIAN (acrónimo acuñado por López Obrador para denunciar el supuesto matrimonio político entre el PRI y el PAN -Partido Acción Nacional) tiene agarraderas. Y no porque ambos partidos sean lo mismo -¡faltaba más!- ni porque no existan ejemplos de genuinos desencuentros sino porque sus liderazgos dan estabilidad a un modelo económico y a un conjunto de políticas que sintonizan con los intereses de grupos y actores concretos. La oligarquía –esa categoría jabonosa pero tan real como sus privilegios- en México, cuaja en ese recipiente.

Del otro lado está una coalición de izquierda compleja con un líder hasta ahora indiscutible que tiene un discurso popular aceitado y acentuado. López Obrador no es Chávez –de hecho es mucho más moderado- ni México es Bolivia pero, a juzgar por su retórica y sus estrategias, podría ser amigo de Cristina y se sentiría como en casa en el Palacio de Carondelet. Sin embargo, en esos países la izquierda gana en las urnas y, en cambio, en México, la MORENA apenas superó el 30% de los votos. Y si bien es cierto que el desempeño electoral de las izquierdas latinoamericanas mejoró significativamente una vez que llegaron al poder –Néstor Kirchner ganó la presidencia en 2003 con el 22% de los votos y Cristina logró reelegirse en 2011 con el 54%- no deja de ser llamativo que, en México, a pesar de las características de nuestra sociedad, el 70% de los votantes prefiera a los partidos que representan al status quo. Descifrar esta incógnita es un reto para los sociólogos, los politólogos y los ideólogos porque nos habla de una resistencia al cambio que quizá muestra a un electorado conservador o que, como sea, apuesta por cambios moderados.

Así que en México por decisión de los votantes a nivel presidencial, por ahora, la coalición oligárquica gobierna y la izquierda popular se inconforma. La fórmula opuesta a la de los países latinoamericanos mencionados. Pero me temo que las diferencias no van mucho más lejos porque en el fondo maduran lógicas similares. Para López Obrador y sus seguidores, el triunfo de Peña es “moralmente inadmisible”. Ello sin importar el resultado de las urnas. Y, aunque no sea una tesis fomentada por toda la izquierda, ese es el discurso hegemónico en esa parte del espectro político. En contrapartida, la coalición gobernante ha cerrado filas férreas para que AMLO no llegue a la presidencia (es simbólicamente elocuente el llamado de Fox a votar por Peña Nieto). Ambos bandos sueñan con gobernar con mayorías legislativas aplastantes para imponer su proyecto de nación. Así que también acá están en disputa dos concepciones del orden social en las que la democracia es instrumental y, en su defecto, prescindible. Y, potencialmente, lo mismo vale para la constitución y sus procedimientos: la experiencia del desafuero enseña (se hace referencia a la intentona del entonces presidente Vicente Fox para impedir mediante una inhabilitación jurídica la candidatura de López Obrador a la presidencia en el año 2006).

Si dejamos de lado los sistemas de partidos y las reglas electorales y miramos a los actores, la excepcionalidad mexicana solo reside en el orden que tienen los factores: los guardianes del establishment ganan en las urnas y gobiernan blandiendo su legitimidad electoral (no recurren al concepto popular porque les queda incómodo); la izquierda pierde los comicios pero ocupa las plazas y denuncia una trampa que no encuentra. Todos gritan “¡democracia!” y “¡constitución!” porque son los estandartes de estos tiempos pero, al hacerlo, vacían el significado de ambos conceptos. Lo que sucede es que, en realidad, a nuestros actores políticos, el constitucionalismo democrático (con sus principios, reglas, límites, derechos e instituciones) parece tenerlos sin cuidado. Y, precisamente por eso, a quienes valoramos ese modelo de organización política, nos conviene mirar hacia el espejo latinoamericano y pensar en perspectiva.

La experiencia de nuestros vecinos enseña que cuando la polarización se acentúa avanzan las dinámicas autoritarias. Éstas pueden provenir desde la izquierda o desde la derecha y siempre prometen un orden social ejemplar pero, indefectiblemente, demuelen los cimientos del constitucionalismo democrático.

(Una versión más extensa de esta Nota fue publicada originalmente en la revista Nexos. Esta versión se publica con permiso del autor).

Javier Pérez Royo, «Hacia el desgobierno»

Los resultados de las elecciones del pasado domingo me han hecho recordar el resultado del referéndum de la OTAN del 12 de marzo de 1986. En este último las encuestas venían anticipando un voto mayoritario negativo a la permanencia de España en la OTAN, que se acabó convirtiendo en un voto positivo a lo largo de la campaña oficial previa a la votación. ¿Quién gestiona el NO? fue el argumento central de la campaña del Gobierno, magistralmente dirigida por Felipe González. La sociedad española no fue capaz de soportar el vértigo del NO y acabó reculando.

El pasado domingo en Cataluña ha sucedido algo parecido solo que al revés. Ante unas elecciones formalmente legislativas pero materialmente plebiscitarias la sociedad catalana, que parecía que se inclinaba antes de que se iniciara la campaña electoral por respaldar muy mayoritariamente la opción independentista que ofertaba el presidente de la Generalitat, ha experimentado el vértigo del SI y ha acabado reculando de manera significativa hacia el NO.

Hasta aquí llega el paralelismo. Pero aquí se acaba. En 1986 el referéndum de la OTAN era un sobresalto, que podía tener consecuencias extraordinarias en el interior del sistema político español en el caso del triunfo del NO, pero que no tenía prácticamente ninguna en el caso del triunfo del SI. La permanencia en la OTAN era un asunto marginal para el funcionamiento del sistema político. Lo que era difícilmente manejable era la no permanencia. Una vez descartada esa posibilidad, es como si el problema no hubiera existido.

