A la desesperada, por Javier Pérez Royo

La abdicación del Rey se ha producido en un momento de profunda crisis del sistema político que se construye tras la muerte del general Franco. Es el resultado de la degradación acumulada a lo largo de casi cuatro décadas. Lo que se ha formalizado hoy no ha sido en realidad una abdicación, es decir, un acto voluntario, sino una renuncia forzada. La continuidad de D. Juan Carlos en la Jefatura del Estado apuntaba de manera inequívoca a un fin de régimen, a la expulsión por tercera vez en nuestra historia constitucional de la dinastía borbónica y a la apertura de un proceso constituyente republicano.

Esto es lo que se pretende evitar con la sustitución de D. Juan Carlos por D. Felipe. Es una operación desesperada para evitar el colapso de la Monarquía. Abandonada cualquier esperanza de recuperación con el actual Jefe del Estado, se ha recurrido a su sucesor como al único clavo ardiendo al que se podía recurrir.

A diferencia de lo que ocurrió con el acceso a la Jefatura del Estado del Rey Juan Carlos, a mediados de los setenta, que fue resultado de una estrategia largamente meditada y planificada hasta en los más mínimos detalles, la abdicación de D. Juan Carlos ha sido una operación precipitada, que se ha puesto en marcha porque no había más remedio que hacerlo. El hecho de que se haya hecho pública inmediatamente después de las elecciones europeas del 25 de mayo no hace más que confirmar esta impresión.

¿Puede una operación iniciada de esta manera ser el origen de una renovación de la legitimidad democrática del sistema nacido en la transición, que le permita proyectarse en los próximos decenios? Porque de esto es de lo que se trata. El sistema político español ha dejado de ser legítimo. La sociedad española no se reconoce en él. Se avergüenza de él y, como consecuencia de ello, se avergüenza de sí misma. Esto es lo primera que tenemos que resolver. No se puede vivir establemente con el nivel de autoestima por los suelos.

No creo que el Rey Juan Carlos sea el principal responsable de este enorme deterioro del sistema político. Creo que, en este sentido, su posición personal es muy distinta de la de su abuelo, Alfonso XIII, en la crisis del sistema político de los años veinte. D. Juan Carlos no es responsable de la crisis del sistema de la Transición como Alfonso XIII lo fue del sistema de la Restauración. Pero pienso que las consecuencias para la Monarquía van a ser las mismas.

A estas alturas del guión, intentar relegitimar democráticamente el sistema político español a partir de una magistratura hereditaria me parece una tarea imposible. Un sistema político democrático puede convivir con una Jefatura del Estado no democrática, pero no puede regenerarse a partir de ella. D. Felipe no se encuentra en la posición en que se encontró su padre tras la muerte del general Franco. Entonces un monarca podía contribuir a transitar de la Dictadura a la Democracia. En este momento su condición de monarca hereditario le inhabilita para canalizar un proceso de regeneración.

Carmen Argibay, in memoriam, por Martín Böhmer

Cuando murió mi padre, recibí una esquela manuscrita de Carmen Argibay en la que me contaba del afecto que le había tenido. Yo sabía de ese afecto, que había sido mutuo, pero me conmovió que una jueza de la Corte se tomara el tiempo y tuviera la deferencia de hacerme llegar su recuerdo.

Fue, como muchos, una «judicial», una abogada que se sentía a sus anchas administrando justicia. Sólo ejerció la profesión durante la dictadura militar luego de ser expulsada de su cargo, detenida por varios meses y eventualmente liberada. Fue docente, comenzó como ayudante alumna en la cátedra de Filosofía de la UBA que dirigía Ambrosio Gioja, para luego dedicarse al derecho penal. En democracia volvió a la docencia por unos diez años y renunció, como pocos, para dedicar todo su tiempo a los cargos que ocupó desde el año 2000. Fundó la Asociación de Mujeres Juezas y ejerció como magistrada de tribunales internacionales que investigaron violaciones masivas de los derechos humanos en Japón (en un memorable juicio ficticio con consecuencias nada ficticias) y en Yugoslavia.

Su momento de exposición pública llegó cuando el presidente Kirchner la propuso como jueza de la Corte. El proceso público de nominación permitió saber que Argibay, fallecida el sábado, era una atea militante que estaba en favor de la despenalización del aborto y que creía en la necesidad de trabajar por la igualdad de las mujeres. Pocos repararon en que era una «judicial», que una cosa eran su historia y sus convicciones personales y otra su forma de entender el rol que le cabe a una jueza en el armado de una democracia constitucional. Por eso muchos se llevaron sorpresas.

Era su convicción que la Justicia, como todo ejercicio de autoridad, gana en legitimidad cuando se restringe. El desafuero tiene patas cortas: produce rechazo y desobediencia, y los jueces sólo pueden construir su autoridad persuadiendo a otros. Argibay insistía, como en el fallo Arriola, en que la Corte debía construir reglas precisas en sus fallos. Reglas que los ciudadanos puedan seguir, pero, crucialmente, reglas con las que otros jueces puedan operar fácilmente. Ella había sido una de ellos y conocía la incomodidad de dictar sentencia sin el apoyo de una práctica jurídica consistente.

Advertía también que esas reglas debían hablarle al caso concreto, para que nadie saque conclusiones desaforadas, porque su convicción también le vedaba convertir a la Corte en una instancia creadora de reglas generales. Supongo que pensaba que esa era la función de los legisladores, lo que no le impidió acompañar a sus colegas en extender el alcance de una sentencia a grupos que se encontraban en situaciones similares a la del caso, como lo hizo en Halabi.

Argibay, creo, tuvo su hora alta, como diría Borges, en el fallo Mazzeo, en el año 2007 (ver A. Allori, Tesis, UdeSA). En esa causa se decidía si la Corte permitiría continuar con los juicios a partir de la derogación de los indultos del presidente Menem, si esa derogación conmovía la garantía de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, si la entidad de estos juicios, de estos crímenes, justificaba una excepción a la garantía de la cosa juzgada. Las miradas se fijaban en la Corte y en particular en la jueza que había sufrido en carne propia la persecución de la dictadura. Ya había aceptado que la garantía de la prescripción cedía ante la obligación de perseguir delitos de lesa humanidad. ¿Cómo decidiría frente a la garantía de la cosa juzgada ella, una funcionaria judicial de toda la vida? Si admitía la continuación de los juicios, ¿no se vería su decisión como una venganza? Y si votaba en contra, ¿con qué argumentos sostendría sus convicciones democráticas y la consistencia con su historia personal?

