Ronald Dworkin. En busca de la igualdad de oportunidades, por Roberto Gargarella

Ronald Dworkin fue, seguramente, el filósofo del derecho más importante del último medio siglo. Destacar su impresionante labor como filósofo jurídico es tal vez decir demasiado poco, teniendo en cuenta el impacto que tuvo su obra en áreas tan diversas como la filosofía política, la ética o la teoría constitucional. En todas ellas, los escritos de Dworkin representaron un punto de referencia inevitable, que iluminaron muchas de las discusiones más importantes y difíciles de la época. Es imposible, todavía hoy, reflexionar sobre el igualitarismo político, la eutanasia, el aborto, las acciones afirmativas, la revisión judicial de las leyes, o la interpretación constitucional, por ejemplo, sin discutir con sus textos.

Dworkin nació en los Estados Unidos en 1931, en el estado de Rhode Island, en donde estudió en la escuela pública, apoyado por su madre –una talentosa pianista– que trabajaba como profesora de música. Realizó sus estudios universitarios en Harvard, en donde obtuvo desde un primer momento calificaciones sobresalientes, que le permitieron seguir con sus investigaciones en Oxford, Inglaterra –ya entonces, por supuesto, la meca a la que pretendía llegar todo filósofo interesado por el derecho.

Liberalismo igualitario
En Oxford, Dworkin continuó con una carrera académica sorprendente. Fue allí donde encontró la oportunidad de estudiar con uno de los principales filósofos del derecho de su tiempo, el notable Herbert Hart, a quien desafió desde sus épocas de estudiante, y a quien vendría a continuar y suceder poco después. Vuelto a los Estados Unidos, Dworkin prosiguió con el cursus honorum propio de los abogados interesados en continuar con una vida académica: de lo que se trataba entonces era de colaborar con algún juez de primera categoría. En tal sentido, Dworkin no eligió mal: él pasó a desempeñarse como secretario o clerk del juez Learned Hand, tal vez el más brillante de los jueces de su país, en ese momento. Hand era un juez que participaba activamente de sofisticadas discusiones teóricas relacionadas, sobre todo, con los alcances y límites de las tareas de los jueces en democracia. Con Hand, Dworkin vino a ocupar el lugar de sparring: él fue la persona con quien el juez “testeaba” sus polémicas ideas sobre el control de constitucionalidad de las leyes. Poco tiempo después, Dworkin tuvo la oportunidad de proseguir su trabajo académico en la misma Corte Suprema, junto con otro juez también destacado –Félix Frankfurter (un destino aparentemente habitual entre quienes se destacaban colaborando con el juez Hand). Luego de un breve período en la Corte, Dworkin aceptó una oferta de trabajo en una importante firma jurídica, lo cual lo llevaría a viajar de modo frecuente por el mundo. En esos años, aunque por poco tiempo, su labor como abogado fue muy intensa. Ello así, al punto que –sujeto a presiones familiares, vinculadas con la intensidad de su trabajo y sus viajes– Dworkin decidió dejar la profesión y aceptar una oferta para ser profesor. Sus primeros pasos como docente tendrían lugar en las dos grandes universidades anglosajonas especializadas en el trabajo teórico y la formación de juristas: la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, y la de Oxford, en Inglaterra.

En Yale, Dworkin compartió algunos primeros cursos con Robert Bork, devenido en juez, y como tal (y en razón de su extremo conservadurismo) habitual objeto de críticas teóricas por parte de Dworkin. Las impugnaciones de Dworkin, de hecho, tendrían una influencia significativa para bloquear la llegada de Bork –representante destacado del conservadurismo interpretativo u “originalismo”– a la Corte Suprema de su país (un dato interesante, teniendo en cuenta el modo en que, en nuestro país, la crítica académica se traduce como sinónimo obvio de enemistad política). Poco después, Dworkin obtendría una posición como profesor permanente en Oxford, gracias a la recomendación y apoyo de su viejo amigo Hart (Dworkin ocuparía ese cargo entre 1969 y 1998). Por esos años, también, Dworkin cruzaría su trabajo con el del gran filósofo político del siglo XX, John Rawls. Siguiendo en parte a este último, Dworkin propició una visión de lo que se llamaría “la igualdad de recursos”: para él, la mejor distribución de la riqueza es la que hace a las personas iguales en las oportunidades y recursos con que enfrentan los desafíos de la vida. Su teoría representa, en este sentido y junto con la de Rawls, la exposición más profunda y refinada del liberalismo igualitario.

Dworkin fue un gran polemista, tanto en el aula como en la prensa. Desde sus columnas periódicas (que aparecían regularmente en el New York Times Review of Books), y a lo largo de 4 décadas, Dworkin se comprometió con posiciones impopulares y siempre críticas hacia el poder dominante: cuestionó la Guerra de Vietnam; objetó sistemáticamente a la Corte conservadora de su país; propuso una renovada lectura liberal sobre las cuestiones del aborto y la eutanasia; sometió a un severo análisis a cada nuevo nombramiento judicial impulsado por el gobierno; y fue de las pocas y primeras voces que se expresó contra las restricciones de derechos establecidas por el Estado estadounidense luego del atentado del 11 de septiembre (sobre todo, fue de los más tempranos y más severos críticos de lo hecho por su país en Guantánamo). Fueron muy pocos los colegas que, desde el derecho de su país, siguieron sus valientes pasos. Con esa misma fuerza, Dworkin fue un defensor radical de la libertad de expresión (que incluía para él el otorgamiento de una protección especial a las expresiones de los disidentes –desde la objeción de conciencia a la desobediencia civil–; la pornografía; o las caricaturas anti-religiones). Y fue, asimismo, uno de los más significativos propulsores de las acciones afirmativas a favor de los grupos más discriminados de la sociedad; así como un consecuente sostén de la universalización de la cobertura de salud.

En la Universidad de Nueva York, y junto con su colega, el filósofo moral Thomas Nagel, Dworkin desarrolló, hasta el final de su vida, durante años su mítico “coloquio” en teoría moral y jurídica. En el mismo, los dos filósofos invitaban a exponer a sus mejores pares académicos (desde Jürgen Habermas a Jeremy Waldron, para citar dos nombres relevantes), a quienes sometían a un amable y devastador escrutinio teórico.

Argentina y los derechos humanos
Dworkin visitó la Argentina en varias oportunidades. Una de las primeras veces en que lo hizo fue en 1985, cuando lideró una reducida delegación de filósofos y juristas que se entrevistó con el presidente Raúl Alfonsín y asistió al Juicio a las Juntas. El grupo de académicos había llegado al país de la mano del filósofo argentino Carlos Nino, que en aquel momento asesoraba al presidente Alfonsín en relación con el enjuiciamiento a la Junta Militar. Desde aquellos años, Dworkin mostró un firme y profundo compromiso con los acontecimientos que se sucedieron en nuestro país. Ello así, al punto de convertirse en el autor del prólogo a la edición inglesa del Nunca Más (traducido al castellano, recientemente, por la Revista Jurídica de la Universidad Di Tella). En dicha introducción, Dworkin se explayó sobre la política argentina y los derechos humanos, con notable lucidez y conocimiento de nuestra historia del siglo XX. En 2011, fue homenajeado con un doctorado honorario por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Poco antes de morir en 2013, Dworkin alcanzó a publicar Justicia para erizos (FCE), que cuenta ya con versión castellana. Dicha obra pareció llegar en el momento perfecto. Sobre el final mismo de su labor teórica, Dworkin se dio tiempo para decirnos que, a pesar de la diversidad de temas y problemas abordados a lo largo de su vida, todas las cuestiones que abarcara en sus estudios anteriores se encontraban vinculadas entre sí, como formando parte de un mismo cuerpo. Su filosofía del derecho debía verse, por tanto, como una continuidad con su filosofía política, su teoría constitucional, o su visión sobre la ética y la vida buena.

(Publicado originalmente en la revista Ñ el 18 de marzo de 2015 y reproducido con permiso del autor.)