En 2012 nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando ante un problema central para la convivencia entre Cataluña y España, que es al mismo tiempo un problema central para la convivencia en el interior de Cataluña y en el interior de España. El 12 de marzo de 1986 se resolvió el problema de la permanencia en la OTAN y al día siguiente ya nadie se acordaba de que había sido un problema.

El 25 de noviembre no se ha resuelto nada. El problema sigue siendo el mismo, aunque su forma de manifestación sea distinta tras el fracaso del plebiscito del President Artur Mas. La solución secesionista de Cataluña ha quedado descartada, pienso que por bastante tiempo, pero la solución constitucional sigue estando impugnada. Los resultados del 25 N son claros en ambas direcciones. No a la secesión, pero no también a la Constitución, tal como ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional, como fórmula de integración de Cataluña en España.

No es fácil encontrar una salida. CiU ha ganado las elecciones, pero Artur Mas ha quedado deslegitimado para dirigir la Generalitat. Ahora mismo carece de autoridad para ser President de la Generalitat. Él mismo lo reconoció en su patética intervención en la noche electoral, cuando se dirigió a los demás partidos para decirles que él había creado el problema, pero que eran los demás los que tenían que venir a resolverlo. ¿Hay alguien en su sano juicio que, habiendo seguido la trayectoria de Artur Mas desde la diada y durante la campaña electoral con el estrambote de la noche electoral, considere que se encuentra en condiciones, anímicas y políticas, para hacer frente a un problema de la envergadura al que va a tener que hacer frente el Gobierno que se constituya con base en los resultados del 25 N? ¿Está en condiciones siquiera de negociar un pacto de investidura?

Cataluña camina hacia el desgobierno. Con la composición del Parlament hay fórmulas aritméticas pero no políticas para formar Gobierno. CiU carece de la consistencia interna exigible para poner en pie un Gobierno con cualquiera de ellas. La fórmula CIU-PP ha quedado accicharrada en estos dos últimos meses. Es la única fórmula que garantizaría que se pudieran aprobar unos Presupuestos en los que CiU pudiera creer y con los que su base electoral pudiera estar de acuerdo. Es la única fórmula a la que CiU ha recurrido en el pasado. Pues con la fórmula CiU-ER no sería posible. CiU no puede negociar un pacto presupuestario con ER y llegar a un acuerdo para implementarlo durante la legislatura sin saltar ella por los aires o sin que salte ER. Y además gestionar la consulta soberanista.

La combinación de la crisis económica y de la pérdida de fuerza integradora de la Constitución tras la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, ha generado un problema que se está yendo de las manos. En Cataluña está teniendo su forma de manifestación más visible, pero sus efectos no se van a ver limitados a Cataluña, sino que van a tener alcance general. El camino hacia el desgobierno de Cataluña me temo que es el prólogo del camino hacia el desgobierno de España. La fórmula de gobierno que nos dimos en la Transición está haciendo agua por todas partes. El tiempo del que disponemos para no caer por el precipicio se está agotando.

(Publicado originalmente en El Periódico el 27 de noviembre de 2012 y reproducido con permiso del autor)

 

Roberto Gargarella, «El constitucionalismo conservador según Laclau»

En una nota publicada el domingo 14 de octubre en el Diario Perfil (que reproduce una exposición realizada en el ciclo “Debates y combates”), el filósofo Ernesto Laclau presenta y defiende una peculiar versión del constitucionalismo. Dicha versión encaja bien con el estado de cosas dominante (orden al que, obviamente, viene a justificar); y aparece contrapuesta a un mundo ancho e indeterminado, al que se engloba bajo la idea de “constitucionalismo conservador”. Como la posición de Laclau a la que he accedido combina errores, silencios y ocultamientos graves, quisiera referirme a ella con algún detalle.

Comenzaría mi análisis con un párrafo central a su presentación, en donde Laclau sostiene lo siguiente: «En América latina, por razones muy precisas, los Parlamentos han sido siempre las instituciones a través de las cuales el poder conservador se reconstituía, mientras que muchas veces un Poder Ejecutivo que apela directamente a las masas frente a un mecanismo institucional que tiende a impedir procesos de la voluntad popular es mucho más democrático y representativo. Eso es lo que se está dando en América latina de una manera visible hoy día.»

El párrafo citado es muy vago, ya que nos escamotea cuáles son las «razones muy precisas» de la crítica al Congreso, y cuáles las «muchas veces» del Ejecutivo democrático. Sin embargo, su problema no es tanto ése, como el de sugerirnos datos que no son ciertos. Lo que Laclau enuncia con contundencia es falso, a la luz de la historia latinoamericana, en donde, desde la independencia, y claramente durante casi todo el siglo XIX y buena parte del XX, el presidencialismo fuerte fue la solución (no eventual, sino) inequívocamente elegida y exigida por el autoritarismo militarista, católico y conservador.

El “Ejecutivo que apela directamente a las masas”, que entusiasma a Laclau, se tradujo –de modo no necesario pero sí demasiado habitual- en gobiernos poco democráticos, por lo general autoritarios en sus formas, políticamente conservadores y doctrinariamente católicos. Allí están los ejemplos del teócrata García Moreno en Ecuador o del líder autoritario Diego Portales en Chile, entre tantos otros, a comienzos de siglo XIX. Allí encontramos también a todos los duros adalides del modelo de “orden y progreso” de fines del siglo XIX (el general Roca en la Argentina; Rafael Núñez en Colombia; el general Rufino Barrios en Guatemala; el general Guzmán Blanco en Venezuela). En ese mismo registro podemos situar, además, a muchos de los gobernantes autoritarios del siglo xx (desde Porfirio Díaz en México, a comienzos del siglo, a Menem, Fujimori y Uribe –por tomar unos pocos casos- hacia el final). Frente a las evidencias que ofrece la historia latinoamericana, a Laclau no le basta con alegar que no siempre pero sí en ocasiones ha habido presidentes de otro tipo: ello no dejaría de señalar que es falsa la idea que él sugiere, y que nos invita a reconocer como regla, antes que como absoluta excepción, la existencia de presidentes muy poderosos, poco controlados, y a la vez más democráticos (aún tomando a “democráticos” como sinónimo de “emancipadores”).

