Trabajo callejero: ¿qué nos exige un compromiso con los vulnerables?, por Federico Abal

Esta semana tuvo lugar una violenta represión policial en la Ciudad de Buenos Aires contra un grupo de trabajadores callejeros (manteros), quienes protestaban contra el desalojo que habían sufrido en la madrugada de ese mismo día. El objetivo de la represión fue, como tantas otras veces, garantizar la libre circulación de vehículos por la avenida Rivadavia que los manifestantes habían ocupado para visibilizar su situación.

Inmediatamente, los medios de comunicación se hicieron eco del conflicto y asumieron mayoritariamente una posición crítica respecto de los manteros y reivindicaron la potestad legítima de las fuerzas represivas del estado para impedir una falta, a saber, cortar una calle.

Mucho podría decirse sobre la mutabilidad de opiniones en torno al corte de calle o al piquete como medio válido para visibilizar un reclamo. Por ejemplo, resulta difícil encontrar comunicadores que reaccionen con el mismo tenor condenatorio ante las recurrentes protestas de vecinos contra los cortes del servicio eléctrico, quienes incurren en la misma contravención que los manteros.

Quizás esa mutabilidad se deba a que, para esos comunicadores, así como para los funcionarios del gobierno local y nacional que optan por reprimir a unos y no a otros, los vecinos que protestan contra la deficiente prestación del servicio eléctrico llevan adelante un reclamo legítimo y no así los manteros.

Los manteros incurrirían en una doble falta. Por un lado, realizan una actividad ilegal (ocupan sin ninguna habilitación un espacio público para comercializar sus productos) y por otro lado, una vez que se los desaloja impidiéndoles desarrollar esa actividad, reclaman obstaculizando la libre circulación del tránsito. Si su reclamo fuera el de continuar realizando su trabajo en las condiciones que venían haciéndolo, estarían reclamando por un derecho que nunca tuvieron.

Cabe destacar que la situación de los trabajadores callejeros, quienes sufren la extorsión diaria de las fuerzas de seguridad y el decomiso de sus productos al enfrentarla, no es exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. Distintos centros urbanos de América Latina y Europa presentan una problemática similar y han optado por distintas estrategias, regulatorias o prohibicionistas, para responder a ella.

Me detengo en el caso argentino, no solo por el reciente acontecimiento mencionado, sino por la reiteración de este tipo de práctica represiva. Sucesos análogos a los de esta semana tuvieron lugar el año pasado en otras zonas de la ciudad. Quizás el caso más resonante sea el de la represión sobre vendedores callejeros de la avenida Avellaneda en abril del 2016, con un saldo de 25 heridos y 20 detenidos.

Es importante señalar que el problema en relación a los manteros no se define por la comercialización de mercadería ilegal que algunos de ellos realizarían, sino por la ocupación del espacio público que llevan adelante en el ejercicio de dicha actividad. Para ilustrar este punto solo basta decir que si la política gubernamental pretendiera estar honestamente direccionada a impedir la comercialización de productos ilegales, existen incontables denuncias realizadas que vinculan a primeras marcas textiles con prácticas de contrabando y con la instalación de más de un centenar de talleres clandestinos que podrían ser priorizadas por las autoridades municipales, antes que la opción por el ataque represivo sobre el eslabón más débil de ese entramado de ilegalidad.

En relación a la ocupación del espacio público, a diferencia de lo que suele afirmarse, los manteros no pretenden continuar ejerciendo su actividad en condiciones de ilegalidad sino, tal como señala la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que nuclea a muchos de ellos, ser reconocidos por el Estado en su condición de trabajadores y tributar razonablemente como otros contribuyentes.

En este punto, surge un debate interesante que no debiera ser empobrecido por comunicadores y funcionarios reduciéndolo a una mera cuestión de acatamiento del código contravencional. Este debate sobre la situación de los manteros presenta diferentes aristas que solo pueden ser abordadas mediante el diálogo entre todos los afectados y no mediante la represión.Por supuesto, un dialogo semejante, con la intervención adecuada de las autoridades locales, debe reconocer explícitamente los intereses urgentes y más perjudicados por la situación.

En un país con índices sociales alarmantes, con un mercado laboral que no genera trabajo genuino y una creciente desocupación, responder a la situación de los manteros atendiendo exclusivamente a la normativa contravencional vigente y al resguardo de bienes jurídicos ostensiblemente menos importantes que el derecho a procurarse un ingreso digno, implica condenar a miles de familias a la más absoluta marginalidad.

Encuentro evidentes coincidencias entre este conflicto y otro que, según creo, la sociedad argentina encara actualmente de manera más justa. Me refiero a la situación de los asentamientos informales o villas. La ciudad de Buenos Aires ostenta una triste historia represiva sobre los habitantes de estos barrios de emergencia.

En abril de 1977, el gobierno dictatorial promulgó la ordenanza 33.652 que daba comienzo al Plan de Erradicación de Villas. Osvaldo Cacciatore, intendente de la ciudad designado por la dictadura militar, fue el encargado de llevar adelante dicho programa y justificar el uso de topadoras para barrer con las viviendas villeras. Hacia el año 1996, el último intendente de la ciudad, Jorge Dominguez, continuaría en democracia con la política de desalojos y con el uso de topadoras. Su eficiencia en esta tarea le permitió acceder posteriormente al cargo de Ministro de Defensa del gobierno de Carlos Menem.

Ambos gobiernos conceptualizaron el conflicto desde un enfoque estrictamente contravencional y consideraron a los asentamientos villeros como ejemplos de ocupación ilegal del espacio público. Actualmente, y esto es lo que me parece iluminador para el conflicto de los manteros, tiende a reconocerse la necesidad habitacional por detrás del fenómeno permanente de las villas.

Dicho de otro modo, todo el arco político coincide en que las villas son una expresión de un derecho humano no garantizado, a saber, el derecho a una vivienda adecuada. Consecuentemente, las políticas públicas relacionadas con esta temática suelen proponer, al menos en principio, mejoras en las condiciones de vida de los habitantes de esos espacios: urbanización, títulos de propiedad, entre otras.

Un compromiso con el bienestar de los miembros más vulnerables de la sociedad nos exige contextualizar los modos en que esos individuos actúan para satisfacer sus necesidades básicas y buscar soluciones que vinculen satisfactoriamente todos los potenciales bienes jurídicos en disputa, priorizando aquellos más urgentes. Los gobiernos que establecen la represión como regla para enfrentar las respuestas que los vulnerables ensayan en su lucha por la supervivencia no asumen este compromiso.

Ante la ignorancia: sobre la situación de Conicet

El 14 de diciembre pasado, el Directorio del CONICET emitió un comunicado expresando su preocupación respecto de la situación presupuestaria del organismo y de sus consecuencias negativas para nuestro sistema científico-tecnológico. Por nuestra parte, con no menor preocupación, adherimos a los términos en que se han expresado los miembros del Directorio y enfatizamos sobre los siguientes puntos:

1)El desarrollo cultural, social y económico de la Argentina es indisociable del fortalecimiento de todos los organismos y entes científicos gubernamentales, así como de todas aquellas actividades científicas que se realizan en el ámbito de las universidades públicas.

2) El CONICET, con sus más de cincuenta años de existencia, ha demostrado acabadamente ser un pilar de la investigación en la Argentina, cuyos logros son reconocidos en el mundo entero. Su funcionamiento hoy se ve comprometido por restricciones presupuestarias, reasignaciones no explicadas con claridad ante la opinión pública y concepciones estrechas del quehacer científico de tinte tecnocrático y profesionalista.

3) La restricción arbitraria e inconsulta de los cupos de ingreso a la Carrera del Investigador no tiene visos de racionalidad alguna y sus efectos son profundamente regresivos. Dilapida inversiones a largo plazo realizadas por el Estado, destruye recursos humanos y deja en la calle, sin posibilidades reales de reinserción, a jóvenes científicos altamante calificados, cuya formación se ha logrado gracias al esfuerzo de todos los argentinos.

4) Deploramos las campaña de desprestigio contra el CONICET orquestada por los portavoces del atraso y de la ignorancia, del resentimiento frente al saber y la inteligencia.

5) Pensamos que ningún actor responsable puede eximirse de contribuir a encontrar una solucion a la dramática situación por la que atraviesa el CONICET más allá de las posiciones ideológicas o partidarias. Una política de investigación no sólo debe ser una política de Estado, sino también una política social, es decir, debe comprometer a todas las instituciones y a todos los ciudadanos.

José Emilio Burucúa (UNSAM), Edgardo Castro (CONICET-CIF), Oscar M. Esquisabel (CONICET-UNLP), Mariano Garreta Leclercq (CONICET-UBA), Claudia Hilb (CONICET-UBA), Diego Lawler (CONICET-SADAF), Ricardo Ibarlucía (CONICET-CIF), Nicolás Kwiatkowski (CONICET-UNSAM), Diana Maffia (UBA), Julio Montero (CONICET-CIF), Eleonora Orlando (CONICET-SADAF), Diana Pérez (CONICET-SADAF), Eduardo Rivera López (UTDT-CONICET).

El juicio de la historia nunca llega, por Alejandro Cassini

Cuando se anunció la muerte de Fidel Castro, el 25 de noviembre de 2016, diversos medios de comunicación de todo el mundo afirmaron que se trataba del fin de una era. No aclararon, sin embargo, de qué era se trataba. Si pretendían referirse al ciclo histórico del comunismo mundial, es evidente que esa era ya se había terminado durante el siglo pasado. La época del comunismo finalizó en diciembre de 1991 cuando se desintegró la Unión Soviética. El proceso de disolución fue muy rápido, ya que había comenzado apenas dos años antes, en noviembre de 1989, cuando cayó el muro de Berlín. En verdad, había estado precedido por un largo proceso de desencantamiento con el socialismo real, que se inició ya desde el momento mismo de los primeros años de la Revolución rusa y se hizo más acentuado luego de las grandes purgas estalinistas de los años 30. Cuando murió Stalin, en 1953, en los países del bloque socialista el comunismo se hallaba ya desacreditado entre extensos sectores de la población. En los países de Europa del este, los primeros intentos por desprenderse del totalitarismo soviético se produjeron inmediatamente después de la muerte del dictador georgiano, ya en la Hungría de 1954, y de allí se extendieron a otros países. En todos ellos los regímenes comunistas solo lograron mantenerse en pie por medio de la represión militar soviética y el extendido aparato policial y parapolicial de cada estado.