Muerte de un republicano, por Beatriz Sarlo

Poco después del Juicio a las Juntas, una noche, Strassera entró en un restaurante de la calle Talcahuano (un restaurante que ya no existe). La gente que estaba allí lo aplaudió. El fiscal saludó apenas, y encendió un cigarrillo, ya sentado a su mesa. Era la primera vez que yo asistía a algo así: que un fiscal fuera recibido como una celebridad. La época está muy lejos. Hace un mes, la muerte de un fiscal movilizó a decenas de miles. Las noticias judiciales van a la primera plana; los jueces se afanan por hacer conocer los avatares de sus decisiones al periodismo bajo la forma del off o el on the record; los fiscales, por la fuerza o la debilidad de sus denuncias, han pasado a ser figuras públicas. Pero en 1985 la justicia no estaba bajo los reflectores como hoy.

El fiscal ya había pronunciado su alegato. Ya había dicho: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”. Son palabras que podríamos recitar de memoria, pero que Strassera pronunció por primera vez. El Juicio a las Juntas militares había terminado con condenas y ese acto de justicia nos ofrecía una razón valedera, por lo menos una, para sentir orgullo patriótico.

Desde entonces Strassera fue el hombre que había atravesado por una circunstancia excepcional, porque excepcionales habían sido los crímenes de los que acusó a las Juntas militares y la Cámara dio por probados. Esos asesinatos, torturas y desapariciones fueron hechos únicos en nuestra historia y, como lo demostró la acusación del fiscal, sistemáticos. Su excepcionalidad radicaba en la monstruosidad del plan y en haber convertido al Estado en un órgano de exterminio.

Treinta años después, frases como éstas se han repetido miles de veces. Es bueno que se repitan, porque el olvido amenaza las más laboriosas construcciones del pasado. Por desinterés y descuido, por extraviado personalismo, por autocentramiento partidario, el juicio puede pasar a un segundo plano, sin tomar en cuenta su carácter fundante de una nueva moral pública en la Argentina. En cambio, durante el Juicio a las Juntas, todo lo que Strassera se proponía probar tenía una novedad trágica, no porque muchos no conociéramos incluso detalles de lo que había sucedido, no porque las organizaciones de Derechos Humanos no lo hubieran denunciado antes, sino porque el fiscal le presentó a los jueces de la Cámara testigos que habían sido desgarrados por la enormidad de los crímenes que se animaron a denunciar. Sólo las víctimas conocían una parcela del infierno, si habían conservado la vida, o sus familiares habían podido reconstruir el final de algunos muertos. Sólo las víctimas habían sido arrastradas por sus captores hacia esos aguantaderos y pozos del dolor donde los victimarios martirizaban y destrozaban a sus prisioneros. Strassera hizo una luctuosa e implacable síntesis de lo que la Conadep había investigado en tiempo récord y de cuyo informe fueron seleccionados trescientos casos.

Strassera vivió meses rodeado de testimonios que todavía hoy son difíciles de escuchar por la extrema perversidad de los hechos que relatan. Imagino que fue para Strassera el descenso a un infierno que, como en pocos otros casos, es adecuado llamar “doliente valle que traga todo el mal del universo”, donde, si creemos a Dante, los malvados quedarán para siempre.

Strassera sobrellevó todo esto con modestia republicana, en el sentido más clásico. Fue un ejercicio de entereza moral. Poco inclinado a la espectacularidad, no usaba la primera persona ni se presentaba como aquel predestinado que magnifica su tarea incluso cuando no la cumple del todo. Sin embargo, es difícil que no supiera que ese Juicio a las Juntas era un hito en la historia política nacional y que pasaría a los libros. Un acto de justicia para siempre, como, de algún modo, lo certificaron esas dos palabras finales de su alegato. “Nunca más” indica el compromiso de que los crímenes no se repitan. La Argentina no debía acercarse nunca más a ese séptimo círculo del infierno, que Strassera citó en su alegato.

Admiré a Strassera sin conocerlo. Admiré, sobre todo, su sobriedad. Es imposible que no supiera que lo que hizo la fiscalía en el Juicio a las Juntas tenía un valor inaugural y que nada de lo que sucediera podría borrarlo. Sin embargo, haber sido protagonista de un hecho fundacional, sostén de la escena de la transición democrática, no le impuso el sentimiento de grandeza que habría podido asaltar un espíritu que no se distinguiera por la sobriedad y la modestia.

Sin conocer a Strassera, me animo a decir que ésas fueron sus virtudes. Carecía, por lo menos en público, por lo menos en todo lo que sabemos de él, del sentido de la propia importancia, esa desdeñosa convicción que convierte, incluso a los mediocres, en aspirantes a figura histórica. Aceptó el nombramiento de Alfonsín como fiscal en un momento donde las cosas no fluían: los militares conservaban sus batallones (como lo demostraron varias veces) y no imaginaban que la justicia civil se iba a animar a tanto. Esos militares se habían negado a juzgarse, como se los propuso Alfonsín, y consideraban que la autoamnistía que habían declarado antes de entregar el gobierno y que aceptaron todos los peronistas (salvo que se presenten las declaraciones en contra), ya había prevalecido sobre el reclamo de justicia.

Se ignoraba qué riesgo esperaba a los protagonistas judiciales del juicio. Ni Strassera, ni Moreno Ocampo, ni los jueces de la Cámara podían estar seguros de que lo que hicieran no iba a traerles consecuencias personales acordes con la gravedad de aquello que juzgaban. Todos estaban en peligro y todos debían tener esa valentía que no tiene nada que ver con el desplante ni el desafío oratorio, sino con la firmeza. Probablemente, los que aplaudimos a Strassera esa noche de 1985, cuando entró a Bachín (un nombre tan porteño como era porteño el estilo del fiscal), tampoco tuviéramos conciencia plena del paso que se estaba dando.

Strassera fue uno de los protagonistas de un gran acto de la transición democrática. El escenario era inseguro y no se conocía del todo la trama futura de los hechos. Sin ademanes, Strassera aceptó el riesgo en el momento adecuado. No estuvo solo, pero lo animó una convicción que encaró con responsabilidad y valentía. Supo que era uno de los hombres del momento. No se equivocó y es un protagonista de la historia.

(Publicado originalmente en Perfil y reproducido con permiso de la autora).

Los acuerdos políticos no son mala palabra, por Luis Alberto Romero

En las elecciones del 24 de febrero de 1946, la Unión Democrática fue derrotada por la coalición que encabezaba Perón. Desde entonces, la UD ha tenido muy mala prensa: muchos coinciden en que fue un acuerdo espurio, realizado con el único propósito de oponerse a Perón y destinado al fracaso. Más aún, cualquier convergencia política que se organice para enfrentar al peronismo es inmediatamente comparada con aquella Unión Democrática.

Se trata de una versión mítica, creada por sus adversarios. Para desmitificarla, hay que comenzar con una precisión: la Unión Democrática existió mucho antes de que Perón entrara en escena. Incluso puede decirse que la candidatura del coronel, surgida del golpe militar de 1943, tenía como propósito evitar su seguro triunfo.

La Unión Democrática comenzó a gestarse a mediados de los años 30, en el seno del frente antifascista, un vasto movimiento social y cultural de oposición al fascismo. En 1936, la Guerra Civil española generó una corriente de solidaridad con la República. Animada por grupos liberales, democráticos, socialistas y comunistas, arraigó en infinidad de organizaciones sociales: los centros hispanos -gallegos, asturianos-, los sindicatos, los núcleos intelectuales, las federaciones de estudiantes y otras muchas surgidas ad hoc en todo el país. Sus adherentes coincidían en oponerse al gobierno conservador y fraudulento; pero en 1937 eso no bastó para concretar una opción política, quizá porque no era fácil imaginar un Hitler en las figuras de Justo u Ortiz.

El movimiento se revitalizó con la Segunda Guerra Mundial. Los antifascistas, organizados en Acción Argentina, se alinearon con los aliados, pero su conformación había cambiado un poco. Se sumaron grupos de la derecha liberal; los comunistas se retiraron durante el acuerdo entre Stalin y Hitler, y surgió un grupo de neutralistas, reclutado a derecha e izquierda. En 1943, en vísperas de las elecciones presidenciales, los partidos vinculados con el antifascismo estaban cerca de una alianza política, quizá encabezada por el general Justo.