Del mismo modo, y contra lo que Laclau sugiere con absoluta contundencia (“los Parlamentos han sido siempre las instituciones a través de las cuales el poder conservador se reconstituía”), el hecho es que “los Parlamentos” -creados por aquellos Ejecutivos autoritarios que apelaban directamente a las masas- fueron forjados desde el inicio, constitucionalmente, como instituciones opacas, débiles, vaciadas de poder efectivo. No sorprende entonces, por ejemplo, que en la Constitución de Chile de 1822, el Congreso allí diseñado se reúna sólo unos pocos días cada dos años; que en la del 33 (impulsada por Portales) lo haga sólo tres meses por año; que en la de Ecuador de 1869 (creada por García Moreno), el Congreso sesione sólo dos meses cada dos años; o que en las de Colombia de 1832 y 1843, el Congreso funcione sólo dos meses por año. Es decir, contra lo que afirma rotundamente Laclau, la historia política y constitucional latinoamericana nos dice que ha habido una fuerte correlación entre presidencialismos autoritarios y la forja –por esos mismos presidentes- de “Congresos de papel,” impotentes, privados de facultades, por completo inocuos.

En definitiva, los conocimientos que muestra Laclau en materia constitucional sorprenden por su falta de ajuste con la realidad. Ello, por supuesto, no es un problema –nadie tiene la obligación de ser experto en la materia- salvo que se invoquen argumentos constitucionales para fundar la propia polémica postura (postura que hoy implica, en Laclau, la defensa de un presidencialismo fuerte, poco controlado, y con reelección indefinida, cfr. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-178005-2011-10-02.html).

Laclau podrá decir que las cosas han cambiado en las últimas décadas, y que la mayoría de mis ejemplos se refieren a tiempos remotos. Pero si alega esto la evidencia otra vez va a resultarle esquiva, porque –también, sino especialmente- en los últimos años, los autoritarios Ejecutivos latinoamericanos han seguido trabajando para fortalecer su propio poder a expensas de “los Parlamentos” por él anatemizados. Los poderosos Ejecutivos regionales han hecho todo lo que estaba a su alcance para doblegarlos: a esos Congresos han buscado sobrepasarlos de distintas maneras, a veces cooptándolos, a veces sometiéndolos, a veces ignorándolos, y muchas otras veces a través de creaciones legales y constitucionales como la delegación de facultades legislativas; las “leyes marco”; los decretos de necesidad y urgencia; la doctrina de las “cuestiones políticas no justiciables”; los poderes de emergencia o (en los casos más patológicos, creaciones tales como las) “candidaturas testimoniales.”

Laclau concluye su poco ilustrado paseo por el parlamentarismo conservador sosteniendo que «detrás de toda la cháchara acerca de la defensa del constitucionalismo, de lo que se está hablando es de mantener el poder conservador y de revertir los procesos de cambios que se están dando en nuestras sociedades.»

Poco de lo que sugiere, en verdad, parece estar en juego. Ante todo, si lo que Laclau pretende es ridiculizar las iniciativas parlamentaristas que circulan en el país, habrá que avisarle que las mismas se originan hoy, casi exclusivamente, en círculos cercanos al kirchnerismo (ver, por caso, los trabajos del juez Zaffaroni sobre el tema). Si, en cambio, lo que pretende es desmerecer los esfuerzos realizados por parte de las fuerzas de oposición por recuperar los controles sobre el poder, habrá que decirle que esa ha sido la reacción constitucional habitual (aquí sí podemos hablar de “siempre”), en toda Latinoamérica, luego de gobiernos dictatoriales y autoritarios. De eso se trató la unánime recuperación de la (tradicionalmente denostada y menospreciada) categoría de los “derechos humanos,” luego de la última oleada de gobiernos autoritarios.

Por lo demás, convendrá recordarle a Laclau que, frente al tipo de constitucionalismo verticalista que él defiende, Latinoamérica ha conocido una vertiente republicana/radical de constitucionalismo, alimentada del radicalismo político del siglo XVIII y XIX. Dicha concepción vino a pedirle al constitucionalismo (no más poder para las viejas oligarquías, sino) más poder popular, para recuperar la capacidad de decisión y control colectivos, sobre la autoridad propia de los que ejercen coyunturalmente el poder. Todavía hoy, fortalecer esa capacidad popular implica democratizar al poder, y toda iniciativa destinada a democratizar al poder implica derruir el presidencialismo. Este tipo de iniciativas destinadas no a moderar sino a acabar con el presidencialismo, estuvieron claras para el radicalismo político latinoamericano, desde comienzos del siglo XIX. Sus referentes (pienso en izquierdistas como Francisco Bilbao y Santiago Arcos, en radicales como Murillo Toro, en anarquistas como Recabarren en Chile o González Prada en Perú) supieron reconocer, desde temprano, que la democracia política por la que abogaban implicaba asumir una postura no complaciente sino directamente confrontativa con la autoridad presidencial concentrada.

En la actualidad, la postura que en lo personal me interesa, y que propone confrontar con el presidencialismo, no nos invita a abrazarnos entonces a la alternativa parlamentarista, como sugiere la anodina ciencia política de los 80. Por el contrario, lo que propone es agujerear al sistema representativo actual, tendiendo múltiples puentes (hoy todos bombardeados desde el poder) entre ciudadanos y decisores. El poder debe volver a la ciudadanía, la misma a quien se le prometiera ese poder, y a quien impunemente se le expropiara. El poder debe salir del lugar en donde hoy nuestras desigualitarias sociedades lo han concentrado: el lugar de las grandes empresas y el poder político centralizado y autonomizado.