El acceso al poder de Fidel Castro, en 1959, se produjo cuando el comunismo tenía todavía un aura de prestigio intelectual en occidente, pero ya daba claros indicios de agotamiento en todos los países detrás de la cortina de hierro, indicios que se hicieron más visibles en la década siguiente. Los intelectuales comunistas de occidente decidieron ignorar voluntariamente todos los síntomas de descomposición inventándose excusas inverosímiles, como, por ejemplo, la que sostenía que la desalentadora información que los emigrados traían sobre los campos de trabajo era un mero producto de la propaganda antisoviética propia de la guerra fría. Hasta la publicación de la obra de Solzhenitsyn, cuyo efecto fue demoledor, los comunistas occidentales, y muchos de sus compañeros de ruta, se negaban mayoritariamente a creer en la existencia del Gulag. Los partidos comunistas eran todavía especialmente vigorosos en Europa occidental, particularmente en Francia e Italia, donde estuvieron cerca de alcanzar el poder por la vía electoral hasta bien entrada la década de 1970. Para esa época, el estancamiento económico y tecnológico de la Unión Soviética y el anquilosamiento de todo su sistema político de partido único debían ser evidentes para cualquier observador mínimamente imparcial. Sin embargo, el hechizo de la revolución de 1917 todavía seguía subyugando a gran parte de la intelectualidad europea y tenía algunas bases sólidas dentro de la propia clase obrera.

En América Latina, en cambio, el comunismo nunca logró echar raíces profundas y fue perdiendo tempranamente el apoyo de las clases trabajadoras, por lo que debió conformarse con reclutar a sus activistas entre los estudiantes universitarios y los intelectuales de las clases medias. Cuba fue siempre una excepción dentro del panorama político de América Latina, que estuvo dominado principalmente por dictaduras militares y regímenes populistas. Los partidos comunistas de la región, de escasa autonomía y casi sin excepción subordinados a las cambiantes directivas de Moscú, siempre fueron minoritarios y nunca estuvieron en condiciones de alcanzar el poder por la vía electoral, al menos sin alianzas con otros partidos más representativos. Por otra parte, la participación en elecciones democráticas abiertas y plurales es incompatible con los dogmas centrales del comunismo y solo puede tener el carácter de una táctica provisoria. Todos los representantes clásicos del pensamiento marxista afirmaron siempre que no hay transición posible hacia el socialismo, y mucho menos hacia el comunismo, en el contexto de una democracia parlamentaria (o burguesa, como preferían llamarla). La historia de todo el siglo XX ha confirmado plenamente esa idea y les ha dado la razón, por lo menos en ese punto específico.

El triunfo de la revolución en Cuba y la figura carismática de Fidel Castro insuflaron una nueva vida a las esperanzas en el advenimiento del comunismo en una época en que la Unión Soviética había abandonado hacía décadas la doctrina de la revolución mundial. Como se sabe, Castro todavía no era comunista en 1959 y el giro de la revolución cubana hacia un régimen de tipo soviético, hacia una dictadura de partido único, no estuvo exento de controversias internas entre los propios revolucionarios victoriosos. Retrospectivamente, resulta bastante claro que el apoyo soviético es el que permitió alguna viabilidad al régimen cubano, sobre todo, gracias a la transferencia de bienes y tecnología. La instalación del socialismo en un país predominantemente agrario, carente de proletariado industrial y técnicamente atrasado contradecía todas las doctrinas marxistas. De hecho, el debate sobre esas cuestiones ya se había producido luego de la revolución bolchevique, a pesar de que el inmenso y antiguo imperio ruso tenía muchas mayores posibilidades de desarrollo que la pequeña isla del caribe. Lenin, como la mayoría de los miembros del Komintern, siempre había considerado que la supervivencia de la Rusia soviética dependía del éxito de la revolución comunista en Europa occidental, sobre todo en Alemania, donde, como el propio Marx, depositaba sus mayores esperanzas. El fracaso de los intentos de revolución en Europa, que ya era evidente hacia 1923, dio el impulso definitivo al giro estalinista hacia el socialismo en un solo país.

Fidel Castro nunca aceptó esta posición de aislamiento, y, posiblemente influido en estas cuestiones por Ernesto Guevara, que era más extremista, pretendió exportar la revolución a otros países del Tercer Mundo, sobre todo de África y de América Latina. Durante la década de 1960 Cuba fue el centro para el entrenamiento clandestino de miles de guerrilleros de los más diversos países, desde México hasta Argentina, con el objetivo declarado de encender un foco revolucionario. El fracaso de todas esas empresas, que hoy parecen ingenuamente voluntaristas, estaba ya sellado hacia mediados de la década de 1970, cuando la marea revolucionaria inició su reflujo en la mayor parte del mundo. La revolución de los sandinistas en Nicaragua, en 1979, fue el último estertor de ese proyecto ya agonizante. Desde comienzos de la década de 1980, las revoluciones comunistas dejaron de producirse en todo el mundo y la propia teoría política del marxismo entró en una clara etapa de recesión, como la llamó Eric Hobsbawn en su último libro, Cómo cambiar el mundo, publicado en 2011. Después de la caída de los socialismos reales, esa recesión no ha hecho más que intensificarse hasta llevarlo a los umbrales más bajos de su influencia, tanto teórica como práctica.

La disolución de la Unión Soviética marcó un punto de inflexión para el desarrollo del régimen cubano. Privado de la ayuda económica e intelectual soviética, el país se precipitó rápidamente hacia la pobreza y el desabastecimiento, aunque nunca hasta alcanzar el nivel de la miseria. Los logros en salud y educación, que eran tangibles en la década de 1960 y todavía constituyen la principal bandera del régimen, se detuvieron o incluso retrocedieron. El auxilio petrolero de la Venezuela chavista posiblemente salvó al sistema cubano del colapso total, pero no pudo impedir su estancamiento y su posterior involución. Cuando, a lo largo de la década de 1980, los países de América Latina se desprendieron de las recurrentes dictaduras militares y consiguieron estabilizar una difícil democracia republicana, el atractivo del régimen de partido único de Cuba declinó de manera irreversible. Sin duda, podía ser preferible a ciertas dictaduras sangrientas, pero, a los ojos de la gran mayoría, no resistió la comparación con el pluralismo y las libertades propias de un estado democrático. Desde hace un cuarto de siglo, el régimen cubano es un anacronismo en el mundo contemporáneo y el propio Castro era el símbolo máximo de ese anacronismo.

En su en su muy razonada obra La esperanza y el delirio. Una historia de la Izquierda en América Latina, publicada en 2015, Ugo Pipitone trazó un balance de la experiencia cubana desde sus orígenes en términos que dejan muy poco margen para el optimismo:

“Desde entonces, lo evidente ha sido la falta de derechos políticos de la ciudadanía y la construcción sobre las ruinas de una democracia ampliamente imperfecta de un régimen totalitario sin elecciones, sin pluralidad de información, sin división de poderes, sin libertad de organización de partidos o sindicatos y sin una sociedad civil capaz de libre expresión. Y todo lo anterior en nombre del “socialismo”. Los derechos políticos se han evaporado bajo la retórica de una unanimidad automática y con líderes eternos. Quizá pueda hablarse de socialismo, si se identifica esta palabra con la experiencia soviética, pero, más allá de asonancias ambiguas, Cuba ha inaugurado en las Américas un caudillismo en versión marxista-leninista; una vieja historia que se repite con nuevas vestiduras ideológicas.”

Durante mucho tiempo, sobre todo en las décadas de 1960 y 1970, historiadores y politólogos discutieron si el régimen cubano era o no una democracia. Ese debate se encuentra ya completamente saldado. Ninguna prestidigitación semántica fue capaz de transformar el sistema cubano en democrático. El mero hecho de que un gobernante permanezca casi cincuenta años en el poder y luego designe como sucesor a su hermano tiene poco o nada que ver con la democracia. El sistema se parece mucho más a alguna forma de autocracia, propia no solo de dictaduras, sino incluso de monarquías absolutistas. Más recientemente, luego de que Raúl Castro anunciara algunas moderadas reformas que tendían al deshielo de un régimen político anquilosado y una economía en retroceso, se planteó la cuestión de si Cuba se estaba deslizando desde un estado totalitario hacia uno autoritario. Por el momento, esa cuestión permanece irresuelta. El futuro de Cuba, como toda la historia, es impredecible. Con todo, parecen abrirse dos opciones viables, o al menos verosímiles: la apertura hacia el pluralismo y la democracia republicana, ciertamente improbable mientras un Castro siga en el poder, o la transición a un modelo político autoritario, en algún aspecto semejante al de China, que combine la dictadura del partido único con la apertura económica hacia alguna forma de capitalismo.

Los jefes de estado y de muchos organismos internacionales se vieron frente la incómoda obligación de tener que reaccionar ante la muerte del líder cubano. La gran mayoría de ellos optó por declaraciones diplomáticas y sumamente tibias en las cuales se evitaba conscientemente el uso de la palabra “dictador”. En esas declaraciones se limitaron a señalar el hecho de que Castro fue un protagonista destacado de la historia del siglo XX, una descripción indudablemente cierta, pero que podría aplicarse indistintamente a Mussolini, Stalin, Hitler, o Mao, es decir, a los mayores dictadores de ese siglo. Casi todos evadieron la evaluación de los resultados del régimen de Castro y se refugiaron en el lugar común de que la historia lo juzgará. Ese lugar común merece un análisis detenido.

Fidel Castro reunía en una sola persona diversos rasgos diferentes que contribuyeron, sin duda alguna, a alimentar su prestigio casi mítico. En primer lugar, tenía muchas de las características propias de los dictadores militares latinoamericanos. Su permanente vestimenta de uniforme de combate, casi como la de un soldado raso, es uno de los símbolos nada menores, tanto como el título de “comandante” con el que se lo llamó hasta su muerte. También es una herencia de la concepción militarista de la política y de la sociedad que dominó entre los bolcheviques desde los tiempos del comunismo de guerra, y de la cual nunca lograron desprenderse. En segundo lugar, también poseía, por momentos en alto grado, los rasgos típicos de un caudillo populista de los muchos que surgieron en la región, aspecto que se manifiesta particularmente bien en sus extensos y melodramáticos discursos. De hecho, Loris Zanatta en su penetrante libro El populismo, publicado en 2014, lo incluye, no sin buenas razones, dentro de la tradición populista. En tercer lugar, Castro ejemplificaba particularmente bien el dogmatismo, cercano a la fe irracional, propio de la mayor parte de los comunistas del siglo XX.