La mayoría de la Corte siguió una línea de precedentes conocida: algunas garantías del debido proceso ceden ante la excepcionalidad de los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. La importancia de esta definición debe ser subrayada. La Corte acepta la excepcionalidad fundante de los juicios contra los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Es a partir de ella que la Argentina ha construido su regreso a la democracia. La sacralidad de los derechos humanos se funda justamente en ese quiebre que marca un antes y un después en la historia argentina. Es la excepción sobre la que se intenta crear el orden del Nunca más. Toda democracia acepta excepciones fundantes: Alemania restringe la libertad de expresión frente a las apologías del nazismo; Estados Unidos califica la igualdad frente al legado de la esclavitud.

Argibay (como Fayt) califica esa decisión disintiendo. Mazzeo es una sentencia mayoritaria, no unánime. La jueza se detuvo ante la cosa juzgada, «por mucho que personalmente me disgusten las consecuencias», dijo.

Todo tribunal colegiado busca la unanimidad. Se dice que las sentencias no unánimes envían un mensaje confuso. Pero los fallos no unánimes también nos dicen que los temas que tratan son difíciles, nos invitan a volver a los tribunales, a discutir más, a producir más recursos culturales que permitan mayor claridad. Mazzeo, gracias a las disidencias, en particular la de una jueza que pone en juego su pasado personal, nos vuelve a advertir sobre la excepcionalidad que debe guiar el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Que el relajamiento de las garantías constitucionales ante delitos aberrantes debe ser sólo permitido con cuidado, evitando toda extensión que banalice la excepción fundante de nuestra convivencia.

La mayoría de la Corte descansó en la disidencia de Argibay. La jueza brindó a sus colegas la ofrenda del límite, la calificación de la regla que surge de las decisiones más difíciles que haya escrito un tribunal argentino: juicios, sí, pero excepcionales. La Corte de esta manera permite la persecución penal relativizando las garantías del debido proceso con el objeto de que en la Argentina haya debido proceso; es decir para que nunca más sea necesario el Nunca más.

Como hizo conmigo en un momento importante de mi vida, Argibay se tomó el tiempo y nos hizo la deferencia de escribir para todos y para que la voz de la Corte se escuche con claridad. La deliberación pública continúa y a pesar de que ya no recibiremos más sus escritos, debemos seguir conversando como si tuviéramos a nuestra disposición el tiempo que ella supo dar y como si supiéramos tratarnos con la deferencia de la que ella era capaz.

(Publicado originalmente en La Nación el 15 de mayo de 2014 y reproducido con permiso del autor).

 

Semblanza de Claudio Amor, por Juliana Udi

Claudio Oscar Amor (1960-2014) dio sus primeros pasos en la filosofía política de la mano de Carlos Santiago Nino, con quien tuvo el corto vínculo que permitió la muerte, también prematura, de Nino, pero que aún así marcaría de modo indeleble su derrotero intelectual. Claudio se doctoró en la Universidad de Buenos Aires con una original tesis sobre el principio de la diferencia de John Rawls aplicado a la justicia intergeneracional. Desde entonces ha sido uno de los especialistas más destacados de Argentina en teorías de la justicia.

En sintonía con el legado de Nino, Claudio fue un defensor incansable del valor práctico de la filosofía. Con frecuencia introducía sus cursos advirtiendo a los estudiantes que él no se contaría entre las filas de los que, como Tales de Mileto, descuidan las cuestiones mundanas por concentrarse en otras demasiado abstractas. Coherente con esta idea, en sus seminarios sobre justicia distributiva procuraba aplicar las herramientas provistas por la filosofía a la reflexión sobre políticas públicas –en especial, sobre políticas educativas– o al análisis de casos reales de la vida pública local e internacional.

A pesar de su corta vida y su característico bajo perfil, hizo importantes contribuciones a la filosofía política y a la educación universitaria. Su carrera como docente e investigador se desarrolló centralmente en la Universidad Nacional de Quilmes, donde fue Profesor ordinario del Departamento de Ciencias Sociales. Durante muchos años fue también docente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires en el área de Filosofía Política. Asimismo, se desempeñó como Profesor visitante en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, tanto en el grado como en el Doctorado. Era, sin dudas, un profesor extraordinario, con su estilo socrático de enseñar, su ánimo provocador, y su admirable agudeza para la crítica. Como todos aquellos que aman el pensamiento, no tenía resistencias en abandonar una posición cuando los argumentos así lo exigían y tenía el infrecuente talento de sacar lo mejor aún de las posiciones que consideraba equivocadas. La transmisión de ese principio democrático intrínseco a la discusión de ideas es parte del legado que deja a quienes lo conocimos en el marco del aula.

Probablemente a causa de su perfeccionismo, no fue un escritor especialmente prolífico. Pero esa misma cualidad perfeccionista, esa mente escrupulosa y detallista, lo destacó como un avezado editor, revisor y traductor en el sello editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. En la Colección Política, bajo su dirección, se publicaron volúmenes con ediciones muy cuidadas (traducidas, anotadas y prologadas por especialistas locales) de filósofos políticos clásicos y contemporáneos como Locke, Mill, Kant, Jacobi, Herder, Mendelssohn, Rousseau, Aristóteles, Skinner y Bobbio. También fue miembro del comité editorial de la revista Deus mortalis y de la Revista Latinoamericana de Filosofía Política.

Además de poseer cualidades intelectuales excepcionales, Claudio era una persona generosa y cálida. Se fue un maestro y un amigo entrañable, pero dejando una huella imborrable en estudiantes, colegas y discípulos. Quedan la admiración, la gratitud y el profundo cariño de todos quienes tuvimos la fortuna de aprender de él y con él.

 

Venezuela: Golpean y disparan contra manifestantes que no estaban armados, Human Rights Watch

Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad, incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.

El informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”, documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas. Integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas.

“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”,manifestó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.

Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en Venezuela en marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas y a los estados de Carabobo, Lara y Miranda, y realizó decenas de entrevistas a víctimas de abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch también reunió numerosas evidencias, incluidas fotografías, grabaciones de video, informes médicos y resoluciones judiciales, y examinó informes gubernamentales y declaraciones oficiales con respecto a actividades de protesta y la respuesta ofrecida por las fuerzas de seguridad.

El gobierno venezolano ha caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como violentas. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, la investigación de Human Rights Watch muestra que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas. Algunos de los abusos más graves documentados en el informe fueron cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.

La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los abusos —acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables— sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas, señaló Human Rights Watch.

En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. Los incidentes involucraron tanto a periodistas profesionales como a personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.

“Es fundamental que los líderes de la oposición continúen repudiando cualquier tipo de actos de violencia por parte de manifestantes, de la manera más firme y categórica posible”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, debemos dejar en claro que nada justifica las tácticas brutales aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

En la mayoría de los casos documentados por Human Rights Watch, las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos militares. Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras.

A numerosos detenidos con lesiones graves —como heridas de perdigones y fracturas provocadas por golpizas— se les negó el acceso a atención médica, o bien esto fue demorado, lo cual exacerbó su sufrimiento, a pesar de sus reiterados reclamos solicitando tratamiento médico. En varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a detenidos a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual.