Por supuesto, ese presidencialismo discrecional puede actuar de modos muy diversos: puede ayudar a construir el Estado Social, como ocurrió a veces, o puede liderar su desmantelamiento, como ocurrió a finales de los 80. En tal sentido, conviene no olvidar que Fujimori, Menem, Collor de Melo o Uribe son perfectos representantes del modelo del Ejecutivo “que apela directamente a las masas.” Silenciar esa información, u ocultarla, es parte del problema que se analiza.

Laclau no es ingenuo al respecto, pero tampoco parece sincero en su argumentación. Él reconoce que de su defensa de un presidencialismo concentrado y de elección indefinida se desprenden riesgos serios, pero nos oculta información acerca de sus implicaciones efectivas. Sostiene Laclau:

«En primer lugar, tenemos el peligro representado por las reducciones estatistas, que trata de plantear el campo de la lucha política como la lucha parlamentaria en el seno de las instituciones existentes, ignorando que hay nuevas fuerzas sociales que tienen que ir sectando formas institucionales propias que van a, necesariamente, cambiar el sistema institucional vigente. Este reduccionismo liberal de la lucha política, el régimen parlamentario en el seno de las instituciones parlamentarias, es uno de los dos peligros. El segundo de los peligros es lo que yo llamaría la reducción ultralibertaria. Dice que hay que desentenderse enteramente del problema del Estado y crear puramente una democracia de base. Esto ignora que muchas demandas democráticas surgen en el interior de los aparatos del Estado y de los sujetos que esos aparatos han creado y que, por tanto, cualquier tipo de cambio de proyecto, cambio radical, va a tener que cortar transversalmente el campo del Estado, el campo de la sociedad civil.»

Notablemente, peligros como los que él señala son ajenos a las tradiciones radical-republicanas que aquí reivindico, y en cambio muy propios de la política kirchnerista que él sostiene. Para el kirchnerismo (y no hay una, sino decenas de declaraciones presidenciales en el sentido que voy a indicar) la lucha política sólo se concibe a partir de una regla como la siguiente: «si no les gusta lo que hacemos y quieren disputar las soluciones que proponemos, formen su propio partido político y gánennos las próximas elecciones».

Aquí reside entonces la trampa del argumento que se nos daba: Laclau oculta que la respuesta presidencial a piqueteros rebeldes, movimientos sociales críticos, caceroleros o grupos indigenistas ha sido siempre, recurrentemente, de modo central, exactamente, la que él objeta: la del reduccionismo liberal más reaccionario. En su condición de consejero presidencial, Laclau haría bien en advertirle a la presidencia (no digo ahora, pero tal vez sí en un futuro viaje al país) las indeseables implicaciones que se derivan de asumir como propia, cotidianamente, esa fea postura liberal, reduccionista y reaccionaria.

La dificultad en juego en el planteo de Laclau es todavía más seria que la señalada, porque el filósofo parece no decidido a ver lo que tiene frente a sus ojos. Denuncia, entonces, como riesgos hipotéticos del presidencialismo exagerado que defiende, lo que son sus realidades actuales, pero al advertirlo se apresura a decir que en nuestra práctica no hay rastros de aquellos males de los que su teoría nos advierte.

Sostiene Laclau: «Evidentemente, la inversión alrededor de una figura líder tiene el peligro potencial de que esa figura líder se autonomice tanto respecto a aquellos que está representando que al final se corte el cordón umbilical que unía Estado con sociedad. Este peligro está allí, pero no creo que estemos muy cerca de sufrir en los países latinoamericanos; al contrario. Lo que se ha creado es una nueva relación, o se está creando una nueva relación, entre Estados y sociedad civil.” De lo que se trata, agrega, es de “administrar esta tensión potencial y tratar de crear formas articulatorias, formas hegemónicas, que vayan permitiendo sortear (este tipo de) peligros».

Al respecto, lamentablemente, habrá que decirle a Laclau que no se apresure a huir de su propio argumento. El hecho es que, gracias al tipo de políticos y políticas que él favorece, la figura presidencial se ha autonomizado ya, y lo que es peor, dicha situación no favorece primordialmente al pueblo sino a los grandes grupos empresarios (desde la Barrick Gold a Cristóbal López o Monsanto), que ahora tienen el camino allanado. Para satisfacer sus intereses, les basta con presionar más sobre aquella figura a quien ellos (y no el pueblo) tienen llegada privilegiada y exclusiva. A veces les irá mal, muchas otras bien: para ellos, de lo que se trata es de seguir probando, de seguir mejorando las propuestas de colaboración con el poder. Penosamente, no es la misma la situación de desempleados, trabajadores en negro, obreros precarizados, campesinos expulsados con violencia de sus tierras, pueblos originarios maltratados. La autonomización que teme Laclau, justamente, es la que explica por qué es que el pueblo (sobre todo, la significativa parte del pueblo que, aún simpatizando con partes de la gestión de la presidencia, también la critica, en forma parcial o más completa) no encuentra ni obtiene nunca la posibilidad de interpelar directamente a la figura del Ejecutivo –insisto, nunca. La presidencia no recibe a grupos de jubilados con críticas en la mano; a piqueteros decididos a hacer conocer sus reclamos; a caceroleros inquietos; a molestos líderes de movimientos sociales; a caciques de grupos indígenas reclamando por las tierras que les han sacado (todos ellos –que me lo desmientan con datos- sólo pueden ser recibidos si su objetivo es escuchar, aplaudir o aprobar alguna política ya fijada de antemano). Los grandes empresarios (o figuras del show business) en cambio, se reúnen a dialogar con la Presidenta cuando ella –como lo hace frecuentemente- los convoca a su lado.