Este último aspecto, me parece el más importante y característico. Fidel Castro no fue educado en el pensamiento marxista, que era completamente ajeno a la tradición de América Latina. El marxismo, al igual que el anarquismo que lo precedió en muchos países, es un legado de la inmigración europea. La matriz de la educación de Castro, como la de tantos otros latinoamericanos de su generación, es la de un rígido catolicismo hispánico, tradicionalista y conservador. De allí procede muy probablemente su inclinación a abrazar con toda fe ciertos dogmas que se consideran más allá de toda crítica. La conversión de Castro al marxismo es tardía, posterior a la revolución de 1959, y, como han señalado sus biógrafos, producto de la influencia de su hermano Raúl y de Ernesto Guevara, que lo habían precedido en la adopción de la fe comunista. Con todo, el marxismo de Castro siempre conservó algunos elementos heterodoxos y rudimentarios. Por otra parte, no era un teórico, sino un hombre eminentemente práctico, y nunca hizo ni pretendió hacer ningún aporte al corpus de la teoría del marxismo, a diferencia de Lenin, Trotski, o el propio Stalin. Solo produjo discursos políticos, extensos pero coyunturales; nunca ensayos razonados con pretensiones de alcance general. No obstante, adoptó las ideas del comunismo, al menos las más fundamentales, como si fueran verdades reveladas que estuvieran más allá del tiempo y de la historia. Jamás se mostró dispuesto a realizar forma alguna de autocrítica, incluso después del derrumbe de los regímenes comunistas en todo el mundo. Mostró siempre una intransigencia ideológica que ciertamente no se hallaba presente en Marx y que tampoco tenían, al menos en ese grado, los primeros líderes bolcheviques. La obstinación en sus convicciones parece, más que el resultado del análisis crítico, la característica de un militante que se ha convencido de los dogmas asimilados en algún catecismo, como los manuales sobre el materialismo dialéctico que la Unión Soviética editaba y distribuía en múltiples idiomas, y que, en mi modesta opinión, representan uno de los puntos más bajos que haya alcanzado la filosofía en su larga y venerable historia.

En el contexto de ese inflexible dogmatismo debe entenderse la apelación al juicio de la historia, que el propio Castro expresó como desafío a sus críticos en más de una ocasión. La primera vez que lo hizo fue en 1953, cuando fue arrestado y juzgado por el ataque al cuartel de Moncada, que suele considerarse como el verdadero inicio de la revolución cubana. En el final de su discurso de autodefensa Castro pronunció la célebre sentencia: “condenadme, no importa; la historia me absolverá”. Toda su vida siguió aferrado a esa convicción, que no hizo más que solidificarse con los años.

El juicio de la historia, tantas veces invocado, pero nunca realizado, no es más que un mito legitimador de las propias convicciones. Representa la objetivación de la certeza subjetiva de quien está completamente convencido de la verdad de sus creencias y de la corrección de sus acciones. Cuando las supuestas verdades no pueden probarse mediante evidencias o argumentos, como ocurre en todos los ámbitos de la acción humana, desde la ciencia a la política, se apela a una entidad metafísica supraindividual, como la historia, para sancionarlas. “La historia me juzgará” es simplemente una manera elíptica de decir “la historia me dará la razón” o, más crudamente “la historia probará que mis creencias eran verdaderas y las de mis críticos eran falsas”.

La propia expresión “el juico de la historia” puede entenderse, sin embargo, al menos de dos maneras diferentes: una empíricamente contrastable, como el consenso de los profesionales de la historiografía, y otra de carácter metafísico, como la decisión de algún agente o entidad supraindividual.

Para cualquiera que tenga alguna experiencia en la práctica de la ciencia histórica, o simplemente en la lectura razonada de obras historiográficas, resultará evidente que no hay nada parecido al consenso sobre las ideas y las acciones de los protagonistas de la historia. Ningún juicio de la historia. Al contrario, el disenso y la multiplicidad de posiciones y puntos de vista constituyen la norma entre académicos y profesionales. Como prueba puede tomarse cualquier personaje histórico, por más lejano en el tiempo que fuere, y comprobar que en cada época se lo juzga y revalúa según los conocimientos, los valores y el contexto político de los respectivos presentes. En cada momento concreto, además, el debate y la polémica resultan tan extendidos como los frágiles puntos de acuerdo. Después de más de dos siglos no hemos alcanzado consenso alguno sobre la actuación de Robespierre en el Comité de Salvación Pública, que ha tenido y tiene apologetas entusiastas y críticos indignados. Y no es probable que tal consenso vaya a alcanzarse alguna vez, al menos en tanto involucre juicios de valor. No hay juicio de la historia sobre Robespierre, que no es más que un ejemplo entre muchos otros posibles, ni lo habrá sobre Fidel Castro. La historia, como la política, no permite alcanzar el grado de consenso que existe en las ciencias exactas o naturales (donde, por lo demás, al menos en estas últimas, hay siempre muchos más desacuerdos que los que trascienden al público no especializado).

Si el juicio de la historia se entiende, en cambio, como la evaluación de las creencias y acciones humanas por parte de una entidad supraindividual, se ingresa en el terreno de las hipótesis metafísicas incontrastables por principio. En ese dominio, la apelación al juicio de la historia no es más que una versión secularizada del juicio divino, infalible por naturaleza. Según la concepción teológica y providencialista de la historia, la verdad y la justicia podían ser inalcanzables para el limitado entendimiento humano, pero no para la razón divina, que, llegado el fin de los tiempos sería la última instancia para responder toda pregunta y saldar cualquier cuestión que la humanidad hubiera dejado pendiente. Concluida la historia, el juicio final repararía todas las injusticias humanas y Dios reconocería a los suyos. Invocar el juicio de la historia para la propia vida, como hizo Fidel Castro, y antes que él tantos otros, es una manera de colocarse por encima de los simples mortales; un modo de decirles algo así como “yo tengo la verdad, pero ustedes son incapaces de reconocerlo”. Implícita en este desprecio por el entendimiento de los semejantes se encuentra la creencia de que la historia (a veces, también el pueblo, convertido en otra hipóstasis) nunca se equivoca y, por consiguiente, fallará a favor de quien se encomienda a ese juez supremo.

Queda todavía una tercera posibilidad, más racional y sensata, de entender la apelación a la historia, que no es ni el consenso de los expertos ni el juicio de alguna entidad metafísica supraindividual. Se trata de recurrir a los consensos mayoritarios, pero nunca unánimes, que se forman entre los ciudadanos de las diferentes sociedades a la luz de su experiencia concreta. No es en absoluto la voz del pueblo identificada con la voz de Dios, sino un consenso falible y cambiante, producto de una experiencia que procura aprender de sus errores y corregirlos. Un ejemplo concreto es el consenso alcanzado en América Latina durante las últimas tres décadas en torno de la democracia como forma de gobierno. A partir de mediados de la década de 1980, la gran mayoría de los países de la región consigue dejar atrás la época de las dictaduras militares y consolidar una democracia republicana, a veces, sin duda, todavía muy imperfecta. Emerge, entonces, un consenso ampliamente mayoritario, que aún tiene inexplicables excepciones entre algunos intelectuales, según el cual la democracia liberal y pluralista es preferible a cualquier forma de dictadura, aunque la dictadura en cuestión se presente como revolucionaria y ejercida por el proletariado. Desde este punto de vista, el consenso de nuestro tiempo y lugar, que no es ni puede ser el juicio de la historia, se ha orientado en completa oposición a las ideas y las acciones de Fidel Castro.

Este consenso en torno de la democracia, por lo demás, implica también el abandono del viejo ideal utópico de la revolución, cuyo eco ya lejano todavía seduce a muchos nostálgicos. Es evidente que cualquier forma de democracia genuina necesariamente debe proceder mediante cambios graduales, inevitablemente lentos y afectados por compromisos coyunturales. El progreso social resulta así un camino indefinidamente largo, que solo puede transitarse por etapas, y que encuentra frecuentemente estancamientos y retrocesos. La sociedad perfecta solo puede ser en este contexto un ideal regulativo inalcanzable. El fracaso reiterado en la realización de los sueños utópicos del comunismo, del cual el régimen de Castro es uno de los ejemplos más duraderos, lleva de manera muy justificada a una forma de pensamiento anti-utópico. Sobre este punto, el consenso todavía es incipiente e inestable. El desafío de nuestro tiempo es instaurar una política sin utopías que conserve la creencia en el progreso y la racionalidad de nuestras sociedades, pero que renuncie definitivamente a alcanzar por medio de la violencia el paraíso terrenal o cualquier sucedáneo secular de ese pernicioso mito.

El Brexit y la victoria de Trump: la globalización bajo examen

La globalización es uno de los fenómenos más debatidos de los últimos años. A los análisis de corte sociológico se ha sumado una abundante bibliografía de naturaleza normativa. Ésta no aspira simplemente a comprender la nueva realidad y a predecir su curso futuro, sino que pretende construir modelos normativos que nos ayuden a evaluarla y dirigirla.

En el ámbito de la filosofía, las posturas pueden dividirse en dos grandes campos. De un lado, los autores auto-denominados cosmopolitas sueñan con la abolición de las fronteras y la construcción de instituciones de gobernanza global en las que sean representadas las personas más bien que los estados. Su expectativa de máxima es la creación de un único estado mundial de naturaleza federal que promueva los derechos humanos y distribuya la riqueza a través de las fronteras.

Del lado contrario, los autores nacionalistas desconfían de una integración forzada, insensible a las diferencias culturales y los vínculos comunitarios. Desde su perspectiva, la responsabilidad primordial de cada gobierno es promover los intereses de sus ciudadanos/as, restringiendo la inmigración, obstaculizando el comercio internacional y protegiendo su economía cuando sea necesario. Todo intento de avanzar más allá de instituciones supranacionales que establezcan regulaciones mínimas es una utopía no realista carente de sustento.

Por supuesto, este mapa conceptual es necesariamente impreciso y no se correlaciona fácilmente con posiciones políticas definidas. Sin embargo, de un modo general, pareciera que mientras los liberales, los socialdemócratas y los neo-liberales se inclinan en mayor o menor grado por el cosmopolitismo, la izquierda y los neoconservadores prefieren el nacionalismo.

El Brexit y la victoria de Donald Trump podrían probar que ambos modelos son inviables. Estos sucesos suponen un claro rebrote del nacionalismo ya que expresan un rechazo de la integración excesiva así como la convicción de muchos trabajadores/as de que los intercambios comerciales sin control están socavando el trabajo y la prosperidad nacionales. Digan lo que digan los filósofos, millones de personas en el mundo rico parecen no estar dispuestas a compartir su riqueza con los países emergentes. Se terminó la generosidad en nombre de los ideales humanistas.

Pero estos episodios también sacuden los dogmas nacionalistas. Durante años, la izquierda de los países emergentes ha culpado a la globalización y al libre comercio de todos los males. La justificación es bien conocida: la integración económica se realiza en condiciones asimétricas bajo la hegemonía de los países poderosos; su única intención es terminar de drenar la riqueza de los países más pobres y volver todavía más ricos a los ricos.

Como la experiencia de los “felices” 90’ nos ha enseñado, la apertura indiscriminada tiene consecuencias nefastas para los pobres globales. Pero en buena parte del mundo los nacionalistas de mente abierta están ahora preocupados por los posibles efectos del retorno a un proteccionismo como el que Trump pregona. Tras despotricar durante décadas contra la alianza comercial con Estados Unidos, el progresismo mexicano se pregunta qué pasará con su clase trabajadora si se cierra la exportación de autos al país del norte. Y es bueno no olvidar que el milagro Chino y de los Tigres asiáticos, así como el incipiente crecimiento de países como Chile, Colombia y Perú se debe en gran medida a las ventajas comparativas de las que gozan en un mundo con sin barreras arancelarias.