En junio de 1943 se produjo el golpe militar del GOU, neutralista y filo alemán. Detrás de esos militares emergía otro movimiento cultural, ideológico y social surgido en los años 30, tan denso como el antifascista. De carácter antiliberal, lo animaron nacionalistas, conservadores autoritarios y, sobre todo, militantes católicos, en tiempos en que la Iglesia de Pío XI y Pío XII aspiraba a restaurar en el mundo un orden social y político católico. Esta corriente arraigó en el Ejército, sumando la espada a la cruz. Las parroquias lo desarrollaron en las sociedades barriales, y los jóvenes nacionalistas y de Acción Católica animaron las calles vivando a Hitler y a Cristo Rey. Se hacía fuerte la Argentina antiliberal, nacionalista, y católica que venía gestándose desde fines del siglo XIX.

El antifascismo había encontrado en el GOU a su Hitler local. Perseguido por la policía, con sus líderes exiliados en Montevideo, se galvanizó. En 1944 la oposición ganó las calles, celebró la liberación de París y empezó a limar las asperezas entre las fuerzas políticas afines, preparándose para hacerse cargo del gobierno cuando el triunfo de los aliados desalojara en el mundo a los amigos de los nazis.

Perón cambió el juego. Militar, admirador de Mussolini, miembro prominente del GOU, construyó desde el poder una fuerza política que salvó a la revolución de junio de un final catastrófico. Desechó las viejas divisiones y cosechó aliados en todas partes: radicales, socialistas, conservadores, católicos y nacionalistas. Sobre todo, incorporó a los dirigentes sindicales, que eran hasta entonces uno de los pilares del antifascismo. Pero no perdió sus bases iniciales, el Ejército y el nacionalismo católico. Sumando el aparato gubernamental, pudo competir con una Unión Democrática, debilitada por las deserciones y por las reticencias de los partidos, que limitaron su acuerdo a la fórmula presidencial.

En febrero de 1946 no se enfrentaron dos proyectos radicalmente diferentes o antagónicos. Lo serían después, pero por entonces tenían mucho en común, pues ambos recogían la experiencia democratizadora y las ideas del Estado de Bienestar surgidas durante la Guerra Mundial. La Unión Democrática las tomó de la social democracia, mientras que Perón mezcló el laborismo inglés con Mussolini y la doctrina social de la Iglesia. Su credibilidad era mayor: hablaba desde el poder y ya había puesto en práctica mucho de lo que ofrecía.

Las diferencias provenían de sus tradiciones. La Unión Democrática continuó la tradición liberal y laica, y puso el acento en la Constitución, las libertades, las instituciones democráticas y la civilidad. Perón en cambio asumió y renovó la tradición antiliberal del nacionalismo, el catolicismo y el Ejército. Exagerando las diferencias, la Unión Democrática lo calificó de «nazi fascista» y él los identificó con «la oligarquía y el capitalismo». En realidad, la democracia era un valor compartido. Pero la Unión Democrática la enlazó con la Constitución y las instituciones republicanas; Perón habló en cambio de una democracia «real», diferente y superior a la «meramente formal». Más allá del horizonte común, estas diferencias se convirtieron hasta hoy en un parte-aguas de la política argentina.

La elección fue reñida y de resultado incierto. Contra lo que supone el mito peronista, la Unión Democrática sufrió una derrota ajustada y digna. Perón triunfó con una diferencia de 250.000 votos, sobre un padrón de tres millones de votantes, es decir, 10 puntos porcentuales.

Hubo cuestiones circunstanciales quizá decisivas, como la deserción de muchos conservadores o el tema Braden. Pero la mayor debilidad de la Unión Democrática estuvo en la fragilidad del acuerdo político que la sustentó. Pese al consistente apoyo de sus electores, los partidos no se comprometieron plenamente. Había una vieja competencia entre socialistas y comunistas; los radicales celaron de los socialistas y rechazaron tajantemente a los conservadores. Los comunistas aportaron mucho a la unidad, excepto cuando Moscú les hacia cambiar de línea. La participación del radicalismo, dividido en unionistas e intransigentes, fue tardía y reticente. Los intransigentes -Sabattini, Balbín- reivindicaron las ideas de Yrigoyen: el radicalismo es el pueblo, y cualquier acuerdo con el «régimen falaz y descreído» -conservadores o socialistas- era un «contubernio».

El acuerdo se concretó tres meses antes de las elecciones. No hubo tiempo para desarrollar la propuesta social y económica, que hubiera dado mayor densidad al tema de la Constitución. Además, sus dirigentes no podían o no sabían improvisar sobre la marcha, como hizo Perón con el caso Braden. Con un golpe de efecto blanqueó sus viejas simpatías con Mussolini y se enancó en el renovado nacionalismo antiimperialista de posguerra, mientras sus competidores seguían apelando a la denuncia del nazi-fascismo.

Los intransigentes y los peronistas coincidieron en su diagnóstico: la derrota era consecuencia de un acuerdo contra natura. Quedó instalada en el sentido común la idea de que cualquier acuerdo entre partidos se basa en el engaño, y que lo único auténtico es el encolumnamiento singular detrás de un líder. Resulta un pesado lastre para quienes conciben a la democracia como un universo plural, donde conviven y compiten intereses e ideas diversos y contradictorios, que construyen acuerdos. Es algo más que el «consenso», una palabra débil, alusiva a una idílica unidad, que elude la controversia. En democracia, los acuerdos exigen discusiones recias, que pongan sobre la mesa las diferencias y se construyan con objetivos definidos.

En la Argentina de hoy ese objetivo existe: hay que reconstruir todo lo roto o dañado en las últimas décadas. Hay una amplia zona de coincidencias, y una tarea inmensa, que sólo puede encarar un gobierno de convergencia. Pero en nuestro país, donde las transacciones políticas personales son sencillas, los acuerdos honestos y firmes son difíciles de construir. Es un aprendizaje que nos falta hacer.

(Publicado originalmente en La Nación el 23 de febrero de 2015 y reproducido con permiso del autor).

La masacre de París: contextualizar es justificar, por Ezequiel Spector y Julio Montero

En torno al atentado terrorista contra la revista Charly Hebdo, la opinión pública, como ya ha sucedido con otros sucesos de esta envergadura, se ha dividido en dos grupos: el que condena este acto terrorista, y el que de manera más o menos disimulada lo justifica o celebra.

Algunos, preocupados quizá por mantener la corrección política, se declaran interesados en “contextualizar” la masacre. Pero, por lo general, la contextualización es nada más que un ejercicio de justificación teñido de cobardía. En el discurso moral y jurídico, la contextualización de un crimen se orienta a disminuir la culpa del criminal. Cuando uno dice, por ejemplo, que alguien robó porque vive en un sistema que lo obliga a robar para alimentar a su familia, espera—con razón o no— disminuir la responsabilidad del ladrón. Pero hay actos que definitivamente no admiten una contextualizacion semejante: conductas que no merecen disculpa. Cuando alguien tortura, perpetra un genocidio o mata de modo premeditado a personas inocentes como si fueran insectos, toda contextualización es un escupitajo a la cara de las víctimas y de quienes las lloran, y un escupitajo a las caras de los que sufren opresión en el mundo entero. 

Es cierto que todo acto puede insertarse en una trama de sucesos que contribuye a elucidar sus causas. Pero a veces la comprensión de las causas es irrelevante. Imagine, por ejemplo, que discutiendo sobre el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, alguien le recordara el clima de violencia generado por la así llamada subversión. O que conversando sobre el centro de tortura que el gobierno de Estados Unidos mantiene en Guantánamo alguien le recordara los atentados del 11 de septiembre. O que al momento de condenar una violación sexual alguien trajera a colación la minifalda que usaba la víctima. Seguramente, usted —y muchos de los que se desesperan por contextualizar la masacre de París— acusarían al contextualizador de cínico o indolente.