En al menos 10 casos documentados, Human Rights Watch considera que la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyó tortura.

El hecho de que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en los tres estados y la capital (incluso en entornos controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales), y durante el período de seis semanas analizado por Human Rights Watch, avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad, señaló Human Rights Watch.

Prácticamente todas las 150 víctimas cuyos casos documentamos en este informe sufrieron la negación de garantías básicas de debido proceso. Muchas permanecieron incomunicadas y se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación plausible. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos mientras permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos signos evidentes de abuso físico.

La magnitud de estas y otras violaciones de debido proceso que ocurrieron en varias jurisdicciones en distintos estados demuestra que el poder judicial ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos de poder del gobierno, manifestó Human Rights Watch.

Venezuela debería garantizar que cesen de inmediato todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad en el contexto de protestas, y asegurar que se investiguen de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos los abusos ocurridos y se juzgue a los responsables, indicó Human Rights Watch. También se deben investigar y juzgar de manera exhaustiva e imparcial todos los actos de violencia perpetrados por otros actores en el contexto de protestas, con independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o las víctimas.

Según el gobierno, al 25 de abril, el Ministerio Público estaba impulsando 145 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, y se había detenido a 17 agentes de seguridad por su supuesta participación en estos casos.

“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, observó Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial”.

El gobierno venezolano debería aceptar los pedidos de visita pendientes presentados por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, y coordinar estas visitas en el plazo más breve posible. El gobierno debería además cursar una invitación permanente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.

La Asamblea Nacional debería asimismo restablecer la credibilidad e independencia del poder judicial seleccionando nuevos magistrados permanentes para cubrir 11 vacantes en el Tribunal Supremo (del total de 32) mediante el voto de dos tercios de sus miembros, conforme se estipula en la Constitución, y a través de un proceso de selección abierto, transparente y que asegure el mayor grado posible de consenso político.

Los gobiernos latinoamericanos que pertenezcan a organismos regionales en los cuales sea parte Venezuela —como la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA— deberían reivindicar su compromiso colectivo de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas, interpelando al gobierno venezolano e insistiendo en que se aborden estos graves problemas en materia de derechos humanos, observó Human Rights Watch.

“La comunidad internacional —y en particular los miembros de la UNASUR que interactúan habitualmente con el gobierno venezolano— deberían condenar enérgicamente los flagrantes abusos documentados por Human Rights Watch”, señaló Vivanco. “En concreto, deberían exigir que el gobierno de Maduro ponga fin a estos graves abusos, libere a personas que fueron detenidas arbitrariamente y procese a los agentes de seguridad y a los miembros de las pandillas armadas que sean responsables de ataques a manifestantes”

(Fuente: http://www.hrw.org/es/news/2014/05/05/venezuela-golpean-y-disparan-contra-manifestantes-que-no-estaban-armados).

Fallecimiento de Claudio Amor

Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Claudio Amor, miembro del Comité Editorial de la RLFP.

Claudio era Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina).

Lo despedimos con dolor y agradecimiento por el camino recorrido juntos.

El Comité Editorial.

La persecución penal de Leopoldo López en Venezuela, por José Miguel Vivanco (Human Rights Watch)

Mientras cancilleres latinoamericanos se reúnen hoy en Chile para tratar la situación de Venezuela, Leopoldo López, uno de los líderes más prominentes de la oposición política venezolana, se encuentra detenido en una prisión militar, esperando que una jueza provisional (sin inamovilidad en el cargo) decida si será sometido a juicio, sin que hasta ahora se haya exhibido ninguna evidencia válida en su contra.

La violencia desatada a raíz de las manifestaciones de estudiantes y opositores que comenzaron el 12 de febrero en Venezuela ha dejado como saldo más de 20 muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y serias denuncias de brutalidad, torturas y vejámenes cometidos por las fuerzas de seguridad. El Estado, además, ha tolerado y colaborado con grupos armados civiles que apoyan al gobierno. La Fiscalía, a regañadientes -y gracias a los videos y la presión de la opinión pública-, ha dado algunos pasos para investigar las verdaderas responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, sigue avanzando con una velocidad notable para atribuirle responsabilidad penal por la violencia a la oposición política.

Altas autoridades del gobierno venezolano sostuvieron que López, dirigente de Voluntad Popular, era el «autor intelectual» de la violencia, y la Fiscalía solicitó su detención, acusándolo de todo: violencia, disturbios, muertes y lesiones. Luego acusó también a Carlos Vecchio, quien le sigue a López en la dirección de Voluntad Popular, y a otros dos miembros de la oposición por hechos similares, invocando teorías conspirativas en vez de presentar pruebas que los incriminen.

Al gobierno venezolano le resulta relativamente fácil utilizar el sistema judicial como un instrumento político desde que, en 2004, el chavismo depuró al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y nombró a jueces afines en el más alto tribunal. Desde entonces, el Poder Judicial ha dejado de actuar efectivamente como un poder independiente del gobierno. A través de la Comisión Judicial del TSJ, que cuenta con facultades para nombrar y remover jueces inferiores provisionales y temporales -que hoy son la mayoría de los jueces en el país- esta politización de la justicia se propagó al resto del Poder Judicial.

El 18 de febrero, López se entregó a las autoridades y desde entonces se encuentra detenido en Ramo Verde, una prisión militar, en la cual sólo tiene contacto con su familia cercana y sus abogados, y solamente sale de su celda cuando es posible que tome aire sin tener contacto con otros presos.

Ante contundente evidencia que hizo pública el periódico venezolano Últimas Noticias, que sugería que uniformados junto con civiles armados eran los autores de una de las muertes ocurridas el 12 de febrero, la propia Fiscalía debió dar marcha atrás y eliminar los cargos por homicidio imputados inicialmente a López. Sin embargo, López sigue sujeto a investigación por varios delitos, incluido el de asociación para delinquir, que tiene una pena de hasta 10 años.

Es muy improbable que López sea liberado próximamente. Legalmente, podría permanecer detenido preventivamente hasta 45 días, cuando la Fiscalía debería acusarlo, archivar el caso, o sobreseerlo, pero en la práctica estos plazos rutinariamente no se respetan en Venezuela.

En un Estado de Derecho, la libertad de López debería estar garantizada si las autoridades no presentaran pruebas creíbles de que él podría ser responsable de la comisión de un delito. Sin embargo, en Venezuela es muy difícil para un juez adoptar una decisión conforme a derecho si ésta va contra intereses del gobierno.