La conclusión de esta reflexión es simple: tanto el nacionalismo como el cosmopolitismo extremos son posturas disociadas de la realidad. Ni integración plena ni aislacionismo duro; ni fronteras completamente abiertas ni migración libre de capitales y trabajo; ni caridad ni indiferencia por la suerte del otro. En el mundo como lo conocemos, el bienestar humano depende crucialmente de una integración armoniosa de comunidades políticas autónomas que fijen reglas de juego justas, admitan un proteccionismo moderado y promuevan equilibradamente los intereses de todos/as.

La victoria de Trump: ¿se suicida la democracia más antigua?, por Julio Montero

Estados Unidos es la democracia moderna más antigua del mundo. A pesar de las críticas que uno pueda hacerle, el país jamás se apartó del estado de derecho y la ciudadanía apostó siempre por resolver sus problemas por la vía institucional. Esta confianza se tradujo en una hegemonía de sus dos grandes partidos, cuyos líderes suscriben un sólido acuerdo sobre el respeto por las libertades civiles, la división de poderes y el valor del consenso.

Para muchos liberales, la victoria de Donald Trump amenaza seriamente estos baluartes. Se trata de un candidato con un discurso misógino, xenófobo y racista. Su campaña fue montada como un show mediático de tintes populistas y agitó la promesa de deportaciones masivas, restricción de las libertades, y retorno a la vieja política exterior aislacionista. No es descabellado temer que el ciclo de la democracia estadounidense esté transitando el camino del declive. O al menos eso creen los millones de ciudadanos/as que tras su sorpresiva victoria se lanzaron a las calles a expresar su rechazo. Los libertarios del Tea Party, mientras tanto, contemplan el panorama con la sonrisa apocalíptica de siempre: tal vez este sea el primer paso para lograr su sueño de “matar de hambre a la bestia”.

Es cierto que hay razones para preocuparse. Como nunca antes desde la guerra civil y las reelecciones seriales de F. D. Roosevelt, la democracia americana se ve puesta a prueba. Pero conviene no exagerar. Después de todo, estamos ante una verdadera democracia. Y esto quiere decir que el poder está dividido y que ningún presidente, por poderoso que sea, puede hacer lo que quiera. La Corte Suprema de Justicia protegerá la Constitución y evitará avances desmesurados sobre los derechos individuales; y en el parlamento, la lógica de la negociación se sobrepondrá a los asaltos bonapartistas. Finalmente, el propio Partido Republicano le fijará los límites al presidente: un partido moderno no apela a la lealtad y el culto al líder, sino que permite que el desacuerdo florezca en su interior. Y si todo esto fracasa, el denso tejido asociativo de la sociedad civil —una sociedad de ciudadanos/as dispuestos a defender sus libertades, como decía Rawls— oficiará como un contra-poder a través de sus ONGs, sus universidades y su prensa independiente.

Para que la democracia salga airosa, es crucial que los demócratas enfurecidos revisen su actitud. En la democracia no hay lugar para negarse a reconocer a un presidente electo por el voto popular antes de que haya tomado siquiera una medida. Y no hay lugar tampoco para elevar pancartas que digan “Este no es mi presidente”. Ese es uno de los axiomas fundamentales de la democracia. Lo que deben exigir, por el contrario, es que Trump sea el presidente de todos/as y respete los valores fundacionales de la Constitución.

En concusión, los liberales deben confiar genuinamente en sus convicciones y en la democracia que han contribuido a edificar. La democracia liberal es el único régimen político en el que la ciudadanía puede manifestarse y lanzarse a las calles sin temor y sin pedirle permiso a nadie. Y ese es ciertamente un recurso que hay que usar. Hay que usarlo con moderación y en el debido momento para resistir políticas concretas, nunca para socavar la autoridad de un presidente. Esta es una lección que deben aprender pronto. De otro modo, los propios liberales serán artífices de un proceso que arrastrará a la democracia a la lucha callejera que tanto le gusta al populismo. En ese campo de batalla, el populismo siempre gana: gana aunque su candidato pierda; gana porque el dialogo, el consenso y la razonabilidad quedan sepultados por los slogans y la lógica del amigo-enemigo. Ahora no son los liberatrios los que sonríen sino los nostálgicos de un pasado autoritario.

Como decía Ronald Dworkin, hay veces que lo único que podemos hacer es cruzar los dedos y confiar en que las instituciones funcionen. Esta es la apuesta que debemos hacer. Y esperemos que salga bien. En cierta medida, el futuro de la democracia se juega hoy en los Estados Unidos. Justamente el país que la vio nacer. Mientras tanto, conviene no olvidar que el liberalismo resurge siempre fortalecido de sus crsis.

Rápidos apuntos neoyorquinos sobre Turmp, la democracia y el futuro, por Nahuel Maisley

Ayer, apenas cayó el sol, luego de un perfecto día otoñal, un sinnúmero de bares, restaurantes y centros comunitarios recibieron a millones de neoyorquinos que -como tantos, en tantas otras partes del mundo- se congregaron para mirar, en comunidad, los resultados de la elección presidencial de los Estados Unidos. Los eventos estaban organizados, en general, en plan de fiesta. En el que me tocó estar a mí, en el Kimmel Center de la New York University (NYU), había una banda tocando funk y rock, y gente bailando alrededor de imágenes de cartón de Hillary Clinton. El sitio web del New York Times pronosticaba casi un 90% de chances de triunfo para el Partido Demócrata, y lo que estaba en boca de todos era la especie de festejo anticipado que había habido la noche anterior, cruzando la calle, cuando Madonna apareció de improviso en Washington Square Park para tocar algunas canciones en homenaje a la primera presidenta mujer de la historia de los Estados Unidos.

Hoy, en cambio, el día amaneció gris y lluvioso. Nadie se imaginaba, ni remotamente, que todo pudiera salir tan mal. El Decano de la Facultad de Derecho de NYU mandó hace un rato un correo electrónico a todos los miembros de la comunidad educativa, poniendo a disposición una sala con galletitas y café -una imagen tenebrosamente parecida a un velatorio- y convocando a una reunión a la tarde, con la participación de algunos profesores “menos para proveer respuestas que para juntarnos, como la comunidad comprensiva y solidaria que, en nuestra mejor versión, somos”.

En el ínterin, entre el sol y la lluvia, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. El golpe quizás no habría sido tan duro de no haber ocurrido tan cerca del Brexit, del referendo en Colombia, de la elección de personajes como Mariano Rajoy, Theresa May y -probablemente- Marine Le Pen al frente de varias naciones europeas, y de la salida de varios estados africanos de la égida de la Corte Penal Internacional, entre otros eventos truculentos ocurridos en los últimos tiempos. En ese contexto, la llegada de un personaje tan misógino, racista, mentiroso y egoísta como Trump a la Casa Blanca es un golpe devastador, que nos interpela a todos aquellos que valoramos exactamente lo opuesto, estemos donde estemos.

Mi propuesta, no obstante, es que nos sobrepongamos a la desolación y tratemos de interpretar lo que ocurrió, a su mejor luz: que tratemos de verle el lado positivo. No me malinterpreten: no quiero decir que esto sea algo positivo, todo lo contrario. Pero nosotras y nosotros, los que nos vamos a ver menos afectados por el advenimiento de esta ola nacionalista-autoritaria-mentirosa (porque nos protegen nuestros estudios, nuestra posición económica, nuestra herencia étnica, etcétera), tenemos la responsabilidad de dejar la tristeza a un lado y ponernos a pensar cómo reconstruir todo esto. No porque sintamos que se puede reconstruir, ni porque veamos una luz al final del túnel, sino porque de ello depende la vida de muchos otros que no pueden darse el lujo de intentarlo – otros que están ocupados llorando en serio porque los van a deportar, o porque se van a quedar sin trabajo. Nuestra responsabilidad es la que viene asociada al privilegio de que esto solamente nos toque a través de la pantalla del televisor, o en las cuadras que caminamos hasta el trabajo o la universidad. Como dijo una vez Owen Fiss en una charla en Buenos Aires: tenemos la obligación moral de ser optimistas. Bajar los brazos y caer en el cinismo y la desolación es incumplir nuestras obligaciones morales hacia nuestros conciudadanos del mundo.

Así que allí vamos: ¿qué podemos aprender de la elección de Trump, hacia el futuro? Se me ocurren tres ideas, todas muy intempestivas y poco procesadas – redactadas todavía en el contexto de velatorio desde el que escribo.

Primero, el proyecto político que representa todo lo opuesto a Donald Trump -es decir, el de los derechos humanos, la democracia, y la solidaridad-, y todos aquellos que intentamos defenderlo, tenemos que repensar los mecanismos de toma de decisiones que entendemos como aceptables. La sorpresa de anoche (y la del Brexit, y la de la votación por la paz) muestra que hay una desconexión absoluta entre los de arriba y los de abajo: no se conocen, no se hablan, no se entienden. Ni los políticos, ni los periodistas, ni los académicos pudieron anticipar estos resultados: nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando alrededor suyo. Algunos dijeron, después de los plebiscitos en el Reino Unido y en Colombia, que el problema era plebiscitar las decisiones, sin que los representantes medien entre el pueblo y las decisiones. Lo de ayer demuestra que ese diagnóstico no es tan acertado: el problema no es que la gente vote, el problema es que no hay espacios de participación para que esa gente determine verdaderamente su destino colectivamente.

Segundo, ese mismo proyecto (¿progresista?) tiene que repensar seriamente el rol del dinero en la política. Hillary Clinton era la candidata que defendía una reforma del financiamiento político en los Estados Unidos, pero -simultáneamente- recibía cantidades increíbles de contribuciones de oscura procedencia. Dicen que la diferencia entre el financiamiento de su campaña y la de Trump fue de las más grandes de la historia. Trump, el magnate, aunque resulte increíble, no fue el candidato del dinero en las elecciones de ayer.

Tercero, ese proyecto (¿moderno?) tiene que repensar las unidades políticas en el marco de las cuales tomar las decisiones. En el Reino Unido, en Colombia, y aquí, en Estados Unidos, hubo un quiebre absoluto entre las grandes ciudades y las zonas rurales. Uno de los argumentos fundamentales en defensa de la división del mundo en estados-nación era que la democracia solamente era posible allí donde los individuos se conocían, y podían predecir lo que iban a hacer sus conciudadanos (véase la obra de David Miller, por ejemplo). ¿Es esto cierto hoy en día? Nadie aquí pudo anticipar -o siquiera imaginar- que el interior profundo le iba a dar la victoria a Trump. ¿No es acaso más fácil hoy en día para un neoyorquino predecir cómo va a votar un parisino o un porteño, más que alguien de Iowa o de Wisconsin? Tenemos que ponernos a pensar, seriamente, en nuevas fronteras para la democracia.

Ojalá estuviéramos hoy festejando -como esperábamos ayer- que la principal potencia del mundo tuviera por primera vez una presidenta mujer. No ocurrió. Ojalá, entonces, al menos, podamos aprender de eso. Se lo debemos a las futuras víctimas de Trump.