En este sentido, el avance más significativo en los últimos 50 años fue el surgimiento de una cultura de los derechos humanos que condena ciertos actos como injustificables. La médula moral de la Declaración Universal es, precisamente, la convicción de que ciertas acciones no merecen disculpa por constituir atentados contra la dignidad del ser humano. La libertad de expresión es, desde luego, uno de los derechos reconocidos por esta floreciente cultura planetaria. No solo porque es fundamental para que el ser humano se realice como una persona libre, sino también porque sin libertad de expresión toda forma de autogobierno se convierte en una mera quimera: la máscara de una dictadura. Pero, más grave aún, el derecho que los terroristas socavaron no es sólo el de expresarse libremente. La libertad de expresión se coarta con actos de censura, intimidación o persecución a la prensa libre. El derecho mancillado es el más esencial: el derecho a la vida. Y es la combinación de ambas cosas (esto es, asesinar a sangre fría por tratar de expresarse libremente) lo que hace a este hecho especialmente repugnante. 

Lo dicho no implica que deban olvidarse la marginación que sufren muchos inmigrantes musulmanes en Francia, ni las dificultades de integración que enfrentan las minorías en las sociedades multiculturales, ni demás atropellos cometidos por el mundo occidental. Hay sobradas razones para denunciarlos. Pero también hay sobradas razones para recodarlos de un modo que no encubra la sangre derramada en París. Después de todo, en los países con plena libertad de expresión las injusticias pueden denunciarse todos los días.

Lo anterior nos permite concluir algo más general sobre el rumbo que debemos seguir. Desde hace muchos años se enfrentan en la cultura occidental dos tradiciones de pensamiento político rivales. De un lado, la tradición autoritaria, de izquierda o de derecha, que concibe su causa como una cruzada contra los derechos humanos, la democracia constitucional y las libertades individuales. Para esta tradición, el retorno de gobiernos dictatoriales que silencien a los que entorpecen la construcción de su propio proyecto, sea religioso o secular, es el camino a seguir. Del otro lado, existe una tradición de raigambre auténticamente democrática que concibe todo objetivo como un ideal a moldearse mediante el diálogo en un marco de respeto por los derechos humanos y las libertades individuales.

El camino que deben seguir las sociedades democráticas ante sucesos como los vividos en París es el que conduce a profundizar la cultura de los derechos humanos. Perseverar en este camino significa, entre otras cosas, reforzar el valor de la tolerancia y la integración incluso ante actos barbáricos. Este desafío requiere, ciertamente, evitar el canto de sirena de sectores xenófobos y autoritarios (piénsese en Marine Le Pen) que esperan su hora para, irónicamente, arrebatarle a Francia los  mismos valores que el fundamentalismo le quiere arrebatar. Comprender las causas de la violencia puede colaborar con esa tarea. Pero justificar lo injustificable es prestarle un servicio a los que todavía hoy sueñan con vivir en un mundo en el que solo se escuche su propia voz. Mientras disfrutan de la libertad que la cultura democrática les ofrece para expresar sus ideas, los contextualizadores deberían pensar un instante de qué lado están.

La trampa populista, por Julio Montero

Un rasgo distintivo del nuevo populismo latinoamericano es que ha tratado de apropiarse de la noción de democracia. Ésta es una jugada que otros teóricos autoritarios ya intentaron en el pasado, comenzando por el jurista nazi Carl Schmitt o el propio Karl Marx. Los casos de Schmitt y Marx tenían la ventaja de que hasta un niño podía descubrir el engaño, ya que ambos rechazaban de plano las instituciones burguesas para proponer un régimen completamente distinto al que daban el mismo nombre. Pero el populismo ha refinado su estrategia a tal punto que a muchos les cuesta ver el engaño.

Uno de los rasgos del populismo que tiende a disimilar su verdadera naturaleza es que, a diferencia de otras ideologías autoritarias, reivindica el voto popular como fuente de legitimidad política. Ya no se trata de que las masas unjan a su líder por aclamación ni de que la clase obrera instaure una dictadura para completar el tránsito hacia un nuevo modo de producción. Todo lo contrario: la autorización para gobernar emana directamente de las urnas. Y si la gente vota, nadie en su sano juicio podría negar que se vive en democracia. Sólo alguien que detesta la igualdad podría decir que un régimen elegido por el pueblo podría no gozar de verdadera legitimidad.

La trampa populista consiste precisamente en reducir la democracia a la regla de la mayoría.

Desde un punto de vista filosófico, esta concepción mayoritarista de la democracia es un engendro conceptual. Imagine un país en el que las autoridades se eligieran por voto popular, pero en el que los disidentes fueran perseguidos por el gobierno. O imagine un país en el que, a pesar de haber elecciones periódicas, no hubiera un Poder Judicial independiente que garantizara que quienes gobiernan y sus amigos cumplieran la ley. O imagine un país en el que la gente pudiera votar, pero en el que no hubiera prensa libre. No es difícil darse cuenta de que un país así no sería una democracia. Conclusión, el respeto por los derechos humanos, la división de poderes y la existencia de una esfera de opinión pública libre son incompatibles con esta clase de régimen político.

Ésta es una conclusión a la que se puede llegar rápidamente leyendo a los grandes teóricos de la política. En mayor o menor medida, filósofos como Kant, Rousseau, Dworkin y Habermas comprenden la democracia como un régimen en el que, lejos de gobernar unos sobre otros, todos los ciudadanos participan por igual del autogobierno. Desde su perspectiva, participar del autogobierno es algo más que votar y perder. Participar del autogobierno significa que las leyes que reglan la vida compartida se siguen de principios de moralidad política que uno podría aceptar aunque no los interprete de la misma manera o aunque los candidatos que uno votó hayan perdido. Si este axioma no se cumple, no tenemos una verdadera democracia, sino una suerte de dictadura electiva en la que los que ganan tienen el derecho de hacer lo que se les da la gana con el futuro de todos.

Por esta misma razón, y contra lo que sostiene el populismo, la búsqueda de consensos y el acuerdo sobre políticas de Estado es una parte constitutiva de la vida democrática. Y esto implica que una verdadera democracia no reduce todo a ideología. Porque si la política democrática simplemente consiste en abrazar un sistema de ideas y votar irreflexivamente contra los demás, el diálogo -y muchas veces incluso la negociación- resultan imposibles. La política democrática es, en cambio, una construcción sobre cimientos comunes, un diálogo abierto y liberado de dogmatismos en el que los ciudadanos tratan de articular una concepción común de la Justicia y de defender las políticas que a su entender se siguen de esos principios.

Lejos de generar un retorno de la política, la división populista del mundo en amigos y enemigos que no tienen nada sobre qué discutir ni ser razonables despolitiza y sustituye la convivencia civilizada por una primitiva guerra tribal en la que la mentira y la propaganda reemplazan a las piedras y los palos. Curiosamente, los únicos otros teóricos contemporáneos que conciben a la ciudadanía como una masa electoral con preferencias fijas que no pueden ser modeladas sobre la base de razones ni converger en un bien común colectivo son los teóricos de las democracias de mercado como Joseph Schumpeter. No debería sorprendernos: los extremos siempre se tocan.

La tesis de que la democracia se reduce a la elección de autoridades por voto popular resulta así falsa. Desde su reinvención en la modernidad, el vocablo «democracia» aparece ligado a un régimen complejo, que indefectiblemente combina elecciones periódicas, Estado de Derecho y florecimiento de una esfera de opinión pública libre. No hay, por eso, democracia sin república. Nada de esto quiere decir, por supuesto, que tal o cual gobierno real no sea una democracia. Ésta es simplemente una discusión sobre modelos que pretende ayudarnos a saber qué camino nos conviene seguir.

(Publicado originalmente en La Nación el 23 de diciembre de 2014 y reproducido con permiso del autor).

Manifiesto por un México sin crimen

Al Gobierno de México en todos sus niveles.

A la sociedad civil y al pueblo de México en general.

1. El crimen cometido contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre pasado, fue un crimen de lesa humanidad (según definición del Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por México en 2005) cometido, propiciado y facilitado por acciones y omisiones de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, quienes desde hacía tiempo actuaban en contra de los estudiantes normalistas. El crimen puso a la vista la red de complicidades que ha imperado desde hace tiempo y sigue imperando en el Estado de Guerrero y en mayor o menor medida en el país entero, red en que tienen parte organizaciones criminales, autoridades de gobierno de prácticamente todos los niveles, miembros de distintos partidos políticos e intereses privados de diversa magnitud.