Por ejemplo, en 2009, la justicia venezolana detuvo arbitrariamente a la jueza María Lourdes Afiuni por cumplir con una recomendación de Naciones Unidas y dejar en libertad condicional a un opositor del gobierno chavista. La jueza Afiuni, que era una jueza titular con estabilidad en el cargo, estuvo un año en prisión, dos en arresto domiciliario y continúa sujeta a proceso penal por delitos que no cometió. Antes del caso Afiuni, los jueces temían perder su empleo si adoptaban decisiones contrarias a los intereses del gobierno. Ahora, también temen ir presos.

En un país donde el poder judicial carece de independencia, el futuro de Leopoldo López está en manos de una jueza que podría ser removida por un telegrama sin mediar ninguna explicación, como ha ocurrido rutinariamente en el pasado. La decisión sobre el futuro de la jueza, a su vez, está en manos de magistrados del TSJ, un órgano que habitualmente avala políticas del gobierno.

La reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la semana pasada, celebrada a puertas cerradas, terminó con una declaración que parece describir la situación en Venezuela como si fuera una catástrofe natural, en vez de responsabilizar al gobierno venezolano por violaciones de derechos humanos como la censura y la brutalidad de las fuerzas de seguridad.

¿Habrá alguna posibilidad de que la reunión en Santiago lleve a un resultado distinto, y se exija que Venezuela asuma sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos humanos? Específicamente, ¿se exigirá esta vez que cesen los abusos contra manifestantes y la liberación y el respeto de las garantías del debido proceso de quienes fueron detenidos arbitrariamente, como Leopoldo López?

(Publicado originalmente en La Nación el 12 de marzo de 2014).

El fracaso del agonismo, por Roberto Gargarella y Julio Montero

En toda la región, la democracia está de moda otra vez. Pero no es la misma democracia que celebrábamos cuando cayeron las dictaduras militares latinoamericanas y los regímenes socialistas de Europa del Este. Es una democracia distinta: la democracia agonista.

El agonismo es una concepción que parte del supuesto de que en una sociedad pluralista no hay valores compartidos por todos. Sólo hay grupos con proyectos políticos irreconciliables que nunca llegarán a ponerse de acuerdo sobre nada relevante para el beneficio común. Por consiguiente, no tiene sentido dialogar ni discutir. No hay posibilidad de entendimiento. La vida democrática es un juego de suma cero: si uno gana, el otro pierde, así que sólo hay que preocuparse por ganar. Y una vez que uno gana, no tiene por qué tener contemplaciones con el derrotado. Puede simplemente “ir por todo”.

Como consecuencia de esto, la política se convierte en un campo de batalla entre bandos rivales: pueblo y oligarquía; patriotas y vendepatrias; trabajadores y burguesía; izquierda y derecha. En ese campo de batalla, ambos bandos luchan descarnadamente por el poder. Y si bien evitan el aniquilamiento del enemigo para que la llama de la política no se extinga, aspiran a acorralarlo, a ponerlo contra las cuerdas, a reducirlo a su mínima expresión.

La democracia pasa a ser nada más que el tenue marco legal que permite librar la contienda civilizadamente y la vida democrática deviene guerra civil velada: la celebración de elecciones periódicas y el respeto de algunas garantías constitucionales mínimas son el dispositivo que evita el derramamiento de sangre. A esta concepción agonista de la democracia se contraponen otras que ponen el acento en una discusión inclusiva, entre iguales. Llamemos a esta visión, la de la democracia deliberativa.

La democracia deliberativa invierte los axiomas de la postura rival. Aquí no se piensa al pluralismo como la mera yuxtaposición de grupos con proyectos inconmensurables, sino que se concibe a la política como ámbito en donde los ciudadanos comparten una serie de valores a pesar de suscribir perspectivas distintas. La convicción de que las personas son iguales, el rechazo de la segregación racial o la discriminación de género y el respeto por los derechos humanos aparecen como algunos de los valores compartidos. Para los deliberativistas, las sociedades democráticas no son meros conglomerados humanos de personas condenadas a coexistir en una misma geografía, sino auténticas comunidades éticas.

Por consiguiente, los deliberativistas no ven a la democracia como un sistema de trincheras en el que amigos y enemigos se enfrentan en una lucha sin cuartel por el botín del poder. Se la representa como un espacio de entendimiento recíproco en el que la ciudadanía discute sobre cómo interpretar su ideario compartido y cómo traducirlo en políticas públicas concretas. Donde la democracia agonista ve enemistad, la deliberativa apuesta por la fraternidad cívica; donde la democracia agonista ve conflicto, la deliberativa propone la cooperación; donde la democracia agonista ve descalificación, la deliberativa plantea el respeto por los que piensan distinto.

Lo que es más importante: contra la idea habitual de que -a diferencia de la postura rival- la concepción deliberativista ofrece una noción ingenua o no realista de la democracia, los deliberativistas proponen un ideal regulativo desde donde critican las injusticias que la visión agonista avala. En efecto, en su preocupación por lograr un diálogo inclusivo, la democracia deliberativa pone un acento especial en las voces que hoy no se escuchan; aquellas que hoy son ignoradas, silenciadas o encerradas por el poder.

Para el agonismo, en cambio, lo que cuentan son los poderosos, los que -según la retórica del poder dominante- “juegan en primera”. Todos los demás, los de la segunda o la tercera división, los que quedaron al margen, no cuentan, salvo cuando su presencia conviene o converge con los intereses de los poderosos. El agonismo es el que hoy nos pregunta “cuántos votos tenemos” para ver si nos reconoce como iguales. Es el que repudia o se burla de las críticas de los más débiles, desafiándolos a que “formen un partido político” y “ganen las elecciones”.

La visión de los deliberativistas es exactamente la contraria. Los deliberativistas entienden que las decisiones que afectan a todos son responsabilidad de todos, y no de la elite que “conduce” al país. Los deliberativistas consideran que una decisión no es legítima cuando no cuenta con el respaldo efectivo de “todos los afectados”, incluyendo de modo especial a las voces actualmente inaudibles: las protestas y las luchas de tantas minorías que hoy resisten el avance de los agronegocios, los proyectos megamineros o los arreglos en torno a las fuentes energéticas, con que los gobiernos trafican desde el poder.

Afortunadamente, el tiempo del agonismo se agota. Quienes defendemos la democracia deliberativa debemos prepararnos para afrontar el reto enorme que representan las sociedades más injustas, más desiguales, menos fraternas, que el agonismo nos deja.

(Publicado originalmente en Clarín el 26 de febrero de 2014 y reproducido con permiso de los autores).

Venezuela, por el fin de la violencia, por la Internacional Socialista

Se reproduce a continuación el comunicado emitido por la Internacional Socialista respecto de la crisis en Venezuela.

La situación en Venezuela continua siendo motivo de profunda preocupación estos días para la comunidad internacional. El hecho que en el marco de una democracia se llegue a los niveles de violencia que se ha visto la última semana en Caracas y en otros lugares de ese país, con muertos, heridos, líderes de oposición perseguidos, restricciones a las libertades como las de información y otras, apuntan a la gravedad del momento que vive esa Nación.