La autonomización presidencial explica la discrecionalidad a la que nos hemos acostumbrado (cada día el pueblo se desayuna con novedades que desconocía y lo sorprenden), que simplemente radicalizan el estilo de decisión “en secreto y por sorpresa” que cultivaba el presidente Menem. Y la preferencia por recibir a empresarios antes que a piqueteros o jubilados o representantes de otros críticos grupos postergados ilustra, diría que sin fallas, los contenidos de las políticas presidenciales. Así, por caso, las preferencias por los bonistas, antes que por los jubilados; la sensibilidad hacia los intereses de las empresas megamineras, antes que hacia los asambleístas que protestan contra ellas; las iniciativas de ley sobre accidentes de trabajo, dedicadas a los empresarios antes que a los accidentados; el completo desinterés por los derechos de aquellos que trabajan en negro o en condiciones precarias; una política de medios que pretende trocar a un poderoso grupo empresario por otro, de currículum menos extenso que su prontuario; la inexistencia, en la política oficial, de preocupaciones serias por los derechos de los pueblos originarios; la sistemática negativa a cumplir con los fallos de la Corte que le obligan a incrementar los pagos a los jubilados (en lugar de forzarlos a pelear por sus derechos, a su edad y con la fuerza que no tienen, desde Tribunales). No se trata de que no haya medidas virtuosas. Se trata de la cantidad de medidas reaccionarias e inconstitucionales que, desde hace años, se han estabilizado, y frente a las cuales el poder no quiere estar ni siquiera informado -por eso miente todas las cifras, por eso a tales reclamos no quiere escucharlos. Estos problemas, cruciales para cualquier versión emancipadora del constitucionalismo, desaparecen frente a los ojos del constitucionalismo oficial. Al respecto, lo mismo que vale para la presidencia vale para Laclau: deficiencias políticas y legales como las señaladas, lamentablemente, de lejos no se ven bien, no se entienden, no van a solucionarse.

(Publicado originalmente en Perfil el 21 de octubre de 2012 y reproducido con permiso del autor)

Victoria Camps, Adela Cortina y José Luis García Delgado, «Democracia de calidad frente a la crisis»

Un gran número de españoles está viviendo la crisis actual como un auténtico fracaso del país en su conjunto. Hace ya más de tres décadas emprendimos una transición política y social que, con sus luces y sombras, como todo en este mundo, se ha convertido en una auténtica referencia para algunos países deseosos de dar el paso de la dictadura a la democracia. El poder político pasó paulatinamente de un partido de centro a partidos de centro-izquierda y centro-derecha, sin más ruido de sables que el del 23-F y sin más mecanismo que el de instituciones políticas y elecciones libres y bien reguladas. Se transformaron las infraestructuras, se modernizaron los medios de comunicación, aumentó el número de estudiantes universitarios, ingresamos en la Unión Europea, construimos un razonable Estado de justicia, creímos haber alcanzado la velocidad de crucero propia de países democráticos, no solo en política y economía, sino también, y sobre todo, en cultura. La disposición al diálogo, el espíritu abierto y tolerante parecían haber sustituido los viejos estilos de vida en una sociedad pluralista.

Pero en 2007 estalló en el nivel global y local esa crisis que había venido gestándose, una crisis que parece ser sobre todo económico-financiera y política, y descubrimos que el rey estaba en buena parte desnudo. Que, por desgracia, nos queda mucho camino por andar. Para recorrer con bien ese camino importa preguntar qué nos ha pasado, qué ha fallado, y un punto esencial es que no se trata solo de una crisis económica y política, sino también de una crisis ética, que pone de manifiesto las carencias de espíritu cívico. En los últimos años, nos ha faltado un marco ético efectivo, capaz de estimular la responsabilidad social y un buen uso de la libertad. Con el deseo de aportar algunas sugerencias para la elaboración de ese marco, el Círculo Cívico de Opinión dedica el sexto de los Documentos que ha publicado al tema Democracia de calidad: valores cívicos frente a la crisis, y en él apunta a modo de ejemplo medidas como las siguientes:

Perseguir un bien común. En una democracia que es, a su vez, un Estado de derecho, es preciso perseguir un bien común que amplíe el horizonte de los intereses individuales como los únicos fines de la actividad económica y política. Por legítimos que sean los intereses privados, las instituciones y los ciudadanos se deben también a unos intereses comunes.

La equidad como fin. Sostener la equidad y mejorarla debería ser el principio irrenunciable de un Estado de derecho. En muy poco tiempo, España consiguió poner en pie un Estado de bienestar homologable con el resto de los países de nuestro entorno. Pero el modelo es frágil y no podrá sostenerse si no va acompañado de la voluntad de preservarlo por encima de todo. Hay que repensar el modelo con serenidad y con voluntad de conseguir acuerdos lo más amplios posibles.

Debe cambiar el orden de los valores. Los años de bonanza económica pasados han propiciado una cultura de la irresponsabilidad y del dinero fácil, que ha traído consigo corrupción, evasión de impuestos y un consumismo voraz. Si algo puede enseñar la crisis es que debe cambiar la jerarquía de valores transformando las formas de vida, entendiendo que el bienestar no se nutre solo de bienes materiales y consumibles. Formas de vida que fortalezcan cultural y espiritualmente al individuo y a la sociedad con valores como la solidaridad, la cooperación, la pasión por el saber, el autodominio, la austeridad, la previsión o el trabajo bien hecho.

Decir la verdad. La costumbre de ocultar la verdad por parte de políticos y controladores de la economía de distintos niveles ha sido responsable de la crisis en buena medida. Pero esa costumbre se ha extendido también entre intelectuales y otros agentes de la vida pública, plegados a lo políticamente correcto, sea de un signo o de otro. Entre la incompetencia y la ocultación saber qué pasa y anticipar con probabilidad qué puede pasar es imposible para la gente de a pie.