2. El movimiento social motivado por la indignación ante ese crimen, tiene más que suficiente justificación moral, humana y política, además de legal, y es de esperarse que sea apoyado y secundado decididamente por todos los mexicanos que tengan sentido de responsabilidad por su país. Aunque el movimiento está motivado por el reclamo de un esclarecimiento completo y de una procuración de justicia cabal en el caso, no se trata de un movimiento contra un solo crimen, sino contra toda la situación de descomposición moral, social y política capaz de generar crímenes como ése, y que exige medidas que combatan con eficacia esa situación.

3. El gobierno federal, y en la medida de su competencia también los gobiernos de los demás niveles, debe asumir cabalmente su responsabilidad de procurar justicia por el crimen cometido, responsabilidad que de palabra ha manifestado asumir pero que en los hechos ha asumido en forma tarda, titubeante y en algunos sentidos turbia, y no ha podido evitar dar ocasión a suspicacias de todo tipo, bien o mal intencionadas. Ante ello, el gobierno no sólo debe reiterar en declaraciones oficiales su compromiso, sino adoptar medidas para cumplirlo con toda claridad y eficacia.

4. El gobierno también debe asumir su responsabilidad ante la situación de descomposición prevaleciente capaz de generar, en cualquier rincón del país, crímenes como el de Ayotzinapa, como el cometido por militares, también servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en Tlatlaya, Edo. de México, en junio pasado, y como tantos otros, y tomar medidas urgentes, también efectivas y claras, para evitar que crímenes de esa naturaleza y la repetida violación de los derechos humanos por parte de servidores públicos se reproduzcan en el futuro.

5. El gobierno también debe, en todos sus niveles, respetar absolutamente el derecho que asiste al movimiento generado por la indignación ante el crimen y por la exigencia de justicia, no reprimirlo en ningún sentido, como muy lamentablemente se ha hecho ya en varios casos, y no confundirlo, ni en palabras ni en hechos, con intentos de desestabilización del país o de disolución social. La distinción es muy fácil de ver, sobre todo por quien tiene entre sus funciones públicas la de la inteligencia; por ello, dar a entender (como lo hizo el presidente Peña Nieto en su discurso del pasado 18 de noviembre al regresar de su viaje a China) que en algún momento puede llegar a no discriminar entre ellas, es en la práctica una efectiva invitación a la represión y una justificación anticipada de los abusos de las autoridades policiacas y militares contra la población. Por el contrario, el Gobierno debe manifestar públicamente su rechazo a todo tipo de represión, realizada desde el poder público, de un movimiento que tiene la justificación que éste tiene.

6. Al mismo tiempo, quienes, con la autoridad que el mismo movimiento social les concede, encabezan o convocan los actos y las marchas en reclamo de justicia y en oposición indignada ante la violencia cobarde sufrida por grupos de mexicanos indefensos, han de exigir de todos sus simpatizantes no incurrir en actos de violencia o en actitudes y conductas que puedan traducirse en una invitación a la violencia, y han de deslindarse de la que ya ha ocurrido y de la que llegue a ocurrir en las marchas y los actos convocados. Nadie quiere violencia en México, salvo los que verdaderamente no quieren a México. La violencia producida desde arriba, en las esferas del poder o de la economía, no debe responderse con violencia. La ciudadanía sólo puede tener éxito en su lucha si asume una postura radicalmente distinta a la que asumen quienes con sus crímenes han horrorizado al mundo. Está claro además que la afectación de los derechos de la población no puede atraer su apoyo al movimiento, apoyo que en estos momentos no debe perder.

7. Proponemos que el movimiento se articule alrededor de las siguientes exigencias concretas:

a) Esclarecimiento cabal e inequívoco de los crímenes de Tlatlaya y de Ayotzinapa, con una explicación completa de la situación que los ocasionó, y desde luego castigo a todos los culpables directos e indirectos en todos los niveles y modalidades de participación.

b) Medidas urgentes para combatir la descomposición social y moral del país y el imperio en él de la delincuencia organizada (en el sentido más amplio que en realidad tiene esta expresión), que sean eficaces para evitar que se repitan crímenes de esta naturaleza.

Entre estas medidas pueden contarse:
i) establecer un mecanismo de vigilancia, por parte de la ciudadanía, de las candidaturas de los partidos políticos a puestos de elección popular;
ii) atender con prontitud las recomendaciones que hizo en 2011 el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas de la ONU al gobierno de México para combatir con mejores medios el delito de desaparición forzada de personas (en México aún no tipificado en el código penal federal);
iii) la divulgación y transparentación, y la supervisión por parte de la ciudadanía, de las directivas ideológicas que se imparten, explícita e implícitamente, a los cuerpos policiacos y militares en todo el país.

c) Medidas también urgentes para combatir la impunidad, que es un mal rampante en el país y, en los hechos, un eficaz caldo de cultivo para nuevos crímenes. Tienen que darse muestras ciertas de que los miles de casos de desapariciones forzadas en el país tienen prioridad en la política de seguridad del gobierno.

d) El compromiso del gobierno a ceñirse, en el caso del movimiento social, al estricto cumplimiento de sus responsabilidades legales, con total respeto a los derechos de la ciudadanía en todas sus actuaciones, sin incurrir en confusiones ni en invitaciones, abiertas o veladas, a la represión injustificada. Este compromiso tiene que incluir el de destituir de sus funciones —y el desafuero en su caso— a las autoridades que participen, propicien o toleren actos de uso injustificado de la fuerza. En particular, exigimos la inmediata liberación de todos los estudiantes o personas detenidos arbitrariamente en el Distrito Federal durante la Acción Global por Ayotzinapa del 20 de noviembre.

Por un México sin crimen — y ante todo sin crímenes cometidos por quienes tienen la obligación de cuidar la seguridad de la población.

(Este manifiesto es iniciativa de un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Se puede suscribir al presente manifiesto mediante el link http://www.filosoficas.unam.mx/~sincrimen/).

Tulio Halperín Donghi, por Rogelio Alaniz

Alguna vez tenía que ocurrir. Los grandes historiadores, los hombres que conversan con los muertos y los vivos, también marchan al silencio. Tulio Halperín Donghi tenía ochenta y ocho años y supongo que no necesito dar demasiadas explicaciones para sostener que fue el gran historiador argentino de los últimos cuarenta años. Explicito el tiempo, porque el otro gran historiador, el hombre que no sé si fue su maestro pero seguramente fue su guía, se llamó José Luis Romero. Como Newton, Halperín Donghi bien podría decir que “si he logrado ver más lejos, es porque me he subido a hombros de gigantes”.

Él también llegó a ser un gigante. Imposible pensar los grandes problemas de la Historia sin sus aportes. Leí su último libro sobre Belgrano hace un par de semanas sin sospechar que se trataba de una despedida. “No es su mejor libro”, me dijo un amigo. No lo es, pensé, pero pocos, muy pocos podrían escribir un libro así. Tal vez no sea su mejor libro, pero allí está él, su mirada singular, su talento para instalar un punto de vista o percibir algo que hasta ese momento nadie había advertido; sus modulaciones, sus tonos, su despreocupada ironía.

Durante años, el anuncio de un libro de Halperín Donghi en la calle era un momento de felicidad para quienes amamos la historia. La noticia llegaba desde algún lado y uno salía a las librerías para conseguir el libro. Esa felicidad, esa dicha, esa particular ansiedad, es una sensación que perdemos con su muerte. Algo parecido me pasaba con las películas de Bergman, Visconti y Rhomer.

Él no está más, pero quedan sus libros, que nunca se terminan de leer porque, como los clásicos que merecen ese nombre, son infinitos, siempre dicen algo nuevo, nunca dejan de hablar. A “Revolución y guerra” lo debo haber leído ocho o nueve veces y ciertos párrafos de algunos capítulos los puedo repetir casi palabra por palabra.

Mentiría si dijera que leerlo es un placer. Su prosa no se permite esas debilidades. Frases largas, a veces interminables, sometidas a todas las variaciones de las subordinadas, hacen de su lectura más una exigencia que un placer. Su lenguaje es la expresión de un pensamiento complejo, contradictorio, matizado por la reflexión, liberado por la ironía. Alguna vez se me ocurrió postular que Romero es el Borges de nuestra historia; y Halperín Donghi, el Faulkner. Como Faulkner, su escritura es torrencial y a las revelaciones e interrogantes hay que hallarlos en el inquietante descenso de las subordinadas, en los laberintos de sus infatigables frases.