La Internacional Socialista no puede ser indiferente a la búsqueda de más justicia, igualdad y de mayor solidaridad en sociedades marcadas por el signo de la desigualdad, como la que aún se aprecia hasta el día de hoy en ese país latinoamericano. Sin embargo, sabemos por la experiencia de las luchas políticas de tantos de nuestros propios miembros, que no es posible alcanzar un orden de equidad y justicia para todos, sin que este esfuerzo vaya acompañado por la profundización de las libertades y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. La comunidad de las nuevas democracias a través del mundo pueden hoy testimoniar, que nunca la lucha por mayor justicia e igualdad puede lograrse a costa de la negación de la democracia y la libertad.

En Venezuela hemos acompañado con regularidad como Internacional Socialista los procesos electorales que han sido la fuente generadora de los mandatos de sus autoridades políticas, y hemos observado que esos actos democráticos no siempre se proyectan a la vida política de todos los días, donde la tensión, la descalificación o el irrespeto a libertades y derechos fundamentales aparecen presentes.

Es ahí donde apreciamos las razones y causas fundamentales de la situación crítica de estos últimos días. La tolerancia a la violencia, como la ejercida por grupos irregulares de individuos que, como han apreciado millones en sus pantallas de televisión, disparaban impunemente a la luz del día a manifestantes en el centro de las calles de Caracas, debe de cesar de inmediato. Las autoridades de gobierno deben de contribuir a generar una cultura que reemplace la confrontación por el diálogo y la negociación, como acontece en todas las naciones donde existe la democracia.

Venezuela hay una sola, a pesar de las diferentes visiones que aparecen en el relato de sus distintos interlocutores y esta es una Venezuela que necesita urgentemente poner fin a la violencia, lo que sabemos muy bien se logra con el reconocimiento de los derechos de todos, y que constituye hoy sin ningún lugar a dudas una crítica responsabilidad de sus gobernantes.

Venezuela necesita el diálogo de la democracia, y reencontrar urgentemente la fortaleza institucional y jurídica que se logra con el ejercicio pleno de las libertades de todos sus ciudadanos.

La Internacional Socialista que sigue día a día los desarrollos de la vida política venezolana y que ha condenado sin reservas las muertes de los tres manifestantes la última semana, continúa esperando que un diálogo constructivo y respetuoso pueda ser iniciado en el interés de toda Venezuela para superar los desafíos de futuro que hoy preocupan a todos los venezolanos.

(El presente comunicado se publicó originalmente en el sitio web de la Internacional Socialista http://www.internacionalsocialista.org/viewArticle.cfm?ArticleID=2284&LanguageID=3).

El retorno de la política, el retorno de la violencia, por Julio Montero

Finalmente pasó lo que tarde o temprano pasaría. En las calles de Caracas y en otras ciudades de Venezuela, grupos que protestaban contra el gobierno de Nicolás Maduro y fuerzas de choque paramilitares afines al régimen se enfrentaron en una lucha salvaje. El saldo fueron varios muertos y decenas de heridos. Si bien el gobierno venezolano, haciendo un ejercicio de censura propio de otros tiempos, impidió que las imágenes de la gresca se trasmitieran por televisión, en las redes sociales pueden encontrarse videos filmados con celulares que muestran cómo agentes uniformados disparan a mansalva contra la multitud y dejan a un joven muerto sobre el pavimento.

Esta no es la primera vez que el gobierno venezolano viola derechos humanos. Desde la llegada de Chávez al poder, Venezuela ha construido un triste record de abusos. El año pasado, la reconocida organización de derechos humanos Human Rights Watch hizo público un documento denunciando la calamitosa situación de los derechos humanos en Venezuela. Ese documento resumía las denuncias ya expuestas en varios de sus informes anuales. Un tiempo antes, en 2008, la policía venezolana había detenido por la fuerza y expulsado sumariamente a representantes de Human Rights Watch, advirtiendo que “cualquier extranjero que venga a opinar en contra de nuestra patria será expulsado de manera inmediata”. Este proceso de revolucionaria celebración de la libertad de expresión culminó en 2010, cuando el presidente-comandante fijó severas multas para las organizaciones que invitaran a oradores/as cuyas opiniones ofendieran a las instituciones de gobierno. Unos meses antes de eso, una tropa de vándalos que portaban remeras e insignias “bolivarianas” destrozaron varios pisos del centro comercial de Caracas en el que tenía su sede Amnistía Internacional, la ONG de derechos humanos más prestigiosa del mundo y se consideró seriamente cerrar la filial venezolana por temor a que sus directivos padecieran persecuciones.

Los ataques del gobierno de Venezuela no se dirigieron sólo contra organizaciones internacionales, sino que alcanzaron a personas de carne y hueso, personas como usted, como yo y como sus hijos. En 2009, por ejemplo, el presidente pidió 30 años de prisión para María Lourdes Afiuni, la jueza que, cumpliendo con una recomendación de un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU, concediera libertad condicional a un crítico del gobierno que había estado en prisión preventiva por más de un año. La militante de derechos humanos Rocío San Miguel fue acusada de agente de la CIA, de “hacer llamados a la insurrección” y de fomentar un golpe de estado tras denunciar en televisión prácticas ilegales por parte de militares de alto rango. Oswaldo Álvarez Paz, un político opositor, fue condenado a dos años de prisión por denunciar un incremento del tráfico de drogas en Venezuela y el giro de recursos a grupos terroristas en el exterior. Sin mucho esfuerzo, podrían añadirse a estos casos varios cientos de casos más. Las víctimas son siempre seres humanos que sienten miedo y ven sus vidas arruinadas.

Durante muchos años, estos actos bárbaros se cometieron en nombre del gobierno del pueblo. Naturalmente, ninguna causa justifica las violaciones de derechos humanos, ni siquiera la democracia -o eso pensamos al menos los que creemos de verdad en los derechos humanos. Pero desde que el gobierno de Maduro rechazó el razonable pedido que la oposición hizo, tras constatar graves irregularidades en el proceso electoral, de proceder a un recuento de votos en las últimas elecciones, ya no se puede decir con seguridad que el gobierno de Venezuela haya sido elegido por su pueblo. Muchos sospechan, quizá con razón, que se trata del gobierno de una oligarquía que administra corruptamente la riqueza de la nación para beneficio de un club de amigos de la revolución y que por nada del mundo dejará el poder, sin importar cuántas elecciones pierda.