Cultura de la ejemplaridad. Los protagonistas visibles de la vida pública tienen un deber de ejemplaridad, coherente con los valores que dan sentido a las sociedades democráticas. La corrupción, la malversación de bienes públicos, el despilfarro, el desinterés por el sufrimiento de quienes padecen las consecuencias de la crisis, la asignación de sueldos, indemnizaciones y retiros desmesurados producen indignación en ocasiones, pero también modelos que se van copiando con resultados desastrosos.

Rechazar lo inadmisible. Para que una sociedad funcione bien es necesario que las leyes sean claras y que se apliquen, pero también que la ciudadanía rechace las conductas inaceptables. Es verdad que hay que ir con mucho cuidado con eso que se ha llamado la “vergüenza social” y que es una de las formas que tiene una sociedad para desactivar actuaciones que considera reprobables. Esa vergüenza ha causado tanto daño y es tan manipulable, la utilizan tan a menudo unos grupos para desacreditar a otros, que solo puede recurrirse a ella como una cultura, vivida por todos los grupos sociales, de que determinadas conductas no pueden darse por buenas.

Potenciar el esfuerzo. Lo que vale cuesta. Dar a entender que se pueden alcanzar las metas vitales sin trabajo alguno es engañar, condenar a las gentes a ser carne de fracaso y destruir un país. Aprender, por el contrario, que esfuerzo y ocio son dos caras del buen vivir, que ayudan a construir un buen presente y un buen futuro.

Superar la partidización de la vida pública. La partidización de la vida pública es uno de los lastres de nuestra política, que impide agregar voluntades para encontrar salidas efectivas y consensuadas a los problemas que nos agobian. Cuando ante cada uno de los problemas públicos la sociedad se divide siguiendo los argumentarios de los partidos políticos se destruyen la cohesión social y la amistad cívica indispensables para llevar una sociedad adelante.

El sentido de la profesionalidad. La profesionalidad, en todos sus ámbitos de ejercicio, es un valor que no debe medirse solo por la eficiencia y la competencia científica y técnica, siendo ambos valores altamente encomiables. Ser un buen profesional significa incorporar también ideales que hagan de las distintas profesiones un servicio a la sociedad y al interés común. Es buena la gestión estimulada no solo por la obtención de beneficios materiales, sino por un espíritu cívico y de servicio.

Promover la educación. El mejor instrumento de que disponemos para conseguir una sociedad mejor y cambiar el orden de los valores es la educación, entendida como formación de la personalidad y como una tarea de la sociedad en su conjunto. El ideal de autenticidad debe poder conjugarse con los valores propios de la vida democrática.

Recuperar el prestigio. Ni las instituciones ni las personas que ostentan los cargos de mayor responsabilidad han sabido ganarse la reputación y el prestigio imprescindibles para merecer confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía. Además del déficit notable de ideas para gestionar y resolver la crisis, se echa de menos un liderazgo compartido por el conjunto de grupos políticos, que actúe con valentía y con prudencia, que corrija los despilfarros de otros tiempos, que sepa discernir la gravedad de cada problema y que tenga visión de futuro y no atienda únicamente al corto plazo.

Construir un marco de valores comunes. Es urgente construir un suelo de valores compartidos, fortalecer los recursos morales que surgen de las buenas prácticas porque solo así se generará confianza. Pero también crear espacios de deliberación que hagan posible construir pueblo, y no masa, que fortalezcan la intersubjetividad y no se disgreguen en la suma de subjetividades. Generar pueblo y sociedad civil tanto en España como en Europa, donde somos y donde queremos estar, es uno de los retos, porque tal vez sea esta una de las claves del fracaso de Europa: no haber intentado reforzar la conciencia de ciudadanía europea, la Europa de los ciudadanos, esa pieza que resulta indispensable para que sean posibles tanto la Europa económica como la política.

(Publicado originalmente en El País el 29 de septiembre de 2012 y reproducido con permiso  de los autores).

 

Javier Pérez Royo, «El desprestigio del estado»

“Son españoles los que no pueden ser otra cosa”. Según parece, este es el comentario que le hizo el presidente del Gobierno, Cánovas del Castillo, a Alonso Martínez cuando se debatía el artículo 1 de la Constitución de 1876, en el que se definía quienes “son españoles”. Se trata, posiblemente, de la confesión más inequívoca de desprestigio del Estado que ha presidido casi toda nuestra historia política y constitucional. Entre otras cosas, por venir de quien viene, del estadista de más valía del siglo XIX, por no decir de todo el periodo predemocrático.

En España hemos tenido un constitucionalismo tan pobre porque los españoles hemos carecido de la autoestima política exigible para que hubiera podido ser de otra manera. O a la inversa. Hemos carecido de autoestima porque hemos tenido un constitucionalismo muy pobre, cuando no lo hemos suprimido pura y simplemente. Cánovas hace su confesión no en el momento peor, sino en el menos malo, constitucionalmente hablando, anterior a 1978.

Únicamente a partir de la Transición y, sobre todo, a partir de la estabilización de la democracia con base en la Constitución de 1978 hemos vivido unas décadas en las que hemos empezado a valorar positivamente el Estado y ha aumentado correlativamente nuestra autoestima como ciudadanos del mismo. A esta valoración interna ha correspondido una valoración en la misma dirección desde el exterior.