Venezuela: el camino hacia la dictadura, por Julio Montero

Todos los días la opinión internacional se sacude con las noticias que llegan desde Venezuela. El país se encuentra ante una crisis terminal, tanto económica como política: la economía socialista se ha convertido en una economía de guerra, signada por el racionamiento; las tasas de criminalidad son las más elevadas del mundo; la gente se manifiesta en las calles exigiendo una apertura del régimen; y varios dirigentes opositores soportan penas de cárcel sin el beneficio del debido proceso. Venezuela se ha convertido en una dictadura.

Cuando Hugo Chávez irrumpió en la política venezolana, encarnaba una promesa: la promesa de ofrecer una variante aggiornada de socialismo que resolviera los problemas de la democracia capitalista liberal. Exactamente la misma promesa que los líderes fascistas hicieron en Europa a partir de la década de 1930. Como era previsible, ambas experiencias terminaron en la opresión.

Este desenlace no es accidental. Es el resultado inevitable de un modo de comprender la política. Y, por desgracia, ese modo de comprender la política está muy afincado en el progresismo latinoamericano. El progresismo al que me refiero se sostiene sobre dos tesis. La primera es el desprecio por las instituciones. El estado de derecho, la separación de poderes y el apego a la constitución son vistos como dispositivos conservadores que perpetúan el estatus quo. Un gobierno popular debe desembarazarse de estos fetiches y dar todo el poder a un líder ungido por el pueblo para transformar la realidad.

La segunda tesis es el rechazo del capitalismo y la economía de mercado. En contra de la escuela económica clásica, el populismo denuncia el carácter ficcional o ideológico de las leyes de mercado y propone reemplazarlas por una organización en mayor o menor medida centralizada que promueva una mejor distribución de la riqueza.

Estos postulados pueden ser atractivos en la teoría. Pero contienen el germen del autoritarismo. Los controles de precios, los impuestos elevados y la falta de seguridad jurídica desincentivan la inversión; la falta de inversión produce una merma en la productividad y el empleo y una escalada de los precios; la caída del poder adquisitivo se compensa con emisión monetaria que genera inflación; la inflación produce pobreza. Y tarde o temprano este cuadro se auto suprime o desemboca en nacionalizaciones y expropiaciones, que no hacen más que reforzar el éxodo de la inversión. Cuando los medios de comunicación denuncian el círculo vicioso, se restringe la libertad de prensa; cuando los dirigentes de la oposición atraen al electorado, se los persigue; y cuando el pueblo se manifiesta en las calles, se lo reprime. Si el sistema internacional de derechos humanos amonesta estas conductas, se lo tilda de imperialista recurriendo a un discurso soberanista primitivo y finalmente se apuesta por su disolución. Una vez expuesto el circuito, la dictadura se presenta como el desenlace ineludible de esta doctrina. Una desenlace evidente para todos, excepto para sus apologetas.

Hay, por supuesto, muchos progresistas que sueñan con la dictadura. Son carcamanes setentistas que miran con nostalgia un pasado de violencia y crímenes que confunden con una manifestación de idealismo. En su vision pre-freudeana del mundo, tener ideales es estar dispuesto a matar. Aquellos que no albergan esta nostalgia homicida, están a tiempo de revisar sus creencias así como sus intervenciones en la vida pública. El rechazo de toda medida de austeridad como un acto de abandono del pueblo; la defensa de fuerzas que han promovido la corrupción estructural; la demanda insensata de aumento del presupuesto en todos los rubros a la vez, a financiarse con mayores impuestos a los ricos –y nótese, los ricos son siempre un otro, no ellos– constituyen la chispa que, ante circunstancias favorables, ponen el marcha el camino hacia la dictadura.

La primera responsabilidad de un intelectual es soñar utopias. Pero las utopias a soñar deben ser utopias responsables. Es hora de aceptarlo: la democracia liberal, el libre mercado y la distribución del ingreso a través de un estado de bienestar racional que establezca prioridades es el sueño más noble que la humanidad ha soñado. Al igual que en los tiempos oscuros de Mussolini, se abren ante nosotros dos caminos: o hacemos realidad este sueño o soñamos el sueño de la dictadura.

Justo antes del final: el adiós a Osvaldo Guariglia, por Manuel Reyes Mate

El pasado día dos de mayo fallecía en Buenos Aires Osvaldo Guariglia a consecuencia de un cáncer apenas detectado dos meses antes. La noticia por inesperada resultó doblemente dolorosa. Los comentarios venidos de Argentina reconocen en él a “una de las personalidades más destacadas de la losofía argentina e iberoamericana”. Y así es a poco que se repase su historial académico: doctorado en losofía por la Universidad de Tübin- gen, becado por la Fundación Humboldt, investigador del Conicet, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la de Buenos Aires y, sobre todo, presidente del Centro de Investigaciones Filosócas, institución a la que se sentía particularmente ligado, y que él contribuyó como nadie a desarrollar.

Especialista en filosofía antigua, fueron, sin embargo, los campos de la filosofía moral y política donde acamparon sus intereses. Inspirándose en Aristóteles y Kant volcó su reflexión en la búsqueda de normas morales universales que inspiraran la vida política real. En los últimos años situó su centro de interés en el estudio de la justicia, sobre todo en su dimensión internacional, abogando por reglas de comercio justas. En su mente estaba tanto la promoción de la democracia a escala planetaria como la defensa del tercer mundo, consciente de que la defensa de grandes principios no podía hacerse al precio de sacri car una parte real de la humanidad.

De entre sus numerosas publicaciones cabe destacar libros como Ideología verdad y legitimación (1986), Moralidad: ética universalista y sujeto moral (1996), La ética en Aristóteles o la moral de la virtud (1997), Una ética para el siglo XXI (2002) y En camino de una justicia global (2010). La muerte le sorprendió trabajando sobre la tradición de la democracia republicana, un texto que será editado póstumamente en la editorial Siglo XXI.

Con ser sólida su producción científica y brillante su vida académica, Osvaldo Guariglia era más que su obra como bien atestiguan sus muchos alumnos así como los amigos y colegas que le trataron. Hay que entender su bibliografía desde su biografía porque Guariglia tenía una personalidad que no dejaba a nadie indiferente. Siempre dispuesto a aventuras ambiciosas, se podía contar con su generosa contribución cuando rmaba el compromiso. El Instituto de Filosofía pueda dar fe de ello. Estuvo de su lado desde el principio y se movilizó en su defensa cuando a mediados de los noventa les dio la ven- tolera a los políticos del momento de poner en duda su existencia.

La Enciclopedia Iberoamericana es uno de esos ambiciosos proyectos en los que dejó huella su personalidad humana y académica. Osvaldo era uno de los participantes de aquel Congreso de Filosofía de México, presidido por Juliana González, que tuvo lugar en Toluca en el año 1987. Allí cuajo la idea de que había llegado el momento de emprender algo juntos. Otros, nuestros maestros, habían hecho ya un largo camino y los allí presentes entendimos que había llegado la hora de dar forma a la creación de una comunidad iberoamericana de filosofía. Había que crear un proyecto que nos convocara y ese fue el origen de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. No resultó difícil ponerse de acuerdo en el hecho de que el proyecto debería sustentarse en tres institutos de filosofía hermanados avant la lettre por preocupaciones compartidas. Eran estos el Instituto de Investigaciones Filosóficas de México, el Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires y el Instituto de Filosofía del CSIC de Madrid, dirigidos a la sazón por León Olivé, Osvaldo Guariglia y Javier Muguerza, respectivamente. Un año después León Olivé y Osvaldo Guariglia fueron invitados por el Instituto de Filosofía para una sesión de trabajo en Madrid y allí quedaron jadas las líneas maestras del nuevo proyecto.

La Enciclopedia ha tenido la suerte de contar con el trabajo entusiasta de lo mejor del mundo losó co hispano y lusoparlante. Pero obligado es reconocer que el de Osvaldo Guariglia ha sido excepcional. En las largas sesiones de trabajo del Comité Cientí co Guariglia hacía valer sus conocimientos a la hora de fijar temas y designar coordinadores. Notable era su tenacidad a la hora de proponer y defender candidaturas de nombres argentinos, una actitud que sin duda ha enriquecido a la Enciclopedia.

Siendo alguien situado en el ala más universalista de la losofía hispanohablante -y, por tanto, prevenido respecto a todo planteamiento latinoamericanista de la misma- entendió la necesidad y la importancia de promover la comunidad iberoamericana de filosofía, así como de un pensar en español. Porque tan cierto como que la razón no tiene patria es el hecho de que hoy la industria cultural, nos presenta, como trascendiendo el tiempo y el espacio, un tipo de racionalidad muy particular que habla inglés. Había que armarse, aunando fuerzas, y esa idea impulsó la organización de los grandes Congresos Iberoamericanos de Filosofía. Prueba de la importancia que Osvaldo los atribuía fue su constante y activa presencia en todos ellos: en Cáceres-Madrid, en Lima, en Medellín, en Santiago de Chile, por no hablar de aquellos otros, llamados sectoriales, que tuvieron lugar en Alcalá de Henares, Puebla o Morelia. Con su presencia quería expresar el carácter ibero-americano del encuentro y también su vocación intergeneracional. Quería dar la mano a los que venían detrás para conformar el patrimonio común del que nutrirse en el día a día. Del paisaje de aquellos encuentros formaba parte su presencia afable, sus sonoras carcajadas y su disponibilidad para tomar decisiones cuando las cosas se atascaban.

Lo que nadie preveía es que todo ese ejercicio de solidaridad intergeneracional fuera el anuncio de un relevo generacional. Porque con su inesperado fallecimiento se produce un cambio de testigo. Quienes se formaron en sus seminarios, quienes compartieron sus investigaciones, quienes admiraron su escritura, tienen ahora la tarea de continuar su obra, enriquecerla con su propio trabajo y transmitirlo a quienes vengan después. Alguien ha dicho que la cultura es una carta escrita a los descendientes. Cada uno de nosotros recibe una, que es como la tarjeta de visita, y se pasa la vida escribiendo otra para abrir el tesoro al que la lea. En esa cadena de escrituras, la letra de Osvaldo Guariglia ocupa un lugar de honor.

Aunque toda muerte es inoportuna, la de Osvaldo lo es en un sentido nada tópico. En la primavera del 2015 dibujamos, mientras almorzábamos en Buenos Aires con Maricarmen y Tere, un escenario para próximas actuaciones. Estaba a punto de aparecer el penúltimo volumen de la Enciclopedia, La Filosofía iberoamericana del siglo XX. Filosofía teórica e historia de la losofía. Y estaba listo para la imprenta el último, dedicado a los temas prácticos de la filosofía del siglo veinte. Pensábamos que procedía una presentación en Madrid, Buenos Aires y México de esta obra monumental, iniciada hace treinta años. Repasamos la lista de los miembros del Comité Académico original que habían fallecido. Eran muchos, entre ellos los argentinos Carlos Alchourrón y Ezequiel de Olaso que con él y Ernesto Garzón habían representado a la filosofía argentina. No podíamos presentar la obra sin tener en cuenta a los que ya no estaban porque si para los antiguos la patria de uno es el lugar en el que están enterrados los antepasados, para nosotros la presencia de sus nombres en las páginas de la Enciclopedia nos obligaba a tenerles doblemente presentes: como autores que fueron y por el vacío que dejaron. Lo que nadie podía imaginar es que Osvaldo se fuera sin llevarse bajo el brazo un ejemplar del último volumen, el que está a punto de salir. Tenía que haber esperado. No se levanta uno de la mesa antes de que acabe la partida.