En verdad, leerlo no es un placer, pero es un desafío a la inteligencia. Hay libros que se leen sin riesgos, como si se tomara un vaso de agua; algunos se comparan con esas copas que se saborean a la hora del aperitivo. Tragos livianos para bebedores livianos. Por el contrario, los libros de Halperín Donghi siempre fueron un trago fuerte, uno de esos tragos que hay que tomar con sorbos cortos y paladeando la calidad del vino.

Con muy pocos autores uno tiene la sensación -al concluir su lectura- de que es más inteligente, que su visión del mundo se ha ampliado y que en lugar de conformismos o saciedad, lo que se abre son nuevos interrogantes. Con muy pocos libros pasan esas cosas. Los de Halperín Donghi cumplen al pie de la letra con estas exigencias. José Luis Romero es el otro.

Durante años, debatir acerca de las modalidades de la escritura de “José Hernández y sus mundos”, por ejemplo, se tornó en un hábito cotidiano, en un vicio de prolongadas tertulias de sobremesa. En lo personal, creo que en ciertos momentos se le va la mano y la lectura se hace innecesariamente farragosa. Quienes lo trataron dicen que alguna vez -y con la prudencia del caso, porque sus respuestas podían ser temibles- le observaron estos límites. Por supuesto nunca les llevó el apunte. En Halperín Dongui, esa escritura fue una marca en el orillo, y para acceder a su genio había que resignarse a atravesar por esa jungla de palabras donde a veces ni siquiera la cortesía de una coma o un punto seguido le permitía al fatigado lector una pausa.

El estilo de Halperín Donghi es inseparable de él, de su manera de relacionarse con sus pensamientos, de su manera de representar la realidad, de construir escenarios. El problema, en todos los casos, no es él y su escritura, sino aquellos que suponen que para ser un buen historiador hay que escribir como él. Una escritura así, sin el brillo de su inteligencia, sin la aspereza de sus ironías, sin las lecciones de su sabiduría, es una caricatura, un indigesto guiso de palabras. El talento, la creatividad, la lucidez, exigen condiciones irreductibles a la imitación o a la presunción de que se alcanza el genio de Faulkner o de Halperín Donghi porque se escriben frases largas que se extienden hasta el fin de la página sin piedad ni misericordia para el lector.

Salvo su primer libro sobre Echeverría, y su tesis sobe los moriscos en el reino de Valencia, creo haber leído toda su obra. Sus libros de historia y sus excelentes ensayos y prólogos. No aporto novedad alguna si digo que su obra cumbre es “Revolución y guerra: afirmación de una élite dirigente en la Argentina criolla”. Lo leí hace muchos años en las sierras de Córdoba. Me llevó quince días leer el libro para arribar a la resignada conclusión de que si quería aprovecharlo en serio, lo mejor que podía hacer era empezar a leerlo de nuevo. Fue lo que hice. Renegué con su escritura, pero a la segunda lectura supe que nunca más podría apartarme de ese fraseo, pero por sobre todas las cosas aprendí lo que era un historiador de fuste haciendo su trabajo.

“Revolución y guerra”, no sólo me enseñó cómo se constituye una élite dirigente, cómo se produce el pasaje del letrado colonial al intelectual revolucionario, cómo se construye el poder, sino que en ese libro que una vez que agarra al lector no lo suelta más, aprendí a pensar históricamente, a asumir la complejidad de los procesos históricos, a rechazar las interpretaciones y determinaciones lineales, a hacer inteligibles los hechos históricos desde la historia misma; a decir ante la resolución de cada problema histórico: “Y sin embargo hay otra vuelta de tuerca”.

El otro libro para llevar a una isla es “Una nación para el desierto argentino”. Tal vez sea una continuidad de “Revolución y guerra”. Es probable. Está impecablemente escrito. ¿Historia de las ideas, historia política, historia de los intelectuales, historia social? No lo sé. Pero Halperín Donghi lo sabe. Mejor dicho, sabía que en historia, como en literatura, los géneros no existen o no son lo más importante. También sabe que no hay historia sin teorías, aunque para el buen historiador las teorías son un respaldo, una palanca, nunca la sustitución de la historia.

Se dice que después de “Revolución y guerra”, nunca más pudo escribir un libro de ese nivel, no porque se hubiera agotado su creatividad, sino porque en 1966 y ante la irrupción de los militares liderados por Onganía, renunció a su cátedra y se fue a los Estados Unidos de Norteamérica donde trabajó en Harvard y Berkeley. No fue un exiliado en el sentido estricto de la palabra, pero fueron razones políticas las que lo obligaron a dejar su país.

Nunca dejó de pensar a la Argentina y nunca dejó de volver, sobre todo después de la recuperación de la democracia. Ya para entonces, era un prócer consagrado. Sus adversarios revisionistas impugnaban algunas de sus ideas, pero no podían desconocer su obra. Alguna vez lo acusaron de gorila y alguna vez dijeron que era demasiado conservador. Jamás perdió el sueño por esas imputaciones.

Me consta que conversar con él no era fácil. Ni pedante, ni soberbio; mucho menos fanfarrón, era sencillamente complicado y lo sabía. Algo de esto se insinúa con mucha discreción en su libro “Son memorias” y en algunas entrevistas. Sin embargo, los que lograban superar las barreras levantadas con tan esmerado esfuerzo, descubrían a un hombre espléndido, un conversador ameno, un polemista refinado y elegante y un amigo leal. Intimidades al margen, con su muerte la Argentina pierde a uno de sus intelectuales más reconocidos en el mundo y sus lectores nos perdemos la felicidad de disfrutar de nuevos libros.

(Publicado originalmente en El Litoral el 18 de noviembre de 2014 y reproducido con permiso del autor).

Jornadas de homenaje a Martín D. Farrell

Tenemos el gusto de anunciar el seminario “Las consecuencias de la moral y el derecho”, en homenaje al profesor Martín Farrell. El Dr. Farrell es presidente de la Comisión del Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho, miembro del Comité Académico y Director de la Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo.

Fecha:
18 y 19 de noviembre
15 hs.

Lugar:
Mario Bravo 1050

Actividad abierta y gratuita.
Requiere inscripción previa.

Programa

Martes 18 de noviembre

15 hs. Café de bienvenida

15:15 hs. Palabras de bienvenida a cargo Roberto Saba, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.

15:30 hs. Breves palabras del Comité organizador.

16 a 17:30 hs. Panel 1: Metaética – Internalismo y externalismo moral
Exponen: Horacio Spector, Universidad Torcuato Di Tella; Ricardo Caracciolo, Universidad Nacional de Córdoba.

Modera: Juan Martín Segura, Universidad de Palermo.

17:30 a 19 hs. Panel 2: Ética normativa – Deontologismo y consecuencialismo
Exponen: Marcelo Alegre, Universidad de Buenos Aires; Eduardo Stordeur, Universidad de Palermo, Universidad Torcuato Di Tella.

Modera: Florencia Saulino, Universidad de Palermo.

Coffee Break

19:15 a 20:30 hs. Panel 3: Ética aplicada- Bioética
Exponen: Paola Bergallo, Universidad de Palermo; Hugo Seleme, Universidad Nacional de Córdoba.

Modera: Agustina Ramón Michel, Universidad de Palermo.

Miércoles 19 de noviembre

15 hs. Café de bienvenida

15:30 a 17 hs. Panel 4: Teoría Política – Liberalismos y comunidad
Exponen: Carlos Rosenkrantz, Universidad de San Andrés; Mariela Puga Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Palermo.

Modera: Joaquín Millón, Universidad de Palermo.

17 a 18:15 hs. Panel 5: Teorías de la Justicia
Exponen: Lucas Grosman, Universidad de San Andrés; Roberto Gargarella, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de Buenos Aires.

Modera: María Siena, Universidad de Palermo.