Este periodo de prestigio del Estado y de autoestima política se está viendo fuertemente erosionado desde que estalló la crisis. La crisis es pavorosa. Pero la forma en que estamos reaccionando ante ella es todavía peor. La estrategia de humillación de José Luis Rodríguez Zapatero desde mayo de 2010, en que tuvo que corregir el rumbo, para evitar que España fuera intervenida, prolongada inmisericordemente hasta el 20 de noviembre de 2011, e incluso después con la denuncia de la falsedad de las cuentas públicas y la puesta en cuestión de la actividad inspectora del Banco de España, ha contribuido a hundir la confianza en el Estado tanto dentro como fuera de España. El resultado es un país políticamente deprimido e internacionalmente ninguneado. No menos desde la investidura del Mariano Rajoy.

En estas condiciones se van a celebrar elecciones autonómicas en dos de las “nacionalidades” históricas: País Vasco y Galicia. Me temo que el resultado puede ser un indicador del inicio de un proceso de desintegración del Estado.

En el caso de Galicia es menos probable, por la coincidencia de los dos posibles partidos de Gobierno en el Estado y en la comunidad autónoma. Pero con el riesgo de que una derrota del PP inicie un proceso de resquebrajamiento del partido dada la posición singular que tiene Galicia en su articulación interna.

Pero es, sobre todo, en el País Vasco donde el resultado electoral puede conducir a una situación no fácilmente manejable. Aquí se enfrentan dos partidos españoles, que pactaron al comienzo de la legislatura para ocupar el Gobierno de la comunidad autónoma y cuya ruptura del pacto está en el origen de la convocatoria de estas elecciones anticipadas, y dos partidos nacionalistas fuertemente consolidados.

Me temo que el desprestigio del Estado pueda pesar de manera muy negativa sobre los dos partidos españoles, que no van a tener nada fácil, por decirlo de manera suave, formular una propuesta sugerente a los ciudadanos vascos. Desde 1977 nunca han tenido los nacionalistas una ocasión como esta. El argumento de que en el País Vasco hay ciudadanos que no tienen otra posibilidad que ser españoles, pero que hay ciudadanos que pueden ser otra cosa, se le ha puesto en bandeja a los partidos nacionalistas. Básicamente por el PP, pero sin que el PSOE haya advertido lo que podía ocurrir y haya hecho nada para evitarlo.

El resultado es un previsible desequilibrio entre los partidos españoles y los partidos nacionalistas a favor de estos últimos, que más que probablemente desembocará en una estrategia de redefinición de la posición del País Vasco en el Estado en la dirección que apuntó en su momento el llamado Plan Ibarretxe. El candidato del PNV, Íñigo Urkullu, fijaba, en entrevista en El País el pasado domingo, 2015 como el año para la revisión del estatus del País Vasco en el Estado español.

El nacionalismo que va a poner en práctica esta estrategia no tiene la hipoteca del terrorismo de ETA. Y el Estado que tiene que hacer frente a la misma no tiene la consistencia del que se enfrentó al Plan Ibarretxe. Entre otras cosas, porque en el horizonte hay un nacionalismo catalán, que, desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para Cataluña, considera que lo han dejado fuera de la Constitución y, en consecuencia, no la considera como propia.

Desde hace unos años estamos ante una situación de emergencia económica. Pero vamos camino de una situación de emergencia política, potencialmente más peligrosa. El Gobierno parece decidido a hacer frente a ambas de manera unilateral, como si la mayoría absoluta con la que cuenta fuera suficiente. Es un disparate, pero en esas estamos.

(Publicado originalmente en El Periódico y reproducido con permiso del autor)

Luis Alberto Romero, «La máquina de producir votos»

El año próximo habrá elecciones importantes en el país. Mientras la República cruje, y las instituciones estatales son maltratadas, el sufragio democrático conserva su prestigio. Desde 1983, ganadores y perdedores se han acostumbrado a inclinarse ante su manifestación, contundente o no. El sufragio es inapelable, simple y verosímil: cada ciudadano participa igualitariamente en la designación de las autoridades. Una simple suma aritmética confiere legitimidad a los gobernantes.
Así debe ser. Pero en la práctica las cosas son algo distintas. El sufragio no es solo un punto de partida sino también de llegada. La producción del sufragio es el resultado de un largo proceso social y estatal previo, en el que condiciones, acciones y procedimientos se articulan para operar sobre los sufragantes singulares. Puede hablarse de un modo de producción del sufragio.

Hoy esto suena incorrecto. Pero parecía normal en el siglo XIX, cuando surgieron los sistemas electorales. En Francia, los gobiernos imponían sus candidatos movilizando su principal batallón electoral: los empleados públicos, a quienes en vísperas electorales se recordaba con descarnada precisión cuál era su obligación. En Alemania la injerencia estatal estaba absolutamente vedada, pero se aceptaba que el pastor luterano, quien presidía el comicio, metiera la mano en el bolsillo de su feligrés, destruyera la boleta equivocada y le diera la correcta. Los industriales alemanes simplemente hacían saber a sus obreros que la fábrica cerraría si triunfaba el candidato socialista.
Desde 1890 en España hubo sufragio universal masculino, pero pocos se tomaban la molestia de votar. Los dos grandes partidos habían acordado un “turno pacífico”, que eliminaba la competencia. Inicialmente, el rey y las Cortes cambiaban el partido gobernante, y luego se convocaba a elecciones para consagrar la adecuada mayoría parlamentaria. El ministro de la Gobernación distribuía las diputaciones, de modo de equilibrar las influencias y conformar a todos; en algunos casos negociaba con los caciques locales, pero en la mayoría simplemente indicaba al juez local cómo redactar el acta de un comicio que solo había existido en el papel. Sin elecciones no había legitimidad, pero en ellos no se jugaba el poder.
Los requisitos del rito electoral cambiaron en el siglo XX. Se exigió el voto universal y secreto, suponiendo que en la soledad del cuarto oscuro cada persona recuperaba su razón autónoma. Se eliminó la manipulación del padrón. Nuestra ley Sáenz Peña de 1912 le agregó la obligatoriedad, pues a muchos no le interesaba votar. Aunque el espíritu de esa ley rigió las prácticas electorales, hasta 1983 solo influyó parcialmente en la política y en el poder. En esos años hubo revoluciones y dictaduras. El peronismo estuvo largos años proscrito. La variante plebiscitaria, de Yrigoyen y de Perón, redujo la significación de la elección y valoró la aclamación masiva y unánime del líder.