(Publicado originalmente en Isegoría 54 (2016): 363-372)

Termina hoy el caso Ayotzinapa, por Vladimir Chorny

La Comisión de Investigación y Justicia para la Reconstrucción del Estado Mexicano (CIJREM) dio por terminado el día de hoy el proceso judicial del caso Ayotzinapa al resolver de manera definitiva los últimos dos juicios de responsabilidad penal por los hechos sucedidos el 26 de septiembre de 2016 en Iguala, Guerrero. Las representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presidenta de México, Donna de la Paz, dieron por concluidos los trabajos de la comisión especial en este caso y delegaron –previo acuerdo del Congreso mexicano– la continuación de la investigación y enjuiciamiento de otros posibles responsables por corrupción e impunidad a las autoridades administrativas y judiciales correspondientes.

El anuncio se dio en el palacio de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en presencia de la presidenta de este órgano, de un nutrido grupo de representantes de las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron de cerca el trabajo de más de cinco años de la comisión y de los normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre hace casi diez años. A las afueras del lugar decenas de miles de personas se reunieron para celebrar el pronunciamiento conjunto en un evento que llenó casi por completo el Zócalo de la Ciudad de México y donde la música y los abrazos estuvieron presentes durante las casi cuatro horas que duró la concentración.

El pronunciamiento de la CIJREM concluye el primero de cuatro casos generales para los que fue creada el 11 de mayo de 2019 y concreta un punto central del llamado “Proceso de Reconstrucción” impulsado desde la sociedad civil y retomado como prioridad de gobierno por la presidenta de la Paz (quien llegara al poder por la vía independiente en las elecciones de 2018) como objetivo principal de su plataforma de gobierno en materia de derechos humanos y justicia. Aunque ella misma ha reconocido abiertamente que la conclusión del caso judicial y de la investigación de la CIJREM no termina el proceso más amplio de memoria y de cambio que representa para muchas personas Ayotzinapa, sino que es solo un logro importante parte del mismo.

Con el apoyo de la CIDH y de un grupo interdisciplinario de expertas internacionales, el trabajo de la CIJREM es parte de una serie de acciones propuestas por la sociedad civil que resultaron en la creación y modificación de distintas instituciones en materia de combate contra la corrupción, de persecución de los principales responsables (privados y estatales) de casos de violaciones a derechos humanos sucedidos en las últimas décadas y también de un arduo trabajo de depuración dentro de las instituciones estatales administrativas, judiciales y de seguridad pública, así como de numerosos mandos altos y medios del ejército mexicano.

Las condenas del caso Ayotzinapa son un claro mensaje para los grupos políticos que desde un inicio se opusieron a la exigencia de justicia y de fin de la impunidad que predominaba a mediados de la década pasada, pero es también un mensaje de esperanza para los grupos de víctimas y personas que han sido afectadas en las últimas décadas por la complicidad o participación directa de las autoridades estatales en hechos terribles como los de Tanhuato, Apatzingán o Tlatlaya.

Al mismo tiempo, la condena de Enrique Peña Nieto responde una vieja demanda de justicia y completa el círculo de responsabilidad que ya había sido delineado por la sentencia internacional de la Corte Interamericana en el caso Atenco, emitida el 01 de enero de 2018, en que se condenó al Estado mexicano por la responsabilidad en crímenes de violencia sexual contra 11 mujeres, sucedidos en la represión de una manifestación, ordenada por el entonces gobernador del Estado de México en el poblado de San Salvador Atenco.

Por otro lado, la condena de Tomás Zerón de Lucio ha sido considerada por los normalistas de Ayotzinapa como la prueba irrefutable de que las intenciones del gobierno mexicano fueron, desde un inicio, las de encubrir una serie de actos ilegales que involucraban a parte importante de la clase política que gobernaba el país, a distintos mandos de agencias de seguridad e investigación y a un número importante de miembros del ejército que tuvieron conocimiento o participaron en la comisión de los hechos o su posterior encubrimiento. Al respecto, distintos comunicados de organizaciones de la sociedad civil reconocen en estos resultados la posibilidad real de construir un futuro verdaderamente democrático cimentado en las bases de la verdad y la justicia.

En entrevista para este medio, la presidenta de la CIDH consideró que: “Lo sucedido hoy en México es muestra de que las sociedades que apuestan por la verdad y se enfrentan a la corrupción y al abuso de gobiernos que tuvieron conductas autoritarias pueden tomar rumbos democráticos y hacer justicia. Esta victoria es resultado de las décadas de trabajo de personas defensoras de derechos humanos y de un país que no se contentó con seguir un aparente destino impuesto desde el poder que les obligaba a vivir bajo un relato donde la impunidad y el conformismo eran la regla. América Latina y el mundo deben voltear sus caras a este proceso para aprender de él.”

En un tono similar, aunque sin poder esconder la emoción en sus palabras, la presidenta de México dijo que: “Las mexicanas y los mexicanos debemos estar orgullosas del camino que decidimos recorrer en los últimos años. Esto no es una victoria definitiva y sabemos que la principal batalla para exorcizar los fantasmas de la corrupción y la injusticia que definieron al México institucional del pasado está en el campo cultural y que hay todavía muchos grupos de poder que se oponen a la transformación del país por la vía del respeto de los derechos humanos y del rechazo al autoritarismo y la complicidad típicos de la mayoría de la clase política. El México más justo, igualitario y con la posibilidad de que todas las personas tengan una vida digna está todavía lejos, pero estamos convencidas de que la única vía para llegar a ella es la de la verdad y la justicia. Ayotzinapa es un proceso social e histórico más amplio que rebasa el alcance de estos fallos para recordarnos siempre que es posible renacer de la opresión y el dolor para construir un mundo distinto.”

Es importante recordar que hace apenas unos años este escenario era difícil de imaginar y que ambos responsables se encontraban en posiciones de poder que hacían difícil que las demandas en su contra se consideraran posibles. Apenas a finales del año 2016 Tomás Zerón había sido protegido por el gobierno mexicano a cargo del expresidente Enrique Peña Nieto al ser nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Ya en ese momento la información en torno al caso Ayotzinapa señalaba la posible responsabilidad en la comisión de delitos por parte de Zerón debido a sus actuaciones y al posible encubrimiento en ellas de hechos relevantes sobre los acontecimientos sucedidos la noche del 26 de septiembre en Iguala. Fue probablemente a partir de esos años cuando la “verdad histórica” construida por el gobierno mexicano terminó de colapsarse, y cuando un mayor número de personas participaron activamente en las manifestaciones y exigencias concretas de responsabilidad y de cambios reales en el sistema político del país.

Finalmente, las madres de los normalistas anunciaron que el día 26 de septiembre se realizaría una “fiesta por la democracia” en Iguala, donde se presentarían documentales, testimonios directos de varios de los normalistas desaparecidos donde contarán su experiencia de reintegrarse al trabajo de la normal Isidro Burgos después de pasar años desaparecidos, y otras manifestaciones artísticas relacionadas con los 10 años de lucha del movimiento de Ayotzinapa. Con buen ánimo, revelaron para este medio que en la celebración se espera la participación de otros movimientos sociales como el de Atenco, “para celebrar que la resistencia y la lucha, aunque tarden, son puentes para encontrarse verdaderamente libres, y bailar”.

Ayotzinapa es un punto de quiebre en la historia del país. Es a la vez la pérdida de control de un sistema autoritario y la ruptura de su máscara democrática, pero, sobre todo, es también una oportunidad de cambiarlo todo. De pensar en las cosas que tenemos que hacer como sociedad y de ver todo lo que necesitamos cambiar para que un futuro distinto sea posible.

Debemos exigir justicia, en todas sus formas y frente a todas las instituciones y personas involucradas, por medio de recursos legales, de posicionamientos políticos, de presión social (marchas, performances, acciones directas, etc.). Tenemos que difundir la información que muestra que el gobierno ha intentado mentirle a todo un país y ha defendido a quienes intentaron encubrir su mentira; las personas que mantienen el país como está deben ser castigadas para que podamos abandonar de una vez y por todas el camino de la corrupción y la impunidad. Hoy en día, la información es poder y la necesitamos para hacer frente a la fuerza desmedida con la que el gobierno busca imponer su relato histórico.

Y tenemos que hacer todo esto porque si no lo más probable es que nada vaya a cambiar. Quedarnos calladas es aceptar que podemos soportar todo, incluso la idea de que solo queda esperar que “no nos toque a nosotros”. Existen muchos casos en el mundo donde la dignidad de una sociedad harta del abuso de sus gobernantes fue la base para que transformaran su país y cambiaran una historia que parecía destinada a repetirse por siempre (países como Argentina o Brasil frente a las dictaduras militares, o Guatemala en el caso de la CICIG). No estamos obligadas a seguir el relato impuesto por y desde el poder, pero para cambiarlo debemos organizarnos y actuar.

El caso Ayotzinapa no se cerrará nunca porque significa una posibilidad sin fin de transformarnos y repensarnos como sociedad y como personas. Lograr lo aquí propuesto hacia el futuro como sociedad es parte de un camino más amplio y lejano, de un proceso que traspasa lo institucional e impacta en lo social y lo más profundo de la identidad cultural mexicana en torno a la justicia y el poder. Ayotzinapa, en el dolor, la dignidad y la rabia, nos ha hecho más fuertes y unidas, y así, otro futuro es todavía posible.

¿Quién podría desear una guerra civil?, por Alejandro Cassini

El 18 de julio de 2016 se cumplieron 80 años del alzamiento militar de 1936 que desencadenó la guerra civil española. El aniversario tuvo escaso eco en los medios de comunicación de nuestro país, siempre preocupados por la inmediatez y el corto plazo. Sin embargo, merece una reflexión atenta por varias razones diferentes. Ante todo, dado el tiempo transcurrido, ya prácticamente no quedan con vida protagonistas de esta guerra, al menos los que fueron combatientes. Por otra parte, pese a ese tiempo, las secuelas de esa guerra todavía se sienten con fuerza en España, incluso entre las generaciones más jóvenes, la de aquellos no vivieron la dictadura de Franco. Para comprobarlo, basta con recorrer las librerías y dar una mirada a la amplia bibliografía que se publica sobre el tema. A veces una lectura del prólogo resulta suficiente para determinar en qué bando se ubica el autor. Se tiene por momentos la sensación de que la historia es todavía un campo de batalla donde se sigue librando esa guerra, traspuesta ahora al campo de las ideas. Aunque el tiempo de la historiografía militante va quedando en el pasado, todavía no ha sido superado cuando se trata de acontecimientos tan traumáticos como una guerra civil. No resulta sorprendente, entonces, que todavía, luego de ocho décadas, no se haya alcanzado consenso acerca de cuestiones fundamentales, entre las cuales el número de víctimas producido por cada bando es una de las más disputadas.