Coffee Break

18:30 a 20 hs. Panel 6: Teoría del Derecho – Las reglas jurídicas como obligaciones prima facie
Exponen: Eugenio Bulygin, Universidad de Buenos Aires; Martín Böhmer, Universidad de Palermo, Universidad de Buenos Aires, Universidad de San Andrés; Paula Gaido, Universidad de Palermo, Sociedad Argentina de Análisis Filosófico.

Modera: Ma. Celeste Braga, Universidad de Palermo.

20:15 hs. Keynote Speaker: Jaime Malamud Goti, Universidad de Palermo, miembro del Comité Académico de la Facultad de Derecho.

Actividad libre y gratuita, requiere inscripción previa.
Será imprescindible contar con una identificación personal al momento de ingresar a la sede.

UNIVERSIDAD DE PALERMO
BUENOS AIRES – ARGENTINA Facultad de Derecho
Tel: (5411) 5199-4500 Int. 1201 | derecho@palermo.edu | Mario Bravo 1050

Las elecciones del 30 de octubre de 1983, por Rogelio Alaniz

El 30 de octubre de 1983 -hace exactamente treinta y un años- el pueblo argentino votaba después de siete años de dictadura militar y elegía como presidente de la Nación a Raúl Alfonsín, candidato de la UCR. La otra gran novedad de esos comicios fue la derrota del peronismo, su primera derrota electoral después de treinta y siete años de existencia y de considerarse la genuina y mayoritaria representación de la Nación.

Históricamente, la fecha se identifica con la recuperación de la democracia en la Argentina. No sólo se ponía punto final a la dictadura militar, sino que se proponía ponerle punto final a la saga de golpes de Estado iniciada el 6 de septiembre de 1930. Tres décadas después puede decirse que ambos objetivos, con las previsibles dificultades del caso, se cumplieron.

El 10 de diciembre, el día de la asunción del mando, Alfonsín hablará desde los balcones del cabildo y sus primeras palabras serán las siguientes: “Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre para todos los argentinos”. Palabras claras para un pueblo que reclamaba claridad.

Después de la derrota de Malvinas, la dictadura militar decidió convocar a elecciones. Lo hicieron en julio de 1982. No les quedaban demasiadas alternativas. Intentaron replegarse en orden, tal vez especulando con alguna próxima asonada. Previendo futuros peligros, el 22 de septiembre de 1983 dictaron la llamada “Ley de Pacificación Nacional”, más conocida como de “autoamnistía”.

Formalmente, la campaña electoral se inició un mes antes. El candidato de la UCR era, como ya se dijo, Raúl Alfonsín; el del peronismo, Ítalo Luder. Alfonsín prometió desconocer la autoamnistía; Luder dijo que la aceptaría. Las diferencias entre los dos dirigentes se reflejaban en la historia de cada uno de ellos alrededor de este tema. Alfonsín fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH); Luder, el autor del decreto que prometía aniquilar la subversión. No fue la única diferencia, pero tal vez fue la más significativa.

Alfonsín realizó su campaña electoral recitando el Preámbulo de la Constitución Nacional y presentándose como el abanderado de la paz; el peronismo concluyó su campaña incendiando un féretro simbólico de la UCR en la avenida 9 de Julio, mientras sus dirigentes aseguraban que a las elecciones las ganaba Perón desde el cielo. Como el Cid Campeador, decían. La respuesta no se hizo esperar: Si Perón gana desde el cielo, ¿quién va a gobernar en la Argentina? No había respuesta para ese interrogante.

La campaña electoral convocó a multitudes. Previo a ello, los partidos se dedicaron a las afiliaciones. El Justicialismo sumó 2.400.000 adherentes; la UCR, la mitad. Con esos indicios y atendiendo a la tradición política criolla, todo parecía indicar que el peronismo ganaba de punta a punta. Tan confiados estaban en el triunfo que desatendieron señales cada vez más visibles.

Los rostros de Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias ocupaban los primeros planos. Las manifestaciones de rechazo a estos personajes no fueron tenidas en cuenta por los dirigentes. Hay que admitir, además, que la claque peronista compartía la fiesta que significaba el retorno del peronismo con los titulares de la tragedia de 1975. Muchos de ellos habían apoyado la candidatura de Isabel. En la Patagonia, un señor llamado Kirchner y su señora esposa eran los más convencidos militantes de esa candidatura. En uno de sus contados actos de sensatez, Isabel declinó la oferta de un peronismo alienado en la consigna “Isabel es Perón”.

Hace treinta años las encuestas hacían sus primeros palotes. Para el sentido común de la dirigencia, el peronismo ganaba porque se consideraba una mayoría automática. Así lo habían probado los comicios de 1973 y 1974; así lo probaban los números de las afiliaciones y así lo legitimaba la propia mitología. En ningún momento se les ocurrió pensar que había que pagar un precio por los errores y horrores de los setenta. Ni reflexión acerca del pasado ni autocrítica. Es más, regresaban con las mismas caras, las mismas mañas y las mismas amenazas.

Alfonsín denunció un pacto sindical-miliar, es decir, el entendimiento autoritario entre militares y jefes sindicales peronistas. No hubo una foto o un documento que probara esa imputación, pero los argentinos supieron que era verdadera. La campaña electoral del radicalismo se esforzó en presentar a la dirigencia peronista como la opción civil del autoritarismo militar. La respuesta del peronismo fue aceptar ese juego de roles. Eran autoritarios, prepotentes y patoteros y, además, estaban contentos de serlo. Los acusaban de mitómanos e irracionales y cada uno de sus actos confirmaba la imputación.

En ese contexto ¿alguien se puede sorprender de los resultados del 30 de octubre? En todo caso, lo sorprendente -y tal vez lo inquietante- haya sido que, a pesar de todo, el peronismo fuera apoyado por el cuarenta por ciento del electorado. Bastaba con mirar las listas de candidatos, los nombres de algunos de ellos comprometidos con los crímenes y la corrupción de los setenta, para verificar que en más de un caso, las candidaturas se confundían con los prontuarios.

“Nunca más permitiremos que un pequeño grupo de iluminados, con o sin uniforme, pretenda erigirse en salvadores de la Patria, mandándonos y pretendiendo que los obedezcamos sin chistar”, decía Alfonsín en la tribuna. En la concepción del candidato radical, la democracia se identificaba con la libertad del hombre, la convivencia civilizada y un orden político republicano, es decir con controles y alternancia. “Se acabó la dictadura militar. Se acabaron la inmoralidad y la prepotencia. Se acabaron el miedo y la represión. Se acabó el hambre obrero. Se acabaron las fábricas muertas. Se acabó el imperio del dinero sobre el esfuerzo de la producción. Se terminó. Basta de ser extranjeros en nuestra tierra”.

El domingo 30 de octubre se votó en paz. El escrutinio empezó a darse a conocer después de las veinte horas. Desde un primer momento Alfonsín apareció como el candidato más votado. A las diez de la noche la tendencia era constante. En el búnker del peronismo predominaban el desconcierto y el enojo. El propio Deolindo Felipe Bittel, candidato a vicepresidente, salió a decir que la Junta Electoral estaba dando a conocer los votos del centro y ocultando los votos de los barrios. También se denunció una maniobra radical-militar para condicionar el Colegio Electoral.

Todo fue en vano. Pasada la medianoche los números ya estaban en la calle. Alfonsín era presidente de la Nación. El peronismo era derrotado por primera vez en su historia y el radicalismo obtenía el porcentaje de votos más alto desde 1928. Luder estaba demudado. En un búnker despoblado, su imagen era la de la derrota, el desconsuelo y la soledad. En la calle, las multitudes festejaban el retorno a la democracia.

En 1983, todavía se votaba a Colegio Electoral, pero la UCR no necesitó maniobrar como en 1963 porque obtuvo mayoría propia. Para sorpresa de los observadores, ganó en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Seguramente también ganó en Santa Fe, pero el peronismo se las ingenió con un sorpresivo corte de luz para modificar los resultados. Lo dicho no es una suposición, es la confesión privada de uno de los operadores de esa maniobra que festejaba el episodio como un ejemplo de nuestra proverbial viveza criolla.

Desde los balcones del Cabildo, Alfonsín concluía su primer discurso como presidente recitando el Preámbulo de la Constitución, prólogo al que si le prestamos la debida atención sigue siendo -hoy más que nunca- un programa a realizar por los argentinos: “Porque entre todos vamos a contribuir a la unidad nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino”.