El estallido de la violencia en Venezuela es el resultado casi inevitable de una manera de concebir la vida política. El populismo agonista que ha inspirado las acciones de la Venezuela “socialista” desde sus mismos inicios -y que es, por cierto, heredero directo las ideologías más autoritarias del siglo XX- considera que las sociedades modernas están divididas en bandos irreconciliables; bandos que no tienen nada sobre qué razonar ni ninguna posibilidad de ponerse de acuerdo sobre nada. La política es así un sistema de trincheras, un campo de batalla, y la única acción política respetable es la de golpear al enemigo hasta aniquilarlo. El único lugar que este juego perverso deja para los que piensan distinto es la cárcel, el exilio o la opresión. Como en las dictaduras de antaño la batalla es ominosamente desigual: unos manifiestan en las calles y otros les responden con las fuerzas de seguridad y el aparato represivo del estado.

Los nostálgicos del autoritarismo seguramente festejarán lo que desde hace un tiempo llaman con petulancia “el retorno de lo político”. Especialmente si están bien lejos del lugar en el que ese retorno se produce. Y tal vez festejen incluso que la lucha de clases haya cobrado por fin su forma más cruda y que el “pueblo venezolano” se muestre dispuesto a defender la revolución derramando la sangre de estudiantes, periodistas y burgueses contrarrevolucionarios de toda especie. Para los que creemos en la democracia y los derechos humanos es, sin embargo, un día de luto. Solo podemos esperar que la comunidad internacional abandone la hipócrita actitud de corrección política que ha mantenido hasta ahora y denuncie de una vez por todas los crímenes perpetrados por este autoritarismo el siglo XXI. Los más optimistas esperamos también que en un rapto de lucidez el presidente Maduro dé orden de detener la represión y haga un llamado a la paz de la nación, comprometiéndose de ahora en adelante a tratar a todos sus ciudadanos con igual consideración y respeto sin importar que banderas levanten. Puede ser que esto ocurra o puede ser que no. Lo que sí ha quedado claro es que el celebrado retorno de lo político no es ni más ni menos que el retorno de la violencia.

 

El crimen de la disidencia, por Alejandro Cassini

El día 12 de diciembre de 2013 el régimen comunista de Corea del Norte ejecutó a Jang Song-thaek, considerado el segundo funcionario más importante del gobierno, y a varios de sus colaboradores más cercanos. Los cargos en los cuales se basó la aplicación de la pena de muerte eran de lo más variado: corrupción, traición, intento de golpe de estado, incluso afición al juego, la bebida y las drogas. Probablemente, como sucedió siempre en las innumerables purgas realizadas por los estados totalitarios, estos cargos fueran puramente ficticios. No es difícil advertir que la verdadera razón de este tipo de purgas es casi siempre de carácter exclusivamente político y consiste, en última instancia, en el simple hecho de haber expresado alguna idea que no concuerda con la línea oficial del partido gobernante. En los regímenes totalitarios, donde la crítica está prohibida por principio, la disidencia es un crimen y cualquier intento de pensamiento libre se considera el peor de los delitos.

En su discurso del 1° de enero de 2014, el joven dictador Kim Jong-un justificó la ejecución de su tío Jang Song-thaek en los siguientes términos: “El año pasado se tomó la decidida medida de sacar facciones de escoria disidente del partido”. Luego agregó al respecto que: «La oportuna decisión de nuestro partido de purgar elementos antipartido, antirrevolucionarios, ha ayudado en gran medida a cimentar la solidaridad dentro de nuestro partido». El crudo lenguaje acerca de la purga de disidentes remite a las peores épocas del estalinismo. Resulta verdaderamente increíble que en pleno siglo XXI todavía persista semejante uso del terror estatal. Sin embargo, si se atiende a la historia de los regímenes comunistas, es posible advertir claramente la coherencia de estas prácticas con la tradición del bolchevismo ruso desde sus mismos comienzos.
Todavía existen muchas personas, especialmente intelectuales de profesión, que persisten en la creencia ingenua e históricamente errónea de que el terror comunista es una invención de Stalin que traicionó los principios de la revolución rusa y los ideales de Lenin. Nada más lejos de la realidad. La aplicación del terror de masas como medio para mantenerse en el poder e imponer una ideología única en la sociedad es una estrategia que los bolcheviques aplicaron desde el comienzo mismo de la revolución. Los extremos a los que estuvieron dispuestos a llegar se revelan claramente en las palabras de Grigori Zinóviev cuando el 19 de septiembre de 1918 en una reunión del partido declaró que: «Para deshacernos de nuestros enemigos debemos tener nuestro propio terror socialista. Debemos atraer hacia nuestro lado, digamos, a 90 de los 100 millones de habitantes de la Rusia Soviética. En cuanto a los otros, no tenemos nada que decirles. Deben ser aniquilados.»

El tema del terror comunista ha sido estudiado con detalle por los historiadores de todo el mundo y desde hace ya largo tiempo se conocen los principales hechos. Aquí sólo mencionaré dos: la creación de la policía política y la de campos de concentración para presos políticos. Ambas instituciones, elementos esenciales de todo estado totalitario, se implantaron en Rusia apenas los bolcheviques tomaron el poder y antes de que comenzara la resistencia organizada contra el nuevo régimen. La policía política (la temible Cheka) se creó el 8 de diciembre de 1917, apenas dos meses después de que los bolcheviques tomaran el poder derrocando al gobierno provisional. La Cheka tenía facultades para detener y procesar de manera sumaria a todo sospechoso de ser contrarrevolucionario, lo cual en la práctica involucraba a todo aquél que esbozara alguna crítica al régimen bolchevique. También realizó múltiples ejecuciones clandestinas. Muy pronto las cárceles se llenaron de presos políticos y comenzaron los traslados masivos hacia campos de internamiento. Antes de que se iniciara la guerra civil ya se habían abierto numerosos campos de concentración. Los orígenes leninistas del Gulag se encuentran hoy claramente establecidos. Los ideólogos de los campos fueron los propios Lenin y Trotsky. Se conocen documentos que lo indican claramente. Una orden secreta de Lenin del 8 de agosto de 1918, donde se ordenaba reprimir a los campesinos, declaraba que “todos los sospechosos deben ser internados en un campo de concentración fuera de la ciudad”. Poco después, el 5 de septiembre, el Soviet del Consejo de Comisarios del Pueblo decretó oficialmente el inicio del terror rojo. En el decreto, publicado en el número 195 del periódico oficial Izvestiya, el día 10 de septiembre, podía leerse que “con el fin de proteger a la República Soviética de sus enemigos de clase, debemos aislarlos en campos de concentración”. En el transcurso de la guerra civil, los llamados “campos de destinos especiales” se multiplicaron con rapidez y hacia fines de 1920 ya había registrados 84, esparcidos por diferentes regiones de Rusia, con un número de prisioneros cercano a los 50.000. Estos campos no se poblaron con miembros de la guardia blanca, ya que el decreto del terror rojo había establecido que todo prisionero blanco debía ser inmediatamente fusilado. La población de los campos estaba formada principalmente por miembros de partidos políticos de izquierda y de derecha que no apoyaron a los bolcheviques: anarquistas, mencheviques, socialistas revolucionarios y, en menor medida, liberales.