La guerra civil española fue un acontecimiento extraordinariamente complejo, un proceso con múltiples protagonistas, cuyos detalles son muy difíciles de conocer en su totalidad. Además, es todavía un asunto que enciende pasiones y reaviva ideologías pasadas, por lo que no resulta nada fácil presentarlo de una manera objetiva, fundando cada afirmación en fuentes documentales, en análisis desapasionados y en reflexiones mesuradas. Aquí no es posible reseñar, ni siquiera de manera muy somera, los hechos principales. Solamente quiero llamar la atención sobre un punto que, hasta donde llega mi conocimiento, ha pasado inadvertido, o se le ha dado poca relevancia. Me refiero a la valoración positiva de la guerra civil por razones ideológicas, que, como trataré de mostrar, las tendencias de extrema derecha y de extrema izquierda del arco político, no solo español, por cierto, coincidían en reivindicar. La raíz de esa idea estaba en la concepción, ampliamente extendida en esa época, de que la violencia es un medio legítimo para la acción política, incluso en tiempos de paz externa. La creencia de que es lícito imponer por la fuerza las ideas políticas de un grupo o sector a toda la sociedad, y de manera permanente, se basa a su vez en el supuesto de la posesión de una verdad absoluta y definitiva, en suma, en un dogma. Sobre este punto, fascismo y comunismo tienen, como se verá, más semejanzas que diferencias. La difusión de estas ideologías autoritarias explica, en buena medida, el ambiente de intolerancia que hizo posible la guerra civil.

La sublevación de los militares españoles se planeó por varios meses durante la primera mitad de 1936. Franco no estuvo entre los principales promotores del alzamiento y al comienzo se mostró vacilante en su adhesión al golpe que se preparaba. Finalmente, el golpe se produjo durante tres días de julio, el 17, 18 y 19. Los sucesos de esos días fueron notablemente complicados y han sido relatados con todo detalle por Luis Romero en su libro de 1967, titulado, precisamente, Tres días de julio. La intención originaria de los militares sublevados no era provocar una guerra civil ni establecer una dictadura de tipo fascista, ni mucho menos, de carácter nazi. Más bien, se trataba de implantar una dictadura militar más o menos tradicional y semejante a otras de su tiempo; un dictadura derechista, clerical, autoritaria y conservadora, que, según la visión de los militares, pusiera freno a las tendencias anárquicas y revolucionarias que consideraban propias del gobierno republicano. El anticomunismo era, sin duda, uno de los elementos comunes a toda la coalición de los nacionales, pero ese eje ideológico no era suficiente para producir una propuesta positiva de gobierno una vez derrocado el gobierno constitucional. Entre los nacionales había tendencias heterogéneas, que incluían entre otras, el militarismo, el tradicionalismo, el catolicismo integrista, el monarquismo (tanto carlista como alfonsinista), el nacionalismo y, no cabe duda, el fascismo, representado por la Falange y otros partidos menores de reciente fundación. En poco tiempo Franco se mostró lo suficientemente hábil como para, si no unificar, al menos subordinar, a todos estos elementos tan diversos. Retrospectivamente, el antiliberalismo también los unificaba, pero esa ideología no los identificaba, ya que buena parte, si no la mayoría, de los republicanos también abjuraban del liberalismo y de la democracia parlamentaria o burguesa.

El gobierno republicano de 1936 fue uno de los pocos productos exitosos de la estrategia de los frentes populares, que también triunfaría en Francia ese mismo año. Los frentes populares habían sido promovidos por la Unión Soviética, la Internacional Comunista y los partidos comunistas de occidente como una manera de detener el avance del fascismo en Europa. La estrategia consistía en posponer momentáneamente la búsqueda de una revolución violenta y adoptar la vía democrática. Como los partidos comunistas no contaban con suficientes votantes como para acceder al poder por medios electorales, buscaron alianzas con los partidos socialistas democráticos y con otros partidos de tendencias centristas o, más en general, no fascistas. Las elecciones españolas de febrero de 1936 enfrentaron a dos coaliciones, ambas heterogéneas, de partidos de derecha y de izquierda. Fueron elecciones muy reñidas, enturbiadas por hechos de violencia y por acusaciones mutuas de fraude. Finalmente, se impuso el Frente Popular después de complicadas negociaciones parlamentarias. España había quedado fracturada en dos bandos antagónicos y ya en ese momento comenzaron a escucharse voces que anunciaban una guerra civil en uno y otro campo ideológico.

Los militares que se sublevaron el 17 de julio no habían pensado en desencadenar una guerra civil. Al contrario, pensaban que el golpe triunfaría en toda España de manera más o menos rápida, es decir en cuestión de días. La realidad fue muy diferente. Cuando todo el ejército de un país se subleva, la población civil desarmada tiene pocas posibilidades de ofrecer resistencia. El estallido de una guerra civil requiere que las fuerzas armadas se dividan. Eso fue precisamente lo que ocurrió desde el 19 de julio. El golpe fracasó en Barcelona, donde la Guardia Civil permaneció leal al gobierno republicano, y luego en Madrid, donde también hubo resistencia de los sindicatos y la clase obrera. El fracaso en las dos principales ciudades del país arrastró a muchas otras en sus respectivas áreas de influencia y España quedó dividida en dos zonas, cuyas fronteras irían cambiando a la luz de los acontecimientos bélicos. En ese momento, la guerra civil se tornó inevitable. Los generales rebeldes eligieron a Franco como comandante supremo de las tropas nacionales ya en el mes de setiembre, mientras que el gobierno republicano tenía serias dificultades para formar un ejército unificado y disciplinado bajo un mando único.

España no era un país industrializado ni poseía una producción significativa de armas. No habría sido posible sostener tres años de guerra generalizada sin el abastecimiento exterior. De hecho, la guerra se internacionalizó rápidamente y, según la expresión acertada del historiador español Julián Casanova, en su reciente libro España partida en dos, publicado 2013, se convirtió en una guerra internacional en suelo español. Los nacionales contaron con el ejército africanista, tropas de moros de Marruecos y con la ayuda militar, tanto de tropas como de armas, de la Italia fascista y la Alemania nazi. Los republicanos fueron abastecidos principalmente por la Unión Soviética (que, además de armas, también envió espías y agentes del NKVD) y recibieron la ayuda de las Brigadas Internacionales, reclutadas por los partidos comunistas de occidente, pero no compuestas necesariamente por comunistas. Todo ello explica, en buena medida, la duración y la envergadura de la guerra civil.

Las pérdidas humanas de la guerra todavía hoy no han podido establecerse con certeza. En verdad, los números exactos de víctimas no se conocen casi nunca en ninguna guerra. Alrededor de las estadísticas de muertos y fusilados hubo una incesante batalla ideológica, que todavía no ha terminado, donde cada bando exageró el número de sus bajas para desacreditar a su enemigo. Llegó a hablarse de un millón de muertos, cifra que nunca pudo ser comprobada ni cuenta con apoyo documental. En 1980 el historiador militar Ramón Salas Larrazábal, que combatió en el bando nacional, hizo la primera investigación a fondo de la cuestión y redujo el número a poco más de 300 000 en su libro Los datos exactos de la guerra civil. Esta cifra se ha mantenido como total aproximado, pero la distribución de las víctimas por bando ha sido muy cuestionada. Una característica inédita de la guerra civil española, unánimemente reconocida, es que el número de fusilados en retaguardia supera al número de muertos en combate. Se estima que los muertos en el campo de batalla fueron alrededor de 100 000 en total, a los que deben sumarse los muertos por los bombardeos aéreos, posiblemente 20 000. Sobre este punto hay bases firmes de consenso entre los historiadores. En cambio, el número de las víctimas de la represión todavía no ha podido establecerse con precisión. Se sabe, fuera de toda duda, que tanto republicanos como nacionales fusilaron prisioneros de guerra y civiles desarmados. En qué proporción lo hizo cada bando es todavía objeto de debate y los diferentes estudios de esta cuestión, sobre todo los realizados por historiadores españoles, presentan cifras discordantes.

Dos ejemplos bastan para mostrar la situación. Cuando en agosto de 1936 el teniente coronel franquista Juan Yagüe entró en la ciudad de Badajoz realizó un fusilamiento masivo de milicianos republicanos. Todos reconocen este hecho, pero los historiadores pro republicanos afirman que hubo al menos 4000 víctimas, mientras que los historiadores pro nacionales solo admiten 500 o 600, y a veces menos. Meses después, en noviembre y diciembre del mismo año, se produjeron las célebres matanzas de Paracuellos, donde los republicanos fusilaron clandestinamente a numerosos presos, la mayoría de ellos militares, sacados de las cárceles de Madrid. El hecho ya no se discute, pero los historiadores pro nacionales afirman que los muertos fueron más de 5000, mientras que los pro republicanos reconocen apenas 2000 o, a lo sumo, 2500. La responsabilidad de Santiago Carrillo, entonces, miembro de la Junta de Defensa de Madrid también ha sido objeto de disenso, aunque ya parece bastante bien establecida por las fuentes conservadas en la Unión Soviética. Diversas fuentes también revelan que la matanza fue instigada por agentes del NKVD.

Otra característica atípica de la guerra civil española es que las represalias de posguerra prosiguieron durante muchos años. El régimen de Franco instauró numerosos campos de concentración y de trabajos forzados, así como cárceles especiales para los prisioneros republicanos. El estado de guerra se mantuvo hasta 1948, y la pena de muerte se aplicó de manera continuada y sistemática hasta una fecha tan tardía como 1950. El historiador británico Paul Preston en su obra The Spanish Holocaust, publicada en 2011, llegó a comparar estos hechos con el exterminio de los judíos en la Alemania nazi. La comparación es sin duda exagerada y el término holocausto, tomado en sentido estricto, resulta inapropiado. La represión franquista no tuvo ni remotamente la dimensión de la Shoah (ni siquiera del gran terror estalinista de 1937) y no puede calificarse como un genocidio. No obstante, se trató de una forma de revanchismo inédita en una guerra civil. Nuevamente, hay discrepancias sobre el número de condenados, agravadas por el hecho de que Franco ordenó destruir archivos en la década de 1960. Las estimaciones más bajas por parte de historiadores españoles de tendencias pro nacionales reconocen un mínimo de 28 000 fusilados, lo cual ya da una idea del orden de magnitud de la matanza.