(Publicado originalmente en El Litoral y reproducido con permiso del autor).

Musulmanes y Estado Islámico, por Rogelio Alaniz

David Haines es el nombre de la nueva víctima del Estado Islámico (EI), como ayer lo fueron James Foley y Steven Sotloff. O como anteayer lo fue Daniel Pearl. En realidad, ellos son un número más entre los asesinados por esta organización que reivindica el Islam; lo que los diferencia de otras víctimas es la exhibición mediática de su muerte. Antes del EI, se ejecutaba en las sombras o en la plaza pública, pero el espectáculo de la muerte, valiéndose de los recursos tecnológicos avanzados, es un dato nuevo en esta saga del terror perpetrada por fanáticos.

Hay otro rasgo que distingue al EI de sus predecesores: controla un territorio, un territorio que según las cifras disponibles triplica al de Israel y hay quienes dicen que su extensión en estos momentos es muy parecida a la de Jordania. Ya no se trata de terroristas o guerrilleros, sino de un ejército que reúne los requisitos de una formación militar convencional, con sus jefes, subjefes y subalternos. El control del territorio es por parte del EI una exhibición de su poderío actual, pero una manifestación de su debilidad futura, en tanto que devenidos en Estado se transforman en un objetivo militar concreto.

A las modalidades militares, entre las cuales incluyen la disponibilidad de armas de alta tecnología, el EI suman otro rasgo singular: la integración de voluntarios de todo el mundo y en particular de Europa. Se trata de hijos y nietos de inmigrantes musulmanes que descubren las virtudes del fanatismo y marchan hacia Mosul, Faluya, Tikrit o Raqqa para ponerse a disposición de sus jefes espirituales.

No sólo los hijos o nietos de musulmanes se suman a esta cruzada del Islam, a esta suerte de internacional del fanatismo. También lo hacen voluntarios procedentes de otras tradiciones religiosas, caballeros que de la noche a la mañana han descubierto que morir por Alá y por Mahoma justifica la existencia. Por un camino o por otro, el EI ha transformado a su territorio en una suerte de Meca del terror.

La movilización de estos cruzados ha despertado inquietantes interrogantes en Occidente. ¿Qué lleva a jóvenes educados en Occidente, muchos de ellos educados en universidades y pertenecientes a las clases medias y acomodadas, a desclasarse o “descivilizarse” de esa manera? La pregunta es válida, pero conviene tener presente que quienes hace casi quince años perpetraron el atentado contra las Torres Gemelas también eran jóvenes con educación universitaria. La educación en este caso no es antagónica con el fanatismo y en más de un caso resulta funcional.

El EI es poderoso pero no invencible. El fundamentalismo lo aísla incluso del mundo musulmán. A diferencia de Al Qaeda o Irán, cuyo enemigo es EE.UU., para el EI sus enemigos hoy son los musulmanes chiitas, los cristianos, los kurdos e incluso los religiosos provenientes de su misma facción sunnita. En ese contexto, no le resultará sencillo mantener las posiciones adquiridas en los últimos meses.

La sensación dominante es que caerán tan rápido como subieron. Una suma de casualidades trágicas, entre las que merecen mencionarse el debilitamiento político de los regímenes de Irak y Siria, produjo como consecuencia la emergencia de esta banda financiada en sus orígenes con dólares provenientes de Arabia Saudita y Qatar, pero atendiendo al despliegue de fuerzas que se está consolidando, no es aventurado suponer que sus horas están contadas.

Los costos de esta victoria serán altos, pero el desenlace será más o menos previsible. Por lo pronto, la estrategia de Obama parece bien encaminada. Se trata de forjar un acuerdo con las grandes potencias de la ONU y un entendimiento con sunnitas y chiitas. El presidente de EE.UU. advirtió que sus aviones no estarán al servicio de los jeques y caciques hoy asustados por la expansión del EI que ha puesto en la mira inmediata no a Occidente sino a los propios musulmanes que no se avienen a entender dónde está la verdad del Islam.

EE.UU. dará el apoyo aéreo y logístico, pero la batalla en tierra la deberán librar los principales afectados por un terror que muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo contribuyeron a crear, y que en más de un caso practican sin culpas ni remordimientos. Como todo imperio, EE.UU. está obligado a intervenir, sabiendo de antemano que haga lo que haga siempre será criticado, no sólo en el mundo sino también fronteras adentro. Por ahora, lo que ha decidido es que ningún soldado participará en los operativos por tierra. Por ahora.

El EI no es la única expresión terrorista del Islam. Los métodos de exterminio, su impiedad y su fanatismo no son novedosos en este universo. Lo que diferencia al EI de otras bandas, es una lógica de muerte más sistemática, una decisión implacable que no se detiene en consideraciones humanistas o especulaciones políticas. Viven y matan sin culpas. Y, además, se jactan del dolor que infligen.

Obama se equivoca al decir que no se trata de musulmanes, porque el EI con sus actos estaría traicionando las enseñanzas del Islam. Sus palabras están condicionadas por las necesidades tácticas, por las exigencias políticas de un acuerdo con otras facciones musulmanas, pero no son verdaderas. Guste o no, el EI pertenece a la cultura musulmana: ésos son sus valores, sus símbolos y su manera de entender el poder. Es verdad que sus salvajadas han escandalizado a muchos musulmanes y han aterrorizado a otros que también practicaron el terrorismo, pero ninguna de estas consideraciones puede desconocer lo obvio.

Las diferencias existentes entre las diversas facciones musulmanas existen y merecen atenderse, pero nada se gana con negarle su condición religiosa a una banda cuyos métodos, objetivos y consignas de propaganda son religiosos. El EI es terrorista, pero también lo son los talibanes en Afganistán; Hamas, en la Franja de Gaza; Hezbolá, en el Líbano; Boko Haram, en Nigeria, o Al Qaeda donde logra implantarse. También son terroristas -y de la peor calaña- los que atentaron contra la Amia en Buenos Aires. Las decapitaciones y las torturas no las inventó el EI. Tampoco inventó la discriminación religiosa contra cristianos y judíos. No se deben minimizar las diferencias existentes entre las diversas facciones musulmanas, pero tampoco se pueden ignorar sus coincidencias fundamentales.

Es peligroso decir que todos los musulmanes son terroristas, pero también es peligroso y, sobre todo, se falta a la verdad, desconocer que en el Islam, por alguna grieta o fractura, el terrorismo hace rato que se ha colado. Se supone que en el mundo, la religión musulmana suma unos 1.200 millones de personas. El terrorismo, con sus militantes, aliados, colaboradores y simpatizantes suman en el mejor de los casos una minoría del diez por ciento. Lo que sucede es que en la escala que hablamos esa minoría representa en el mundo alrededor de 120 millones de personas. Con mucho menos, Hitler dio que hablar en su momento.

Importa decir que no en todas partes los musulmanes se aproximan al terrorismo. Sin ir más lejos, en EE.UU. existe una comunidad musulmana que convive pacíficamente con otras comunidades. Así se explica que una semana después del atentado a las Torres Gemelas, el presidente George W. Bush haya asistido a una ceremonia religiosa celebrada en una mezquita. Para que un presidente identificado con los halcones y furioso por lo sucedido en Nueva York haya tomado la decisión de asistir a una mezquita, es porque los musulmanes son una comunidad integrada a la nación y diferenciada del fundamentalismo.

En la Argentina, la comunidad musulmana es mayoritariamente pacífica y su integración a la vida nacional es un dato evidente de la realidad. Pero no puede decirse lo mismo de -por ejemplo- las comunidades musulmanas de España, Inglaterra o Francia. Por razones diversas, allí no sólo el fanatismo está presente, sino que hay buenas razones para creer que existe una estrategia de conquista cultural.

Insisto: no todos los musulmanes son terroristas, pero el único terrorismo vigente en el mundo es de origen musulmán. Ese dato es necesario tenerlo presente. Y, en primer lugar, lo deben tener presente los musulmanes que no quieren saber nada con el terrorismo.

(Publicado originalmente en El Litoral el 16 de septiembre de 2014 y reproducido con permiso del autor).