Una vez finalizada la guerra civil y el “comunismo de guerra” el terror estatal no desapareció, sino que se institucionalizó como parte del régimen de gobierno. El sistema de campos de concentración no sólo no fue suprimido, sino que se volvió más extenso y organizado. En 1923, todavía en vida de Lenin, se abrió el campo de las islas Solovetsky, en el mar Báltico, donde un antiguo monasterio fue convertido en prisión con capacidad para alojar hasta 6.000 presos políticos. Este campo fue el modelo sobre el que se construyeron todos los restantes campos que habrían de formar el Gulag. Naftalí Frenkel, un antiguo prisionero convertido en jefe, concibió la idea de que los presos recibieran una alimentación proporcional al trabajo realizado. Este método perverso luego se aplicó en casi todos los campos de trabajos forzados y fue la causa de incontables muertes por agotamiento y desnutrición. Hacia fines de 1923 el número de presos políticos de la Unión Soviética ya superaba los 70.000. En la década siguiente el Gulag llegó a su apogeo. Un documento del NKVD (el comisariado que controló a la policía política desde 1934) registra que el promedio anual de prisioneros de los campos aumentó de 190.000 en 1930 hasta 1.400.000 en 1940.

Las purgas dentro del propio partido comunista tienen también una larga historia. Los bolcheviques ya habían realizado una purga interna en una fecha tan temprana como 1909, cuando fue expulsado el sector de Alexander Bogdánov, con quien Lenin había mantenido una extensa polémica. Una vez en el poder, el partido bolchevique, que siempre había sido minoritario, experimentó un aumento considerable de sus miembros, y, como consecuencia de ello, comenzó a practicar purgas sistemáticas. La necesidad de purgar periódicamente las propias filas se estableció como obligatoria para todos los partidos comunistas del mundo en el segundo congreso de la Comintern, en julio de 1920. En las condiciones de admisión, redactadas por el propio Lenin, se decía explícitamente que:

«Cada organización que desee pertenecer a la Internacional Comunista está obligada a separar de manera regular y sistemática de todos los puestos de responsabilidad en el movimiento obrero […] a los reformistas y partidarios del “centro” y sustituirlos por comunistas seguros […] (Art. 2).

Los partidos comunistas de los países en que los comunistas actúan legalmente deben efectuar depuraciones (revisiones) periódicas de los efectivos de sus organizaciones, a fin de depurar de manera sistemática el partido de los elementos pequeñoburgueses que se introducen inevitablemente en sus filas.» (Art. 14)

Así pues, las purgas sistemáticas de los partidos, basadas esencialmente en razones ideológicas, y no necesariamente en las acciones de sus miembros, se consideraron obligatorias a partir del momento mismo de la fundación del comunismo como movimiento internacional.

El partido bolchevique efectuó su primera gran purga en 1921, cuando aproximadamente un 25 % de sus integrantes fueron expulsados. La segunda purga importante llegó en 1929, con un 11 % de expulsiones. En la de 1933 el número de expulsados alcanzó los 792.000, que en ese momento constituían el 18,5 % de los afiliados. Es evidente, entonces, que las enormes purgas realizadas por Stalin en 1937 y 1938, no sólo en el partido comunista, sino también en el ejército rojo, tenían claros antecedentes. En esos dos años funestos las purgas adquirieron otro significado. Además de la suspensión temporal o la expulsión definitiva, los afiliados al partido podían ser desterrados, encarcelados o internados en campos de concentración. Si eran acusados de traición, espionaje o intentos contrarrevolucionarios, les esperaba la pena de muerte. Cuanto mayor fuera su jerarquía o responsabilidad en el gobierno, tanto mayor era el riesgo. La pena de muerte se aplicó de manera sistemática y generalizada a los cuadros elevados del partido y a los altos oficiales del ejército. Probablemente nunca conoceremos el número exacto de víctimas de las purgas comunistas. Los historiadores todavía discrepan mucho sobre esta cuestión. En el caso de la Rusia Soviética, un documento secreto del NKVD, desclasificado en 1991, contiene las únicas cifras que se consideran seguras y constituyen la base mínima aceptada. Allí se indica, por ejemplo, que solamente durante los años del gran terror (1937 y 1938) fueron sentenciadas por “delitos contrarrevolucionarios” o “agitación antisoviética” un total de 1.344.923 personas, de las cuales 681.692 fueron condenadas a muerte (y efectivamente ejecutadas) y 634.820 fueron deportadas a campos de concentración. Son cifras ominosas que ofenden a la humanidad. Semejante crimen lo cometió el estado soviético contra su propio pueblo y en tiempos de paz, sin que hubiera ninguna amenaza cierta de rebeliones internas o guerras civiles, sino apenas la mera sospecha de conspiraciones omnipresentes. Por lo demás, representa sólo la punta del iceberg de una represión mucho más generalizada. La colectivización forzosa del campo, decretada por Stalin en 1929, se cobró varios millones de víctimas, completamente ajenas al partido bolchevique y a la ideología comunista.

La tradición de las purgas periódicas del partido no se limita en modo alguno a la Rusia de Stalin. La China de Mao o la Camboya de los Jemeres Rojos proporcionan ejemplos más recientes e igualmente sangrientos. El régimen de Corea del Norte es indudablemente un heredero de esta terrorífica tradición y acaba de demostrarlo con un ejemplo concreto, que no es más que el último eslabón de una larga cadena. El partido único del régimen, el Partido de los Trabajadores de Corea, lo fundó Kim Il-sung en 1948, sobre la base del modelo soviético que tenía al Politburó como órgano supremo. Pronto se manifestaron en él diversas líneas ideológicas, como siempre ocurre espontáneamente en cualquier partido político, pero luego de finalizada la guerra con Corea del Sur, en 1953, Kim Il-sung lanzó una serie de purgas sistemáticas que acabaron en pocos años con toda oposición interna. Casi todos los miembros originales del Politburó fueron ejecutados. Paralelamente, se desarrolló una persecución masiva contra cualquier forma de disidencia respecto de la línea oficial en toda la población del país. Desde un comienzo, el partido se manejó como una dinastía: Kim Il-sung lo dirigió hasta su muerte en 1994, su hijo Kim Jong-il gobernó hasta el final de sus días en 2011 y su nieto, el actual dictador del país, lo dirige desde entonces. Los campos de internamiento para presos políticos estuvieron presentes desde el comienzo de la dictadura comunista y pronto se convirtieron en instituciones básicas del sistema. Mediante fotografías tomadas por satélites, se ha podido comprobar la existencia de tres grandes campos de concentración, los de Yodok, Bukchang y Haengyong, con una capacidad aproximada de 50.000 prisioneros cada uno. El último de estos campos se ubica en una remota región montañosa del norte del país, conocida como “zona de dictadura especial”. También se sabe que hay una docena de campos menores de internamiento y de trabajos forzados. El número total de presos políticos se estima en 200.000 para la actualidad y en al menos 2.000.000 desde la instauración del régimen comunista. Se calcula que la mortalidad en los campos es de unos 10.000 prisioneros por año. Estos datos no han podido ser corroborados con documentos, ya que el régimen impide cualquier acceso a los extranjeros y censura toda la información de circulación interna. La mayoría de los conocimientos sobre el sistema represivo del estado norcoreano proviene del testimonio de los pocos refugiados, entre los cuales hay varios ex prisioneros en campos de trabajos forzados, que han podido salir del país y establecerse en Corea del Sur. Una buena parte de los historiadores de este último país cree que las cifras estimadas para los presos políticos podrían ser mayores. En cualquier caso, las que están disponibles son más que suficientes como para condenar sin reservas, política y moralmente, a este régimen despiadado y anacrónico, insólita supervivencia del peor estalinismo.

