La universidad pública frente al ballotage, por Ricardo Ibarlucía

Estimados colegas,

ante los pronunciamientos de autoridades de universidades públicas utilizando medios institucionales para manifestar su apoyo al candidato del Frente para la Victoria en el ballotage, creo necesario dejar sentada mi posición. 

Ningún rector y ningún Consejo Superior o Directivo están facultados para emitir declaraciones, en nombre de la comunidad universitaria, que promuevan, directa o indirectamente, el voto a un candidato, ni en ésta ni en cualquier otra elección. Al hacerlo, se arrogan una representación que no poseen legítimamente y contradicen el espíritu de la autonomía universitaria. Su deber, por el contrario, es velar por la no injerencia de intereses partidarios, sean de la facción que fueren, en el normal desenvolvimiento de la universidad y, sobre todo, en sus órganos de gobierno.

Considero que un rector, un consejero, un profesor o un investigador de una universidad nacional, que tiene un lugar de enunciación desde el que se espera que se dirija a toda la sociedad, no debe utilizar su posición académica para favorecer una opción política en particular, por más convencido que esté de votarla.

Si alguien desea de todos modos pronunciarse a favor o en contra de un candidato, entiendo que debe hacerlo a título exclusivamente personal, como un ciudadano más, sin agregar a continuación de su nombre la institución a la que pertenece, destacar el cargo que ocupa en ella o valerse de direcciones de correo electrónico o sitios web institucionales.

En cuanto a mí, no podría hacerlo sin considerarlo un abuso de mi posición como autoridad del Centro de Investigaciones Filosóficas, como consejero de Escuela e investigador-docente de la Universidad Nacional de San Martín, como evaluador científico y jurado de concursos, como director de proyectos de investigación, de becarios y tesistas que profesan distintos credos políticos e ideologías, en tanto recibo un sueldo que sale del erario público.

Pienso que la investidura y el reconocimiento, de los que muchos de nosotros gozamos estando al frente de cátedras universitarias, sólo se pueden hacer valer, en situaciones excepcionales, por causas humanitarias o en defensa de los derechos civiles y sociales consagrados en la Constitución.

Quizás este planteo a algunos de ustedes les parezca ingenuo y hasta de un purismo academizante, pero aspiro a vivir en una sociedad en la que los científicos, los intelectuales y los artistas no estén embanderados con un partido, sino comprometidos con las instituciones democráticas, la pluralidad de ideas y un estilo de vida republicano.  
   
Es la actitud que, desde hace años, he decidido asumir respecto de la ética pública de los intelectuales. Estoy convencido de que éstos deben preservar su independencia, si pretenden ser creíbles para la sociedad. 

Confío plenamente en que si no la totalidad, la mayoría de ustedes comprenderá mi punto vista. Mi compromiso con la universidad pública pasa también por contribuir a modificar los hábitos de la inteligencia argentina.

Es mi deseo que pensemos, todos juntos, en un nuevo modo de intervención  y de incorporación a la política. 

Cordialmente,

Ricardo Ibarlucía