Desde 1983 hemos entrado en la normalidad democrática. No más golpes ni proscripciones. Los comicios se realizan casi puntualmente, y hubo algunos ejemplares, como el de octubre de 1983 o la interna peronista de 1988. ¿La Argentina alcanzó la normalidad democrática? ¿La idea de que cada uno de los ciudadanos designa con su voto a los gobernantes es hoy suficientemente verosímil?

Si y no. Nuestro país es grande y diverso. La idea del ciudadano individual y razonable sigue siendo verosímil en las grandes ciudades y en la “pampa gringa”, donde la producción se limita a la publicidad y los medios. En muchas provincias los gobernadores alinean con facilidad a los empleados públicos y a otros que dependen del Estado. Esta es una historia vieja y conocida. Lo novedoso es la forma de votar del vasto mundo de la pobreza, crecido en el Gran Buenos Aires y otros conurbanos en las últimas décadas, nutrido de trabajadores desocupados, clase media empobrecida y nuevos migrantes periféricos. Aquí nadie imagina que pueda construirse la vieja ciudadanía de los individuos. Aquí el sufragio se produce; se está produciendo, noche y día, todo el año.

La profunda transformación social y cultural del mundo de la pobreza afectó los dos supuestos actuales del sufragio: que sea individual y que el propósito del votante sea elegir gobernantes. En ambos aspectos la situación recuerda a las sociedades europeas del siglo XIX. El entonces novedoso principio del voto individual igualitario coexistió mucho tiempo con desigualdades sociales e identidades colectivas tradicionales: la familia, la aldea, la parroquia. La política consistía en traducir esa realidad grupal en votos singulares e iguales. “Los votos no se cuentan; se pesan”, se decía por entonces. Por otro lado, la compra del voto no era mal vista. Los modernizadores veían allí la liberación del sometimiento automático al señor. Los votantes creían que la venta del voto era su derecho, y protestaban contra “los que quieren hacerse elegir gratis”.

Lo llamativo es ver generalizarse estas prácticas, cien años después de la ley Sáenz Peña. Pero la Argentina cambió mucho en las últimas décadas, y en ese aspecto pasó del siglo XX al siglo XIX. En nuestros conurbanos la sociedad pobre creció, sobrevivió y se organizó al margen de la tutela y la protección del Estado. Su lugar fue ocupado por diferentes asociaciones, que traducen el complejo entramado social, y por liderazgos fuertes, de personas que encabezan la acción colectiva y se hacen cargo de las necesidades del conjunto. Comúnmente se los llama “referentes”.

Por otro lado los partidos políticos se adecuaron a la nueva sociedad, archivaron sus programas, y desarrollaron redes territoriales, con operadores de base: los “punteros”. Por encima, aparecen las estribaciones locales de un Estado fragmentado. Ya no podía desarrollar políticas universales, pero era capaz de movilizar sus escasos recursos para acciones focalizadas y en buena medida discrecionales, cuya expresión más conocida son las “obras públicas” y los “planes”.

Referentes y punteros son hoy las piezas clave del proceso de producción del sufragio. Los punteros que cuentan son los que hablan por el Estado: el concejal, el secretario, el Intendente. Los referentes, por su parte, hablan por los colectivos que lideran. Puede ser una familia extensa, un vecindario, un grupo étnico, religioso o deportivo, como en el fútbol. Entre punteros y referentes circulan bienes y servicios variados: bolsones de comida, ayuda a comedores, una franquicia, una tolerancia policial, un “plan”.
Se trata de un intercambio cotidiano, continuo, que en un momento se expresa políticamente, en la asistencia una marcha, o en una elección. En el primer caso el colectivo es visible y quiere serlo: desde el transporte hasta las pancartas. En el comicio, el colectivo negociado -denominado “el paquete”- se disimula, y se traduce en votos singulares, secretos. Pero reconocibles por el puntero, quien certifica el cumplimiento de los términos del acuerdo.

Es común llamarlo clientelismo. Es una palabra genérica, pobre y descalificante. No da cuenta de los matices de una relación compleja, siempre abierta y en proceso, en la que hay también independencia e imprevisibilidad. Cada persona pertenece simultáneamente a varios colectivos, y su lealtad bascula entre ellos. Los compromisos políticos son flexibles, graduales y reversibles. Los intercambios requieren no solo una base material sino también sintonías de forma, tono y trato. La gente no se entrega ni obedece, sino que “acompaña”. Manejar todo esto requiere una enorme sabiduría artesanal. Nada es automático. Todo es cambiante, y a la vez regular, como en un caleidoscopio. Al final, se traduce en votos, singulares, cuantificables, acumulativos. A veces, cambian los gobernantes. Usualmente los ratifican.

En esta operación, el partido político tradicional desaparece. Hay funcionarios y punteros. Todos profesionales. Compiten entre si, administran recursos del Estado y viven de ellos. O esperan su turno para hacerlo. Tampoco existe el Estado, entendido como el lugar del interés general. Hay en cambio un gobierno, que utiliza recursos estatales para montar esta maquinaria productora de sufragios. Hay un partido del gobierno, que se nutre del Estado para producir sufragios. Esta es la democracia que tenemos, tan distinta de la imaginada en 1983. Pocos ciudadanos. Poco Estado, Mucho gobierno. Hay opiniones negativas y positivas sobre esta realidad. Pero es la única verdad.

 

(Publicado originalmente en La Nación el 22 de agosto 2012 y reproducido con permiso del autor)