En los últimos años, diversos historiadores españoles de las nuevas generaciones han producido estudios detallados sobre la represión durante y después de la guerra, tanto por parte de los republicanos, como de los nacionales y el régimen de Franco. También se han hecho estudios comparativos, todavía parciales, como los que se presentan en la obra colectiva dirigida por Francisco Espinosa Maestre, Violencia azul, violencia roja, de 2010, que representa un avance considerable en el tema. Estos autores dan como cifras de la representación franquista 130 000 víctimas, y casi 50 000 para la represión republicana. Pese a todo, todavía se está muy lejos de un consenso sobre estos números y el conocimiento de las fuentes, algunas de ellas irrecuperables, dista de ser completo.

Cualesquiera sean las cifras reales, es evidente que la guerra civil española fue una catástrofe, tanto en pérdidas humanas como materiales, y que sus efectos devastadores persistieron durante décadas. Cabe preguntarse, entonces, quién podría haber deseado que ocurriera una guerra como esa. Es una pregunta que no tiene una respuesta simple. La guerra civil de España es un fenómeno complejo que no puede reducirse a la lucha entre fascismo y democracia, fascismo y comunismo, fascismo y antifascismo, revolución y reacción, revolución y contrarrevolución, o entre otras dicotomías maniqueas que encarnan (de manera diferente, según quien juzga) el bien y el mal. Retrospectivamente, nadie parecía querer una guerra civil de esta magnitud. Sin embargo, hay elementos en las ideologías de los dos bandos combatientes que tendían a una valoración positiva de la guerra civil y que, por tanto, no solo la justificaban, sino que incluso la promovían.

En el campo nacional había miembros genuinamente fascistas, como la Falange, Las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista y otros grupos menores. Es bien conocido el hecho de que el fascismo considera a la violencia como un medio legítimo de la acción política y, en algunas ocasiones, como un medio absolutamente necesario. También glorifica a la guerra, pero no primariamente a la guerra civil, sino a la guerra de conquista que extiende el territorio nacional y establece colonias o anexa países vecinos. Mussolini intentó poner esta idea en práctica en sus incursiones africanas, con resultados más bien decepcionantes. En verdad, casi todos los estados europeos en el siglo XIX habían apoyado este tipo de guerra expansionista, que apenas disimulaba sus intereses de explotación económica.

El fascismo, sin embargo, admite la necesidad de la guerra civil en una circunstancia bien determinada: en caso de que el comunismo acceda al poder. Para la ideología fascista, el comunismo solo puede ser derrotado por la violencia. El caso extremo de este punto de vista es el del nazismo, para quien la lucha contra el bolchevismo debía ser, en términos del propio Hitler “una guerra de exterminio”, cualitativamente diferente de las guerras convencionales entre estados. El gobierno que en febrero de 1936 accedió al poder en España por la vía electoral no era, ciertamente, un gobierno comunista. A lo sumo, se trataba de una alianza de partidos de izquierda y de centro-izquierda. Sin embargo, el fascismo rechazaba completamente la estrategia de los frentes populares, a los que consideraba un mero instrumento al servicio del comunismo. La presencia del partido comunista español en la coalición republicana resultaba, entonces, intolerable para todos los grupos del fascismo español, que se vieron rápidamente impulsados a la acción. En el discurso de los líderes intelectuales fascistas, como Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, se empezó a agitar la idea de guerra civil desde el momento mismo en que triunfó el Frente Popular. Simultáneamente, comenzaban las conspiraciones militares, dado que para amplios sectores de las fuerzas armadas (y también de la iglesia) el gobierno republicano implicaba inevitablemente el desorden, la anarquía y la desintegración de España como país.

El comunismo, por su parte, desde los tiempos del Manifiesto Comunista, siempre había reivindicado la violencia como un medio legítimo para la acción política. Marx y Engels fueron categóricamente claros al afirmar que el desplazamiento del capitalismo no podía ser un proceso gradual, sino que solo habría de producirse mediante una revolución violenta. Marx agregó a esta idea, la de dictadura posterior a la toma del poder, que no estaba en el Manifiesto, pero que él concibió tempranamente como resultado de sus reflexiones sobre el fracaso de la revolución de 1848 en Alemania. En sus escritos más tardíos, esta idea devino en la de dictadura del proletariado, sobre la cual ofreció pocos indicios, más allá de su análisis del fracaso de la Comuna de París en 1870.

La funesta idea de una dictadura del proletariado la desarrolló Lenin en toda su crudeza. Es una teoría bien conocida que no necesita volver a exponerse aquí. Quiero llamar la atención, en cambio, sobre el papel que Lenin atribuyó a la guerra civil en el proceso revolucionario. En un escrito publicado el 28 de abril de 1918, titulado “Las tareas inmediatas del poder soviético”, fue completamente explícito al respecto:“[…] en toda transición del capitalismo al socialismo, la dictadura es imprescindible por dos razones esenciales […]. En primer lugar, el capitalismo no puede ser derrotado y desarraigado sin la implacable supresión de la resistencia de los explotadores […]. En segundo lugar, toda gran revolución, y una revolución socialista en particular, es inconcebible sin guerra interior, es decir, sin guerra civil, incluso si no existe una guerra exterior […].”

De acuerdo con Lenin, la guerra entre estados, aunque pueda ser justa (como en el caso de las guerras de liberación colonial) nunca tiene un carácter revolucionario porque preserva la estructura de clases de cada sociedad. La guerra civil, en cambio, adquiere un carácter revolucionario cuando enfrenta al proletariado contra sus enemigos de clase: la burguesía y sus aliados. Así, aunque no toda guerra civil es revolucionaria, la revolución socialista y la instauración del comunismo requieren la existencia de una guerra civil, la cual se vuelve una etapa necesaria del proceso revolucionario. Así ocurrió en Rusia, que al cabo de la más sangrienta guerra civil de la historia, había perdido casi diez millones de habitantes. Toda guerra civil eventualmente finaliza, pero la dictadura que, según Lenin, debe seguirle, como ha mostrado la experiencia soviética, solo puede mantenerse mediante el terror y la represión generalizada.

En la época de los frentes populares, las directivas de Stalin y de la Internacional Comunista a los partidos de izquierda indicaban posponer todo intento de revolución en los países democráticos hasta tanto se contuviera la expansión del fascismo en Europa. Muchos republicanos españoles hicieron caso omiso de estas directivas. Anarquistas, comunistas y socialistas revolucionarios creyeron que el intento de golpe militar y el comienzo de la guerra civil constituían la oportunidad propicia para desencadenar una revolución. Muchos de ellos se entregaron sinceramente a la violencia suponiendo que era necesaria para crear un nuevo sistema, que tenía poco en común con la democracia republicana instalada en 1931. Al hacerlo, de manera consciente o inconsciente, eran fieles a las ideas leninistas sobre la revolución. El gobierno republicano, o al menos una parte de él, intentó contener esos impulsos violentos, pero fue impotente.

El historiador italiano Gabriele Ranzato, en su exposición de conjunto de la guerra civil, El eclipse de la democracia, publicada en 2006, señaló con mucha razón que la época de la guerra civil española representa un eclipse de la democracia, primero parcial y luego total. La incipiente democracia republicana de 1931 comenzó a eclipsarse con el triunfo del Frente Popular, donde había claras tendencias antidemocráticas, y este eclipse se hizo casi total una vez comenzada la guerra. Con la dictadura de Franco el eclipse fue completo, ya antes de finalizada la contienda, en las zonas nacionales, y luego en toda España. Hasta la muerte del dictador en 1975 España no volvería a recuperar el sistema democrático.

Manuel Azaña, el presidente de la República, advirtió tempranamente que, una vez lanzada la revolución en el ámbito republicano, la democracia se había terminado. El 16 de setiembre de 1937, apenas promediando la guerra, escribió en su diario esta amarga reflexión: “En España, la democracia que había se acabó al empezar la guerra. Porque el sistema imperante desde entonces no es la democracia. Es una revolución, que no ha llegado a cuajar y solo ha producido desorden, y una invasión sindical que ha fracasado, después de agarrotar y paralizar al Estado y al Gobierno. Demos por fracasada la democracia […].”

El pensamiento antidemocrático estaba fuertemente arraigado en amplios sectores de los bandos nacional y republicano. Desde arcos opuestos del espectro ideológico de la época, los sectores enfrentados coincidían en su desprecio por la democracia liberal. Ninguno de los dos podía admitir la alternancia de gobiernos de izquierda y de derecha en un mismo estado, como ocurre en cualquier democracia madura de la actualidad. Tampoco valoraban el pluralismo ideológico y político, basado en la coexistencia pacífica de múltiples partidos y agentes sociales. En los sectores extremos del arco, el fascismo y el comunismo, se admitía la violencia como medio legítimo para la acción política, incluso cuando condujera a la guerra civil. En algunos casos, se la promovía de manera explícita y consciente.

Estas actitudes, por cierto, deben comprenderse en el contexto histórico de la década de 1930, donde predominaban en Europa los regímenes totalitarios. Todo el período de entreguerras representa uno de los puntos más bajos del pensamiento liberal y el punto más alto de las ideologías antiliberales, intolerantes y violentas. Ernst Nolte, en una obra ya clásica publicada en 1987, La guerra civil europea, consideró que entre 1914 y 1945 Europa vivió un estado de guerra civil generalizada, cuyos protagonistas principales fueron el comunismo y el fascismo, este último surgido como reacción al primero. La idea de una guerra civil europea, de la cual la guerra española sería un episodio, fue adoptada más recientemente por otros historiadores, como Enzo Traverso, Stanley Payne y, en España, Julián Casanova. Es una hipótesis interesante, pero excesivamente eurocéntrica. El ataque a Pearl Harbor y la bomba de Hiroshima difícilmente pueden considerarse episodios de una guerra europea. No obstante, es indudablemente cierto que, al menos desde la revolución rusa y la marcha sobre Roma, la violencia se instaló en la mentalidad de muchos europeos como un instrumento de la acción política que se consideraba plenamente justificado.

Las ideologías que reivindican la violencia como instrumento de la política se han derrumbado a lo largo del siglo XX, al menos en tanto sistemas de poder. El nazismo y el fascismo con la derrota militar de 1945; el comunismo luego de la disolución de la Unión Soviética en 1991. El descrédito de los sistemas totalitarios está sumamente extendido en la actualidad, pero todavía no suscita unanimidad, especialmente entre algunos intelectuales que no han logrado desprenderse del pasado. Todas las ideologías políticas se mantienen básicamente como un dogma de fe (racionalizado a posteriori) y, al igual que las religiones, no pueden ser refutadas por ninguna argumentación ni por ninguna evidencia fáctica. Sólo pueden desacreditarse hasta volverse política y socialmente irrelevantes, pero, en sentido estricto, nunca mueren del todo. El contexto del mundo actual no podría ser más diferente de aquel en que se produjo la guerra civil española. No obstante, algunas de las ideas que originaron el clima de violencia e intolerancia que condujo a la guerra no han desaparecido del todo. Una reflexión sobre la guerra civil española todavía nos puede ayudar a comprender dónde se encuentran algunas de las múltiples raíces del mal en los seres humanos.