El lenguaje que se emplea en el discurso de Kim Jong-un es característico de la tradición del comunismo desde sus propios orígenes. Uno de los rasgos más permanentes de los estados totalitarios ha sido la distorsión del lenguaje, hasta el punto de que los términos lleguen a emplearse con un sentido opuesto al que tienen en el uso común. Una primera estrategia consiste en el empleo de expresiones eufemísticas, que se aplican a todos los actos o instituciones represivas. Así, los campos de concentración recibieron la denominación de “campos de reeducación mediante el trabajo”. La perversión es evidente: el trabajo forzado se empleaba como castigo de la libertad de pensamiento y como herramienta para el disciplinamiento ideológico de toda la sociedad, pero se presentaba como educación de los delincuentes y otros elementos hostiles a la edificación del socialismo. La cadena de eufemismos no tuvo límite durante la época de Stalin. Las torturas a los “enemigos del pueblo”, legalizadas por un decreto del 20 de enero de 1939, pero aplicadas desde siempre, recibieron el nombre de “métodos de influencia física”; los fusilados por razones políticas se presentaron, de manera menos rebuscada, como “objeto de represión”.

Muchos intelectuales y activistas de los partidos de izquierda, sobre todo en Occidente, pero también en Rusia, creyeron en este discurso oficial de la manera más ingenua. Otros no quisieron ver lo que realmente ocurría, aunque la información estuvo disponible desde un comienzo. Es la célebre ceguera voluntaria, que todavía hoy afecta a ciertos partidarios de la izquierda revolucionaria; una suerte de disonancia cognitiva que impide reconocer los hechos que entran en conflicto con la ideología. Es un comportamiento típico de los fundamentalistas religiosos y de los fanáticos de cualquier especie, contra los cuales toda forma de argumentación racional resulta impotente. Bertrand Russell lo advirtió con claridad cuando visitó la Rusia Soviética en 1920 y lo expresó de manera clarividente en su breve pero extraordinario libro La práctica y la teoría del bolchevismo, publicado ese mismo año. Allí sostuvo que el marxismo de los bolcheviques, aunque se autocalificara como “científico”, tenía poco o nada que ver con la ciencia; era más bien una fe religiosa y belicista que pretendía imponerse por la fuerza, una fe semejante en muchos aspectos al fundamentalismo islámico.

Otra estrategia típica, y sumamente efectiva, para pervertir el lenguaje consiste en extender más allá de todo límite el significado del vocabulario establecido de la política. El marxismo de Lenin era obviamente incompatible con la democracia en cualquiera de sus formas y modalidades, pero se camufló desde temprano bajo una terminología democrática. En la organización del partido, la estructura verticalista y la disciplina militar interna recibieron el nombre de “centralismo democrático”. Los estados comunistas, que fueron durante toda su existencia dictaduras de partido único e ideología única, se denominaron “democracias populares”, reivindicándose como las auténticas democracias sustantivas (aquellas donde las diferencias de opinión son innecesarias) en oposición a las “democracias burguesas” que se consideraban “meramente formales”. Corea del Norte siguió este ejemplo, adoptando el nombre oficial de República Popular Democrática de Corea, aunque su régimen de gobierno se encuentra en las antípodas de la democracia pluralista, tal como se la entiende y se la practica en la mayor parte del mundo.

Las “purgas de elementos disidentes dentro del partido” que acaban de aplicarse en Corea del Norte han sido una práctica habitual de los regímenes comunistas de partido único; una práctica, además, reglamentada desde un comienzo y sancionada por la propia ideología. El concepto mismo de disidente, que Kim Jong-un empleó en su discurso, es el resultado de una perversión típica de los regímenes totalitarios. Sólo cuando desde el estado se pretende imponer una ideología única y se intenta homogeneizar por la fuerza la manera de pensar de la sociedad, las diferencias de pensamiento respecto de la ideología oficial se vuelven susceptibles de considerarse como un delito. En una sociedad abierta y pluralista el concepto carece de sentido político, y más aun de carácter penal. Dentro de un régimen democrático no puede haber “disidencias”, sino, simplemente, diferencias de opinión política, las cuáles, por otra parte, son indispensables para el funcionamiento adecuado del propio sistema.

En un pasaje de su discurso de año nuevo el dictador de Corea del Norte afirmó que:

«Debemos intensificar la educación ideológica entre los funcionarios, miembros del partido y otras personas para asegurarnos de que piensen y actúen en todo momento y en todo lugar, en consonancia con las ideas y las intenciones del partido».

El contenido de esta simple oración prácticamente resume la esencia misma del totalitarismo. La aplicación de las purgas internas de cualquier clase es una consecuencia casi inevitable de la adhesión a este principio de homogeneidad ideológica, que tanto Lenin como Trotsky suscribieron sin reservas. De allí resulta que la diversidad de opinión y el ejercicio de la crítica, una forma básica de la libertad humana, pueda considerarse como un crimen que merece la pena capital. Este modo pensar, llevado de manera coherente a su culminación, es el que se expresa en el célebre brindis de Stalin del 7 de noviembre de 1937, conmemorando el vigésimo aniversario de la revolución de octubre, que se conservó en el diario del comunista búlgaro Georgi Dimitrov:

«Aniquilaremos a todos estos enemigos, aunque sean viejos bolcheviques, aniquilaremos a todos sus seres queridos, a toda su familia. Aniquilaremos a todos aquellos que atenten contra la unidad del Estado socialista tanto de obra como de pensamiento (sí, de pensamiento), para que sean aniquilados hasta las últimas consecuencias todos los enemigos, tanto ellos como su estirpe.»

Al igual que esta infame declaración de Stalin, las ejecuciones realizadas en Corea del Norte, y las razones aducidas por el régimen para justificarlas, no pueden suscitar más que indignación y estupor en quienes tengan algún sentido de la dignidad de las personas y un mínimo respeto por los derechos humanos.